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Día Internacional de la Democracia: celebraciones y reflexiones

democracia-720x350El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 62/7, decidió celebrar cada 15 de septiembre el “Día Internacional de la Democracia”. En este 2016 el tema sobre el que versa la citada conmemoración es “La Democracia y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dado que hace justo doce meses ciento noventa y tres Estados miembros aprobaron la denominada Agenda, un plan ambicioso y bienintencionado que persigue poner fin a la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y proteger nuestro planeta, dándose un plazo de quince años para lograr tales objetivos. Así, la ONU pretende concienciar sobre cómo la democracia, junto a la ciudadanía y a las instituciones participativas, puede “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces que rindan cuentas” (cito la frase exacta del mensaje institucional lanzado por dicho organismo internacional).

Sin duda se trata de palabras hermosísimas, que suenan muy bien al oído y que conforman la inmensa mayoría de tratados y resoluciones. Lenguaje políticamente correcto, rebosante de perspectivas alentadoras, loables deseos y utopías embriagadoras. No en vano el papel lo aguanta todo y, además, la hipocresía de un amplio sector de líderes mundiales parece no conocer límites porque, al mismo tiempo que firman esos compromisos y aplauden los recurrentes discursos sobre libertad, igualdad y fraternidad, orientan y ejercen sus políticas exactamente en sentido contrario.

Siempre me quejo de la enorme brecha que separa la enseñanza teórica del Derecho de su realidad práctica. En ocasiones, me resulta sonrojante tener que explicar a los alumnos el contenido de algunas normas cuando el día a día de los Tribunales, la actualidad política y los titulares de los medios de comunicación reflejan unas realidades muy diferentes. Casi nos hemos acostumbrado a consultar los manuales de las distintas disciplinas jurídicas como si fueran relatos del género fantástico. ¿Cómo puedo explicar el Derecho de Asilo a estudiantes que aspiran a ser abogados o juristas si la vigente regulación sobre dicha materia es vulnerada sistemáticamente con el beneplácito de los propios mandatarios? ¿Cómo voy a hacerles entender el valor jurídico de nuestra Constitución cuando comprueban cómo determinados cargos públicos alardean y se vanaglorian constantemente de su incumplimiento? ¿Cómo he de lograr que asuman los valores de un Estado de Derecho o de un Estado Social en estos tiempos en los que el respeto a las normas y a las sentencias no está garantizado y en el que las desigualdades se acrecientan?

Es en este clima de desánimo y ante una labor docente cada vez más compleja cuando leo que las Naciones Unidas cuentan con un plan para erradicar en tres lustros la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y proteger nuestro planeta. Y que los ciento noventa y tres países miembros lo han firmado. Y que van a impulsar la democracia en todas las naciones. Y que nos invitan a celebrarlo el 15 de septiembre. Y que, como de costumbre, la celebración precede a la consecución del objetivo (para no variar).

Pues, por lo que a mí respecta, semejante sobredosis de buenas intenciones y de términos edulcorados ya se me ha indigestado. No me creo nada. Cumplido el plazo previsto, el panorama no habrá mejorado. Mucho me temo que los índices de pobreza, injusticia y desigualdad habrán empeorado incluso. Y es que los datos objetivos neutralizan cualquier resquicio de optimismo. En los últimos años la distancia entre rentas altas y bajas se ha acrecentado. Los millones de desplazados por culpa de las guerras se ha multiplicado. El número de las pseudo democracias que coquetean con el totalitarismo ha ido en aumento. La destrucción del planeta avanza de modo imparable. La cifra de seres humanos sin acceso a agua potable es absolutamente vergonzosa. Y la situación de la mujer en el mundo sigue constituyendo un escándalo de proporciones descomunales.

¿Cómo no lo vemos? ¿Cómo no reparamos en que estamos abocados al desastre? Peor aún, ¿cómo, dándonos cuenta, no tomamos medidas? Esta vez no he celebrado el 15 de septiembre. No me sentía con ánimos de participar en esa pantomima, mitad tragedia y mitad comedia. Porque ya es hora de celebrar menos y de reflexionar más.

Posibles significados de un “no”

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Como reflexión ante los ciento ochenta noes que recibió el candidato Mariano Rajoy en su investidura, tanto en la primera como en la segunda votación, me aventuro a intentar descifrar los significados que encierran dichas negativas, y que no tienen por qué responder necesariamente a los mismos argumentos.

1.- Un “no” que significa “no”: Es evidente que existen razones para oponerse a un Gobierno del señor Rajoy. Muchas de sus decisiones políticas (materializadas después en normas publicadas en el B.O.E.), su responsabilidad como máximo mandatario de un partido sumido en numerosos y escandalosos casos de corrupción, así como su ninguneo al resto de los partidos cuando contaba con mayoría absoluta, conforman un bloque de razonamientos más o menos sólidos que conducirían a una negativa para que continuase encabezando el Ejecutivo. No obstante, también existen puntos positivos en la última legislatura. Tan sólo desde el análisis partidista de una oposición obcecada por las estrategias electorales se puede concluir que todo lo llevado a cabo ha sido nefasto (por otra parte, el mismo análisis partidista y obcecado que, desde la bancada gubernamental, exhibiría un discurso triunfalista y pleno de loas hacia un candidato cuya preocupante carencia de autocrítica y de visión política es demostrable).

2.- Un “no” que significa “no ahora” pero que, quizá, signifique cosa distinta más tarde: Una de las circunstancias subrayada como posible desencadenante de un cambio en la actual situación de bloqueo es la próxima celebración de elecciones en Galicia y el País Vasco. En función de los resultados, los férreos y rígidos noes pueden tornarse endebles para terminar convirtiéndose en abstenciones o en síes. Cuando se ven tan influenciadas por los intereses de las propias formaciones políticas, las voluntades son volubles y las decisiones, cambiantes. Las contundentes y meridianas razones para dar la espalda a un candidato pueden transformarse como por arte de magia en datos meramente anecdóticos, sin apenas importancia. Si, por ejemplo, el Partido Popular puede colaborar para que el PNV conserve el poder en Euskadi o si una debacle electoral aconseja cambiar la hoja de ruta para recuperar el rumbo perdido, los discursos de los líderes cambiarán cuanto sea necesario.

3.- Un “no” que significa “no en público”, pero cuyo significado varía en privado: La sorprendente mayoría absoluta que alcanzó el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos a la hora de constituir la Mesa del Congreso, propiciada por el voto secreto de los diputados, evidencia que no se dice lo mismo en el seno interno que con luz y taquígrafos. Esos sorpresivos votos de más son votos huérfanos. Sin padre ni madre. Sin un solo representante de la soberanía popular que sea capaz de dar la cara por ellos. Quién sabe si tal vez la solución milagrosa para acabar con este bloqueo institucional resida en cambiar la norma que obliga a que la elección del Presidente se realice a través de una votación pública y por llamamiento.

4.- Un “no” que significa, además, un “sí” a una alternativa: En la Comunidad Autónoma de Asturias rige un sistema particular con dos diferencias fundamentales respecto del nacional, de tal manera que, en primer lugar, puede existir más de un candidato a la Presidencia del Gobierno regional en la misma sesión de investidura y, en segundo, los diputados están obligados a votar a favor de alguno de esos candidatos o, en su caso, abstenerse. El voto negativo no se admite. Negar el apoyo lleva necesariamente aparejado adherirse a otra alternativa, participar de otra opción cuyo objetivo sea formar Gobierno.

En estos momentos, ciento ochenta diputados se han puesto de acuerdo en dar un “no” a Mariano Rajoy. Pero, tras dos comicios y casi un año sin un Consejo de Ministros con plenas facultades, habría que preguntarse si entre ellos se encuentran al menos ciento setenta y uno capaces de presentar otro candidato y otro programa de gobierno. De lo contrario, entraremos en un bucle diabólico que nos conducirá a unas terceras elecciones, con su enésima parafernalia de precampaña, campaña, votación e intentos de investidura. Y, lo que es peor, sin ninguna garantía de que a la tercera vaya la vencida. A estas alturas y dadas las circunstancias, parece más que exigible que un “no” implique paralelamente un “sí”. Ya es hora de dejar de ser parte del problema para comenzar a ser parte de la solución.

Humillados y ofendidos

img_4476En las últimas semanas hemos asistido a un incremento de la polémica sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. De entrada, sí me gustaría afirmar que el debate debería versar, en su caso, sobre los límites de la libertad de expresión “a secas”, sin establecer conclusiones diferentes para su ejercicio en función de dónde se ejercite. La línea fronteriza que delimita dónde termina el amparo ante la difusión de ideas y dónde comienza el legítimo deseo de castigar determinadas manifestaciones no debe ser distinta en función de si dichas palabras se pronuncian en Twitter o en la barra de un bar, en Facebook o en un mitin, en un programa televisivo o en un artículo periodístico. Dicho de otra manera, el problema no reside en las redes sociales sino, como suele ser habitual, en el propio ser humano y su modo de utilizar los instrumentos que tiene a su alcance.

En un Estado constitucional, además, el límite al ejercicio de un derecho fundamental debe encontrarse en las leyes y, por ser una cortapisa a uno de sus principios constitucionales, debe aplicarse interpretando restrictivamente todo lo que implique cercenar o constreñir la efectiva práctica de ese derecho. Por tanto, ante las opiniones vertidas por los ciudadanos, serán el Código Penal y la doctrina jurisprudencial sobre las relaciones entre el derecho al honor y el derecho a la la libertad de expresión los que marquen las reglas de juego en nuestra sociedad democrática.

No existe ningún derecho, ni en España ni en ningún otro Estado constitucionalista, a no sentirse ofendido ante discursos ajenos. No se castiga el mal gusto al hablar, como tampoco se castiga el mal gusto en el vestir. No se sanciona la falta de tacto al expresarse, como tampoco la mala educación al comportarse. La grosería, como la ignorancia, no pueden ser objeto de persecución penal o administrativa. Cosa distinta es cómo reaccione la ciudadanía ante esas muestras de impertinencia y vulgaridad, ya sea mostrando su disconformidad, ya sea recriminando socialmente dicho comportamiento.

Sobre las mayorías y sus legitimidades

2239928Tras las elecciones del 20 de diciembre y del 26 de junio, se han podido escuchar un cúmulo de afirmaciones sobre la legitimidad para gobernar y sobre la responsabilidad de los dirigentes políticos para facilitar el acceso al poder de uno u otro partido. En dichos debates, a menudo alejados de la objetividad debido al interés y a la conveniencia de los propios implicados, se han mezclado conceptos para, a mi juicio, tratar de desvirtuar los principios esenciales de nuestro sistema parlamentario. Por ello, resulta conveniente realizar una serie de puntualizaciones al respecto.

Guste o no guste, en un sistema parlamentario el pueblo no elige al Presidente del Gobierno. Ni en la convocatoria de las elecciones ni en las normas electorales existen argumentos que vinculen los votos de los ciudadanos a la persona que ocupará la Presidencia de la nación. De hecho, ni siquiera es necesario que este ostente la condición de diputado. Bastará con que goce de la confianza de los miembros del Congreso, aunque no haya pasado por las urnas. Así son las reglas a día de hoy y, mientras no se modifiquen, a ellas nos tenemos que atener. Cosa bien distinta es que se defienda la conveniencia de cambiar de sistema y tender hacia modelos más presidencialistas en los que, a una vuelta o a dos, el pueblo designe directamente al líder del Ejecutivo. Hasta yo me sumaría con entusiasmo a dicha propuesta de reforma si estuviera correctamente planteada, porque el modelo actual comienza a dar evidentes signos de agotamiento, cuando no muestras de caducidad. Pero, en todo caso, se trataría de una controversia de cara al futuro.  

¿Los jueces pretenden limitar el ejercicio de la abogacía?

juecesSe han celebrado recientemente en Tarragona las XVI Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales, congregando a cuarenta y cinco representantes de tribunales de provincias españolas. Dicha reunión finalizó con la redacción de un documento que recoge algunas cuestiones interesantes a modo de conclusión.  Entre ellas, se solicita instar al Consejo General del Poder Judicial y a las Salas de Gobierno de los diferentes Tribunales a la adopción de acuerdos de buenas prácticas en relación con los escritos procesales, la documentación aportada en los procedimientos y la duración de los informes orales.

Se pide que se informe acerca de ello al Consejo General de la Abogacía o a los Consejos de la Abogacía de cada ámbito territorial para su difusión, especialmente allí donde existan comisiones mixtas “Sala de Gobierno-Consejo de la Abogacía”. En todo caso -a mi juicio-, más que limitarse a informar a los abogados de la imposición de dichas formalidades, sería conveniente consensuar con ellos la aprobación de esas denominadas “buenas prácticas”. Lo contrario supondría una intromisión ilegítima en el ejercicio de una profesión -la de abogado-, que incidiría directamente sobre los derechos de las personas.

Este anuncio se produce pocas semanas después de la publicación por parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de unas normas que establecen la extensión máxima, el formato y la estructura de los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) de dicho Tribunal, así como de los escritos de oposición a dichos recursos. En dicho acuerdo se establecen formalidades tan pintorescas como que los escritos de interposición y contestación deberán tener una extensión máxima de 50.000 caracteres con espacio (equivalente a 25 folios a una sola cara), con inclusión de, en su caso, notas a pie de página, esquemas o gráficos susceptibles de ser incorporados.

Además, se requiere al abogado que firme el escrito para certificar al final del mismo el número de caracteres que contiene. Se obliga a utilizar como fuente de letra el modelo “Times New Roman” en tamaño de “12 puntos” (“10 puntos en las notas de pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias), interlineado de “1,5 cm.” y “2,5 cm.” en los márgenes horizontales y verticales. Incluso se exige que los folios vayan numerados en la esquina superior derecha, en formato creciente y comenzando por el número 1.

El fundamento de esta unificación de criterios se explica por la incuestionable sobrecarga de trabajo de los juzgados y tribunales y, por ello, sólo puede calificarse como una restricción del derecho de defensa, llevada a cabo para mitigar el volumen y el número de recursos que deben estudiar los Magistrados.

Lo ideal sería contar con un número de tribunales acorde a la litigiosidad de la sociedad. Pero, teniendo en cuenta que nuestros gobernantes se niegan a realizar inversiones en el ámbito de la Administración de Justicia, la cuerda seguirá rompiéndose una vez más por el lado más débil, imponiéndose a tal efecto recortes a los abogados a la hora de la presentación de sus escritos. En mi opinión, esta medida afecta notablemente al derecho de defensa de las partes del proceso y, sobre todo, supone dar la espalda a años de jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en lo relativo a la no imposición de formalismos excesivos para el acceso a la jurisdicción y a los recursos. Creo que el Consejo General de la Abogacía y los Consejos de la Abogacía de cada ámbito territorial deberían alzar la voz para defender el ejercicio de la profesión de abogado, que puede verse seriamente afectada por una dinámica cada vez más restrictiva, y en ocasiones con una marcada tendencia al absurdo, si prima más la estética de la presentación que los propios argumentos jurídicos.

Nadie niega la existencia de determinados pleitos de enorme complejidad, con multitud de demandantes y demandados, y que requieren el ejercicio de varias acciones judiciales en una única demanda. En ese sentido, inadmitir un recurso porque exceda de veinticinco folios o establecer como criterio de admisión el tipo de letra o el interlineado utilizados es un despropósito que terminará afectando con toda seguridad a los derechos de los ciudadanos, a la calidad de la Justicia y, en consecuencia, a la calificación de España como Estado de Derecho.

 

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