Monthly Archives: diciembre 2016
La política como lastre en la renovación del Tribunal Constitucional
En el mes de abril de 2015 falleció el Magistrado del Tribunal Constitucional Luis Ortega, designado por la Cámara Alta a propuesta del PSOE. Desde entonces, a veinte meses vista, el máximo órgano encargado de defender la Constitución cuenta con un miembro menos, por lo que su Pleno, en lugar de los doce componentes previstos, se ha venido reuniendo sólo con once para tomar sus correspondientes decisiones. Sucede lo mismo con su Sala Primera, que ha tenido que rebajar el número de juristas de seis a cinco desde hace más de año y medio. El Senado, encargado de esta sustitución, ha demostrado una manifiesta dejadez en sus funciones al retrasar el nombramiento de un nuevo juez, exhibiendo con ello una mezcla de negligencia e incapacidad. Tanto ha dejado pasar el tiempo que ya se le ha unido dicha obligación de cubrir la citada vacante por fallecimiento con la de las otras tres, derivadas del plazo máximo que una persona puede formar parte del T.C.
La ley prevé que, antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el Presidente del Tribunal solicite de los Presidentes de los órganos que han de realizar las propuestas los nombres de los nuevos Magistrados, para que se inicie el correspondiente procedimiento. Esa es la razón por la que el pasado mes de junio se envió a la Cámara Alta un escrito de solicitud de puesta en marcha del proceso de designación de los Magistrados que deben ser renovados, por concluir su mandato a finales de 2016 (entre ellos, el propio Presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos).
Pues bien, aunque diciembre ya ha llegado, todo sigue exactamente igual. La fecha en el calendario estaba claramente indicada desde hacía largo tiempo, pero la indolencia e inutilidad de los senadores nos condena a inaugurar el nuevo año 2017, no sólo con tres, sino con cuatro vacantes por cubrir, correspondientes a la del miembro fallecido hace año y medio más la terna cuyo mandato caduca, sin que exista recambio alguno. Esta desidia en el desempeño de su obligación, unida a las escasas y desnaturalizadas funciones de la Cámara a la que pertenecen –convertida en una asamblea inoperante, irrelevante y carente de sentido- debería avergonzar a quienes la integran, que ni siquiera son capaces de cumplir con una dosis mínima de eficacia su función de designar a los miembros de un órgano tan esencial como es el Tribunal Constitucional.
A lo anteriormente expuesto se debe añadir el asunto de la politización de los requeridos nombramientos. Los partidos políticos afrontan la renovación de instituciones como ésta pensando únicamente en el trozo de tarta que les tocará en suerte. Los grupos parlamentarios reparten sus cuotas y escogen a sus candidatos de entre un listado de juristas afines a sus siglas. Así comienza a deducirse con claridad de los titulares de algunos medios de comunicación, tales como que la secretaria general del PP y Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, está moviendo los hilos para que Gerardo Martínez Tristán, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional, o que el ex diputado del PP Andrés Ollero Tassara se perfile como su nuevo Presidente y que la Vicepresidencia recaiga con toda probabilidad en la magistrada Encarnación Roca Trías, elegida en su día a propuesta del Partido Socialista.
Por último, cabe hacer referencia a la grotesca noticia de que el Parlamento catalán haya decidido no proponer candidatos a estos cargos, a modo de fórmula de protesta de los partidos independentistas, indignados porque no se les permita vulnerar impunemente las reglas más elementales del Estado de Derecho.
Esta forma de abordar (en el sentido más pirata del término) la composición y renovación de un órgano tan trascendental como el Tribunal Constitucional, termina por afectar tanto a su prestigio como a su imagen. Las formaciones políticas tratan el tema sin el debido respeto, sin el más mínimo disimulo en sus ansias de colocar a profesionales ideológicamente afines y sin cortapisas a la hora de desprestigiar a una de las instituciones que debe contar con un mayor nivel de respaldo y de autoridad. Como si fuesen pirómanos irresponsables, juegan con un fuego difícil de controlar que, al final, terminará por quemarnos a todos.
Gobierno en minoría: cuando es mejor estar sólo que (mal) acompañado
Tras demasiados meses de agonía exhibiendo de forma manifiesta notorios desencuentros, sonadas disidencias e incontables conflictos, se dio ayer por finalizado el Pacto de Gobierno en Canarias. Ahora se abre un periodo de incertidumbre en el devenir del Ejecutivo autonómico, que afectará probablemente a las Administraciones Locales y a otras muchas instituciones del archipiélago. Ese empeño políticamente erróneo y constitucionalmente discutible de vincular el acuerdo gubernamental entre Coalición Canaria y el PSOE a Cabildos y Ayuntamientos supone en este momento -una vez terminado el compromiso en el ámbito de la Comunidad Autónoma- que los municipios e islas liberados ya de las órdenes provenientes de los aparatos de ambas formaciones políticas, tendrán las manos libres para formar otras mayorías y diseñar equipos alternativos. También en el Parlamento de Canarias se plasmaban hasta la fecha los compromisos de los ya desvinculados socios de Gobierno, de modo que habrá que estudiar en ese ámbito nuevas fórmulas de colaboración y consenso entre los diversos grupos con representación en la Cámara.
En un sistema parlamentario como el nuestro los ciudadanos no designan al Presidente del Gobierno, sino que su elección se lleva a cabo por la Asamblea Legislativa. Por ello, son los miembros de dicho órgano quienes pueden promover su cese, bien a través de una moción de censura o bien por medio de una cuestión de confianza. En virtud de nuestro modelo, la labor del Ejecutivo es pues fruto del respaldo parlamentario y las políticas que lleva a cabo están legitimadas y tienen sentido en tanto en cuanto reciben el apoyo de la Cámara resultante de los correspondientes comicios electorales.
Históricamente se ha venido garantizando tal respaldo por la vía de acuerdos de legislatura o por la de pactos de gobernabilidad entre diversos partidos. De un modo más o menos forzado, se han ido negociando iniciativas políticas y repartiendo diferentes puestos de responsabilidad a cambio de la tranquilidad derivada de un apoyo parlamentario garantizado. Así, en las casi cuatro décadas de vigencia de este sistema que se recoge en nuestra Carta Magna, ha habido de todo, desde alianzas duraderas capaces de cumplir los fines que perseguían hasta uniones fracturadas a mitad de camino.
En todo caso, no existe de entrada ninguna circunstancia que impida que un Gobierno en minoría -es decir, sin un apoyo claro de la mayoría de los diputados-pueda salir adelante. El ejemplo más palpable se produce actualmente a nivel nacional, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene asegurado que sus propuestas reciban mayor número de síes que de noes cuando sean votadas en el Congreso, estando obligado a negociarlas una por una, proyecto a proyecto. A veces triunfará en el intento. Otras, por el contrario, saldrá derrotado. Se trata de un panorama que acarrea una mayor incertidumbre, pero ello no debe traducirse necesariamente en la realización de peores políticas ni en unos peores resultados de cara a la ciudadanía. En realidad, la clave del éxito o del fracaso radica en la capacidad o incapacidad de los diferentes líderes para negociar, ser responsables y estar a la altura de los desafíos de cada concreta época en la que les ha tocado desempeñar su cargo.
En todo caso, existen algunos pilares básicos para los que todo Ejecutivo debe contar con un sólido apoyo del Parlamento, como la Ley de Presupuestos. Lo mismo ocurre con los principales proyectos legislativos, que necesitan de un evidente consenso. De no ser así, es preferible no perder el tiempo y no engañar a la ciudadanía fingiendo que se gestiona y se administra cuando, en realidad, todos los esfuerzos se centran en mantenerse en equilibrio sobre el alambre para no perder un relevante puesto de poder.
Lo sucedido en nuestra tierra ha de hacernos reflexionar sobre los errores cometidos, para que no se repitan en el futuro. ¿Se debe reincidir en los denominados “pactos en cascada” e imponer a Ayuntamientos y Cabildos alianzas no deseadas y que les son extrañas? ¿Procede empeñarse en mantener un sistema electoral en el que el tercer partido en votos sea el primero en escaños, dejando fuera de la representación ciudadana a partidos con amplio respaldo popular y provocando la formación de mayorías ficticias? ¿Es de recibo prolongar artificialmente unos acuerdos que evidencian más desencuentros que encuentros? Las preguntas son tan claras como sus respuestas. Corrijamos, pues, los errores de una vez por todas.
Defender la libertad de información para defender la democracia
Esta últimas semanas está teniendo lugar un debate centrado en la función de los medios de comunicación y, en cierta medida, se está utilizando para tratar de poner límites a una de las libertades esenciales de todo sistema democrático. Dos ejemplos muy ilustrativos (la muerte de la senadora Rita Barberá y la publicación de documentos sobre la evasión fiscal en el ámbito futbolístico) están sirviendo desde diferentes sectores y con diversos argumentos para pretender amordazar la difusión libre de noticias.
En cuanto al primer caso, se han llegado a escuchar afirmaciones que conectaban el tratamiento en prensa, radio y televisión de las investigaciones judiciales sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular en Valencia con el fallecimiento de su ex alcaldesa, aludiendo a una cuasi relación causa-efecto entre el modo de abordar la información y su relación con el trágico desenlace para, desde ahí, culpar a los periodistas en lo que parece una nueva versión del clásico “matar al mensajero”.
Por lo que al segundo se refiere, el juez de Madrid Arturo Zamarriego ha prohibido al periódico EL MUNDO y a su director, Pedro G. Cuartango, la difusión de datos personales, financieros, fiscales y de índole legal relacionados con una aparente trama para evitar el pago de impuestos por parte de mediáticas y adineradas figuras del denominado “deporte rey”, llegando incluso a advertir sobre posibles penas de prisión en el caso de no acatar la citada orden, y justificando dicha decisión tanto en la protección del derecho a la intimidad de los perjudicados por esa revelación de datos como en el perjuicio que la publicación de los mismos generaría para la investigación de los hechos.
De este par de muestras y de otras similares se han valido individuos aprovechados e intereses poco defendibles para atacar a los medios de comunicación y afectar a su obligada labor informativa. Silenciar, mediatizar y censurar son verbos que se suelen conjugar muy a menudo desde los diferentes ámbitos del poder para conseguir sus propios fines. Sin embargo, son afrentas que golpean directamente sobre las bases de nuestro sistema de gobierno ya que, en democracia, poco o nada hay más importante que un electorado bien informado.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha llegado a afirmar en alguna de sus sentencias que la prensa es el “perro guardián” de las libertades y ha establecido una sólida jurisprudencia que vincula el interés público con la libre circulación de información. De igual manera se expresan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestro Tribunal Constitucional. Este último ha manifestado reiteradamente el carácter prevalente o preferente de la libertad de información, por su capacidad para formar una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio de un Estado democrático. Y, aunque se trate de un derecho diferente, la libertad de expresión también está afectada de alguna manera en este asunto. Así, nuestros tribunales también han desarrollado una coherente y necesaria doctrina sobre la prioridad de aquella cuando pudiera afectar al honor o a la intimidad de las personas, siempre y cuando exista un interés público y se encuadre en un debate de ideas y opiniones. Es más, de forma tajante se afirma en la reciente sentencia del TC 112/2016 de 20 de junio que “la libertad de expresión comprende la libertad de crítica aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática”. A lo anterior se debe añadir que no existe un hipotético derecho a no verse ofendido por las opiniones de los demás. Por ello, no se pueden limitar las expresiones que desagraden, aunque se puedan considerar inaceptables para algunas personas desde el subjetivo punto de vista de sus valores, creencias o principios.
Obviamente, estos derechos tienen sus límites. Ni la libertad de expresión ni la de información incluyen en modo alguno el derecho al insulto, como tampoco al denominado “discurso del odio” como forma de incitar a la intolerancia o incluso a la comisión de delitos (actitudes todas ellas incompatibles con el sistema de valores de una democracia). Igualmente, la difusión de hechos está amparada en su condición de veracidad y en el apego al interés general. Existen fórmulas legales para reclamar contra las manifestaciones que traspasan las más elementales fronteras de la lógica y de los valores constitucionales. Sin embargo, recurrir a someter o a mediatizar a los medios de comunicación es una eficaz manera de enfermar y hasta de liquidar ese necesario caldo de cultivo para ejercitar gran parte de nuestros derechos como ciudadanos.
Si se continúa por este camino de acotar, cercar y amurallar la capacidad de difundir noticias de interés público, terminaremos por no reconocer nuestro sistema de libertades. Tal vez no sea hoy. Ni siquiera mañana. Pero llegará el día en el que la censura afectará a los cimientos mismos de ese edificio que todos nosotros estamos llamados a proteger con tanto afán: nuestra democracia.