Gerardo Pérez Sánchez

En los últimos días las reformas emprendidas por Alberto Ruiz Gallardón desde su Ministerio han ocupado nuevamente las portadas de los periódicos y han vuelto a provocar la reprobación más enérgica y unánime desde el ámbito de la Justicia. Por lo que se refiere a la modificación de la regulación del Consejo General del Poder Judicial que se está tramitando en las Cortes Generales, se han introducido varias enmiendas a su paso por el Senado. Una de ellas supone incorporar una nueva figura, la de Vicepresidente del Tribunal Supremo. Otra implica la creación en dicho Tribunal de una sala específica para la resolución de aquellos recursos que versen sobre los actos del Consejo. Los Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, convocados por su presidente José Manuel Sieira, celebraron una reunión la semana pasada en la que quedó patente su malestar por dos novedades que, vía enmienda, fueron introducidas en el Proyecto. La inquietud de los jueces se debe a que ven en ese nuevo cargo de la Vicepresidencia a una especie de comisario político que controle dicho órgano.

Asimismo, el tema de la independencia judicial, pieza esencial de todo Estado de Derecho, ocupa una vez más las primeras planas de los medios de comunicación en referencia a su desvinculación del poder político. Ese principio no puede interpretarse como una potestad del Tercer Poder para ejercer su voluntad sin ningún control. Está sometido tanto al ordenamiento jurídico como  disciplinariamente al propio CGPJ. Sin embargo, los partidos políticos han caído en la tentación de atar corto, aunque sea con hilos invisibles, a las más altas instancias judiciales, dejando al margen cualquier viso de autocontrol o resistencia. Así, sea a través del Gobierno, del Congreso o del Senado, las formaciones terminan designando a los componentes del TC y del Consejo General del Poder Judicial.

Las suspicacias que fomenta esta influencia política no se limita al órgano que elige a sus miembros (en la gran mayoría de los Estados Democráticos, en mayor o menor medida, se da esa situación) sino más bien a su clasificación entre miembros progresistas, conservadores e incluso nacionalistas que, más allá de las siglas, se traduce en votaciones basadas en afinidades ideológicas similares a la disciplina de partido que afecta a diputados y senadores. Esta asociación de los juristas a determinados postulados políticos, por mucho que introduzcan fundamentos legales que justifiquen sus posturas, siembra la duda razonable de si en sus decisiones pesan más los motivos ajenos al Derecho, constatándose su alineación matemática con el color del partido político que les designó.

No contentos con la lamentable situación actual, se incluye ahora desde el Senado esta figura del Vicepresidente del Tribunal Supremo, considerada por los componentes del órgano judicial como un “comisario político”, lo que acentúa aún más si cabe la desconfianza en la pulcritud de un elemento tan esencial como la independencia del Poder Judicial. Y resulta imposible avanzar en la construcción de un Estado Constitucional cuando se siembran dudas de semejante magnitud.

Sirvan las presentes líneas como apoyo personal al manifiesto que han firmado recientemente más de 700 jueces y magistrados en defensa de la independencia judicial y que critica la reforma del Consejo General del Poder Judicial proyectada por el Ministro Gallardón. En dicho manifiesto consideran que la reforma rompe el equilibrio propio de la división de poderes y supone una subordinación del Poder Judicial al poder político, al tiempo que sostienen que la Administración de Justicia se encuentra en una grave situación de deterioro estructural por falta de medios. Desde luego, ese no debe ser el camino a seguir.