Gerardo Pérez Sánchez

Hace unos meses, cuando se retransmitió para el mundo entero el funeral del ex dirigente norcoreano Kim Jong-il, se pudo contemplar a centenares de miles de personas llorando desconsoladamente, gritando histéricamente y manifestando de forma desproporcionada su supuesto abatimiento a causa de la desaparición de su líder. Como en cualquier dictadura, es evidente que el porcentaje de falsedad de tales muestras de pesar era muy elevado. El miedo, ingrediente fundamental de todo sistema de gobierno autoritario, es capaz de lograr que un pueblo se humille y haga alarde de unos sentimientos inexistentes. Sin embargo, tampoco descarto que otros individuos, fruto de haber vivido toda su vida bajo la propaganda, la manipulación y la sumisión, no finjan dichos gestos de frustración sino que, como consecuencia lógica de haber sido tratados siempre como súbditos sin derechos, educados en la obligación de adorar a su amo, se comporten así de forma natural.

Decía Theodore Roosevelt que “una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”. Actualmente, estamos encorsetados por unas reglas de juego que se están revelando como inapropiadas para el progreso de nuestra sociedad. Vivimos en un sistema parlamentario, lo que significa, entre otras cosas, que los ciudadanos eligen a sus representantes en el Parlamento o en las corporaciones locales pero que no deciden directamente ni a los Presidentes de los Gobiernos (ya sea el central o los autonómicos) ni a los alcaldes. Su ulterior designación se deja en manos de esos diputados o concejales elegidos en las urnas bajo la presunción (la mera presunción) de que aquello que decidan será el fiel reflejo de la voluntad popular. Sin embargo, abundan en la historia de nuestro país ejemplos muy significativos de que el sistema no funciona con la precisión y la sensatez que debería.

Hace algunos años, se llegaron a aliar en las Islas Baleares hasta cinco formaciones políticas de ideologías muy dispares con el único fin de impedir la llegada al gobierno del partido que quedó a un exiguo puñado de votos de la mayoría absoluta. Asimismo, en el archipiélago canario somos especialistas en que las siglas más votadas (el PSOE hace cinco años y el PP en 2011) sean desterradas a la oposición como consecuencia de un pacto entre los perdedores del apoyo popular y que, como consecuencia, Coalición Canaria ejerza la labor gubernamental sin haber ganado las elecciones.