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A VUELTAS CON LOS ATAQUES A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
En los últimos días las reformas emprendidas por Alberto Ruiz Gallardón desde su Ministerio han ocupado nuevamente las portadas de los periódicos y han vuelto a provocar la reprobación más enérgica y unánime desde el ámbito de la Justicia. Por lo que se refiere a la modificación de la regulación del Consejo General del Poder Judicial que se está tramitando en las Cortes Generales, se han introducido varias enmiendas a su paso por el Senado. Una de ellas supone incorporar una nueva figura, la de Vicepresidente del Tribunal Supremo. Otra implica la creación en dicho Tribunal de una sala específica para la resolución de aquellos recursos que versen sobre los actos del Consejo. Los Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, convocados por su presidente José Manuel Sieira, celebraron una reunión la semana pasada en la que quedó patente su malestar por dos novedades que, vía enmienda, fueron introducidas en el Proyecto. La inquietud de los jueces se debe a que ven en ese nuevo cargo de la Vicepresidencia a una especie de comisario político que controle dicho órgano.
Asimismo, el tema de la independencia judicial, pieza esencial de todo Estado de Derecho, ocupa una vez más las primeras planas de los medios de comunicación en referencia a su desvinculación del poder político. Ese principio no puede interpretarse como una potestad del Tercer Poder para ejercer su voluntad sin ningún control. Está sometido tanto al ordenamiento jurídico como disciplinariamente al propio CGPJ. Sin embargo, los partidos políticos han caído en la tentación de atar corto, aunque sea con hilos invisibles, a las más altas instancias judiciales, dejando al margen cualquier viso de autocontrol o resistencia. Así, sea a través del Gobierno, del Congreso o del Senado, las formaciones terminan designando a los componentes del TC y del Consejo General del Poder Judicial.
RELIGIÓN, ESTOICISMO Y POLÍTICA
Leyendo y escuchando los repetitivos mensajes de los miembros del Gobierno español para convencer a la ciudadanía del buen rumbo de sus políticas, parece que hemos pasado de una solicitud para tener fe en ellos en el sentido más religioso del término (el de creer sin ver o el de creer incluso lo contrario delo que dicta la razón) a otra que apela simplemente a nuestra paciencia, a que seamos estoicos al estilo del término de la Real Academia de la Lengua (es decir, fuertes y ecuánimes ante la desgracia). En cualquier caso, después de la catarata de recortes y del aluvión de pésimas noticias económicas que nos asolan, me cuesta diferenciar si nos hallamos ante un ejercicio de fortaleza frente a la adversidad o ante una manifestación de masoquismo puro y duro.
Y es que en los últimos días hemos asistido a una avalancha de datos desesperanzadores. Las cifras del paro se transforman mes a mes de record histórico en record insultante. Los derechos sociales y los importantes logros asociados al Estado del Bienestar se mueven del varapalo doloroso al varapalo indignante. Ante semejante panorama, los representantes de las distintas formaciones insisten en echarse la culpa unos a otros. El Partido Popular apela a la herencia recibida del Ejecutivo de Zapatero. El Partido Socialista acusa al actual Presidente y a sus Ministros. Las Comunidades Autónomas culpan al Estado. El Estado carga contra las Comunidades Autónomas. Y, así, hasta el infinito, porque la lista de responsables es muy larga. Comienza con la Unión Europea, que no es unión y que, visto lo visto, ni siquiera será europea. Continúa con las Cajas de Ahorro, en las que la descomunal avaricia y capacidad de derroche de sus dirigentes es inversamente proporcional a su catadura moral. Le siguen algunos órganos de control, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España, cuya patente ineficacia debería condenarles a sufrir en primera persona el rigor de esas reformas y recortes a los que asisten instalados cómodamente en sus poltronas. Desde ellas contemplan y lamentan hipócritamente la hemorragia sangrienta de la sociedad civil pero sin atisbo de reconocimiento ni asunción de culpas por su parte.