Monthly Archives: mayo 2016
La varita mágica del legislador
Se acerca el 6 de junio, una jornada que todos los jueces de instrucción y fiscales de España tienen señalada en sus calendarios. Medio año antes, el 6 de diciembre de 2015, entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se establece que el periodo de instrucción de los delitos deberá tener una duración máxima de seis meses. Ello significa que, también para aquellas causas que ya se estaban tramitando en los juzgados, el citado 6 de junio será la fecha tope para concluir sus respectivas investigaciones.
Si bien es cierto que la propia norma contempla la excepción de ampliar el plazo de la instrucción a dieciocho meses, dicha ampliación se reserva para supuestos tasados y excepcionales, en concreto para las investigaciones que recaigan sobre grupos u organizaciones criminales, las que tengan por objeto abundantes hechos punibles, las que involucren a un gran número de investigados o víctimas, las que exijan la realización de pericias o colaboraciones recabadas por el órgano judicial que conlleven el examen de abundante documentación o complicados análisis, las que impliquen la realización de actuaciones en el extranjero, las que precisen de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o las que traten sobre un delito de terrorismo. Fuera de esos supuestos, es decir, para la gran mayoría de los procedimientos penales, el límite para indagar y fiscalizar los hechos denunciados finaliza el próximo día 6 de junio.
Así, jueces y fiscales deberán revisar uno a uno todos los procedimientos penales abiertos y llevar a cabo dos análisis: el primero, para ver si encajan dentro de los supuestos de ampliación a dieciocho meses y, en caso contrario, el segundo, para comprobar si, con las diligencias y pruebas ya practicadas, existe base suficiente para acusar, dado que posteriormente no podrán decretarse más actos de investigación judicial.
«La sonrisa Duchenne» en la Feria del Libro de Madrid
El próximo viernes 10 de junio, a las 17:30 horas, estaré en la Feria del Libro de Madrid, firmando ejemplares de mi tercera novela «La sonrisa Duchenne», finalista del Premio Iberoamericano de Novela Verbum, 2015. Estaré en la caseta 255, de la editorial Verbum. Si estáis por Madrid ese día os invito a pasar por la Feria del Libro, situada en el Parque del Retiro. Estaré encantado de hablar de literatura y de cine con vosotros. Os espero.
Presentación de «La sonrisa Duchenne» en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife
El próximo día 30 de mayo, Día de Canarias, a las 17:30 horas, estaré en la carpa institucional de la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, situada en el Parque García Sanabria de la capital tinerfeña. Hablaré de mi tercena novela «La sonrisa Duchenne», finalista del Premio Iberoamericano de Novela Verbum 2015, así como de mis otros libros «El peso del tiempo» y «El amor y otras vías de escape». Contaré con la presentación de la actriz y periodista Verónica Galán. Os invito a pasar por la Feria del Libro de Santa Cruz. Hablaremos de literatura, de cine y firmaré ejemplares de mis obras en la caseta de la librería Ofra (caseta número 15). Os espero.
Nuestra Justicia, vista desde fuera y desde dentro.
Transcurridas tanto la X Legislatura como la fallida XI, los problemas en materia de Justicia, lejos de disminuir, se acrecientan. Medidas legislativas tales como la implantación de las tasas judiciales o el límite temporal de seis meses para instruir las causas penales (entre otras muchas) han venido a unirse a la ya tradicional falta de interés por invertir en medios personales y materiales destinados al Tercer Poder, generándose así un clamor unánime entre todos los profesionales del sector (abogados, procuradores, funcionarios, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, etc….). Se trata de quejas que, pese a su contundencia y ecuanimidad, han sido desatendidas con una displicencia que debe provocar la alarma de toda la ciudadanía, habida cuenta de la trascendencia que supone para un Estado de Derecho disponer de un Poder Judicial eficiente, ágil, certero e independiente.
En este contexto se acaban de conocer recientemente dos informes que evidencian más problemáticas aún en el seno de la estructura judicial, y que ponen el dedo en una llaga que venía denunciándose desde hacía tiempo pero que, como es costumbre en nuestro país, estaba condenada a los oídos sordos en vez de a las voces razonadas. El primero de ellos proviene de la Comisión Europea, que publicó el cuadro de indicadores de Justicia de la UE donde se mostraba a las claras la percepción negativa en cuanto al grado de independencia del sistema judicial español, por culpa principalmente de las interferencias del Gobierno y de la influencia de los poderes económicos. «La percepción de la independencia de la Justicia sigue siendo un reto para España», afirmó la comisaria europea Vera Jourova en la presentación de estas conclusiones, que dejaban también patente el enorme margen de mejora en cuanto al número de jueces por habitante y en la inversión de fondos en este ámbito, comparadas las cifras con las de los primeros puestos de la lista de los veintiocho países que conforman la Unión Europea.
Disolución de las Cortes y vuelta a empezar
Al final las previsiones se cumplieron y el próximo día 26 de junio el pueblo español está llamado a las urnas para elegir, de nuevo, a los miembros de las Cortes Generales. De nada han servido los 25.350.447 votos para el Congreso depositados el pasado 20 de diciembre. Igualmente inoperantes han resultado los 24.869.217 que fueron a parar al Senado. Y lo mismo se puede decir de los cuatrocientos millones de papeletas que se imprimieron. O de los más de sesenta y seis millones de sobres que se encargaron. O de las más de cincuenta y siete mil mesas electorales que se constituyeron. O de los más de noventa y un mil agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se movilizaron durante aquella jornada. O de los más de ciento treinta millones de euros gastados en dichos comicios. Todo eso parece haber caído en saco roto, ya que los partidos políticos no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Los diputados no han alcanzado apoyos suficientes para consolidar un programa de gobierno, de tal manera que no queda más remedio que volver a empezar.
Sin embargo, aunque a simple vista lo parezca, en realidad no estamos exactamente en el mismo punto de partida. La población acude ahora a las urnas con un mayor número de datos que deben ser objeto de valoración, en aras a decidir el sentido de su próximo voto. En estos meses han sucedido muchas cosas. Tal vez demasiadas. Tanto los partidos como sus líderes se han retratado con sus comportamientos. Estos más de ciento treinta días de noticias políticas y judiciales, de votaciones en el Parlamento, de negociaciones, de declaraciones y también de silencios, deben ser enjuiciados y calificados por el cuerpo electoral. Tanto las encuestas como los analistas apuntan a que la sensación de cansancio y hartazgo en la ciudadanía derivará en un aumento de la abstención. Puede que estén en lo cierto y que esta consecuencia resulte incluso comprensible. De hecho, en nuestro ordenamiento jurídico la opción de no acudir a votar puede entenderse como expresión de una determinada voluntad política susceptible de amparo ante los Tribunales.