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Rarezas e irregularidades parlamentarias

Se ha anunciado para el próximo 17 de enero la convocatoria de la sesión constitutiva del Parlamento catalán. A partir de ese momento deberán tener lugar tres acontecimientos. El primero será la adquisición por parte de los electos de su condición de diputados. El segundo, la constitución de los grupos parlamentarios y de la Mesa de la Asamblea. Y el tercero, la investidura del Presidente del Gobierno. Esa es la rutina habitual desde los primeros comicios, tanto estatales como autonómicos y, durante cuatro décadas, se ha venido desarrollando con cierta normalidad o, en todo caso, con pequeñas anécdotas o problemas menores resueltos sin demasiada complicación o crisis institucional alguna. Sin embargo, la prolongada situación de anormalidad que vive Cataluña amenaza con afectar al desarrollo habitual y normalizado de los hábitos, costumbres y reglas de su Cámara de representantes. A continuación me centraré en cada una de las fases señaladas:

1.- Para la adquisición de la condición de diputados por parte de los electos el pasado 21 de diciembre, y conforme al artículo 23 del propio Reglamento del Parlamento de Cataluña, se exige el cumplimiento de tres formalidades: a) presentar en su Registro General la credencial expedida por el órgano correspondiente de la Administración electoral; b) prometer o jurar respetar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña; c) presentar las declaraciones de las actividades profesionales, laborales o empresariales que ejercen y las de los cargos públicos que ocupan, así como la de su patrimonio.

Ocho de los ciento treinta y cinco diputados electos cuentan con serios inconvenientes para cumplir todos esos requisitos, ya que tres de ellos se encuentran en prisión y cinco, huidos en Bélgica y con una orden de detención en cuanto pisen suelo español. Es cierto que, tanto el primero como el tercero pueden cumplimentarse sin la presencia física de los interesados. Sin embargo, el segundo no parece admitir cumplimientos por medio de representantes, apoderados o terceras personas.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ya ha establecido en varias sentencias que la exigencia de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución como requisito imprescindible para alcanzar en plenitud la condición de diputado no viene impuesta por la Constitución, pero no por ello dicho requisito es contrario a ella. Tal exigencia ha sido impuesta por una decisión del legislador (en este caso, autonómico) en el uso de su autonomía reglamentaria. Es más, la obligación de prestar juramento o promesa de acatar la Constitución no es, obviamente, el motivo por el que el diputado deba cumplirla. El deber de respetar la Norma Suprema y el resto del ordenamiento jurídico le viene impuesto en el artículo 9.1 de la Carta Magna. Es verdad que el TC ha admitido fórmulas de juramento poco formalistas, permitiendo añadir coletillas del tipo “por imperativo legal”. Pero pretender efectuarlo a través de apoderados o en ausencia del interesado supone admitir una rareza que desvirtúa, desnaturaliza y vacía de contenido un precepto que ha de cumplirse como todos los demás. Se trata de un acto de carácter personalísimo que no puede ser delegado y que requiere la presencia física del electo.

En su caso, considero más legítimo, sincero y honesto plantear la modificación de dicho requisito para, si así se decide, cambiarlo o derogarlo. Pero mantenerlo para, posteriormente, recurrir a subterfugios, picarescas o pantomimas a fin de saltarse la ley fraudulentamente no es propio de democracias serias ni de Estados de Derecho rigurosos.

2.- Para la constitución de los grupos parlamentarios (a excepción del denominado “Grupo Mixto”), en aplicación del artículo 26.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, se exige, como mínimo, cinco miembros. Tanto el Partido Popular como la CUP tienen cuatro. Ya se han alzado algunas voces sobre el posible “préstamo de diputados” para que alcancen los cinco requeridos y puedan formar así un grupo parlamentario propio. Esa práctica sí tiene antecedentes, incluso en el Congreso. No es la primera vez, por tanto, que se recurre a tal argucia, si bien en esta ocasión no significa que nos hallemos ante un evidente fraude de ley. Se busca el atajo, la interpretación forzada y la truhanería para evitar la aplicación de la norma. Algunos se esfuerzan en habilitar vías de incumplimiento en vez de en actuar con la ejemplarizante y obligada actitud de respetar las reglas de las que nos hemos dotado para convivir. En definitiva, otra rareza parlamentaria que algunos consienten, a sabiendas de que con ella devalúan el prestigio de nuestro sistema parlamentario.

3.- Por su parte, es el artículo 146 del mencionado Reglamento el que regula el Debate de Investidura del futuro Presidente catalán. Supone una sesión parlamentaria en la que el candidato presenta su programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno de la Cámara. La idea de que dicho debate se realice a través de videoconferencia, de forma telemática y en la distancia, es un sinsentido que situaría a nuestro parlamentarismo, no ya en la rareza, sino en el ridículo y en la ilegalidad. Y no solo por el deber de asistir a los debates en el Parlamento que impone el artículo 4 de ese mismo Reglamento, sino por un elemental, evidente y manifiesto imperativo de la lógica más básica.

Las cuatro asociaciones españolas de jueces ya se han pronunciado, manifestándose en contra de estas ocurrencias y subrayando, además, la inviabilidad de que Carles Puigdemont pueda ejercer las funciones de Presidente de la Generalidad desde Bruselas. Así, Celso Rodríguez, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha recordado que “un presidente debe ejercer sus funciones de forma presencial, asistiendo a las reuniones del Gobierno y sometiéndose a los debates e interpelaciones parlamentarias”. A su vez, Ignacio González, de “Juezas y Jueces para la Democracia”, ha recordado que es el Pleno del Parlamento el que debe votar la reforma del Reglamento y que, de momento, solo se contempla la vía presencial, por lo que Puigdemont, los cuatro exconsejeros que están en Bélgica y los tres diputados electos que se encuentran en prisión (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez) no podrían votarle si no se presentan a dicha sesión plenaria.

Pero, más allá de los argumentos jurídicos -que son importantes- deberíamos plantearnos si es aceptable sumir la vida parlamentaria en semejante cenagal. ¿Es este el modelo parlamentario que queremos? ¿Hemos de admitir como normal que gobiernen desde el extranjero personas huidas de la Justicia? Si respetamos nuestra democracia, debemos ser rectos y cuidadosos con la imagen que damos, así como escrupulosos con el respeto a las leyes que nos hemos otorgado.

Lo que dicen los votos y lo que quieren decir los votantes

Ya se han celebrado las elecciones más anómalas y controvertidas de la historia reciente de España. Tanto por los antecedentes previos como por la convocatoria en sí y su campaña electoral, no puede negarse que la llamada a las urnas del 21 de diciembre ha estado acompañada de un grado de polémica, una aureola de recelo, un nivel de resentimiento y un tinte de rareza inapropiados e indeseables. Más adelante vendrán los análisis jurídicos detallados y en profundidad, a medida que las sentencias se emitan y la situación de muchos de los implicados se clarifique. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. El Tribunal Supremo resolverá las querellas presentadas contra los antiguos miembros del Gobierno catalán y contra buena parte de la Mesa de su Parlamento. También las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procederán, tarde o temprano, a la detención de las personas fugadas. Y cuando todo eso ocurra se deberá estudiar con rigor el material jurídico que llevará aparejado. Sin embargo, lo que toca ahora es llevar a cabo una reflexión sobre los resultados electorales que se han producido.

Es difícil extraer de los fríos y objetivos datos numéricos de participación y escrutinio unas conclusiones sobre las voluntades subjetivas, las motivaciones personales y los mensajes particulares que quiere transmitir la ciudadanía cuando ejercita su derecho al voto. Numerosos responsables políticos efectuarán a buen seguro lecturas interesadas, bien barriendo para casa, bien buscando excusas ante lo sucedido. Pero aquellos que no quieren engañar ni autoengañarse ansían comprender los resultados y hallar respuestas. En ese sentido, conviene siquiera por un instante permanecer en soledad observando el devastado campo de batalla que ha dejado a su paso una contienda social y política extendida largamente en el tiempo, y analizar su desenlace dando sentido a esa voz popular traducida en papeletas, porcentajes y escaños.

Mi sensación personal es que en nuestro país el voto cada vez más se introduce en la urna con orgullosa ignorancia de su destino y de los efectos que conlleva. Los votantes piensan que eligen a un Presidente cuando, en realidad, están escogiendo a un parlamentario, visualizando a un candidato que ni siquiera figura en la plancha escogida. Es más, con excesiva frecuencia se lanzan al sufragio para apoyar una serie de políticas que no son competencia de la institución que están eligiendo. De ahí la enorme dificultad para saber a ciencia cierta el significado real de lo manifestado por el pueblo en unos comicios.

Los concejales de un municipio no pueden cambiar las leyes de una Comunidad Autónoma, de la misma manera que los parlamentarios de una Autonomía no pueden modificar la forma de Estado o de Gobierno de toda la nación. Aunque es evidente que las competencias y las normas marcan la actuación de cada institución, se ha entrado en una peligrosa dinámica en la que a algunos electores y a parte de los candidatos les dan igual esos límites. Ha dado la impresión de que en estas últimas elecciones catalanas se elegía entre monarquía o república, o entre Estado de las Autonomías o independencia, pero la realidad es muy distinta, pese a la percepción de miles de electores alienados o engañados. Aun así, me permito apuntar varias conclusiones, a simple vista, irrefutables:

1.- La participación ha sido muy elevada, imposibilitando cualquier reproche sobre la precariedad de la legitimidad de los resultados. Sin duda la importancia del momento político ha concienciado a muchas personas que normalmente se abstienen. En este sentido, la valoración ha de ser positiva. Estamos en presencia de un proceso electoral con una sólida y contundente implicación del pueblo catalán.

2.- El partido ganador de las elecciones ha sido Ciudadanos. Ha ganado en votos y en escaños, si bien esa victoria no le servirá de mucho. En nuestro modelo parlamentario ser el grupo más numeroso en una asamblea no significa demasiado, a no ser que tengas una mayoría absoluta o recabes apoyos suficientes. Ninguna de esas dos opciones se ha producido. Su triunfo es meritorio, aunque estéril para sus intereses.

3.- La formación de Gobierno será complicada, no descartándose incluso la repetición de los comicios ante la imposibilidad de lograr un acuerdo. Pese a que la suma entre “JUNTSxCAT”, “ERC-CatSí” y las “CUP” parece sencilla, varios de sus cargos electos están en prisión o prófugos de la Justicia, complicándose así su participación en una votación de investidura.

4.- El cambio político es significativo en cuanto a los resultados de concretos partidos (la subida de Ciudadanos o el descalabro del Partido Popular), pero no existe una gran variación en cuanto a un análisis global. Las formaciones independentistas continúan ostentando la mayoría absoluta a pesar de su pérdida en votos y escaños.

5.- El sistema electoral español, como sucede también en los de la mayor parte de las Comunidades Autónomas, está construido sobre la base de la desigualdad y la desproporción, por lo que origina paradojas imposibles de explicar y de aceptar: «CatComú-Podem» obtiene 7 escaños por Barcelona con 274.565 votos, mientras que «JUNTSxCAT» obtiene otros 7 escaños por Gerona con 148.794 votos.  Ciudadanos obtiene 6 diputados por Tarragona con 120.010 votos, pero «JUNTSxCAT» logra esos mismos 6 escaños por Lérida con tan solo 77.695 votos.

6.- Como consecuencia, los partidos que han apoyado el proceso independentista han ganado en escaños aunque hayan perdido en número de votos.

7.- Para reducir la enorme brecha que separa a los ciudadanos de Cataluña es preciso que se reconozcan por ambas partes una serie de premisas obvias que han caído en el olvido, entre ellas que la legalidad se debe cumplir mientras no  se modifique, que las responsabilidades por los actos cometidos se deben asumir, y que los problemas han de debatirse y afrontarse sin recurrir a la vía de la negociación como método para superarlos.

La solución de los conflictos no parece cercana, ni por la envergadura de los mismos ni por los representantes llamados a capitanear la nave para llevarla a buen puerto. En los últimos años la dejadez e irresponsabilidad de algunos y la mezquindad e incapacidad de otros ha derivado  en una fractura social y en un descrédito económico esperpénticos e indignantes y, por desgracia, no existen recetas mágicas que curen las heridas de un día para otro ni que ayuden al retorno de unos escenarios normalizados. Se ha llegado al extremo de entablar una guerra de banderas y de perpetrar pintadas señalando al que piensa distinto. Se ha propiciado el enfrentamiento de idiomas y culturas. Se ha gritado la expresión “facha” por las calles desde la ignorancia de su significado y con absoluta impunidad. Hasta se han impartido lecciones de patriotismo equivocado. Ante semejante panorama, se instala la duda sobre si los presentes resultados electorales servirán para recuperar la legalidad y la normalidad en todos sus ámbitos o si, por el contrario, en Cataluña se continuará transitando voluntaria y decididamente por la senda de la autodestrucción.

 

Procesos electorales en condiciones anormales

Al explicar sus experimentos, los científicos siempre matizan que los resultados obtenidos dependen de las condiciones en las que se realizan. Así, se parte de una serie de valores normales de presión y de temperatura que derivarán en unas consecuencias determinadas dentro de esas investigaciones realizadas en el laboratorio. Si dichas condiciones en las que se desarrolla el ensayo se alteran sustancialmente, el desenlace también varía. Cabe deducir que, en lo referente al comportamiento humano, sucede de igual manera. Los actos y decisiones de cada persona serán unos u otros en función de las circunstancias que le rodeen. Lo deseable es que las pautas y acciones de la ciudadanía sean el fruto de cierta normalidad en su entorno. Sin embargo, mucho me temo que ese clima de tranquilidad y serenidad escasea en nuestro mundo, por lo que no resulta descabellado deducir que con mayores dosis de lógica y racionalidad actuaríamos de un modo bien distinto.

Abundando en esta idea, es incuestionable afirmar que el proceso electoral que se vive en estos momentos en Cataluña está presidido por la anormalidad y la excepcionalidad. Y el cúmulo de rarezas y de despropósitos que padece alcanza tales cotas que, en mi opinión, afectará de lleno a su resultado final. Algunas de esas anomalías son relativamente recientes y otras llevan socialmente instaladas largo tiempo pero, en ambos casos, dan fe de un ambiente enrarecido que condiciona el desarrollo de los comicios.

A día de hoy, todos los miembros del antiguo Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña se encuentran querellados y buena parte de los integrantes de la Mesa de su Parlamento ostentan la condición de investigados. Algunos candidatos de las listas electorales están encarcelados y el ex Presidente y varios de sus ex consejeros, huidos. La llamada a las urnas se ha realizado a través de la aplicación de un precepto constitucional sin precedentes. Los medios públicos de comunicación han vulnerado abiertamente su compromiso con la neutralidad y la defensa del pluralismo informativo. Y, por encima de todo, se respira una atmósfera de enfrentamiento social que abochorna por ser impropia de una sociedad democrática. Ante este escenario, un mínimo y hasta superficial ejercicio de reflexión debería ser suficiente para que muchos ciudadanos se sintieran avergonzados y propiciaran un cambio tendente a enderezar lo que esta deriva alocada e irresponsable ha conseguido torcer y retorcer.

Para clarificar la postura que yo defiendo debo indicar dos importantes matizaciones. La primera alude a la relación de anormalidades señaladas anteriormente, en el sentido de que no todas ellas han de calificarse como injustas. Más de una es el efecto inevitable de decisiones conscientes, tozudas e insensatas de actuar al margen de la ley. La situación legal y procesal de muchos ex dirigentes y cabezas de lista deriva exclusivamente de la aplicación del Principio de Legalidad y es consecuencia directa de formar parte de un Estado de Derecho. Distinto es que sus secuelas desde el punto de vista de la normalidad democrática resulten muy poco (por no decir nada) deseables. La segunda incide en que el sano ejercicio de la autocrítica tiene que ser global. Tanto los tradicionales partidos estatales como las formaciones nacionalistas defensoras del proceso de independencia han de someterse ineludiblemente a un profundo y riguroso examen de conciencia. En mayor o menor medida, las culpas a repartir son abundantes. Decía Carmen Martín Gaite en su novela “Nubosidad variable” que “a veces la madeja no la puede desenredar más que el que la ha enredado” y el problema es que en Cataluña existen demasiados nudos apretados desde antaño por infinidad de manos.

No obstante, la dosis superior de responsabilidad recae actualmente sobre los propios votantes. Durante la etapa histórica más reciente, hemos asistido a sorprendentes decisiones de electores a nivel internacional, desde el “Brexit” en el Reino Unido a la elección de Donald Trump como máximo mandatario estadounidense, pasando por el auge de los extremismos en Europa. Sin duda, atravesamos malos tiempos para la democracia. Hace apenas un año leí un artículo de Teodoro León Gross, periodista, filólogo y profesor de la Universidad de Málaga, donde analizaba la deriva de los votantes hacia la mediocridad y criticaba a quienes deciden evadirse de los resultados que acarrea el hecho de introducir su papeleta en la urna, equiparando dicho gesto a una especie de postureo social. Afirmaba asimismo que “la trivialización del voto conduce al parque temático de la Democracia”. En otras palabras, se acaba por banalizar lo importante, se termina por caricaturizar lo trascendental, y de ahí al desastre solo hay un paso.

Al día siguiente de conocerse el resultado de la consulta británica para abandonar la Unión Europea, millones de ciudadanos se echaban las manos a la cabeza y clamaban incrédulos ante el inmenso calado de su decisión. Y es verdad que se puede lanzar el dedo acusador contra uno u otro político, o que se puede criticar a un concreto cargo público y a un Gobierno en pleno, o que se puede ir en contra del colectivo de los representantes populares. Pero, en última instancia, ese dedo acusador ha de señalar directamente a la sociedad que ha promovido su elección.

A pesar de las circunstancias adversas, las condiciones inapropiadas o las presiones injustificadas, el 21 de diciembre cada persona tomará su decisión en solitario. Eso sí, resultará fundamental que el día 22, tanto quienes hayan ejercido su derecho a voto como quienes hayan decidido abstenerse, sean plenamente conscientes de su corresponsabilidad con dicha decisión personal e intransferible, ya sea para comenzar a sentar las bases de una deseable normalidad democrática, ya sea para continuar transitando por la senda del esperpento.

Neutralidad en la red y sociedad democrática

Hasta ahora, la neutralidad en Internet​ ha sido un principio esencial en el funcionamiento de dicha vía de comunicación. Significa que los proveedores del servicio y los gobiernos que lo regulan deben tratar por igual todo tráfico de datos que transita por la red, sin discriminarlo ni cobrar a los usuarios de diferente manera según el contenido, la página web, la plataforma, la aplicación o el tipo de equipamiento utilizado para el acceso. Se garantiza así la igualdad de acceso a los citados contenidos, evitando que sean de primera y de segunda clase, así como la existencia de unos usuarios privilegiados y otros, ordinarios.

La importancia de este valor básico es de tal magnitud que la Unión Europea ha regulado sobre el mismo, aprobando el Reglamento 2015/2120 de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta. La finalidad de esta normativa es garantizar un trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet y salvaguardar los derechos de los usuarios finales, preservando el funcionamiento de Internet como motor de innovación. Se manifiesta expresamente que las medidas adoptadas deben respetar el principio de neutralidad tecnológica, es decir, no debe imponerse el uso de ningún tipo de tecnología en particular, ni permitir abusos que generen un desequilibrio entre los consumidores. En agosto de 2016, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas aprobó las reglas para una aplicación armonizada de la “Neutralidad de Red”, definiéndola de la siguiente manera: “Todo el tráfico que circula por una red es tratado de forma igual, independientemente del contenido, la aplicación, el servicio, el dispositivo o la dirección del que lo envía o lo recibe”.

Todo lo referido anteriormente ha de ponerse en relación con la relevancia que conlleva Internet para las sociedades democráticas y para la libertad de los ciudadanos. Así por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia el 18 de diciembre de 2012 (asunto Ahmet Yildirim contra Turquía) en la que el Tribunal de Estrasburgo argumenta que Internet se ha convertido en un medio de tanta importancia que restringir el acceso al mismo equivale a afectar de forma contraria a Derecho la libertad de expresión e información. Igualmente, la sentencia del Consejo Constitucional francés de fecha 10 de julio de 2009 llegó a declarar inconstitucionales varios artículos de una ley gala que habilitaba a una autoridad administrativa la restricción o, incluso, la denegación del acceso a Internet a cualquier persona. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en el año 2011 el acceso a Internet como un Derecho Humano, por tratarse de una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, y exhorta a los gobiernos a facilitar su acceso, no sólo al permitir a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino como parte de sus Derechos Humanos. Por ello, la ONU también se ha mostrado contraria a las medidas opresoras de algunos gobiernos que violan el acceso a Internet. No estamos, por tanto, ante un tema baladí ni intrascendente.

Ahora, sin embargo, comienza a cuestionarse y a estar en peligro. Bajo el engañoso nombre de “Restauración del orden de la libertad en Internet”, se están debatiendo en Estados Unidos una serie de medidas que supondrán eliminar la neutralidad de la red en su territorio tal y como la conocemos hasta la fecha. La Administración del Presidente Trump y su equipo, encabezado por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, desean acabar con este principio básico, permitiendo a las operadoras restringir el acceso a determinados contenidos y servicios online a los usuarios e, incluso, exigiendo pagos para poder visitar determinadas páginas, instaurando un Internet para ricos y otro para pobres y, como consecuencia, destruyendo la capacidad de igualdad con la que cualquier persona podía usar esta herramienta tan esencial para el desarrollo y la comunicación.

Será el próximo mes de diciembre cuando se votará la derogación de las actuales reglas, que impiden privilegiar o ralentizar el tráfico web. Para favorecer las prácticas e intereses de determinadas empresas y lobbies, se está dispuesto a derogar una de las reglas más importes de Internet. En palabras de Enrique Dans, Profesor de Sistemas de Información en I.E. Business School, “lo fundamental que define a Internet es que ha sido desde sus inicios un lugar en el que las buenas ideas podían prosperar, con independencia de quien estuviese detrás de ellas, en el que un clic es igual a otro clic, un bit es igual a otro bit, y llega siempre a su destino a la velocidad que un usuario tenga contratada, sin que nadie pueda interponerse negociando acuerdos preferentes que privilegien a unos o penalicen a otros”.

Si esta realidad empieza a destruirse, Internet dejará de ser un instrumento al servicio de un modelo más igualitario de la sociedad y se estará dando la espalda a una civilización más justa. Nos encontramos, pues, ante un acontecimiento de gran trascendencia social pero que parece pasar desapercibido para los grandes medios de comunicación y, por ende, para la población en general. A mi juicio, se trata de un error histórico equiparable al desastre que supuso la derogación en Norteamérica de la ley Glass-Steagall, que regulaba la banca y la especulación y que terminó por desembocar en la crisis económica de principios del presente milenio, una de las mayores de la Historia y cuyas consecuencias aún estamos padeciendo. La medida, pese a proceder de EE.UU., influirá con toda seguridad en el resto del mundo, como consecuencia directa de la globalización y de la innegable influencia de esta primera potencia anglosajona. Luego, cuando el mal ya esté hecho, vendrán los lamentos. Como siempre.

Trabajo a tiempo parcial, mujeres y discriminación

El pasado 9 de noviembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia en la que concluye que el sistema utilizado en España para determinar la duración de la prestación por desempleo de los trabajadores en la modalidad de “tiempo parcial vertical” va en contra del Derecho de la Unión, puntualizando además que, dado que la mayoría de trabajadores de esta categoría son mujeres, dicho sistema supone una diferencia de trato en perjuicio de éstas.

Dicha resolución judicial trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, el cual enjuiciaba la demanda de una trabajadora que, tras pasar más de doce años como empleada a tiempo parcial, perdió su puesto de trabajo, solicitando la correspondiente prestación por desempleo. Pese a concedérsele, la extensión temporal de la ayuda fue muy inferior a la que le hubiese correspondido si su contrato fuese a tiempo completo o, incluso, si fuese a tiempo parcial horizontal. Conviene precisar que existen dos modalidades de trabajadores a tiempo parcial: vertical y horizontal. Se considera trabajo a tiempo parcial “vertical” aquel en el que la persona que lo realiza concentra sus horas de trabajo en determinados días laborables de la semana, mientras que se define como “horizontal” aquel en el que la persona que lo realiza trabaja todos los días laborables de la semana. En el caso que nos ocupa, la Administración española procedió a excluir los días no trabajados a los efectos del cálculo de la prestación por desempleo dado que, conforme a la legislación vigente en España, sólo se tienen en cuenta los días efectivamente trabajados, descontando en el caso de estos trabajadores temporales aquellos en los que no acuden a trabajar.

El propio Juzgado español que planteó la cuestión prejudicial ya razonó en su escrito dirigido al Tribunal europeo que esta categoría de trabajadores está doblemente penalizada ya que, por una parte, el menor salario mensual por el hecho de trabajar a tiempo parcial implica una prestación por desempleo de un importe desproporcionadamente inferior y, por otra parte, se reduce la duración de esta prestación, puesto que solo se contabilizan los días trabajados, a pesar de que el período de cotización sea más amplio. El Tribunal español cuestionó además al Tribunal de Justicia, si la Directiva sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social se opone a la legislación española enjuiciada, al ser un hecho fehaciente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres.

La respuesta del órgano judicial comunitario ha sido clara y contundente. Afirma que la normativa de la Unión Europea no admite normas internas de los Estados miembros que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical, excluya los días no trabajados del cálculo de los días cotizados, reduciendo de este modo el período de pago de la prestación por desempleo. Además, ha declarado probado que un ochenta por ciento de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres, por lo que, igualmente, considera que la medida incluye una discriminación de género hacia la población femenina. En concreto, la Corte habla de una discriminación indirecta con respecto a las mujeres, ya que, según reiterada jurisprudencia, existe discriminación indirecta cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada aparentemente de manera neutra, perjudique de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.

Estamos, pues, ante otro caso en el que la lucha y el tesón de una persona y de su abogado terminan por conseguir que se acaben con injusticias que padecen miles de ciudadanos. Esta sentencia da la razón a una concreta empleada, pero sus efectos se multiplicarán sobre decenas de miles. No es la primera vez que desde Europa se termina dictaminando en contra de España por leyes y normativas laborales que generan una diferencia de trato inaceptable. Por ejemplo, en una sentencia de 22 de noviembre de 2012, ya se dictaminó que la legislación española en materia de pensión de jubilación contributiva de los trabajadores a tiempo parcial es discriminatoria, al exigir un periodo de cotización proporcionalmente más elevado para trabajadores a tiempo parcial, los cuales (en su mayor parte, mujeres) soportan esa diferencia ilegal de trato.

También nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, concluyendo en la sentencia 61/2013 que las diferencias de trato en cuanto al cómputo de los períodos de carencia que seguían experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo se encontraban desprovistas de una justificación razonable que guardase la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida, por lo que se vulneraba el artículo 14 de la Constitución, tanto por lesionar el Derecho a la igualdad como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo.

Ahora falta únicamente que nuestro Gobierno y nuestro Parlamento -que, en ocasiones, tanto se llenan la boca con el respeto a las resoluciones judiciales- terminen por desterrar de nuestros códigos y leyes estas prácticas, que son consideradas desde la Justicia interna y comunitaria como atentatorias al Principio y al Derecho de igualdad.

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