Category Archives: Derecho constitucional

De qué hablan cuando hablan de Democracia

He indicado siempre a mis alumnos que no confundan la democracia con el acto de introducir una papeleta en una urna. A lo largo de la Historia, existen numerosos ejemplos de dictaduras que han intentado lavar su imagen a través de ese protocolo formal de convocar a los ciudadanos a meter un papel en una caja, en un intento vano de disfrazar su verdadera esencia dictatorial. El hecho en sí de votar no basta para transformarlo en una manifestación democrática. Dicho de otro modo, en todas las democracias se vota, pero no todas las votaciones son democráticas. Y ello es así porque la democracia, como forma de Estado, como valor superior, tiene sus reglas y, por lo tanto, sus límites. Si no se conocen o si, conociéndolos, se incumplen, las virtudes de la participación popular se convierten en defectos y las ventajas, en inconvenientes.

Se ha anunciado hace algunos días por parte del Ejecutivo catalán la fecha y la pregunta de lo que ellos denominan “referéndum” y que, además, defienden como modelo de “manifestación democrática”. Frente a los argumentos recibidos en contra de su iniciativa, responden que nada ni nadie se puede oponer a que el pueblo vote. Se enorgullecen de consultar a la población y de que ésta se exprese como lo considere más oportuno. Parece que no existen leyes que cumplir, ni tampoco normas que respetar. Lo suyo es permitir que los catalanes manifiesten su voluntad. Pero cometen el mismo error una y otra vez, al confundir de forma malintencionada la democracia con una fila de personas portando un sobre. Pues bien, aunque en un principio resulte chocante, no hay nada más autoritario ni más propio de regímenes totalitarios que la pretensión de tapar sus atropellos a las normas y a los límites legales a base de baños de multitudes y de fuegos artificiales que devienen cómplices de la vulneración del ordenamiento jurídico.

Recientemente, el fiscal del caso Palau -donde se juzga el expolio del Palau de la Música de Barcelona por parte de quien era su presidente, y que apunta directamente a la financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña como partido político-, lanzó una frase muy contundente: “En este caso hay un círculo sociopolítico muy determinado en el que parece que una bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera”. Siguiendo con el símil, los partidos nacionalistas catalanes se han acostumbrado a justificar con su bandera cualquier atropello, ya sea a la cartera de los contribuyentes o a la legalidad. El uso sesgado y partidista de los símbolos y la manipulación torticera del sentimiento patriótico son sus herramientas más útiles para olvidar la magnitud de los delitos e ilegalidades que se están cometiendo. Porque lo cierto es que se ha entrado ya de lleno en el terreno del Derecho Penal. En el de los delitos y los delincuentes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al ex presidente Mas, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau por delitos de desobediencia, y existen más causas penales abiertas contra otros cargos públicos por este mismo proceso al que, eufemísticamente, denominan “desconexión”.

A todo lo anterior se suman las condenas y los procesos en trámite contra otros cargos de la antigua Convergencia por delitos relacionados con la corrupción, aunque eso parece no importar. Mientras se enarbola la bandera, no queda margen para una reflexión crítica y un análisis riguroso.

Cataluña ha retrocedido siglos en la evolución de los modelos democráticos y constitucionalistas, volviendo a aquellas épocas en las que los Parlamentos defendían su omnipotencia y en las que cuestionar las leyes y resoluciones que emanaban de ellos se entendía como un signo antidemocrático. Tras las revoluciones de las que surgieron las Declaraciones de Derechos y las Constituciones, y después de muchos años estudio y maduración (no sin resistencia), triunfó la idea de que en un Estado de Derecho todos los poderes públicos deben estar controlados y limitados, incluidas las Asambleas Legislativas. Sin embargo, ahora pretenden retroceder al siglo XVIII y defender que el Parlamento catalán puede decidir a su antojo, sin norma alguna sobre él, sin límites, sin cortapisas y sin tribunales que lo controlen. Con semejante postura han entrado de lleno en una especie de agujero negro del tiempo que les retrotrae a las tesis liberales más retrogradas ya superadas y a reconectar con prácticas totalitarias de etapas no tan lejanas.

Nuestra forma de Estado y nuestro Tribunal Constitucional reconocen, respecto al llamado “derecho a decidir”, la legitimidad de dicho planteamiento. Como aspiración política es defendible y respetable, si bien no se trata de un verdadero derecho, al menos en el momento presente. Pero tal aspiración puede alcanzarse únicamente a través de un proceso ajustado a las normas constitucionales, y siempre con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad. Se permite, pues, que los partidos y las instituciones planteen ese “derecho” y propongan la modificación de la Constitución para incluirlo en ella. Sin embargo, no procede en modo alguno su imposición por la vía de los hechos y mediante la vulneración del ordenamiento jurídico. Eso, por mucho que se empeñen en calificarlo de democrático, es la antítesis de un proceso democrático.

Una de las peores aberraciones políticas que existen es la de pretender confrontar Democracia con Estado de Derecho, es decir, enfrentar la expresión popular con el cumplimiento y el respeto de las leyes. Y es una aberración porque no puede existir la democracia sin el Estado de Derecho. En un modelo de libertades, la democracia sólo puede existir dentro del respeto al marco legal. Si se anula el respeto al derecho, se aniquila la democracia. Se podrá convocar a los ciudadanos para que introduzcan un papel a través de una ranura, pero no será un acto de voluntad democrática. La democracia necesita del respeto a unas formalidades y del cumplimiento de unas normas mínimas que regulen las reglas de juego del sistema. Vender como una respetable manifestación democrática lo que, en realidad, es la convocatoria de un pseudo referéndum gestado y desarrollado sobre la vulneración de la legalidad vigente y, para colmo, persiguiendo un fin contrario al espíritu y a la letra de la Constitución, es propio de sistemas caudillistas que, tras su falsa apariencia de ejercicio de usos democráticos, destilan el autoritarismo más rancio y caduco.

Ahora bien, la culpa de la actual situación no es achacable exclusivamente a los partidos independentistas catalanes. La inoperancia, pasividad e incapacidad del Estado para dar respuesta a este fenómeno es también muy grave y llamativa. Este espinoso tema debería haberse abordado hace muchísimo tiempo con el rigor y la seriedad que merece, porque entonces había opciones políticas y margen de maniobra suficientes para resolver el problema de otra manera. Desde luego, si el Gobierno central piensa reaccionar a estas alturas, llega ya tarde. Muy tarde.

Imputado: De lo más a lo menos en un mismo concepto.

Son muchos los conceptos jurídicos que tienden a desvirtuarse cuando se usan en un lenguaje coloquial, apartado del rigor al que se debe el jurista. Además, la deformación de la idea en cuestión puede bordear la transgresión cuando se mezcla con el discurso político y la verborrea partidista. Pero el principal problema se genera cuando, ni siquiera desde un punto de vista estrictamente jurídico, dicha noción presenta un significado claro y un contenido homogéneo. En esos casos, la comprensible ignorancia del lego se mezcla con la ambigüedad del experto y termina chocando con la interpretación sesgada del político, para formar un batiburrillo conceptual confuso y enredado. Todos hablando de lo mismo y todos en un sentido diferente. De esa forma, es normal que no se llegue a entendimiento alguno.

Entre los términos más usados, malinterpretados y oscuros, se encuentra el de “imputado”. Tal era el desconcierto generado por dicha palabra que se intentó solucionar el problema buscando otra que la sustituyese. Así, en virtud de un cambio en la ley, lo que antes se denominaba “imputado” ahora se denomina “investigado”. Sin embargo, como era de esperar, dicha modificación no ha solucionado nada. Los medios de comunicación siguen usando uno u otro concepto indistintamente y, en general, ha calado la idea de que la reforma legal fue un intento estéril que pretendía maquillar la mala fama y el desprestigio que llevaba implícito dicho vocablo.

Para añadir más caos y generar mayor polémica, se añade a lo anterior la confrontación existente entre el derecho a la presunción de inocencia con las “etiquetas” que se colocan a los investigados durante el proceso penal e, incluso, con la adopción de medidas que constriñen la libertad de esas personas durante la tramitación del procedimiento. Del mismo modo que se reconoce que, hasta la sentencia final, debe prevalecer la apariencia de inocencia de los implicados, también se debe aceptar que, en ocasiones, se hace necesario imponer decisiones cautelares antes del juicio. La tardanza de la maquinaria judicial (por diversas razones, como carencia de medios, insuficiencia de jueces, sobrecarga de trabajo, complejidad de los asuntos, etc.) conlleva que, con determinados requisitos y garantías, se pueda limitar esa presunción de inocencia acordando situaciones como la prisión provisional, el embargo de bienes o la retirada de pasaportes, difícilmente compatibles con esa predicada aureola de inocencia hasta que se dicte la sentencia final.

Así, nuestro Tribunal Constitucional ha dictaminado en muchas ocasiones la constitucionalidad y perfecta compatibilidad entre el derecho a la presunción de inocencia y la adopción de las medidas cautelares, no siendo dicha presunción ni un derecho absoluto ni un límite para la protección de otros derechos y principios constitucionales igualmente merecedores de protección. No es de extrañar que, llevado este debate al terreno político, se manosee a conveniencia el concepto de imputado. Las exigencias de dimisiones, asunciones de responsabilidades políticas y acusaciones de culpabilidad por un lado, frente a las proclamas de la presunción de inocencia, oportunismo partidista, demagogia e incoherencia por otro, inundan los telediarios y las tertulias de debate.

El verdadero problema, en mi opinión, estriba en una precaria y arcaica regulación legal de nuestro procedimiento penal, que ha creado una figura jurídica (“imputado” o “investigado”) que, en realidad, pretende aglutinar dentro de un mismo concepto situaciones de lo más diversas y, por lo tanto, no equiparables. Por ello, terminamos llamando de la misma manera a personas que se hallan en situaciones muy diferentes, generando confusión y propiciando la manipulación.

Por ejemplo, “imputado” o “investigado” es aquel sobre quien recae una acusación delictiva y al que un juez, en una resolución judicial suficientemente motivada, impone medidas limitativas de libertad (como la prisión provisional) o restrictivas (como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer en el juzgado determinados días), argumentando, entre otras cuestiones, sólidos indicios, evidencias de culpabilidad y riesgos que deben evitarse (como la fuga del reo, la destrucción de pruebas o la posibilidad de que continúe delinquiendo).

Igualmente, será “imputada” o “investigada” la persona sobre la que recae una acusación delictiva, pero sobre la que el juez no impone ninguna medida limitativa o restrictiva de libertad, prosiguiendo el procedimiento ante la necesidad de llevar a cabo más diligencias de investigación y esclarecimiento de los hechos. En bastantes ocasiones, tras esas posteriores diligencias o averiguaciones, las causas se archivan y las imputaciones se levantan, resultando temporal y transitoria la situación en la que el acusado se ve inmerso. Se trata de una consecuencia inevitable, derivada de la necesaria labor de investigación judicial. Es más, en estos casos el afectado puede estar “imputado” o “investigado” durante meses (o años) sin un auto que justifique de forma motivada su situación, más allá de la necesaria investigación judicial y la existencia de sospechas propiciadas por la denuncia de la parte acusadora.

A veces, la llamada a declarar como “imputado” o “investigado” se debe a la obligación del juez de escuchar la versión del acusado de un delito sobre lo ocurrido, estando el procedimiento judicial en una fase tan inicial que sólo esa versión de la acusación puede servir de base para dicha llamada. En ese sentido, yo mismo me he encontrado a menudo con resoluciones judiciales llamando a declarar en calidad de imputadas a algunas personas, como primera medida a adoptar ante la denuncia de un particular, basándose dicha resolución en la necesidad de investigar unos hechos y sin que exista argumentación o motivación alguna por la que el órgano judicial considere que existe responsabilidad penal del citado ante el Juzgado. Y ello es así porque, conforme al artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “la persona a quien se impute un acto punible deberá ser citada sólo para ser oída”.

Igualmente, “imputado” o “investigado” es la figura apta para que un ciudadano pueda comparecer en el proceso penal con todos sus derechos y garantías. Además, en  numerosas ocasiones se imputa a alguien para asegurarle el ejercicio de determinados derechos en un procedimiento penal, y para avalar el cumplimiento de las garantías constitucionales, sin que se exija un previo análisis sobre los indicios o certezas de la acusación. Dicho de otra manera, a un juez de instrucción, para imputar a una persona en una fase inicial del proceso, no se le requiere a que efectúe profundos análisis ni llegue a conclusiones sobre la posible responsabilidad de aquella. Se puede producir una imputación formal e inicial, siendo esta una situación inevitable y que realmente se prevé más como una salvaguarda de los derechos de la persona afectada que como un razonamiento judicial del que se pueda deducir o concluir responsabilidad alguna.

Es por ello que el término “imputado” o “investigado” puede estar referido a situaciones graves de las que quizá se desprendan serios indicios de responsabilidad criminal como, también, a situaciones más nimias, sin claras repercusiones penales y de las que no se deriva inicialmente culpabilidad alguna. En definitiva, sirve para lo más y para lo menos. Por lo tanto, sería conveniente una reforma en profundidad del procedimiento de enjuiciamiento criminal, para diferenciar claramente situaciones y conceptos. De lo contrario, seguiremos asistiendo a un baile de declaraciones encontradas, diálogos de sordos y rifirrafes sin sentido.

Sentencias anónimas y sociedad informada

Una de las diferencias de criterio más llamativas entre los tribunales encargados de la defensa de los derechos fundamentales se está produciendo con ocasión de la publicación y difusión de sus sentencias. Así, los denominados “tribunales ordinarios”, encuadrados dentro del Poder Judicial y con el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los mismos, se están decantando por publicar sus resoluciones ocultando los nombres de las personas implicadas. Las partes del proceso no verán, pues, sus identidades en los repertorios de jurisprudencia, sino que serán sustituidas por otras inventadas aleatoriamente. El objetivo de esta medida es preservar la intimidad e imagen de los afectados, quedando sus controversias y pleitos en un singular anonimato. Por el contrario, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no siguen esa misma pauta y continúan, salvo excepciones motivadas, dando a conocer sus fallos y decisiones sin ocultar a los protagonistas de los casos enjuiciados.

Muy llamativa fue la publicación de la sentencia del denominado caso “Nóos”, en la que la Infanta Cristina, si se consulta el texto divulgado por el C.G.P.J. y las bases de datos oficiales, pasa a ser “Doña Eva”, Iñaki Urdangarin es reemplazado por “Don Julio” y Jaume Matas se convierte en “Don Bernardo”. La razón de tal comportamiento se argumenta en una combinación de la normativa sobre la protección de datos y los derechos a la intimidad de los interesados. Tal razonamiento pudiera tener cierta lógica y algún sentido jurídico para la población que no ostenta ningún cargo público, o para los ciudadanos que son simples particulares sin vinculación alguna con un puesto de relevancia social. Sin embargo, la medida, además de discutible, se vuelve absurda e ineficaz cuando se trata de procedimientos judiciales que presentan un notorio interés general para la ciudadanía e implican a puestos institucionales, políticos o de evidente trascendencia pública, sobre todo si la sentencia se ha dictado tras semanas, meses o años de constante información periodística.

Pretender que todo eso caiga en el olvido y que los hechos enjuiciados y sentenciados pasen a la Historia completamente desprovistos de la mención a sus protagonistas es, además de una quimera absurda, un flaco favor a la idea de sociedad informada que debe presidir toda democracia. En el asunto puesto como ejemplo, defender que, a estas alturas, la gente olvide el procedimiento en el que se vio inmersa una Infanta en la línea de sucesión a la Corona o, más aún, que se pretenda hacer pasar por “Doña Eva” a “Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia”, no sólo es un sinsentido. Además, supone un obvio paso atrás en la línea jurisprudencial, que siempre ha establecido la importancia de una sociedad informada en una democracia consolidada.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantienen una línea argumental diferente. Para ellos, prima el derecho a la información y la relevancia pública de los casos enjuiciados. Tan sólo en casos excepcionales y motivados se sustituyen las identidades. Así, en el Boletín Oficial del Estado del pasado 27 de julio de 2015, se publicó el Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales. Conforme al mismo, tan sólo se preservará de oficio el anonimato de los menores y de las personas que requieran un especial deber de tutela, como el de las víctimas de delitos de cuya difusión se deriven especiales perjuicios. Fuera de esos supuestos, para afectar a la exigencia constitucional de publicidad de sus resoluciones que se establece en el artículo 164 de la Constitución, será la parte la que deba solicitarlo y argumentarlo en el momento de formular la demanda o en el de su personación ante el Tribunal. En ese caso, el órgano jurisdiccional, a partir de la ponderación de circunstancias debidamente acreditadas concurrentes en el caso, resolverá lo que considere oportuno pero, si accede a la petición, no se inventará nombres, sino que se pondrán las iniciales correspondientes.

Este problema ya se ha debatido en varias ocasiones. En el año 2006, un particular implicado en un proceso de separación con diversas denuncias por delitos solicitó al Tribunal Constitucional que se publicasen sólo las iniciales de las partes. Sin embargo, en su sentencia 114/2006 de 5 de abril de 2006, el  Constitucional denegó tal petición basándose en la necesaria publicidad de sus sentencias, así como en la transparencia de su actuación. Tan sólo en supuestos muy tasados se ha procedido a la ocultación de las identidades. Por ejemplo, en las sentencias 185/2002, de 14 de octubre y 127/2003, de 30 de junio (consideró legítimo omitir la identificación de las víctimas de delitos sexuales); en las 7/1994, de 17 de enero, y 221/2002, de 25 de noviembre, (también llegó a la misma conclusión al referirse a menores en procesos de filiación, desamparo, adopción y custodia); o en el caso de las sentencias 288/2000, de 27 de noviembre, y 30/2005, de 14 de febrero (al afectar a menores autores de delitos). Fuera de esos supuestos, la postura del T.C. es contraria a la ocultación de los datos de los protagonistas de sus resoluciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos asume la misma doctrina que el Tribunal Constitucional.

Para complicar todavía más el asunto, la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), organismo encargado de velar por la protección de la privacidad, mantiene una postura muy discutible con relación a este tema. En su Resolución 01239/2007 dejó dicho que “las Sentencias no son públicas, ni se publican para general conocimiento, aunque en virtud del derecho de información, como en el caso que se examina, existan noticias relacionadas con el denunciante y los hechos”.

Semejante afirmación, en mi opinión, se aproxima al disparate. La publicidad de las sentencias constituye un instrumento de garantía de la independencia de los tribunales y de su actuación conforme a Derecho, por cuanto estos principios se refuerzan mediante el conocimiento de dicha actuación de los tribunales por los ciudadanos, y debe considerarse estrechamente ligada a la protección de los derechos fundamentales inherentes al ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces y tribunales. Estas palabras no son mías, sino que constan en la sentencia del Tribunal Supremo 1191/2008, de 22 de diciembre. Si a lo anterior añadimos el contenido del artículo 120 de nuestra Constitución, que consagra la publicidad, no sólo de las sentencias, sino, en general, de las actuaciones judiciales, se podrá entender mi crítica a la postura de la Agencia Española de Protección de Datos.

Termino con una frase del Tribunal Supremo Norteamericano, que ya se pronunció en 1948 sobre los beneficios de la publicidad de las actuaciones y resoluciones de los tribunales: “esta garantía es una salvaguardia contra cualquier intento de usar a los tribunales como medios de persecución. Saber que cada juicio está sujeto a la revisión de la opinión pública constituye un control efectivo sobre los posibles abusos del poder judicial”.

La postura contraria, pese a revestirse de la aparente bondad de preservar la intimidad e imagen de los afectados, puede suponer en realidad una seria fractura de las garantías de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y de la importancia de la información para su supervivencia.

La perplejidad del jurista persa

Uno de los textos más famosos entre los estudiosos del Derecho en general y del Derecho Constitucional en particular fue escrito por el catedrático de dicha disciplina, Pedro Cruz Villalón (Magistrado -y también Presidente- del Tribunal Constitucional durante casi una década). La citada obra, publicada primero como artículo en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid a principios de los ochenta y varios lustros después como libro, llevaba en el título el sugestivo nombre de “la curiosidad del jurista persa”. Su punto de partida parecía sacado de un cuento, ya que se iniciaba relatando que, en un rincón de Persia, habitaba un jurista que, carente de cualquier tipo de información acerca de España, se veía invadido por una curiosidad repentina de aprender (y entender) cuál era la estructura territorial de nuestro Estado. Como profesional jurídico y observador imparcial, se afanaba en leer nuestra Constitución para, de la forma más objetiva posible, sin influencias torticeras ni manipulaciones interesadas, comprender cómo habíamos decidido los españoles organizarnos desde el punto de vista territorial. Sin embargo, debido a lo impreciso, inacabado, ambiguo y abierto de nuestra Carta Magna, la pretensión de aquel letrado de Oriente nunca llegaba a cumplirse.

Han pasado casi cuarenta años desde la promulgación de la vigente Constitución, y treinta y cinco desde la publicación de las aventuras del curioso jurista persa. Y el hecho es que, bien entrado ya el siglo XXI, considero que aquel personaje creado por Cruz Villalón, una vez analizada la realidad española, habrá dejado atrás su curiosidad para dar paso a un estado de inusitada incredulidad o, más aún, de contundente perplejidad.

A estas alturas continuamos inmersos en una amalgama de principios inacabados y conceptos equívocos (cuando no, directamente, contradictorios), que alientan discursos encontrados (en ocasiones, hasta disparatados) y que, además, generan una gran inseguridad jurídica que termina trasladándose a los Tribunales y a la sociedad.

Este laberinto competencial en el que nos hemos extraviado (propiciado por muchas Administraciones consideradas competentes para regular una misma materia y por una avalancha de normas salidas de competencias exclusivas, compartidas o concurrentes) ha degenerado en un complejo jeroglífico, a menudo indescifrable, que condena a funcionarios, ciudadanos y Poderes Públicos a situaciones paradójicas y a pleitos de futuro incierto.

A todo lo anterior se añade el juego de los discursos plagados de términos eufemísticos y de ideas sin un contenido mínimamente cierto e indubitado. Estado, Nación, Nación de naciones, nacionalidades, regiones, soberanía, cosoberanía, autonomía, Estado libre asociado, relaciones de bilateralidad, federalismo, federalismo asimétrico, Estado indivisible, Estado divisible… Todo parece estar permitido en nuestra Carta Magna. Cualquier concepto parece tener cabida dentro de la literalidad del texto aprobado en el año 1978. La idéntica norma que lleva a unos a defender la unidad de España, sirve a otros para argumentar la procedencia de referéndums independentistas. Sobre la base de los mismos preceptos, unos consideran que vivimos en un Estado federal de facto, mientras que otros rechazan tal denominación. La pretendida ambigüedad conceptual que facilitó que ideologías de lo más diverso se sintieran cómodas bajo el paraguas constitucional, está generando en la actualidad unas tensiones insostenibles.

El jurista persa, pues, ya no sale de su asombro ante determinados episodios que tienen lugar en nuestro país. Yo tampoco. Conductas propiciadas y alentadas por algunos gobernantes (en demasiadas ocasiones aplaudidas y vitoreadas por sus fieles devotos) han traspasado la línea de lo esperpéntico para adentrarse sin rubor en el ámbito de lo delictivo. No es que tan sólo se discuta entre un modelo u otro de organización territorial, sino que se está poniendo en grave riesgo la esencia de la calificación como tal de Estado de Derecho.

Por ello, urge abordar de una vez por todas un cambio en nuestra Constitución que sirva para definir un sistema claro, diáfano y esclarecedor. Federal o autonómico. Con más competencias exclusivas o con menos. Con mayor o menor asimetría. Pero con unas reglas de juego comprensibles. Que cuando un jurista, ya provenga de Persia o de cualquier otro territorio, quiera conocer la organización territorial española, acuda a su Constitución y encuentre una idea certera y rigurosa de ella. Porque ahora el problema no es que abogados y politólogos de las lejanas tierras de Oriente se sientan confusos ante nuestro modelo de Estado, sino que a quienes llevamos décadas estudiándolo, enseñándolo y aplicándolo se nos está haciendo muy cuesta arriba seguir cargando con este cúmulo de contradicciones e incoherencias de las que nos hemos servido con empeño para regular nuestra convivencia.

 

Penas de telediario

cogotazoHace unos días se dio a conocer la noticia de que el Consejo General del Poder Judicial había dado la razón a un alcalde detenido por corrupción que reclamaba una indemnización por los daños infligidos durante su arresto a su imagen y a su esfera de intimidad. Los medios de comunicación captaron su rostro cuando dos policías le acompañaban esposado hacia el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad valenciana de Sagunto. Los hechos se remontan a mayo del año 2015, cuando en la denominada “trama del fuego” se inició una operación para investigar el supuesto cobro de comisiones ilegales mediante el amaño de contratas públicas para la venta de helicópteros antiincendios. Con ocasión de dicha operación, el exalcalde fue detenido y, al parecer, los periodistas pudieron tomar fotos del antiguo regidor escoltado y maniatado por la policía.

El razonamiento del órgano de los jueces se basa en la existencia de un protocolo de actuación que debe seguirse en las detenciones y traslados de los presos y detenidos y que, en este caso, no fue respetado por la Policía judicial, lo que propició que los medios de comunicación captasen imágenes del investigado en el exterior del Palacio de Justicia de Sagunto en tan comprometida situación. Los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) actuaban aquel día a las órdenes del juzgado como Policía judicial. De ahí se puede deducir que la responsabilidad de su actuación, al menos en parte, recaía en el Juez de Instrucción. Conforme al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “la detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla, así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información”.

Además de lo anterior, existen instrucciones del Ministerio del Interior para que las Fuerzas de Seguridad efectúen los traslados de detenidos y presos “proporcionándoles un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales”. El Consejo considera que, ni el citado artículo ni las mencionadas instrucciones, se observaron en aquella ocasión, admitiendo que debe indemnizarse a la persona que cursó la queja y que pide al Estado 40.000 euros por vulnerar sus derechos. Aquí, como en otros casos, han de conjugarse principios, reglas y derechos contrapuestos y difíciles de compaginar. El derecho a la información con el derecho a la intimidad, honor y propia imagen. La presunción de inocencia con la necesaria actividad de investigación y persecución de delitos. La imprescindible transparencia e información pública con la privacidad y los datos reservados. Esta amalgama de bases y fundamentos (en buena medida, confrontados) de nuestro modelo constitucional pretenden convivir en armonía en el mismo ordenamiento jurídico, aun siendo evidente que ninguno de ellos puede prevalecer sobre el resto ni puede proclamarse como absoluto, ya que ello supondría construir un círculo cuadrado, es decir, una figura imposible con la que se aspira a conseguir un fin y su contrario.

En ese sentido, desde el punto de vista de la libertad de prensa y del derecho a la información, cabría fijar la línea fronteriza entre la comunicación de noticias veraces y de relevancia pública con la mera difusión del morbo y el sensacionalismo. Esta misma diferenciación ya ha sido acogida por los tribunales. Así, la sentencia del Tribunal Supremo 587/2016 de 4 de octubre habla de “la conveniencia y necesidad de que la sociedad sea informada sobre sucesos de relevancia”, así como de la prevalencia del derecho a la información sobre otros, siempre y cuando no exista una “extralimitación morbosa” o una búsqueda y revelación de aspectos íntimos que no guarden relación con el hecho informativo.

Nuestros tribunales han reconocido también que las imágenes pueden ser un complemento necesario para la trasmisión de un hecho noticioso y, por ello, igualmente amparables que la letra impresa. Por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo 621/2004 de 1 de julio y del Tribunal Constitucional 72/2007 de 16 de abril incluyen las fotografías como parte del derecho a la información, prevaleciendo sobre el derecho a la propia imagen o a la intimidad cuando resulte asimismo “incuestionable que la información que se transmite es veraz y tiene evidente trascendencia pública”. El problema estriba en establecer esa línea claramente borrosa entre información y morbo, entre noticia y sensacionalismo, entre derecho a informar a la población y vulneración del honor, la intimidad y la imagen de un ciudadano. E, igualmente complejo es el reto de otorgar a las noticias un tratamiento similar y, a la par, ecuánime.

Así, con relación a los hechos referidos anteriormente, ¿se dio el mismo protagonismo periodístico a la detención que a la posterior decisión del juez de dejar en libertad sin fianza al exalcalde? O, en su caso, ¿tendrá la misma repercusión el inicio del proceso que su finalización, cuando dentro de unos años se dicte la resolución definitiva? Dado que es un asunto demasiado complicado y de una gran envergadura, la respuesta de la Justicia se dilatará en el tiempo. Como quiera que se trataba de una red organizada y con delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho de por medio, el juez de Sagunto se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, formándose una causa que, a estas alturas, reúne ya a una treintena de implicados. Quizás este asunto caiga en el olvido, a diferencia del tremendo revuelo que suscitó al comienzo de la investigación, relegando el seguimiento y posterior desenlace a una breve reseña en páginas interiores de los diarios. Pero, de ser así, tampoco se estaría informando correctamente a la ciudadanía.

 

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