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La libertad de prensa: un pilar dañado de la democracia

Recientemente, la organización “Reporteros Sin Fronteras” ha publicado su informe anual sobre la situación de la libertad de prensa en España, Europa y el mundo. Las conclusiones son alarmantes, sobre todo si se tiene en cuenta que habla de uno de los pilares sobre los que se sostiene un sistema democrático. El actualmente eurodiputado Jaromír Štětina perdió su trabajo como periodista durante la Primavera de Praga en 1968, y lleva muchas décadas luchando por este Derecho Fundamental. “Cuando la libertad de prensa termina, también lo hace la democracia”, asegura este miembro del Parlamento Europeo. La relevancia de la función informativa ha sido reconocida por nuestros tribunales, así como por las Cortes Internacionales destinadas a proteger y amparar los derechos y libertades, que son la esencia de los Estados Constitucionales.

El informe denuncia cómo la profesión periodística convive con los riesgos y peligros derivados de buscar y contar la verdad. Los 65 periodistas asesinados, los 54 secuestrados y los 326 detenidos en 2017 son buena prueba de ello. Y no son precisamente cifras que reflejen la realidad de zonas remotas del globo terráqueo. Uno de los casos más impactantes fue el brutal asesinato perpetrado con un coche bomba en Malta -el Estado más pequeño de la Unión Europea- de la periodista Daphne Caruana Galicia, que se hallaba volcada en la investigación de casos de corrupción en dicha isla mediterránea. También las tendencias autoritarias de algunos países miembros de la UE como Polonia y Hungría (en los que se distorsiona la separación de poderes) influyen muy negativamente en el trabajo de la prensa independiente, tornándolo cada día más difícil.

El citado informe también menciona directamente a España, realizando un especial hincapié en las coacciones que está generando el conflicto político en Cataluña. Se denuncia expresamente el linchamiento en las redes sociales (amenazas de muerte incluidas) del director del diario “El Periódico” y de uno de sus redactores, por publicar informaciones que no eran del gusto del Gobierno catalán. La propia organización “Reporteros Sin Fronteras” publicó el pasado 28 de septiembre un detallado dossier sobre las presiones que han sufrido durante los últimos dos años los profesionales de los medios no alineados editorialmente con el denominado “procés”. En el informe quedaron patentes los “señalamientos” de periodistas, siempre seguidos de ataques en las RRSS, ejercidos por parte del director de Comunicación Exterior de la Generalitat y del responsable de la campaña del partido Junts per Catalunya, así como por otros políticos independentistas.

Pero no acaban ahí las dificultades para la meritoria labor de los medios de comunicación. Las falsas noticias (conocidas como “fake-news”) no solo suponen un fraude cada vez más habitual, sino que resultan enormemente fáciles de fabricar y difundir. La propaganda, la intoxicación y la posverdad son peligrosas tendencias gestadas desde centros de poder con intereses muy concretos, que atacan la profesionalidad de aquellos medios de comunicación que se esfuerzan por construir una sociedad mejor informada. Si a esto se añade el aumento de la precariedad laboral del sector, todavía afectado por la transformación tecnológica en los modos de difundir y consumir las noticias, la única conclusión posible es que la erosión de este cimiento de la democracia debería preocuparnos, y mucho.

Para explicar su postura, el documento de RSF recurre a un pasaje de la periodista y filósofa Hannah Arendt que merece la pena reproducirse: “Los hechos y las opiniones, aunque deben mantenerse separados, no son antagónicos; pertenecen al mismo campo. Los hechos dan forma a las opiniones, y las opiniones, inspiradas por pasiones e intereses diversos, pueden divergir ampliamente y aun así ser legítimas mientras respeten la verdad factual. La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos”.

Desde una visión estrictamente jurídica, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha llegado a calificar a la prensa como el “perro guardián de las libertades”. En nuestro país, ya desde la temprana sentencia 6/1981, de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional viene subrayando la importancia de las libertades informativas para la democracia. La incorporación de la jurisprudencia norteamericana a nuestro sistema se aprecia con claridad en la sentencia 6/1988, de 21 de enero. Por lo tanto, siendo tan valiosa y vital la función periodística para un régimen de libertades, se la debería mimar y cuidar más, percibiendo como ataques hacia cada uno de nosotros las ofensivas que sufren los trabajadores que dedican su día a día a informarnos. En definitiva, a que seamos más libres.

Intimidad, privacidad y control en el ámbito laboral

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano jurisdiccional del Consejo de Europa, ha emitido recientemente una sentencia estimando la reclamación de cinco cajeras de un supermercado de Barcelona que fueron despedidas después de que la empresa descubriera, gracias a cámaras ocultas colocadas sin el conocimiento de sus empleados, los hurtos que ellas habían cometido en el establecimiento. A juicio del Alto Tribunal, dicho comportamiento empresarial supone una vulneración del derecho a la privacidad y, dado que los tribunales españoles no ampararon correctamente a las trabajadoras, obliga a España a indemnizar a cada una de ellas con la cantidad 4.500 euros.

De los siete magistrados de la Corte, seis argumentan en el fallo que el dueño del establecimiento vulneró el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce que “toda persona tiene derecho al respeto a su vida privada”. Sin embargo uno de ellos, el juez Dmitry Dedov, disiente de la opinión mayoritaria y expresa su desacuerdo, afirmando que la decisión contradice la anterior jurisprudencia del mismo Tribunal Europeo y que, además, el concepto de “privacidad” del mencionado precepto no tiene conexión con los hechos enjuiciados.

Aunque los despidos fueron confirmados por la justicia española, la sentencia concluye que los Estados miembros del Consejo de Europa tienen la obligación de tomar medidas para garantizar el respeto a la vida privada de los ciudadanos y, por ello, se tendrían que haber ponderado correctamente los derechos de las demandantes con la conducta del empresario. Sin embargo, el mismo tribunal desestimó por unanimidad que se hubiesen quebrantado las garantías de un juicio justo, ya que las grabaciones ocultas no fueron la única prueba valorada por los jueces españoles, sino que contaron también con las declaraciones de algunos testigos que respaldaron la existencia de las sustracciones.

Hace pocos meses el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitía otra resolución, de fecha 5 de septiembre de 2017, en el asunto Bărbulescu contra Rumanía, donde la Corte daba de nuevo la razón a un empleado en cuanto a la supervisión y vigilancia por parte de la empresa de sus comunicaciones electrónicas. En este otro asunto se razonó que la vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones se producía por no haber  informado previamente la empresa sobre dichas labores de control con relación a los correos corporativos. Si bien se afirmaba que el empleador tiene el derecho de fiscalizar el buen funcionamiento de la empresa y, por ello, de supervisar la forma en la que los empleados desempeñan sus tareas profesionales, no se puede reducir a cero la vida social privada en el lugar de trabajo, por lo que el derecho al respeto de dicha vida privada y la privacidad de la correspondencia continúan existiendo incluso en ese entorno laboral.

La diferencia entre ambas sentencias (y motivo del desacuerdo del juez Dmitry Dedov) estriba en el contenido de la privacidad que se dice vulnerada. Mientras que en el asunto por el que se condenó a Rumanía se hace referencia a mensajes que el trabajador había intercambiado con su hermano y su novia sobre cuestiones personales, como su salud o su vida sexual, en el caso español se alude al supuesto ilícito del hurto cometido en las instalaciones del centro de trabajo. El magistrado discrepante argumenta que, en este último caso, no puede hablarse de privacidad en el mismo sentido y contexto que en el primero, alegando para ello numerosa jurisprudencia anterior en la que se desestimaron las pretensiones de los trabajadores. No es descartable que esta sentencia que condena a España se recurra ante la Gran Sala, con el objetivo de revisar y aclarar la postura judicial de este órgano en relación a este espinoso asunto.

El Tribunal Constitucional español también ha sostenido al respecto una postura vacilante. Si en su sentencia de fecha 3 de marzo de 2016 avalaba la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en el puesto de trabajo sin ser necesario informar al trabajador y sin su previo consentimiento, con anterioridad había admitido la instalación de sistemas de grabación siempre que el trabajador fuese informado expresamente de que estaba siendo grabado y prestase tal consentimiento. Sin embargo,  en su resolución de 2016 rectifica la doctrina anterior, dando luz verde a que el empresario, como parte de la capacidad de vigilancia y control otorgada en el Estatuto de los Trabajadores, pueda instalar cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, aunque no cuente con el consentimiento expreso por parte del trabajador y sin que exista información específica sobre la grabación de imágenes.

El Tribunal Constitucional fundamenta este giro de su jurisprudencia en dos nuevas premisas. La primera, que en el ámbito laboral se considera que el consentimiento del trabajador se entiende implícito por el mero hecho de firmar el contrato de trabajo, es decir, que ya no es necesario que lo manifieste expresamente para ser grabado. Y la segunda, que basta una referencia informativa general sobre la existencia de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, aunque no se especifique concretamente su finalidad.

Finalmente, el T.C. matiza su cambio de postura al afirmar que cualquier tipo de restricción de los derechos fundamentales de los trabajadores debe cumplir un triple requisito: la necesidad basada en sospechas razonables sobre el ilícito cometido por el empleado, la idoneidad del método seleccionado susceptible de conseguir el objetivo propuesto y la proporcionalidad de la medida llevada a cabo.

En todo caso, se trata de un tema complicado con una regulación escasa y unas sentencias ambiguas, en ocasiones erráticas y poco clarificadoras. A buen seguro continuará provocando litigios y generando debate. La colisión entre derechos no siempre es fácil de resolver ni las soluciones adoptadas van en la misma dirección de forma invariable.

Debate político y aplicación del Derecho: Agua y aceite

Ya ha pasado la fecha del 1 de octubre. Como era de esperar, asistimos a un espectáculo lamentable y bochornoso que debería avergonzarnos como sociedad, como democracia y como Estado de Derecho. Pudimos reconocer al Presidente y al Vicepresidente del Ejecutivo catalán, a la Presidenta de su Parlamento y a varios rostros famosos depositando unos trozos de papel en recipientes habilitados a tal efecto. Presenciamos un simulacro de referéndum, en ausencia de censo electoral, con gente votando varias veces y sin las mínimas garantías elementales de cualquier consulta democrática. Los medios de comunicación trasladaban las imágenes de numerosos ciudadanos introduciendo papeletas en urnas callejeras sin ningún tipo de control, cajas supuestamente depositarias de impresos que aspiraban a considerarse votos y que, desplomadas en sus precipitados traslados, esparcían por la vía pública todo su contenido. Contemplamos cargas policiales, empujones y heridos. Vimos absolutamente de todo, excepto lo que corresponde ver en una sociedad democrática, madura y seria.

Recuerdo ahora a un profesor de mi etapa como estudiante universitario, una de cuyas frases más repetidas era que “lo obvio no se debe discutir”. ¡Pobre docente! Debe estar pasándolo francamente mal en estos tiempos en que lo más básico, lo más elemental y lo más evidente se niega y se rebate por la ignorancia (que es tan atrevida) o por el fanatismo (que no atiende a la lógica). Los humanos se jactan de ser la especie racional del planeta. Sin embargo, los argumentos para perder dicha condición se acumulan, suponiendo que fuera merecida en alguna época. Actuamos cada vez más a través de impulsos irracionales y de arrebatos incontrolados, cegados por una alienante obcecación. Quienes más gritan y quienes más insultan son los que mueven a las masas, ajenos a la reflexión, al estudio, a la meditación de las acciones y a las consecuencias de los actos.

La ilegalidad del referéndum convocado desde la Generalidad de Cataluña es patente y manifiesta. Hasta el propio Presidente del Gobierno vasco Iñigo Urkullu, al que nadie podrá tachar de centralista ni de defensor del Gobierno central, ha reconocido públicamente la ausencia de garantías de semejante consulta. Cientos de profesores universitarios de diferentes disciplinas han explicado y reiterado la improcedencia de los propósitos del Ejecutivo catalán. La Unión Europea y el Consejo de Europa también se han pronunciado en el mismo sentido. Y, sin embargo, el pasado día 1 hemos tenido que padecer una jornada dantesca que se recordará para siempre como una de las páginas más negras de nuestra Historia.

Por lo tanto, después de una catarsis colectiva de tal magnitud, considero muy necesario analizar algunas afirmaciones escuchadas hasta la saciedad que, en mi opinión, no ayudan a calibrar la cuestión correctamente.

1.- Primera afirmación: El problema catalán es un problema político, no jurídico.

Cierto, pero sólo en parte. Efectivamente, el debate sobre el modelo territorial del Estado, sobre la forma de financiación de las Comunidades Autónomas, sobre la reforma de la Constitución o sobre la posibilidad de que un concreto territorio se independice, son cuestiones políticas que pueden (y deben) abordarse en las correspondientes instituciones de la mano de los políticos de turno y, tanto hacerlo como no hacerlo, conlleva una serie de repercusiones. Hasta ahí, nada que alegar. Sin embargo, cuando algunos de esos actores deciden que el camino para lograr sus aspiraciones es saltarse la legalidad y cuando toman la consciente decisión de incumplir las sentencias y de vulnerar las normas, en ese preciso momento, se genera un problema jurídico paralelo al anterior que cuenta con sus propias reglas y procedimientos para ser solucionado. La premisa es bien sencilla. El razonamiento, simple. La fórmula, tan elemental como la tabla de multiplicar del dos: En un Estado Social y Democrático de Derecho se puede discutir sobre cambiar las normas pero, en tanto en cuanto no se modifiquen, se deben cumplir y respetar. De lo contrario, la maquinaria judicial y policial debe actuar.

2.- Segunda afirmación: Los procesos judiciales iniciados con motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre no acabarán con el problema catalán.

Completamente cierto, pero el objetivo de dichos procesos judiciales no es solucionar el problema catalán sino asegurar que las normas se cumplan mientras estén vigentes. Lo contrario supondría defender que, mientras unos políticos tratan de ponerse de acuerdo para encontrar la solución a una controversia de naturaleza política que contente a todos, el Estado de Derecho debe dejar de actuar, las normas deben dejar de tener vigencia y las sentencias deben dejar de aplicarse. Es obvio que las cosas no funcionan así. Se aplica la ley porque eso es lo que sucede en los Estados de Derecho. No para solventar enfrentamientos de índole política, sino como consecuencia ante un quebrantamiento normativo.

3.- Tercera afirmación: Se está judicializando en exceso el denominado problema catalán.

Cierto, y no deseable. Pero los responsables no son quienes persiguen el cumplimiento de las leyes, sino quienes las incumplen deliberada y reiteradamente. Los fiscales tienen la obligación de perseguir los delitos. Los jueces, la responsabilidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el deber de imponer el restablecimiento del orden perturbado y de perseguir las infracciones cometidas. No es una opción. Es una obligación. Cabría mejor preguntarse si se judicializa mucho porque se delinque mucho y, en ese caso, dirigir el dedo acusador hacia los poderes públicos catalanes, ya sea a su Presidente, a sus consejeros o a los alcaldes que, amparándose en el cargo, pensaban que sus actos iban a resultar impunes. He asistido atónito a algunos discursos en los que se recriminaba al Ministerio Fiscal por no quedarse de brazos cruzados ante flagrantes ilegalidades retransmitidas en directo por televisión, o en los que se presionaba a los jueces para que mirasen hacia otro lado, o en los que se insultaba a la Policía y a la Guardia Civil por el mero hecho de cumplir con su deber. Acto seguido, se vomitaban proclamas culpabilizando a quienes trabajan para que se respeten las reglas de convivencia de ser los que crean y agravan el problema. Y, mientras tanto, aquellos que indiscriminadamente vulneran los derechos y normas son calificados de víctimas y mártires en un sermón que jamás puede ser pronunciado por ningún defensor de un modelo de libertades y de un sistema basado en el Derecho.

4.- Cuarta afirmación: Se ha actuado con desproporción por parte del Estado.

Ante este escenario se ha tildado de “desproporción” la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se han dado de frente con personas que se negaban a cumplir sus órdenes y a acatar los requerimientos judiciales. Cabe volver a recordar (porque parece haberse olvidado) que el Estado ostenta el legítimo monopolio del uso de la fuerza. Y debe quedar claro que no es una particularidad de España, sino que sucede en cualquier país del globo terráqueo. La proporción en los métodos empleados y en las acciones realizadas por la policía se debe valorar teniendo en cuenta el bien que se pretende tutelar y el supuesto daños producido o, en otras palabras, que no se genere un daño superior al bien que pretenden amparar. A aquellas personas que se echan las manos a la cabeza cuando la policía usa la fuerza ante el incumplimiento reiterado de las sentencias y de las órdenes legalmente dictadas, les pido que citen algún lugar en el mundo donde, ante situaciones similares, no suceda lo mismo. Los que critican la actuación policial defienden en realidad la impunidad de actuar al margen de la ley y sus discursos, revestidos de pacifismo y de bondad, no son más que alegatos interesados de quienes buscan salirse con la suya a cualquier precio. Y por mucho que griten, insulten o amedrenten, ese “salirse con la suya” equivale a operar al margen de la legalidad sin ninguna consecuencia. Si aceptamos que la vía de los hechos consumados se imponga sobre las normas, hemos fracasado como Estado de Derecho.

En resumen, es cierto que se parte de un problema político. Cierto que, durante décadas, los Gobiernos del Estado han sido irresponsables, cobardes e ineptos a la hora de abordar un problema que se veía venir de lejos. Cierto que, Constitución incluida, muchos aspectos deben ser mejorados. Y cierto también que el diálogo es necesario. Pero este conjunto de afirmaciones no puede ocultar otra igualmente obvia: en un Estado Social y Democrático de Derecho las normas, mientras estén vigentes, deben cumplirse. Por ello, situarse al margen de la legalidad no convierte a nadie en libertador, mártir o romántico revolucionario sino, en su caso, en un delincuente. La política va por un lado y el cumplimiento del Derecho, por otro. Pueden estar conectados, pero no se mezclan. Como el agua y el aceite.

La política como problema, la política como solución.

Uno de los principales problemas de nuestro modelo democrático (y tiene muchos) es la tendencia de la Política a fagocitar cualquier ámbito de actuación. Como si de una plaga invasiva se tratase, a los políticos no les basta con su medio natural (el Parlamento, el Ejecutivo, las diferentes Administraciones…) sino que pretenden conquistar otros territorios que, en pura lógica, les deberían estar vedados. Amparados en la torpe y falaz excusa de la legitimidad que les otorga el hecho de ser representantes populares, aspiran a controlar los medios de comunicación, los órganos de gobierno de los jueces, las cajas de ahorro o las empresas públicas, llevando la dialéctica partidista, las estrategias electorales y los fanatismos de carnet a los Consejos de Administración y a determinadas esferas que nada tienen que ver con los intereses de sus formaciones políticas.

Y si lo referente a la relación de representación entre elector y elegido pasa por momentos delicados, trasladar esa legitimidad a otros órganos manifiestamente alejados del terreno de la Política es una insensatez que deriva en una nefasta gestión, unas pérdidas económicas inasumibles y unos servicios prestados lastrados por el partidismo. Tal fenómeno ha supuesto el trasvase de gran dosis de la mediocridad política al mundo empresarial, judicial e informativo pero, sobre todo, ha provocado la conversión de numerosos entornos técnicos y profesionales en meras máquinas al servicio del interés particular de los dirigentes de turno, y esa extensión desproporcionada de lo político repercute de modo muy dañino sobre el normal funcionamiento del Estado.

Se acaba de votar en el Congreso de los Diputados un nuevo sistema de nombramientos del Consejo de la Corporación de Radio Televisión Española, con el propósito de eliminar la eterna y largamente constatada complicidad entre el medio y las fuerzas mayoritarias. En un principio, se proponía la selección por una mayoría de dos tercios de las Cámaras y, de no lograrse dicho apoyo, se procedería a una segunda votación en la que los candidatos podrían ser designados por una mayoría absoluta, siempre y cuando su candidatura hubiera sido propuesta por, al menos, la mitad de los grupos parlamentarios. Pero al final, tras su paso por el Senado, se modificó lo pactado inicialmente para imponer otras mayorías.

Sin embargo, la controversia primordial no estriba en la implantación de una u otra mayoría cualificada, sino en la traslación de la composición de esas Asambleas a ámbitos ajenos al Parlamento. Los partidos aspiran a colocar en esos cargos a miembros afines ideológicamente, simpatizantes o, directamente, militantes, tergiversando así la naturaleza jurídica de los órganos y aplicándoles una capa de barniz que, en ninguno caso, deberían lucir.

Los ciudadanos somos plenamente conscientes de la parcialidad informativa de todas las cadenas públicas (sean estatales o autonómicas) y de la designación de determinados puestos con el ánimo de devolver favores, mantener cuotas de influencia o difundir postulados ideológicos a través de la programación. Por lo tanto, ni una mayoría de dos tercios ni una de tres quintos van a resolver el fondo del asunto. No dudo de que pueda existir una figura de consenso que sepa actuar con profesionalidad, al margen de presiones y manipulaciones, pero los antecedentes no son esperanzadores y la propensión a repartirse el pastel es más que evidente.

A nadie se le escapa el lamentable, bochornoso y, en ocasiones, delictivo espectáculo ofrecido por las Cajas de Ahorro a cuenta de esa tozuda y enfermiza idea de mutar cualquier órgano colegiado en una caricatura del Parlamento o en un cortijo de las formaciones políticas. Como muestra, el escrito de acusación del fiscal del denominado “caso Bankia”, en el que manifiesta que los Consejos de Administración de las Cajas estaban “muy politizados” y eran “poco profesionales”. Es más, afirma que “adoptaron determinadas decisiones en perjuicio de las entidades administradas”. Evidentemente, no se trata de un comportamiento imputable sólo a esa concreta entidad financiera, sino un estilo común y habitual en otras muchas de infausto recuerdo. Es una evidencia tan innegable como la de mirar hacia otro lado y no asumir culpas por el atroz saqueo. De hecho, la Comisión de Investigación parlamentaria que evaluará el rescate de las Cajas no tiene previsto depurar las responsabilidades de los cargos públicos en cuanto a sus quiebras. Incluida en un principio entre sus objetivos, ahora no aparece en la propuesta que su presidenta (la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas) ha enviado a los grupos parlamentarios.

Muy similar es lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial o con el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lejos de ser una apreciación personal (que también), queda confirmada por organismos internacionales y por quienes analizan el tema sin fanatismos ni militancias. Sirva como ejemplo el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), cuando critica con dureza a España por no garantizar la independencia del CGPJ. Recuerda al Estado español que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados”. Además, nuestro país encabeza el ranking europeo de desconfianza en cuanto al modo de nombramiento de cargos judiciales, de acuerdo con la percepción que los propios jueces reflejan en el último informe de la Red Europea de Consejos de Justicia sobre Independencia, Responsabilidad y Calidad del Poder Judicial. En él se denuncia que los jueces españoles observan sus ascensos más politizados y justifica el recelo de la Judicatura española con relación al CGPJ y al Gobierno.

Mención aparte merecen las sesiones en las que los candidatos al puesto comparecen ante alguna comisión parlamentaria llamada a evaluar su valía. La sumisión enfermiza de diputados y senadores a la disciplina de partido y la nula capacidad para llevar a cabo una adecuada valoración técnica convierten esas pruebas en una vergonzosa parodia de lo que deberían ser y no son.

No es mi intención demonizar la Política, pero sí circunscribirla a su esfera propia e impedir que conquiste espacios que no le corresponde ocupar. Convertir órganos o instituciones públicas en terrenos aptos para hacer política es un grave error que termina infectando a nuestro sistema constitucional y, para no incurrir en él, debemos inmunizarlo de este virus.

Inconstitucionalidades de juguete

Recientemente se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la amnistía fiscal que promovió el Gobierno de España en 2012. En concreto, anula el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, calificado eufemísticamente como “por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público”. En principio, la razón de tal decisión es principalmente formal, ya que se fundamenta en el tipo de norma utilizada para aprobar dicha amnistía más que en la propia decisión en sí. Dicho de otra manera, los motivos que mueven a los Magistrados se basan en la utilización de un Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo en vez de a una ley aprobada por las Cortes Generales.
La resolución del Alto Tribunal concluye categóricamente que la medida gubernamental ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 de la Constitución, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Siendo esa su repercusión, es obvio que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico a través de una norma excepcional como es el Decreto-Ley, que observa unas limitaciones de las que carecen las leyes aprobadas por el Parlamento.
Pero lo más llamativo de la decisión del Constitucional figura al final de la misma. Tras razonar pormenorizadamente sus disquisiciones jurídicas para concluir que la norma es inconstitucional y tras desmenuzar a lo largo de veinte folios previos una serie de argumentos y teorías sobre valores constitucionales que conllevan la nulidad radical de los preceptos impugnados, dedica apenas un par de líneas para afirmar que, pese a lo manifestado con anterioridad, dicha inconstitucionalidad no tendrá ningún efecto para las amnistías ya concedidas que resulten firmes, todo ello amparándose en la excusa del principio de seguridad jurídica. Es decir, que en la teoría todo estaba mal y era nulo, pero en la práctica aquellas amnistías injustas e inconstitucionales serán efectivas y cumplirán su objetivo.
Las escasas palabras dedicadas a justificar la ausencia de efectos de la resolución se resumen en una lacónica frase: “Por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica deben declararse no susceptibles de ser revisadas las situaciones jurídico-tributarias firmes”. Habría que pararse a reflexionar sobre dos cuestiones: ¿la seguridad jurídica de quién? y ¿de qué seguridad jurídica habla la sentencia? Respecto de la primera, la respuesta es evidente. Sólo se refiere a la seguridad jurídica de los defraudadores tributarios que se han acogido a la amnistía fiscal inconstitucional. Respecto de la segunda, no queda nada clara. Parece referirse a la protección de la confianza de cualquier ciudadano que se acoge a una ley cuya validez se presupone. Y, si fuera así, la regla general debería ser la prohibición de cualquier efecto retroactivo ante una nulidad e inconstitucionalidad proclamadas. Pero resulta que es la excepción. Por lo tanto, en mi opinión, esta medida adoptada por el Tribunal Constitucional, en lugar de proteger la seguridad jurídica, la conculca.

No es la primera vez que esto ocurre. En su Sentencia 169/2016, de 6 de octubre, se declaró inconstitucional y nulo el art. 1.1 del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se concedían créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros para atender al pago de programas especiales de armamento. Sin embargo, también se declaró que, no obstante el grave vicio de la norma, no procedía revisar los gastos ya efectuados y consolidados antes de emitir su sentencia. Lo mismo sucedió con la Sentencia 126/2016, de 7 de julio, en la que se decidió muy solemnemente la nulidad de varios apartados del Real Decreto-Ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se concedían créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los presupuestos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para, acto seguido, manifestar que, aun así, no procedía retrotraer los usos ilegales de dichos fondos ni reintegrar dinero alguno.
Se declara, pues, una inconstitucionalidad carente de consecuencias ni repercusiones, ni para quienes la cometen ni para quienes se benefician de ella, demostrando así que numerosas decisiones del Tribunal Constitucional no son más que meras declaraciones retóricas y teóricas, pero sin efectos acordes a las graves irregularidades proclamadas. Una especie de inconstitucionalidad de juguete, paralela a la inconstitucionalidad real de otras sentencias que sí conllevan una clara repercusión en la práctica.
También resulta muy revelador constatar el tiempo que ha tardado el Órgano Jurisdiccional en dictar esta resolución: nada menos que cinco años después de aprobarse el Real Decreto-Ley. Semejante tardanza ha propiciado que, efectivamente, esas amnistías fiscales sean ya firmes. Pero ha sido, en gran medida, la lentitud del T.C. en su respuesta la que ha favorecido esa impunidad fiscal que llevaba implícitos unos vicios jurídicos tan relevantes. Desde luego, visto lo visto, da la sensación de que en España sale más a cuenta incumplir y vulnerar las normas que ser respetuoso con ellas. Desgraciadamente, así nos va.

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