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Cinco puntualizaciones sobre las elecciones del 26-J

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Inmersos ya en una nueva campaña electoral, conviene aclarar algunos puntos que, convocatoria electoral tras convocatoria electoral, compruebo que generan confusión y equívocos, no sólo en los votantes, sino también en los medios de comunicación e incluso entre los propios candidatos. Nuestras normas electorales son muy propensas a confundir conceptos y a mezclar términos, lo que, unido a una serie de malas prácticas y de costumbres arraigadas, ha terminado por trasladar a la ciudadanía una imagen distorsionada de lo que debería ser la cita con las urnas -a las que de nuevo estamos convocados el próximo 26 de junio-. Por todo ello, me gustaría aclarar cinco cuestiones, en mi opinión, muy relevantes:

La primera.- En las elecciones del 26 de junio no se elige al Presidente del Gobierno sino a los miembros de las Cortes Generales, es decir, al Poder Legislativo del Estado. Al máximo representante del Ejecutivo lo designa el Congreso de los Diputados, no la ciudadanía. De hecho, si se repiten estos comicios, es porque dicho Congreso no fue capaz de alcanzar un acuerdo para nombrar a nadie Presidente del Ejecutivo. Pero eso no significa que sea el electorado el que decida con su voto quién ocupa tan importante cargo. En nuestro sistema parlamentario, para presidir el Consejo de Ministros se debe contar con la confianza y el apoyo de la Cámara Baja. No basta con ser el candidato más votado en las elecciones, como tampoco es suficiente que el partido político al que él representa obtenga más escaños que el resto. Hasta que se cambien por otras, estas son las reglas del juego y deben ser aceptadas por todos sus participantes.

La segunda.- Salvo aquellos que pertenezcan a la circunscripción de Madrid, ningún otro votante del resto de España votará a los líderes que se presentan al cargo de Presidente del Gobierno. Los cabezas de lista por el resto de las provincias, así como quienes completan la plancha que se introduce en el sobre que va a parar a la urna,  son personas que conforman una candidatura plenamente provincial. Por ello, y al margen de que el votante conozca quién es el líder político al que otorga su apoyo, debe ser consciente de a quién está eligiendo realmente, porque no es a aquel.

La tercera.- No siempre las coaliciones que se presentan unidas a los comicios forman a posteriori un grupo parlamentario en las Cortes Generales. A día de hoy, constituye una práctica habitual que diversas formaciones sumen sus fuerzas para lograr más votos, sin perjuicio de que  luego se sienten en el hemiciclo por separado e integren grupos distintos. Así lo hace el Partido Popular en Navarra con Unión del Pueblo Navarro, el Partido Socialista Obrero Español en Canarias con Nueva Canarias, Podemos con Izquierda Unida o Compromís, etc. Suman votos en las urnas con el fin de lograr más escaños pero, a la postre, se separan a la hora de constituir el Congreso y el Senado.

La cuarta.- No todos los votos valen lo mismo a la hora de obtener un escaño. La decisión de establecer como circunscripción a la provincia, unida al desigual reparto de la población entre ellas, conlleva que, pese al intento de establecer un reparto de escaños proporcional al nivel poblacional, el número de votos necesarios varíe en unos sitios respecto a otros. Dicha desigualdad se considera normal (en el sentido de inevitable) siempre y cuando se produzca dentro de ciertos márgenes, pero en algunos casos la diferencia es lo suficientemente significativa como para plantearse la necesidad de repensar nuestro sistema electoral.

La quinta.- La ciudadanía elige a la totalidad de los miembros del Congreso a través de un sistema calificado de “proporcional” y a sólo una parte de los miembros del Senado por un sistema configurado como “mayoritario”. Tan discutible distinción entre la Cámara Alta y la Baja tiene su razón de ser en la diferente naturaleza de ambas Asambleas. Así, mientras que la primera está llamada a representar al pueblo -titular de la Soberanía, según reza nuestra Carta Magna-, la segunda ejerce una representación territorial -por mucho que en la práctica se la haya ninguneado y menospreciado para convertirla en una copia caricaturizada del Congreso-.

La varita mágica del legislador

shutterstock_12763516-2144-x-1424Se acerca el 6 de junio, una jornada que todos los jueces de instrucción y fiscales de España tienen señalada en sus calendarios. Medio año antes, el 6 de diciembre de 2015, entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se establece que el periodo de instrucción de los delitos deberá tener una duración máxima de seis meses. Ello significa que, también para aquellas causas que ya se estaban tramitando en los juzgados, el citado 6 de junio será la fecha tope para concluir sus respectivas investigaciones.

Si bien es cierto que la propia norma contempla la excepción de ampliar el plazo de la instrucción a dieciocho meses, dicha ampliación se reserva para supuestos tasados y excepcionales, en concreto para las investigaciones que recaigan sobre grupos u organizaciones criminales, las que tengan por objeto abundantes hechos punibles, las que involucren a un gran número de investigados o víctimas, las que exijan la realización de pericias o colaboraciones recabadas por el órgano judicial que conlleven el examen de abundante documentación o complicados análisis, las que impliquen la realización de actuaciones en el extranjero, las que  precisen de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o las que traten sobre un delito de terrorismo. Fuera de esos supuestos, es decir, para la gran mayoría de los procedimientos penales, el límite para indagar y fiscalizar los hechos denunciados finaliza el próximo día 6 de junio.

Así, jueces y fiscales deberán revisar uno a uno todos los procedimientos penales abiertos y llevar a cabo dos análisis: el primero, para ver si encajan dentro de los supuestos de ampliación a dieciocho meses y, en caso contrario, el segundo, para comprobar si, con las diligencias y pruebas ya practicadas, existe base suficiente para acusar, dado que posteriormente no podrán decretarse más actos de investigación judicial.

“La sonrisa Duchenne” en la Feria del Libro de Madrid

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El próximo viernes 10 de junio, a las 17:30 horas, estaré en la Feria del Libro de Madrid, firmando ejemplares de mi tercera novela “La sonrisa Duchenne”, finalista del Premio Iberoamericano de Novela Verbum, 2015. Estaré en la caseta 255, de la editorial Verbum. Si estáis por Madrid ese día os invito a pasar por la Feria del Libro, situada en el Parque del Retiro. Estaré encantado de hablar de literatura y de cine con vosotros. Os espero.

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Presentación de “La sonrisa Duchenne” en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife

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El próximo día 30 de mayo, Día de Canarias, a las 17:30 horas, estaré en la carpa institucional de la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, situada en el Parque García Sanabria de la capital tinerfeña. Hablaré de mi tercena novela “La sonrisa Duchenne”, finalista del Premio Iberoamericano de Novela Verbum 2015, así como de mis otros libros “El peso del tiempo” y “El amor y otras vías de escape”. Contaré con la presentación de la actriz y periodista Verónica Galán. Os invito a pasar por la Feria del Libro de Santa Cruz. Hablaremos de literatura, de cine y firmaré ejemplares de mis obras en la caseta de la librería Ofra (caseta número 15). Os espero.

 

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Nuestra Justicia, vista desde fuera y desde dentro.

fichero_19327_20090717Transcurridas tanto la X Legislatura como la fallida XI, los problemas en materia de Justicia, lejos de disminuir, se acrecientan. Medidas legislativas tales como la implantación de las tasas judiciales o el límite temporal de seis meses para instruir las causas penales (entre otras muchas) han venido a unirse a la ya tradicional falta de interés por invertir en medios personales y materiales destinados al Tercer Poder, generándose así un clamor unánime entre todos los profesionales del sector (abogados, procuradores, funcionarios, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, etc….). Se trata de quejas que, pese a su contundencia y ecuanimidad, han sido desatendidas con una displicencia que debe provocar la alarma de toda la ciudadanía, habida cuenta de la trascendencia que supone para un Estado de Derecho disponer de un Poder Judicial eficiente, ágil, certero e independiente.

En este contexto se acaban de conocer recientemente dos informes que evidencian más problemáticas aún en el seno de la estructura judicial, y que ponen el dedo en una llaga que venía denunciándose desde hacía tiempo pero que, como es costumbre en nuestro país, estaba condenada a los oídos sordos en vez de a las voces razonadas. El primero de ellos proviene de la Comisión Europea, que publicó el cuadro de indicadores de Justicia de la UE donde se mostraba a las claras la percepción negativa en cuanto al grado de independencia del sistema judicial español, por culpa principalmente de las interferencias del Gobierno y de la influencia de los poderes económicos. “La percepción de la independencia de la Justicia sigue siendo un reto para España”, afirmó la comisaria europea Vera Jourova en la presentación de estas conclusiones, que dejaban también patente el enorme margen de mejora en cuanto al número de jueces por habitante y en la inversión de fondos en este ámbito, comparadas las cifras con las de los primeros puestos de la lista de los veintiocho países que conforman la Unión Europea.

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