Críticas de cine

Análisis de hoy y de siempre, a través de los distintos artículos que publico en prensa más »

Política

Mi visión sobre la política y sus problemas y soluciones más »

 

Instituciones lentas, problemas eternos

descargaHace apenas unos días se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la creación de una Subcomisión para el estudio de la reforma de la Ley Electoral del Estado. La medida, promovida por el PSOE y Ciudadanos, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PNV. En el ámbito autonómico también existen propuestas similares. Sin ir más lejos, se ha abierto en Canarias otra Comisión de Estudio para la modificación de su sistema electoral, mundialmente conocido por sus elevados niveles de desproporción, desigualdad del valor del voto y aplicación de altísimas y duplicadas barreras electorales, que colocan a nuestro archipiélago a la cabeza de las normativas electorales más injustas del planeta.

En este concreto asunto, lo más llamativo es el plazo de tiempo que venimos arrastrando los problemas que de él se derivan. Y es que estas deficiencias en la representatividad de nuestros parlamentarios se remontan ya varias décadas atrás. En realidad, a los mismos orígenes de nuestro actual modelo constitucional. Así, la configuración del actual sistema electoral proviene de una norma preconstitucional, la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, cuyos principios fueron recogidos de forma prácticamente íntegra en el Real Decreto-Ley 20/1977 de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas. Posteriormente, la Constitución de 1978 elevó a rango constitucional los aspectos sustanciales del citado Decreto-Ley. En el marco de la referida previsión constitucional, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General, reguló de forma concreta el sistema electoral español diseñado en la Transición. Al cabo de varias décadas, con más experiencia y, sobre todo, tras descubrir los fallos y los déficits de aquella primera regulación, resulta necesario afrontar los cambios para garantizar una serie de valores y principios que actualmente se encuentran muy difuminados, por no decir caricaturizados.

Se suele atribuir a Napoleón Bonaparte la siguiente frase: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable. Si quieres que el problema perdure, crea una Comisión”. Ciertamente, los antecedentes referidos a otras Comisiones no son muy halagüeños. En el año 2012, por ejemplo, se anunció la constitución de una destinada a estudiar la supuesta modificación del Senado para convertirlo en lo que realmente debería ser: una Cámara de representación territorial. Casi cinco años después, no existen resultados efectivos de la misma. Cada legislatura finaliza sin acuerdo y, tras la celebración de nuevas elecciones, la tarea se retoma con escasas esperanzas.

Los datos que invitan a ser pesimista y a no esperar a corto plazo un mejorado sistema electoral a nivel nacional son varios. Para empezar, dicha Subcomisión no posee capacidad legislativa y tan sólo emitirá un dictamen con conclusiones a la finalización de sus trabajos. Durante la última legislatura del presidente Zapatero, y por espacio de dos años, una Subcomisión del Congreso de los Diputados ya abordó sin éxito la reforma de la Ley Electoral. Además, los fuertes reparos de los partidos mayoritarios (que son mayoritarios, precisamente, a causa del actual sistema electoral) no invitan a pensar que vayan a  poner facilidades para aumentar ni la proporcionalidad ni la igualdad del valor del voto.

En el fondo, estamos hablando de un problema político. De hecho, cuando existe voluntad por parte de los partidos, las leyes se reforman con celeridad. Baste recordar la reciente modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que las Elecciones Generales no se celebraran el día de Navidad. Se tramitó y aprobó con extrema rapidez, en apenas unos meses. Es obvio que, desde el punto de vista jurídico, los problemas de nuestro sistema electoral están más que estudiados desde hace largo tiempo y se vienen denunciando sistemáticamente por numerosos profesionales de diversas disciplinas del Derecho. Si hubiera un verdadero interés en resolver este asunto, no se debería prolongar década tras década. Es por ello que esa imagen de lentitud que transmiten las instituciones, decididas a eternizar determinados problemas por razones de estrategia partidista, cala profundamente en la ciudadanía. Y con mucha razón.

En todo caso, procede aplaudir y apoyar estas comisiones (la nacional y las autonómicas) ya en marcha, aunque también urge exigirles soluciones efectivas a corto y medio plazo. De lo contrario, Napoleón tendría razón cuando afirmaba que recurrir a estos comités no era más que una cortina de humo para distraer la atención de la ciudadanía.

Los objetivos de la Subcomisión son ambiciosos y el ámbito del debate muy amplio. Así, entre las cuestiones a estudiar, se encuentran las siguientes:  mejorar la capacidad de la ciudadanía de expresar su voluntad en los procesos electorales, facilitando un mayor grado de decisión de los electores sobre quiénes han de ser finalmente sus representantes, con el desbloqueo de las listas electorales mediante el establecimiento de un sistema de preferencias; avanzar hacia el objetivo de conseguir una presencia cada vez más equilibrada de ambos sexos en el ámbito de la representación política, profundizando en el camino ya abierto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre; mejorar la capacidad de participación política de los españoles residentes en el exterior, constatada la injusticia de un modelo que ha hecho disminuir notablemente la participación electoral de este colectivo, mediante la supresión del voto rogado; abordar las reformas e impulsar los medios necesarios para facilitar el voto electrónico; posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto de las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo; regular la celebración de debates electorales; buscar instrumentos que permitan el ejercicio de una rendición de cuentas individual de los candidatos y fomentar la vinculación directa de todos ellos, no sólo de los cabezas de lista, con sus electores; o abrir el debate sobre el derecho de sufragio de los jóvenes mayores de 16 años. Son todos temas importantes y que podrían mejorar notablemente la calidad de nuestra democracia.

Dos de los objetivos que se persiguen, tanto a nivel nacional como canario, son mejorar la proporcionalidad de la representación de la población según el territorio y paliar los déficits de igualdad en el valor del voto. La manifiesta descompensación que existe entre la población y el territorio produce distorsiones que merecen ser corregidas. Tanto el Congreso de los Diputados como los Parlamentos Autonómicos son cámaras legislativas que representan al pueblo. Esa es su naturaleza y su esencia. La inclusión de elementos territoriales en dichas asambleas es lícita, pero siempre y cuando no desvirtúen su verdadera razón de ser.

Como ha señalado el Consejo de Estado en un informe emitido en 2009 sobre propuestas de modificación del Régimen Electoral General, el principio de igualdad de voto no agota su significado en la igualdad formal en el ejercicio del derecho de sufragio sino que, además, exige una igualdad sustancial de los votos emitidos, de forma que todos ellos tengan un similar peso para la obtención de representación. Sin embargo, actualmente el valor del voto difiere de manera ostensible en función de la circunscripción en la que se ejerza el derecho de sufragio. Ese mismo Consejo de Estado apuntó en el citado texto que la correspondencia entre el número de escaños y el número papeletas de algunas candidaturas electorales genera hoy en día importantes desajustes que afectan a la igualdad de oportunidades de los partidos. El sistema electoral del Congreso de los Diputados se caracteriza por una importante restricción de la proporcionalidad, beneficiando a los partidos que concentran sus votos en determinadas circunscripciones y penalizando la dispersión de los mismos, aunque se trate de partidos que en el cómputo nacional obtienen mayor apoyo popular.

En el concreto caso de Canarias, la situación es especialmente dramática. Nuestra Constitución establece un principio de proporcionalidad en la representación de las Asambleas Legislativas en función de la población, consecuencia lógica de su función primordial de representación del pueblo. Sin embargo, hasta la fecha se ha prescindido de dicho elemento a la hora de configurar nuestro sistema, primando las equivalencias territoriales sobre las poblacionales y creándose en la práctica una especie de Senado o Cámara territorial cuando, en teoría y con la normativa en la mano, debería ser una Cámara que representase al pueblo de Canarias.

Nuestra realidad se basa en un elemento geográfico insular y en una distribución nada homogénea de la población. En torno al ochenta y dos por ciento de los canarios residen en las dos islas capitalinas, mientras que el dieciocho por ciento restante habita en las cinco islas no capitalinas. Sin embargo, Tenerife y Gran Canaria eligen exactamente los mismos diputados que las denominadas islas periféricas. Tomando los datos del censo electoral de los últimos comicios celebrados en el archipiélago, 1.386.537 personas con derecho a sufragio eligen a 30 diputados, mientras que 274.735 ciudadanos eligen a los otros 30 diputados. Esta manifiesta descompensación genera una distrofia del sistema y desnaturaliza el Parlamento.

Sin duda, el problema trasciende al mero debate político y académico, y produce efectos prácticos muy relevantes que afectan a la calidad de nuestra democracia. Es por esa deformación de nuestras reglas electorales por lo que, al final, el tercer partido en número de votos se convierte en el primero en número escaños, y candidaturas con cincuenta y cuatro mil votos se quedan sin representación  parlamentaria, mientras que otras con cinco mil obtienen tres diputados. Dicho de otra manera, nuestro sistema electoral manipula la voluntad de la ciudadanía canaria expresada en las urnas y configura una composición de la institución parlamentaria distorsionada y sin la imprescindible conexión directa con lo manifestado en las urnas el día de las elecciones.

Como se refleja en el texto de la citada propuesta aprobada en el Congreso, una reforma electoral puede constituir un instrumento adecuado para mejorar la calidad democrática y, específicamente, puede ayudar a mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de su representación política. Por lo tanto, manos a la obra. Sin pausa y con rigor. Son ya demasiados años de retraso en una cuestión tan trascendental para cualquier Democracia.

 

Redes sociales y derecho a la propia imagen

img_agarcial_20160708-193223_imagenes_lv_otras_fuentes_facebook-kYjD-U41749127339xsB-992x558@LaVanguardia-WebHace apenas una semana se ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso por parte de los medios de comunicación de fotografías sacadas de perfiles abiertos en las redes sociales. En concreto, el asunto se remonta a una demanda interpuesta por un ciudadano contra el periódico “La Opinión de Zamora”, con motivo de la publicación de una noticia relativa a un hecho violento que tuvo lugar en la citada localidad castellana y que se ilustró con la imagen de uno de los implicados extraída de Facebook. El demandante solicitó de la Justicia una condena para dicho diario por una supuesta intromisión ilegítima en dos de sus derechos fundamentales (a la intimidad y a la propia imagen).

Si bien el Tribunal Supremo rechazó finalmente que la actuación del medio de comunicación vulnerase el derecho a la intimidad, sí consideró que se conculcó el derecho a la propia imagen. El Alto Tribunal considera que el hecho de subir una fotografía a una red social haciéndola accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento de su titular. Afirman los magistrados que la finalidad de una cuenta abierta en una red social es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan acceder al contenido de dicha cuenta e interactuar con su titular, pero no que la imagen se pueda publicar en un periódico.

Sin embargo, a mi juicio, en esta decisión no se ha ponderado suficientemente el derecho a la información, que también está implicado en la controversia. Como en muchos otros supuestos donde colisionan entre sí varios Derechos Fundamentales (el de la libertad con el de la seguridad, el del honor con el de la libertad de expresión, etc.) se debe llevar a cabo un análisis de los intereses y valores constitucionalmente en juego para, finalmente, darle la primacía a uno de ellos en función de las circunstancias del caso.

Dado que el Tribunal Supremo se decantó por la preferencia del derecho a la información del periódico frente al derecho a la intimidad del ciudadano, basándose para ello en la veracidad de la noticia, su relevancia pública, su acomodo a los usos sociales (más concretamente, a los cánones de las crónicas de sucesos) y a la ausencia de cualquier tipo de extralimitación morbosa, tendría que haber procedido de igual forma para decidir sobre el otro derecho supuestamente afectado (el de la propia imagen).

El derecho a la propia imagen hace referencia a la facultad que todos tenemos de reproducirla y, al mismo tiempo, de negarnos a que esa representación física sea utilizada por terceras personas sin nuestro consentimiento. Con ello, lo que se pretende preservar es su difusión pública, que nada tiene que ver con un supuesto derecho al anonimato. Así, en palabras del Tribunal Constitucional, se trata del poder de impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado.

Sin embargo, dicho derecho puede chocar claramente con el derecho de la prensa de difundir noticias, en el sentido más amplio del término. Tal es así que el propio Tribunal Supremo reconoce que, si hubieran sido los fotógrafos del diario los encargados de tomar la foto con ocasión del dispositivo de cobertura del reportaje, nada se habría podido achacar al medio de comunicación si la hubiera publicado posteriormente. Por lo tanto, se admite que, en determinados casos, sí resulta procedente la captación de la imagen, así como su utilización y difusión, cuando está conectada con una información veraz y de relevancia pública.

En el fondo, más que la publicación en sí de la imagen, lo que se critica en la reciente sentencia del Supremo es el modo de obtención de la misma. De ser esto así, la afectación del derecho a la propia imagen es, a mi juicio, más cuestionable, puesto que esas supuestas objeciones esgrimidas en la argumentación de la resolución judicial tienen más que ver con la propiedad de esa concreta fotografía y con la vía utilizada para conseguirla que con el verdadero significado del derecho constitucional supuestamente afectado.

Considero que el Supremo entra en contradicciones cuando, en algunos párrafos de la sentencia, fundamenta los perjuicios para el demandante en su perfecta identificación y en el pleno reconocimiento de sus rasgos para, asimismo, aceptar que esta clase de noticias de relevancia pública pueden ilustrarse con imágenes captadas por los fotógrafos del medio, sin que exista entonces vulneración de derechos. A mi parecer, no se han ponderado correctamente las implicaciones constitucionales del derecho a la información y, además, se ha sobredimensionado el aspecto de la propiedad de la fotografía y su forma de obtención.

Subir fotos a las redes sociales en un perfil público y accesible, abierto y sin restricciones, para después echarse las manos a la cabeza por la difusión de las mismas es, a mi juicio, un comportamiento cuando menos rebatible. Y condenar su uso para complementar una noticia veraz, de relevancia pública y plenamente acorde a los usos periodísticos supone (insisto) no ponderar correctamente las implicaciones constitucionales del derecho a la información. En todo caso, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra.

 

Artículo 155 de la Constitución Española: Problemas y soluciones

Barcelona Barcelones 16 12 2016 Politica La presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell ha acudido esta manana al TSJC Tribunal Superior de Justicia de Catalunya donde ha declarado en calidad de investigada por los delitos de prevaricacion y desobediencia por permitir el debate y la votacion de las conclusiones de la comision de estudio del proceso constituyente que fijaba la nueva hoja de ruta independentista Han acompanado a la presidenta numerosas personalidades del ambito politico y ha recibido el apoyo de miles de personas que la esperaban a las puertas del Tribunal FOTO DANNY CAMINAL

Ante la deriva del denominado “problema catalán” en cualquiera de sus nomenclaturas y eufemismos varios (“proceso soberanista”, “proceso de desconexión”, etc.), numerosas personas reclaman la aplicación del artículo 155 de la Constitución como solución al problema. A título personal, creo que ya es tarde para adoptar cualquier medida capaz de evitar serios trastornos y resultados gravísimos. Las iniciativas para zanjar un conflicto que se veía venir con una claridad meridiana debieron tomarse hace ya muchos años, pero la ceguera de unos, la sinrazón de otros, los intereses de terceros y la mezcla letal de ignorancia e insensatez, nos han abocado a esta situación dantesca. Echando mano de los trillados símiles que se utilizan para esta realidad tan indeseable que nos está tocando vivir (“choque de trenes”, “ir directos al precipicio”), mi impresión es que, frenemos en seco, aceleremos al máximo o demos un brusco giro, las consecuencias serán, en todo caso, dolorosas.

Frente a este escenario, no son pocos quienes alardean y defienden el incumplimiento de las normas y la desobediencia de las resoluciones judiciales, mientras que otros tantos recurren a la táctica de la pasividad y de mirar para otro lado, confiando en que el mero paso del tiempo o la intervención de la divina providencia se encarguen de arreglar los contratiempos. Unos y otros, convenientemente arropados, vitoreados y palmeados por sus acólitos, son imprudentes y temerarios.

En cualquier caso, la posibilidad de recurrir al artículo 155 de nuestra Carta Magna está ahí. Dicho precepto establece que «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general», especificándose para ello que «para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».

Sobre tal previsión, conviene hacer algunas aclaraciones:

Primera: en contra de lo que se piensa, el artículo 155 no implica una “suspensión de la Autonomía” en el sentido de que se pierda la condición de Comunidad Autónoma sobre el territorio afectado por la medida, o de que se disuelvan sus instituciones.

Segunda: esta previsión no es una singularidad española ni una extravagante ocurrencia de nuestro sistema constitucional. Muy al contrario, constituye un mecanismo habitualmente establecido en los Estados federales. Es más, se inspira claramente en el artículo 37 de la alemana Ley Fundamental de Bonn.

Tercera: se trata de un mecanismo excepcional, no sólo porque no se haya aplicado nunca en nuestro país, sino porque existen otras vías más ordinarias para ser aplicadas antes de una herramienta como esta, pensada para casos irreversibles y dramáticos.

Cuarta: la aplicación del 155 no implica el despliegue del Ejército, una medida contemplada solamente en la declaración de los Estados Excepcionales, sobre todo, el Estado de Sitio.

Quinta: supone abrir una vía que ofrezca alguna solución, pero también plantea innumerables dudas sobre su aplicación, repercusión y consecuencias.

Me temo que ya es tarde para solicitar cordura, sosiego y sensatez a los sucesivos líderes y cargos públicos responsables de esta situación, impropia de un Estado de Derecho serio y maduro. Y el hecho de que la posibilidad de apagar el fuego recaiga en manos de los pirómanos tampoco ayuda a ser optimista. Quizá lo imperiosamente necesario sea realizar un llamamiento a todos esos cientos de miles de personas que, con sus vítores, aplausos y muestras de apoyo, dan lugar a que los encargados de dirigir los destinos de nuestra sociedad se crean unos iluminados salvadores de la patria, en incuestionable posesión de la verdad. Quizá, y sólo quizá, si se vieran solos, sin el respaldo popular, se parasen al menos un minuto a pensar.

 

La distorsión de las políticas antitransfuguismo en Canarias

Canaria-Ambiente-Seguridad-Participacion-Ciudadana_EDIIMA20170208_0448_19La reciente actualidad política en Canarias ha vuelto rescatar viejas polémicas que se reavivan cada cierto tiempo. El vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y Consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, dimitió hace apenas unos días de sus cargos, con renuncia a su acta de consejero, tras ser expulsado de Podemos, el partido con cuyas siglas concurrió a las elecciones. Este sólo ha sido el último de una larga lista de problemas en los que las desavenencias entre el candidato elegido por los votantes y los cargos orgánicos de la formación con la que se presentó a los comicios, terminan por salpicar a las instituciones y afectar a la estabilidad de los pactos de gobierno que se han forjado en sus senos. Ya sea a nivel municipal o insular, los ejemplos de este fenómeno en nuestro archipiélago son numerosos, cuyo tema de raíz es controvertido y espinoso: si el cargo electo debe responder en exclusiva ante su electorado, sin que la dirección del partido político pueda vincular, mediatizar o limitar el ejercicio de su cargo o, por el contrario, si ese representante popular debe seguir una serie de mandatos provenientes de quienes llevan las riendas en el aparato del partido, debiendo recibir represalias y castigos en caso de desobediencia o indisciplina.

Uno de sus antecedentes se remonta al año 2011, cuando se modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con el objeto de paliar lo que la propia Exposición de Motivos de la norma denominaba “anomalía que ha incidido negativamente en el sistema democrático y representativo y que se ha conocido como transfuguismo”. Tal y como quedó claro durante su discusión parlamentaria, dicha reforma no podría evitar que siguieran existiendo “tránsfugas” pero sí que, con su actuación, modificaran la voluntad popular y cambiaran los gobiernos municipales. Y, por tratarse de un problema que afecta a todos los partidos, se logró un cierto consenso para hallar una fórmula que evitara dichas situaciones.

De modo que, con esa nueva redacción, una moción de censura en el ámbito local deberá ser propuesta por, al menos, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal. No obstante, la verdadera novedad estriba en dos requisitos adicionales: el primero, que en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura forme o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde censurado, la mayoría anterior (es decir, la mayoría absoluta) se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en las mismas circunstancias; y el segundo, que idéntico incremento será de aplicación cuando alguno de los ediles proponentes de la moción haya dejado de pertenecer por cualquier causa al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.

Con independencia de los nobles objetivos que promovía la nueva redacción de este artículo 197 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, lo cierto es que se ha topado con notables escollos jurídicos, buena parte de ellos con origen en las Islas Canarias. Así, por ejemplo, el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 3 de febrero de 2015, acordó admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso de apelación número 67/2014, en relación precisamente con ese artículo 197, por posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, puesto que esa medida afecta de forma directa a los derechos del representante político elegido por el pueblo.

Ello es así porque, como ha señalado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, existe una conexión directa entre el derecho de participación política de los cargos públicos representativos y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, ya que puede decirse que son, primordialmente, los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que ambos derechos (el del elector y el del elegido) quedarían vacíos de contenido, o serían ineficaces, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio.

Más allá de los reproches morales, éticos y políticos asociados al fenómeno del “transfuguismo”, detrás de él se esconde otro al que no se le presta tanta atención pero que, de hecho y de derecho, es el crucial: si la representación y legitimidad popular del acta de concejal o consejero descansa sobre la persona o sobre el partido político. En función de la opción elegida, el análisis tomará un camino u otro. Y lo cierto es que, cuando se pone sobre la mesa este asunto tan peliagudo, mantener una postura clara y uniforme no es lo habitual.

Parece evidente que, cuando el ciudadano vota en unas elecciones municipales, lo hace pensando en unas siglas, en una ideología e, incluso, en un líder que no suele figurar en la papeleta que introduce, primero en el sobre y después en la urna. También es obvio que, conforme a nuestro sistema constitucional, la facultad de representatividad pasa del ciudadano al cargo electo, sin que pueda alegarse artículo, jurisprudencia o argumentación jurídica alguna que avale que sea el partido político (y no la persona) el que reciba la confianza del votante. Y llevamos muchos años conviviendo en nuestro país con esta contradicción, como con tantas otras que salpican nuestro ordenamiento jurídico y que muchos ya han aceptado como parte del paisaje constitucional, sin plantearse siquiera  su erradicación.

Como quiera que el actual sistema electoral se mueve dentro de ese círculo cuadrado en el que persona física y partido político se auto atribuyen simultáneamente la representatividad popular, es preciso analizar la norma (a la manera de esos alquimistas en busca de una poción mágica capaz de contentar a todo el mundo). Sin embargo, quienes de antemano sabemos que se trata de una misión imposible, tachamos tal pretensión de absurda e irrealizable. No se puede contentar a todo el mundo.

El espíritu y la letra de la reforma pretenden, sin duda, potenciar el poder de las formaciones políticas en detrimento de la voluntad de los concretos militantes que integran sus filas. En ese sentido, la motivación es lícita y comprensible, puesto que a nadie le gusta el político chaquetero que se presenta con unas siglas y después las cambia por otras, a menudo con la única finalidad de detentar el poder. Pero, para que dicha reforma resultara más lógica y coherente, tendría que ser más amplia, propiciando así un profundo cambio de modelo de nuestro sistema electoral. De lo contrario, seguirán produciéndose las contradicciones.

De todas formas, el Tribunal Constitucional ya ha facilitado algunas pautas para determinar hasta qué punto se puede limitar la acción de un cargo público elegido por el pueblo y cuándo esas limitaciones pueden considerarse inconstitucionales. Es decir, hay sentencias que concluyen que no cualquier acto que afecte al status jurídico aplicable al representante político lesiona el derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constitucional a estos efectos los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa. Sin embargo, nuestro Alto Tribunal ya se ha pronunciado sobre cuáles son esas funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa, que constitucionalmente corresponden a los miembros de una corporación local y que, por ello, no pueden ser limitadas: participar en la actividad de control del gobierno provincial; participar en las deliberaciones del pleno de la corporación; votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano; así como el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores. Dentro de ese abanico de facultades no se podría, en modo alguno, adoptar medidas para menoscabarlas o limitarlas.

Sin embargo, el problema no queda acotado a lo comentado anteriormente. En Canarias hemos querido rizar el rizo e ir más allá de la normativa estatal en materia de lucha contra el transfuguismo, llegando, en mi opinión, a tergiversar por completo su significado. Así, conforme a la modificación realizada en el año 2003 al artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo relativo a la formación de los grupos políticos de las Corporaciones Locales, se estableció una categoría, denominada “miembros no adscritos”, limitándose esa figura a aquellos que, voluntariamente, no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia. Esa regulación, ya revisada y legitimada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 9/2012 de 11 de febrero, pretendía hacer frente al concejal que abandona su formación, siendo esta la nota característica del concepto “tránsfuga” que justificaba la reforma y las medidas legislativas adoptadas.

Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó dos leyes que pretender dar un paso adelante más: la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias y la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos insulares. Ambas normas tratan de equiparar al “tránsfuga” que voluntariamente se marcha del partido con el cargo que, sin su consetimiento y anuencia, es sancionado y expulsado de la formación. Así, el artículo 28 de la Ley de los Municipios de Canarias y el artículo 88 de la Ley de Cabildos amplían la categoría de “miembros no adscritos” a supuestos no contemplados por la ley estatal. Tal ampliación, así como la adopción de medidas ideadas para los “tránsfugas” a quienes no lo son, cercenando de este modo sus facultades representativas, son de muy dudosa constitucionalidad y deberían ser revisadas.

No descarto que, con la aplicación de estos preceptos y su posterior estudio por los juzgados y tribunales, se presenten más cuestiones de inconstitucionalidad sobre dichos artículos de las leyes canarias, como ya ocurriese con el 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Los argumentos en contra de los mismos son, si cabe, aún más contundentes.

Los lamentos en Política

430032Entre las numerosas frases icónicas extraídas de la saga de “La guerra de las galaxias”, figura una pronunciada por el personaje de Obi-Wan Kenobi (interpretado por el actor Alec Guinness) ante un Harrison Ford inmerso en el papel de Han Solo: «¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?». Dicha reflexión me ha venido de nuevo a la cabeza tras diversos acontecimientos políticos recientes cuyos resultados han llenado de sorpresa y estupefacción a millones de ciudadanos de todo el mundo, como el referéndum del Brexit en Gran Bretaña, las elecciones presidenciales estadounidenses y otros comicios populares con respaldos más que sorprendentes. Las reacciones generadas han oscilado entre la indignación y la incredulidad, pasando por el lamento o la tardía pretensión de evitar lo inevitable, habida cuenta que los resultados derivados de las citadas votaciones resultaban ya inamovibles.

Por lo que se refiere a la llamada de los británicos a las urnas para decidir su salida de la Unión Europea, resultó chocante comprobar cómo, a las pocas horas de conocerse el triunfo de las tesis separatistas, millones de personas se lanzaban a la calle solicitando otro referéndum. Entre ellas, abundaban numerosos jóvenes que se quejaban amargamente de que los miembros del electorado de mayor edad habían impuesto su criterio, afectando así al futuro de las próximas generaciones más que al presente de ese sector veterano de la población. Curiosamente, muchos de quienes se echaban las manos a la cabeza reconocían no haber participado en la consulta y algunos incluso confesaban haberse arrepentido inmediatamente de su voto favorable, reconociéndolo fruto del cabreo y de la falta de reflexión pero, en todo caso, desconocedor de las consecuencias que podía acarrear.

En el caso de la victoria de Donald Trump, su candidatura a la Presidencia norteamericana representando al Partido Republicano comenzó calificándose de burda inocentada de escasa credibilidad. Sin embargo, el transcurso del tiempo se ha encargado de desmontar aquella percepción inicial y, ahora, aquel personaje grotesco cuya campaña electoral se desarrolló entre la incorrección política y la provocación más zafia será durante los próximos cuatro años el inquilino de la Casa Blanca, con todo lo que ello supone. Ya es tarde, pues, para el llanto y el crujir de dientes, una vez comprobado que 62.979.879 de votantes depositaron su confianza en él, convirtiéndole en el candidato republicano más votado de la Historia del constitucionalismo estadounidense. Tampoco parece serio alegar que casi sesenta y tres millones de personas fueron engañadas por el magnate neoyorkino, teniendo en cuenta que se mostró en sus mítines e intervenciones tal cual es. No recurrió a ninguna estrategia que maquillase su discurso. No echó mano de disfraces que ocultaran su personalidad. No pronunció mensajes descafeinados ni promesas dulcificadas que confundieran a sus partidarios sobre las verdaderas políticas con las que optaba al sillón presidencial. Por lo tanto, procede retomar la pregunta inicial: ¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?

Por desgracia, prolifera cada vez más un modelo de ciudadanía muy dada a criticar pero que, a su vez, se resiste a hacer autocrítica. ¿Cuántos de los casi cien millones de norteamericanos que decidieron no ir a votar el pasado 8 de noviembre han salido ahora a la calle para manifestarse en contra de su ya presidente electo? ¿Cuántos de los más de sesenta millones de votantes de Trump lo fueron más por un arrebato que por una razonada valoración política? ¿Cuántos centenares de millones de ciudadanos del mundo consideran la política como algo que les es ajeno y sobre lo que no pueden hacer nada en absoluto?

Pues bien, en este ámbito -como en otros muchos- lamentarse “a posteriori” en vez de haber actuado diligentemente cuando se tuvo ocasión no es la opción más inteligente. John Fitzgerald Kennedy lo expresó con claridad cuando dijo «No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país». En otras palabras, menos quejas cuando ya no hay remedio y más celo y criterio cuando todavía se está a tiempo. De mucho de lo que sucede todos tenemos nuestra cuota particular de responsabilidad. No hay duda de que la crítica, la manifestación y la protesta se hallan en la base de la democracia pero también es necesario recordar que, como ciudadanos, somos corresponsables de lo que ocurre. Termino con una anécdota atribuida a otro ilustre mandatario de los Estados Unidos. Cuando Benjamín Franklin salió del Salón de la Independencia, una mujer se le acercó en la calle y le preguntó: «Señor Franklin, ¿qué forma de Gobierno nos ha legado?». Y Franklin le respondió: «Una República, señora. Si ustedes pueden mantenerla». Ciertamente, la responsabilidad de un país democrático no está en manos de una minoría privilegiada. La responsabilidad es de todos. Asumámosla entonces y dejémonos ya de lamentaciones.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies