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La distorsión de las políticas antitransfuguismo en Canarias

Canaria-Ambiente-Seguridad-Participacion-Ciudadana_EDIIMA20170208_0448_19La reciente actualidad política en Canarias ha vuelto rescatar viejas polémicas que se reavivan cada cierto tiempo. El vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y Consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, dimitió hace apenas unos días de sus cargos, con renuncia a su acta de consejero, tras ser expulsado de Podemos, el partido con cuyas siglas concurrió a las elecciones. Este sólo ha sido el último de una larga lista de problemas en los que las desavenencias entre el candidato elegido por los votantes y los cargos orgánicos de la formación con la que se presentó a los comicios, terminan por salpicar a las instituciones y afectar a la estabilidad de los pactos de gobierno que se han forjado en sus senos. Ya sea a nivel municipal o insular, los ejemplos de este fenómeno en nuestro archipiélago son numerosos, cuyo tema de raíz es controvertido y espinoso: si el cargo electo debe responder en exclusiva ante su electorado, sin que la dirección del partido político pueda vincular, mediatizar o limitar el ejercicio de su cargo o, por el contrario, si ese representante popular debe seguir una serie de mandatos provenientes de quienes llevan las riendas en el aparato del partido, debiendo recibir represalias y castigos en caso de desobediencia o indisciplina.

Uno de sus antecedentes se remonta al año 2011, cuando se modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con el objeto de paliar lo que la propia Exposición de Motivos de la norma denominaba “anomalía que ha incidido negativamente en el sistema democrático y representativo y que se ha conocido como transfuguismo”. Tal y como quedó claro durante su discusión parlamentaria, dicha reforma no podría evitar que siguieran existiendo “tránsfugas” pero sí que, con su actuación, modificaran la voluntad popular y cambiaran los gobiernos municipales. Y, por tratarse de un problema que afecta a todos los partidos, se logró un cierto consenso para hallar una fórmula que evitara dichas situaciones.

De modo que, con esa nueva redacción, una moción de censura en el ámbito local deberá ser propuesta por, al menos, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal. No obstante, la verdadera novedad estriba en dos requisitos adicionales: el primero, que en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura forme o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde censurado, la mayoría anterior (es decir, la mayoría absoluta) se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en las mismas circunstancias; y el segundo, que idéntico incremento será de aplicación cuando alguno de los ediles proponentes de la moción haya dejado de pertenecer por cualquier causa al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.

Con independencia de los nobles objetivos que promovía la nueva redacción de este artículo 197 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, lo cierto es que se ha topado con notables escollos jurídicos, buena parte de ellos con origen en las Islas Canarias. Así, por ejemplo, el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 3 de febrero de 2015, acordó admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso de apelación número 67/2014, en relación precisamente con ese artículo 197, por posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, puesto que esa medida afecta de forma directa a los derechos del representante político elegido por el pueblo.

Ello es así porque, como ha señalado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, existe una conexión directa entre el derecho de participación política de los cargos públicos representativos y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, ya que puede decirse que son, primordialmente, los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que ambos derechos (el del elector y el del elegido) quedarían vacíos de contenido, o serían ineficaces, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio.

Más allá de los reproches morales, éticos y políticos asociados al fenómeno del “transfuguismo”, detrás de él se esconde otro al que no se le presta tanta atención pero que, de hecho y de derecho, es el crucial: si la representación y legitimidad popular del acta de concejal o consejero descansa sobre la persona o sobre el partido político. En función de la opción elegida, el análisis tomará un camino u otro. Y lo cierto es que, cuando se pone sobre la mesa este asunto tan peliagudo, mantener una postura clara y uniforme no es lo habitual.

Parece evidente que, cuando el ciudadano vota en unas elecciones municipales, lo hace pensando en unas siglas, en una ideología e, incluso, en un líder que no suele figurar en la papeleta que introduce, primero en el sobre y después en la urna. También es obvio que, conforme a nuestro sistema constitucional, la facultad de representatividad pasa del ciudadano al cargo electo, sin que pueda alegarse artículo, jurisprudencia o argumentación jurídica alguna que avale que sea el partido político (y no la persona) el que reciba la confianza del votante. Y llevamos muchos años conviviendo en nuestro país con esta contradicción, como con tantas otras que salpican nuestro ordenamiento jurídico y que muchos ya han aceptado como parte del paisaje constitucional, sin plantearse siquiera  su erradicación.

Como quiera que el actual sistema electoral se mueve dentro de ese círculo cuadrado en el que persona física y partido político se auto atribuyen simultáneamente la representatividad popular, es preciso analizar la norma (a la manera de esos alquimistas en busca de una poción mágica capaz de contentar a todo el mundo). Sin embargo, quienes de antemano sabemos que se trata de una misión imposible, tachamos tal pretensión de absurda e irrealizable. No se puede contentar a todo el mundo.

El espíritu y la letra de la reforma pretenden, sin duda, potenciar el poder de las formaciones políticas en detrimento de la voluntad de los concretos militantes que integran sus filas. En ese sentido, la motivación es lícita y comprensible, puesto que a nadie le gusta el político chaquetero que se presenta con unas siglas y después las cambia por otras, a menudo con la única finalidad de detentar el poder. Pero, para que dicha reforma resultara más lógica y coherente, tendría que ser más amplia, propiciando así un profundo cambio de modelo de nuestro sistema electoral. De lo contrario, seguirán produciéndose las contradicciones.

De todas formas, el Tribunal Constitucional ya ha facilitado algunas pautas para determinar hasta qué punto se puede limitar la acción de un cargo público elegido por el pueblo y cuándo esas limitaciones pueden considerarse inconstitucionales. Es decir, hay sentencias que concluyen que no cualquier acto que afecte al status jurídico aplicable al representante político lesiona el derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa. Sin embargo, nuestro Alto Tribunal ya se ha pronunciado sobre cuáles son esas funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa, que constitucionalmente corresponden a los miembros de una corporación local y que, por ello, no pueden ser limitadas: participar en la actividad de control del gobierno provincial; participar en las deliberaciones del pleno de la corporación; votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano; así como el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores. Dentro de ese abanico de facultades no se podría, en modo alguno, adoptar medidas para menoscabarlas o limitarlas.

Sin embargo, el problema no queda acotado a lo comentado anteriormente. En Canarias hemos querido rizar el rizo e ir más allá de la normativa estatal en materia de lucha contra el transfuguismo, llegando, en mi opinión, a tergiversar por completo su significado. Así, conforme a la modificación realizada en el año 2003 al artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo relativo a la formación de los grupos políticos de las Corporaciones Locales, se estableció una categoría, denominada “miembros no adscritos”, limitándose esa figura a aquellos que, voluntariamente, no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia. Esa regulación, ya revisada y legitimada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 9/2012 de 11 de febrero, pretendía hacer frente al concejal que abandona su formación, siendo esta la nota característica del concepto “tránsfuga” que justificaba la reforma y las medidas legislativas adoptadas.

Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó dos leyes que pretender dar un paso adelante más: la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias y la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos insulares. Ambas normas tratan de equiparar al “tránsfuga” que voluntariamente se marcha del partido con el cargo que, sin su consetimiento y anuencia, es sancionado y expulsado de la formación. Así, el artículo 28 de la Ley de los Municipios de Canarias y el artículo 88 de la Ley de Cabildos amplían la categoría de “miembros no adscritos” a supuestos no contemplados por la ley estatal. Tal ampliación, así como la adopción de medidas ideadas para los “tránsfugas” a quienes no lo son, cercenando de este modo sus facultades representativas, son de muy dudosa constitucionalidad y deberían ser revisadas.

No descarto que, con la aplicación de estos preceptos y su posterior estudio por los juzgados y tribunales, se presenten más cuestiones de inconstitucionalidad sobre dichos artículos de las leyes canarias, como ya ocurriese con el 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Los argumentos en contra de los mismos son, si cabe, aún más contundentes.

Los lamentos en Política

430032Entre las numerosas frases icónicas extraídas de la saga de “La guerra de las galaxias”, figura una pronunciada por el personaje de Obi-Wan Kenobi (interpretado por el actor Alec Guinness) ante un Harrison Ford inmerso en el papel de Han Solo: «¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?». Dicha reflexión me ha venido de nuevo a la cabeza tras diversos acontecimientos políticos recientes cuyos resultados han llenado de sorpresa y estupefacción a millones de ciudadanos de todo el mundo, como el referéndum del Brexit en Gran Bretaña, las elecciones presidenciales estadounidenses y otros comicios populares con respaldos más que sorprendentes. Las reacciones generadas han oscilado entre la indignación y la incredulidad, pasando por el lamento o la tardía pretensión de evitar lo inevitable, habida cuenta que los resultados derivados de las citadas votaciones resultaban ya inamovibles.

Por lo que se refiere a la llamada de los británicos a las urnas para decidir su salida de la Unión Europea, resultó chocante comprobar cómo, a las pocas horas de conocerse el triunfo de las tesis separatistas, millones de personas se lanzaban a la calle solicitando otro referéndum. Entre ellas, abundaban numerosos jóvenes que se quejaban amargamente de que los miembros del electorado de mayor edad habían impuesto su criterio, afectando así al futuro de las próximas generaciones más que al presente de ese sector veterano de la población. Curiosamente, muchos de quienes se echaban las manos a la cabeza reconocían no haber participado en la consulta y algunos incluso confesaban haberse arrepentido inmediatamente de su voto favorable, reconociéndolo fruto del cabreo y de la falta de reflexión pero, en todo caso, desconocedor de las consecuencias que podía acarrear.

En el caso de la victoria de Donald Trump, su candidatura a la Presidencia norteamericana representando al Partido Republicano comenzó calificándose de burda inocentada de escasa credibilidad. Sin embargo, el transcurso del tiempo se ha encargado de desmontar aquella percepción inicial y, ahora, aquel personaje grotesco cuya campaña electoral se desarrolló entre la incorrección política y la provocación más zafia será durante los próximos cuatro años el inquilino de la Casa Blanca, con todo lo que ello supone. Ya es tarde, pues, para el llanto y el crujir de dientes, una vez comprobado que 62.979.879 de votantes depositaron su confianza en él, convirtiéndole en el candidato republicano más votado de la Historia del constitucionalismo estadounidense. Tampoco parece serio alegar que casi sesenta y tres millones de personas fueron engañadas por el magnate neoyorkino, teniendo en cuenta que se mostró en sus mítines e intervenciones tal cual es. No recurrió a ninguna estrategia que maquillase su discurso. No echó mano de disfraces que ocultaran su personalidad. No pronunció mensajes descafeinados ni promesas dulcificadas que confundieran a sus partidarios sobre las verdaderas políticas con las que optaba al sillón presidencial. Por lo tanto, procede retomar la pregunta inicial: ¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?

Por desgracia, prolifera cada vez más un modelo de ciudadanía muy dada a criticar pero que, a su vez, se resiste a hacer autocrítica. ¿Cuántos de los casi cien millones de norteamericanos que decidieron no ir a votar el pasado 8 de noviembre han salido ahora a la calle para manifestarse en contra de su ya presidente electo? ¿Cuántos de los más de sesenta millones de votantes de Trump lo fueron más por un arrebato que por una razonada valoración política? ¿Cuántos centenares de millones de ciudadanos del mundo consideran la política como algo que les es ajeno y sobre lo que no pueden hacer nada en absoluto?

Pues bien, en este ámbito -como en otros muchos- lamentarse “a posteriori” en vez de haber actuado diligentemente cuando se tuvo ocasión no es la opción más inteligente. John Fitzgerald Kennedy lo expresó con claridad cuando dijo «No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país». En otras palabras, menos quejas cuando ya no hay remedio y más celo y criterio cuando todavía se está a tiempo. De mucho de lo que sucede todos tenemos nuestra cuota particular de responsabilidad. No hay duda de que la crítica, la manifestación y la protesta se hallan en la base de la democracia pero también es necesario recordar que, como ciudadanos, somos corresponsables de lo que ocurre. Termino con una anécdota atribuida a otro ilustre mandatario de los Estados Unidos. Cuando Benjamín Franklin salió del Salón de la Independencia, una mujer se le acercó en la calle y le preguntó: «Señor Franklin, ¿qué forma de Gobierno nos ha legado?». Y Franklin le respondió: «Una República, señora. Si ustedes pueden mantenerla». Ciertamente, la responsabilidad de un país democrático no está en manos de una minoría privilegiada. La responsabilidad es de todos. Asumámosla entonces y dejémonos ya de lamentaciones.

La sumisión como modelo de libertad

3111207407_d7b10c180a_oVoltaire, en pleno siglo XVIII, llegó a decir que “es peligroso tener razón cuando es el Gobierno el que está equivocado”. Varios siglos después, la frase no sólo no ha perdido vigencia, sino que ha ampliado su significado. En este nuevo milenio parece que sigue resultando peligroso manifestar abiertas discrepancias en contra de quien ostenta algún tipo de poder, sea o no gubernamental. Ejercer la libertad de expresión a través de la crítica o llevar a cabo la sana costumbre de contribuir a un debate a través de posturas diferentes –lo que antes se consideraban derechos, principios y comportamientos aceptados y hasta aplaudidos como parte de un sistema democrático avanzado y maduro- comienzan a percibirse como muestras de indisciplina y conductas insolentes y sancionables. Cada vez aumenta el número de personas que encajan muy mal el hecho de que se alcen voces en contra de sus postulados o se difundan juicios de valor distintos a los que ellos sostienen, de tal manera que ese sesgo dictatorial que llevan en su interior termina por salir a la luz, pese a los disfraces democráticos con los que pretenden revestirlo.
En una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, este órgano -en teoría, destinado a la protección de los Derechos Fundamentales y de los principios esenciales del modelo de libertades propio de un sistema constitucionalista- avaló una sanción de veinte meses de suspensión de militancia impuesta por el Partido Socialista Obrero Español a una miembro de dicha formación política, por haber cuestionado la decisión de suspender el proceso de primarias en las Elecciones Municipales de Oviedo del año 2006 en un artículo publicado en el diario “La Nueva España”. La entonces afiliada socialista acudió a los tribunales y, si bien la Audiencia Provincial de Asturias le dio la razón, el Tribunal Supremo primero y el Tribunal Constitucional después, confirmaron la legalidad de la medida sancionadora acordada por su partido.
La tesis esgrimida para argumentar la decisión judicial se centra en que los afiliados de una organización deben fidelidad a la misma y sus críticas no pueden dañar su imagen. El afectado, en ese caso, podrá abandonar la militancia si no está conforme con determinadas decisiones pero, según el criterio mayoritario de los Magistrados, no podrá permanecer en las filas del partido manifestando pública y notoriamente sus desavenencias y reproches.
La sentencia presenta la peculiaridad de los escasos firmantes de esa opinión supuestamente mayoritaria, habida cuenta que Juan Antonio Xiol y Encarnación Roca se abstuvieron por haber participado también en el proceso ante el Tribunal Supremo, y que refleja hasta tres votos particulares, correspondientes a Fernando Valdés, Francisco Pérez de los Cobos y Andrés Ollero. Si a lo expuesto anteriormente se añade la vacante generada por el fallecimiento de Luis Ortega en abril de 2005, la conclusión es que nos hallamos ante una doctrina apoyada por una exigua mayoría numérica.
Sea como fuere, la postura que se ha impuesto defiende que libertad de expresión de los militantes de los partidos queda limitada por su propia pertenencia a la organización, llegándose a afirmar que esa libertad reconocida constitucionalmente se pliega ante un supuesto deber de lealtad al partido, no establecido en ninguno de los artículos de nuestra Carta Magna, y que implica para el ciudadano la obligación de evitar las críticas públicas.
En mi opinión, esta decisión constituye un gigantesco paso atrás en la defensa de nuestras libertades. Qué lejana parece la época en la que el mismo Tribunal defendía la posición preferente de la libertad de expresión por su vinculación con los valores de pluralidad y democracia, cuando aquella contribuía al debate democrático. Pese a la cercanía en el tiempo, la doctrina que defendió en la sentencia 112/2016, de 20 de junio de 2016, cuando afirmaba que la libertad de expresión comprende la libertad de crítica «aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática» queda, por desgracia, ya demasiado alejada de contexto.
Ahora parece estar de moda la sumisión como modelo de libertad, el orden orgánico sobre la libertad de pensamiento, la disciplina por encima del debate, el silencio frente la discrepancia y la obediencia ante el líder como valor superior. Y si este es el nuevo camino por el que va a transitar aquel modelo de Democracia y de Estado de Derecho que en su día me enseñaron, yo no lo quiero ni para mí ni, por supuesto, para mis hijos.

“La sonrisa Duchenne” elegida entre lo más destacado del año 2016

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El periódico Diario de Avisos ha publicado recientemente un listado de lo más destacado del año literario en Canarias. El crítico literario Eduardo García Rojas, en las páginas de ese periódico y a través de su blog, ha designado “La sonrisa Duchenne” como una de las novelas del año. La novela, publicada por la editorial Verbum, fue finalista del Premio Iberoamericano Verbum del año 2015.

Muchas gracias al periódico y a su ilustre colaborador por la elección.

http://www.elescobillon.com/2017/01/¿por-que-estos-diez-titulos/

 

La política como lastre en la renovación del Tribunal Constitucional

1316432850_0En el mes de abril de 2015 falleció el Magistrado del Tribunal Constitucional Luis Ortega, designado por la Cámara Alta a propuesta del PSOE. Desde entonces, a veinte meses vista, el máximo órgano encargado de defender la Constitución cuenta con un miembro menos, por lo que su Pleno, en lugar de los doce componentes previstos, se ha venido reuniendo sólo con once para tomar sus correspondientes decisiones. Sucede lo mismo con su Sala Primera, que ha tenido que rebajar el número de juristas de seis a cinco desde hace más de año y medio. El Senado, encargado de esta sustitución, ha demostrado una manifiesta dejadez en sus funciones al retrasar el nombramiento de un nuevo juez, exhibiendo con ello una mezcla de negligencia e incapacidad. Tanto ha dejado pasar el tiempo que ya se le ha unido dicha obligación de cubrir la citada vacante por fallecimiento con la de las otras tres, derivadas del plazo máximo que una persona puede formar parte del T.C.

La ley prevé que, antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el Presidente del Tribunal solicite de los Presidentes de los órganos que han de realizar las propuestas los nombres de los nuevos Magistrados, para que se inicie el correspondiente procedimiento. Esa es la razón por la que el pasado mes de junio se envió a la Cámara Alta un escrito de solicitud de puesta en marcha del proceso de designación de los Magistrados que deben ser renovados, por concluir su mandato a finales de 2016 (entre ellos, el propio Presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos).

Pues bien, aunque diciembre ya ha llegado, todo sigue exactamente igual. La fecha en el calendario estaba claramente indicada desde hacía largo tiempo, pero la indolencia e inutilidad de los senadores nos condena a inaugurar el nuevo año 2017, no sólo con tres, sino con cuatro vacantes por cubrir, correspondientes a la del miembro fallecido hace año y medio más la terna cuyo mandato caduca, sin que exista recambio alguno. Esta desidia en el desempeño de su obligación, unida a las escasas y desnaturalizadas funciones de la Cámara a la que pertenecen –convertida en una asamblea inoperante, irrelevante y carente de sentido- debería avergonzar a quienes la integran, que ni siquiera son capaces de cumplir con una dosis mínima de eficacia su función de designar a los miembros de un órgano tan esencial como es el Tribunal Constitucional.

A lo anteriormente expuesto se debe añadir el asunto de la politización de los requeridos nombramientos. Los partidos políticos afrontan la renovación de instituciones como ésta pensando únicamente en el trozo de tarta que les tocará en suerte. Los grupos parlamentarios reparten sus cuotas y escogen a sus candidatos de entre un listado de juristas afines a sus siglas. Así comienza a deducirse con claridad de los titulares de algunos medios de comunicación, tales como que la secretaria general del PP y Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, está moviendo los hilos para que Gerardo Martínez Tristán, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional, o que el ex diputado del PP Andrés Ollero Tassara se perfile como su nuevo Presidente y que la Vicepresidencia recaiga con toda probabilidad en la magistrada Encarnación Roca Trías, elegida en su día a propuesta del Partido Socialista.

Por último, cabe hacer referencia a la grotesca noticia de que el Parlamento catalán haya decidido no proponer candidatos a estos cargos, a modo de fórmula de protesta de los partidos independentistas, indignados porque no se les permita vulnerar impunemente las reglas más elementales del Estado de Derecho.

Esta forma de abordar (en el sentido más pirata del término) la composición y renovación de un órgano tan trascendental como el Tribunal Constitucional, termina por afectar tanto a su prestigio como a su imagen. Las formaciones políticas tratan el tema sin el debido respeto, sin el más mínimo disimulo en sus ansias de colocar a profesionales ideológicamente afines y sin cortapisas a la hora de desprestigiar a una de las instituciones que debe contar con un mayor nivel de respaldo y de autoridad. Como si fuesen pirómanos irresponsables, juegan con un fuego difícil de controlar que, al final, terminará por quemarnos a todos.

 

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