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Curiosas maneras de ser demócrata

250px-congreso_de_los_diputados_espana_14Precisamente ahora -que tanto se habla de la regeneración, de la conveniencia de un cambio de conductas y actitudes por parte de nuestros dirigentes, y de la necesidad de pactar y llegar a acuerdos entre todos ellos-, es muy habitual contemplar a los políticos presumiendo de su condición de demócratas y autoproclamándose miembros activos en la lucha por los valores democráticos. Sin embargo, también es el momento en el que se ven retratadas determinadas prácticas incompatibles con esa pretendida naturaleza demócrata de la que alardean. Una célebre frase de la Biblia dice “por sus obras les conoceréis”, aunque tampoco es preciso ser creyente para convenir que son sus hechos (mucho más que sus palabras) los que les hacen o no merecedores de ese calificativo al que todos aspiran con afán.

En primer término, conviene recapacitar sobre determinadas formas de proceder de quienes integran lo que se conoce como “la mayoría”. Ya sea porque un partido goza del respaldo absoluto del Parlamento, ya sea porque se ha coaligado con otras formaciones políticas para alcanzarlo, se observan en su comportamiento algunos hábitos poco saludables que, incluso, chocan frontalmente con los valores de un sistema constitucional basado en libertades y en un Estado de Derecho. Numerosos cargos públicos, una vez investidos de la correspondiente legitimidad, olvidan por completo dos datos esenciales: están subordinados al cumplimiento de la legalidad (al menos, hasta que esta varíe) y sus facultades tienen límites. Existen Presidentes del Gobierno, de Parlamentos autonómicos y otras autoridades que se sirven de sus cargos para atribuirse una serie de competencias de las que carecen y para arrogarse algunas facultades también inexistentes. De ese modo, aquella participación popular que propició su designación de un modo directo o indirecto, resulta distorsionada y desnaturalizada para poder convertirse en los portadores de una voluntad ilimitada, que no conoce restricciones. Este grupo, por más que se jacte de su pulcritud democrática, se compone de totalitarios disfrazados.

En segundo lugar, procede analizar las actuaciones de aquellos que, contando con una mayoría simple, pretenden gobernar con un Parlamento con más escaños desde los que no se defiende su proyecto político. En este caso, deberían ser muy conscientes de la situación. Acostumbrados a etapas pasadas en las que disfrutaban de mayoría absoluta e imponían sus postulados sin negociación alguna y sin interés por las posturas ajenas, ahora tal vez les cueste amoldarse a buscar consensos más allá de sus filas. Quizá lo democrático hubiera sido gestionar con más generosidad la evidente superioridad numérica de antaño sobre sus rivales. En todo caso, ya de nada sirve lamentarse por lo ocurrido. Es tiempo de adaptarse y comenzar a reconstruir los puentes derrumbados. Y, sobre todo, es necesario comprender que, más allá de personalismos, lo verdaderamente importante son las políticas. No se trata de salir en una foto cortando la cinta de inauguración de una obra pública, sino de que esa obra pública se termine en tiempo y forma y se considere apta para el uso de las personas. Tampoco debe ser lo esencial recolocar en puestos de relevancia a ex ministros dimitidos o reprobados, con el ánimo de conservar el círculo de influencias y de tener contentas a las amistades. Por el contrario, lo prioritario es dar a los administrados un servicio óptimo. No entender este mensaje implica no estar capacitados para ser acreedores de la aureola democrática que tanto anhelan lucir sobre sus cabezas.

Por último, se impone una reflexión desde las minorías. Ser demócrata, como ser buen deportista, implica saber perder. Es sencillísimo pavonearse de las bondades de la democracia desde una sólida posición mayoritaria. Sin embargo, resulta bastante más complicado aceptar que las ideas, las propuestas o el propio perfil personal no cuentan con un respaldo suficiente para llevar a cabo un cambio político y alcanzar las cuotas de poder a las que se aspira. Para presumir de demócratas,  primero hay que aceptar la posición que se ocupa en el Parlamento y, más aún, admitir que las modificaciones normativas no pueden implantarse desde la minoría. Existen dos vías. Una, limitarse a torpedear cualquier iniciativa ajena y aspirar al protagonismo mediático a base de broncas, rifirrafes y puestas en escena salidas de tono, ayudados de banderas y pancartas. La otra, introducirse en el engranaje de la negociación con voluntad de contribuir y, a cambio de lograr aportaciones  de tu programa ideológico, asumir algunas medidas del contrario. Porque, pese a que a quien detenta la mayoría se le ha de exigir flexibilidad, cintura y sentido de Estado para forjar acuerdos, no es menos cierto que lo mismo ocurre con la oposición. Por la misma razón de que dos no pelean si uno no quiere, dos tampoco negocian si uno de ellos se niega.

Como reflexión final, urge insistir en la idea de que los parlamentarios no representan a sus concretos electores, sino al conjunto de la población española. Así figura en la Constitución y así la recogen la jurisprudencia y los manuales de Derecho Constitucional. En consecuencia, no cabe la cortedad de miras ni la opción de limitarse a los intereses de una provincia, un partido o  unos votantes, sino un firme compromiso en aras del interés de la sociedad en su conjunto (representen al Partido Popular , al Partido Socialista, a Podemos, a Ciudadanos, a Coalición Canaria o a Compromís). Si no sirven para desempeñar esa noble tarea, es preferible que no se presenten a las elecciones.

Firmo mis novelas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México)

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El próximo sábado 26 de noviembre estaré, a partir de las 12:00 horas, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco, México, en concreto en el stand KK25 de le editorial Verbum, firmando ejemplares de mis novelas:

  • “La sonrisa Duchenne”, finalista del Premio Iberoamericano de novela Verbum 2015
  • “El amor y otras vías de escape” (2014)

Si estáis en México, no dudéis en pasar por la mayor Feria del Libro de toda Iberoamérica. Estaré encantado de hablar de literatura, de cine y de firmar ejemplares de mis libros. La feria está ubicada en Centro de Exposiciones la avenida Mariano Otero 1499, Colonia Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México

Os espero.

Pacto de Estado por la Justicia: El pacto olvidado

jueces-tc-620x349A finales del mes de octubre se reunieron en Málaga los jueces decanos de toda España con el fin de tratar los problemas de la Administración de Justicia. Este Tercer Poder es elemento imprescindible y prioritario dentro de un Estado de Derecho. Sin embargo, ni suele ocupar ese lugar de preeminencia en los planes de los dirigentes políticos ni se le concede la importancia que merece desde un punto de vista presupuestario. El buen funcionamiento de una sociedad democrática, la convivencia pacífica, el desarrollo económico de un país y el disfrute de los derechos de sus ciudadanos dependen de una actividad normalizada en el ámbito de la Justicia. En estos momentos, además, atravesamos una época clave a causa de la multiplicación de asuntos y causas complejas de enorme relevancia pública, en un contexto de escasez de recursos y de escasa inversión. Es por ello que los jueces decanos han querido alzar su voz, emitiendo un comunicado en el que denuncian la actual situación y en el que proponen, a su vez, varias ideas para mejorar este pilar esencial y básico de todo modelo de sociedad libre.

Para empezar, señalan que en España no existe una firme y decidida voluntad política de construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz. Tan sólo ha existido interés a la hora de establecer mecanismos institucionales de control e influencia. Por eso, alertan sobre cómo desde algunas esferas se les exige celeridad para determinadas causas, o escuchan lamentos sobre la lentitud del sistema judicial, mientras que desde esas mismas esferas se ha cerrado el paso sistemáticamente a una decidida modernización que sí se ha dado en otros terrenos. Y, aunque disponemos de un sistema judicial muy garantista y de calidad, resulta poco ágil y está escasamente dotado. Así, la deseable prontitud en la respuesta a los litigios, mermada por una inadecuada carga de trabajo en los juzgados, termina por afectar al nivel de este servicio público. Pero, paradójicamente, tales problemas tienen solución. Únicamente se requiere una decidida voluntad política.

En este punto, los decanos exigen un incremento en la inversión destinada a la Administración de Justicia y los magistrados se lamentan ante esta realidad sangrante e injusta. No existe un plan de inversiones que, prolongado durante varias legislaturas, permita dotar al sector de los imprescindibles medios que requiere. Se quejan con mucha razón de la aprobación de normas que, de un modo grotesco, no van a llevar aparejado un incremento de gasto, lo que coloca a los profesionales en la tesitura de aplicar nuevas leyes sin una adecuada dotación de personal y en ausencia de medios adicionales. Frente a esta sequía inversora, resulta sonrojante que las ayudas públicas al ramo financiero hayan ascendido a más de 60.000 millones de euros, cifra que representa nada menos que diecisiete veces el presupuesto destinado anualmente a la Justicia en España.

Paralelamente a lo anterior, solicitan incrementar el número de jueces para equipararnos a los países de nuestro entorno. A día de hoy contamos con unos 5.500. Para alcanzar la ratio europea de 21 por cada cien mil habitantes, deberíamos contar con casi el doble (más de nueve mil).

El debate de Sus Señorías tampoco ha olvidado la espinosa cuestión de la politización de la Justicia. Afirman que es preciso reforzar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en su máximo órgano de gobierno. En este sentido, la designación política de los vocales del Consejo General del Poder Judicial está resultando muy perjudicial para la imagen de los jueces y de su esencial independencia, por lo que el CGPJ debería quedar al margen de cualquier tipo de influencia partidista, una idea ya afirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la reciente Sentencia de 21 de junio de 2016 sobre el asunto “Ramos Nunes de Carvalho contra Portugal”. Asimismo, se reclama una mayor contundencia a la hora de censurar los ataques a jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional, la reducción de los aforamientos, una nueva regulación del indulto y de las denominadas “puertas giratorias” y, también, la supresión de los nombramientos de magistrados de los TSJ a propuesta de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.

En definitiva, los representantes de la Judicatura y, junto a ellos, numerosos profesionales (como secretarios de la Administración, fiscales, abogados o procuradores, entre otros) llevan décadas reivindicando un Pacto de Estado por la Justicia, una pieza de nuestro sistema tan básica como arrinconada. Solamente se precisa voluntad y sensibilidad reales para proporcionar como es debido este servicio público, destinado a defender los derechos de la ciudadanía y a garantizar el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. De ello depende que podamos continuar denominándonos Estado Social y Democrático de Derecho no sólo de palabra, sino de obra.

 

El indomable Donald Trump

donald-trump-8Una vez confirmada la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, comienzo a escuchar en los medios de comunicación a un sinfín de analistas argumentando las razones de la misma. Aluden al hartazgo de la gente sobre la forma tradicional de ejercer la política, a la crisis económica que impulsa a sus víctimas a buscar refugio en un modelo de ese “sueño americano” basado en la riqueza y la prosperidad, a la falta de empatía de Hillary Clinton con el electorado, al enredo de sus problemas legales o a un anhelo de cambio por parte de la sociedad norteamericana. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones me convence ni, menos aún, me consuela. El hecho cierto es que Trump ha logrado su objetivo, pese a una insólita campaña marcada por sus declaraciones racistas y sexistas y teniendo en contra a su propio Partido Republicano y a las encuestas sobre intención de voto.

A falta de algún puntual recuento de última hora, Clinton ha ganado en número de sufragios (unas ochenta mil papeletas entre casi ciento veinte millones de las depositadas en las urnas), pero el célebre millonario se ha alzado con la mayoría de los denominados “votos electorales” asignados a cada uno de los estados que componen el país. Esta es una de las paradojas de los sistemas electorales en los que la correlación entre votos y designaciones no siempre van de la mano. El caso es que, ante las numerosas muestras de sorpresa e incredulidad, la gente pide explicaciones de lo ocurrido pero es complicado satisfacer su petición, entre otras razones porque cuesta creer que los cincuenta y nueve millones de ciudadanos que han otorgado su confianza al candidato republicano respondan a una misma motivación.

Llegado a este punto, mi preocupación se centra en la reciente deriva de la democracia en distintos escenarios internacionales, desde el resultado del referéndum sobre el Brexit al auge de perfiles políticos como los de los europeos Marine Le Pen, Nigel Farage o Geer Wilders o, lejos del Viejo Continente, los del venezolano Nicolás Maduro o el filipino Rodrigo Duterte, entre otros muchos. Por eso, convendría reflexionar sobre cómo está afectando a la esencia y a los propios valores de la democracia el modo de apelar a la participación del electorado. En este momento me vienen a la mente algunas frases de ilustres pensadores y estadistas, adecuadas para arrojar algo de luz sobre la coyuntura que nos está tocando vivir. “No niego las virtudes de la democracia, pero no me hago ilusiones mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo”, decía Henry F. Amiel. “El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio”, llegó a afirmar Winston Churchill.

Mi impresión es que la teoría democrática más básica está comenzando a fallar. Esa visión de que una ciudadanía formada e informada decide racionalmente la mejor opción para su presente y su futuro es sólo un espejismo. Está teniendo lugar un fenómeno muy grave que impide a las personas acudir a votar con ilusión y las empuja a elegir la alternativa menos mala, tras un descarte entre la dantesca, la extravagante o la incierta. Cada vez con mayor frecuencia se vota en contra de alguien o de algo, más que a favor de determinados ideales. Y decantarse por el mal menor, llevados de la desilusión y la apatía, está afectando a los pilares esenciales de un modelo que probablemente fue teorizado para ser llevado a la práctica en circunstancias bien distintas.

Las campañas electorales muestran la primacía del morbo, las descalificaciones personales y los escándalos sexuales frente a la defensa de las ideas y los debates y propuestas para solucionar los problemas de los ciudadanos. Así, el análisis de los programas televisivos de mayor audiencia (en otras palabras, lo que la masa quiere ver) nos da la medida de un tipo de sociedad del siglo XXI deslumbrada por el circo mediático, las bambalinas y el cotilleo soez.

Ni el denominado “voto de castigo” ni la reacción visceral y extremista ante un presente desmotivador y un futuro incierto pueden ser la solución, sino que es muy probable que agudicen el problema. Sin embargo, la mayoría de los votantes norteamericanos se han abonado a esta vía y, en ese sentido, tendrán lo que se merecen. Y lo mismo ocurrirá con los habitantes de otros Estados que poseen sistemas de libertades y modelos constitucionalistas. La responsabilidad última del ciudadano cuando acude a las urnas siempre está ahí y le convierte en corresponsable de la realidad política que ha ayudado a crear, no pudiendo ya limitarse a quejarse y a criticar. No obstante, pese a todos sus fallos y deficiencias, no conozco otro sistema más defendible. Las reglas de la democracia exigen aceptar el resultado y felicitar al elegido.

Dicho esto, considero que el contenido del discurso del magnate neoyorkino se verá sustancialmente rebajado en cuanto tome posesión de su cargo el 20 de enero de 2017. La oposición tanto del Partido Demócrata como de numerosos de sus correligionarios republicanos, unida a la rígida separación de poderes que impera en EE.UU., terminarán por frenar no pocos de los planteamientos defendidos por este pintoresco político. Habrá que ver qué nos depara el futuro aunque, por el momento, son malos tiempos para la (lírica) democracia.

El disputado voto del señor diputado

el-congreso-aprueba-el-pacto-c_54427412300_53389389549_600_396Tras más de trescientos días de gobierno en funciones, después de numerosas rondas de contactos del Rey desde las elecciones del pasado diciembre, a fin de proponer un candidato a Presidente, y con varias sesiones de investidura en el ínterin, un asunto ha despertado el interés de los medios de comunicación y de buena parte de la ciudadanía. Se trata de la libertad de los diputados a la hora de votar, y de la compatibilidad de su decisión con la denominada “disciplina de partido”, que consiste en imponer un criterio uniforme a todos los integrantes del mismo grupo parlamentario, por encima de las propias opiniones de cada concreto miembro de la cámara legislativa.

Como sucede con tantos otros temas susceptibles de discusión, también aquí preside el desconcierto ante la mezcla de normas confusas, costumbres contradictorias e ideas incompatibles que, al convivir en una armonía tan teórica como falsa, está llamada a resquebrajarse ante situaciones como las vividas en los últimos días. Este empeño tan español en construir círculos cuadrados, compaginar conceptos antagónicos y perseguir simultáneamente un fin y su contrario, ha servido hasta la fecha para tolerar dos realidades discrepantes. La primera afecta al representante popular, que no admite mandatos ni imposiciones sobre su proceder, que vota en conciencia y cuyo escaño le pertenece como persona física. La segunda alude a su condición de miembro de una formación política de cuyas siglas e instrumentos se sirve para presentarse ante el electorado, y cuyo funcionamiento se basa en la expresión de una voz única y uniforme en todas y cada una de sus votaciones y comparecencias públicas.

Dicho embrollo conceptual se enreda todavía más cuando, al análisis del problema, se añaden enfoques sociológicos y propios de la Ciencia Política. El ciudadano suele introducir su papeleta en la urna sin tener pleno conocimiento de a quién está otorgando realmente su confianza. Es muy probable que tenga en mente el nombre y los apellidos de un líder que no figura en ese listado de candidatos que introducirá dentro del sobre. En un elevado porcentaje, ni siquiera conoce la identidad de quienes van a representarle por su circunscripción. Por lo tanto, el desbarajuste entre la intención del votante, la persona llamada a ser su representante y la organización política que se atribuye su apoyo es considerable.

Ante esta tesitura, se debe al menos ser consciente de una serie de principios jurídicos que, mientras no se reformen, deben aplicarse, sin que ello suponga rasgarse las vestiduras. El primero, que el parlamentario es titular pleno de la representatividad popular, no pudiendo en modo alguno un partido político reivindicar para sí tal condición. Incluso en el caso de su expulsión, el cargo electo terminaría o formando parte del Grupo Mixto o como no adscrito, pero no perdería su condición de representante popular. El segundo, que las decisiones que él adopte no pueden serle impuestas desde ningún ámbito. El diputado debe ser el único responsable del sentido de su voto, al margen de órdenes y consignas obligatorias.

Estos principios derivan directamente de los artículos 67.2 y 23 de la Constitución Española, así como de una amplia y consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este alto tribunal ha manifestado que “el cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud de sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores y, eventualmente, a la del elegido”, y también que “la elección de los ciudadanos sólo puede recaer sobre personas determinadas, y no sobre los partidos o asociaciones que los proponen al electorado”. Incluso reiterando categóricamente que toda esta jurisprudencia “trata de limitar los poderes del partido frente al electo para garantizar la representatividad popular obtenida por éste, evitando excesos y extralimitaciones que podrían llegar a un resultado constitucionalmente ilegítimo como el del mandato imperativo”.

Es posible que las ideas expuestas anteriormente resulten excesivamente teóricas y poco apegadas a la realidad de ese votante más ligado a unas siglas que a unos candidatos. Pero lo cierto es que la pretensión de las direcciones de los partidos de implantar una rigurosa homogeneidad de criterio, no casan en absoluto con nuestros principios constitucionales. Es preciso revisar las vigentes normas electorales y reflexionar sobre las costumbres y las prácticas del actual sistema de partidos políticos, con el fin de evitar en el futuro una mayor confusión en cuanto a las actuaciones de los parlamentarios. O nos tomamos en serio la relación entre los electores y sus representantes (profundizando en lo que significa y aceptando plenamente sus consecuencias) o, por el contrario, impulsamos definitivamente, y previa reforma de nuestro ordenamiento jurídico, la posición de los partidos políticos de relegar a sus candidatos a un segundo plano. Porque esta situación intermedia, caótica y desordenada, unida a un ovillo de reglamentaciones contradictorias difícil de desenredar, lejos de resolver la problemática, la perpetúa, generando en los ciudadanos una inevitable sensación de perplejidad y desconcierto.

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