Monthly Archives: octubre 2012
MENTIRAS PIADOSAS Y NO TAN PIADOSAS
“Los tres días del Cóndor”, excelente película de Sydney Pollack protagonizada por Robert Redford, cuenta con una secuencia final memorable. El film refleja las vicisitudes de un trabajador de la CIA envuelto accidentalmente en misiones secretas y planes estratégicos para la supuesta salvaguarda de la seguridad nacional y concluye con una escena en la que Redford conversa con uno de los responsables de la citada Agencia Central de Investigación en los siguientes términos: “Lo de ustedes es increíble ¿Creen que no ser cogidos en una mentira es igual que decir la verdad?» La frase, que contiene un mensaje ético aplicable a cualquier persona y a todo tipo de relaciones, presenta una especial trascendencia cuando se trata de analizar las normas que deben regir entre responsables políticos y ciudadanos.
En lo referente a esta cuestión he escuchado de todo, desde declaraciones de dirigentes afirmando con rotundidad que, en tiempos de crisis, hay que decir la verdad a la gente -como si en otros momentos estuviese justificado no hacerlo-, hasta opiniones de que los votantes no estamos capacitados para asumir determinadas noticias y que es mejor que algunas cuestiones de relevancia pública queden relegadas al conocimiento de un círculo más o menos reducido de personas. Desde proclamas sobre el hecho de que hay que aceptar que existen trapos sucios que no conviene que salgan a la luz hasta esa falacia recurrente de que la ciudadanía prefiere no enterarse de todo lo que pasa, ya que lo único verdaderamente relevante es que tenga trabajo y pueda acceder a determinados servicios públicos. Tal visión de la relación entre ciudadanos y dirigentes se asemeja bastante a la de los menores de edad con sus padres o tutores.
PAJA EN EL OJO AJENO, VIGA EN EL PROPIO
El Auto dictado por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número uno, Santiago Pedraz, en el que archivaba las diligencias abiertas contra los detenidos por las manifestaciones desarrolladas el pasado 25 de septiembre a las puertas del Congreso de los Diputados, ha vuelto a poner de manifiesto la profunda hipocresía de algunos de nuestros “representantes” y, lo que es peor, del propio sistema constitucional. El juzgador razonó que en modo alguno podía considerarse que los imputados hubiesen cometido un delito contra las instituciones del Estado, toda vez que ni invadieron el edificio, ni impidieron el normal funcionamiento de la sesión que allí se celebraba, ni portaron armas con el ánimo de tomar la sede de dicha institución. Además, los delitos asociados a los desórdenes públicos, a la desobediencia o a los atentados contra la policía no son competencias de ese concreto juzgado y por ello no se ha entrado en su enjuiciamiento.
Sin embargo, la verdadera polémica se ha generado a causa de una frase que, literalmente dice así: “No cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional ni, menos aún, prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.