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Debate político y aplicación del Derecho: Agua y aceite

Ya ha pasado la fecha del 1 de octubre. Como era de esperar, asistimos a un espectáculo lamentable y bochornoso que debería avergonzarnos como sociedad, como democracia y como Estado de Derecho. Pudimos reconocer al Presidente y al Vicepresidente del Ejecutivo catalán, a la Presidenta de su Parlamento y a varios rostros famosos depositando unos trozos de papel en recipientes habilitados a tal efecto. Presenciamos un simulacro de referéndum, en ausencia de censo electoral, con gente votando varias veces y sin las mínimas garantías elementales de cualquier consulta democrática. Los medios de comunicación trasladaban las imágenes de numerosos ciudadanos introduciendo papeletas en urnas callejeras sin ningún tipo de control, cajas supuestamente depositarias de impresos que aspiraban a considerarse votos y que, desplomadas en sus precipitados traslados, esparcían por la vía pública todo su contenido. Contemplamos cargas policiales, empujones y heridos. Vimos absolutamente de todo, excepto lo que corresponde ver en una sociedad democrática, madura y seria.

Recuerdo ahora a un profesor de mi etapa como estudiante universitario, una de cuyas frases más repetidas era que “lo obvio no se debe discutir”. ¡Pobre docente! Debe estar pasándolo francamente mal en estos tiempos en que lo más básico, lo más elemental y lo más evidente se niega y se rebate por la ignorancia (que es tan atrevida) o por el fanatismo (que no atiende a la lógica). Los humanos se jactan de ser la especie racional del planeta. Sin embargo, los argumentos para perder dicha condición se acumulan, suponiendo que fuera merecida en alguna época. Actuamos cada vez más a través de impulsos irracionales y de arrebatos incontrolados, cegados por una alienante obcecación. Quienes más gritan y quienes más insultan son los que mueven a las masas, ajenos a la reflexión, al estudio, a la meditación de las acciones y a las consecuencias de los actos.

La ilegalidad del referéndum convocado desde la Generalidad de Cataluña es patente y manifiesta. Hasta el propio Presidente del Gobierno vasco Iñigo Urkullu, al que nadie podrá tachar de centralista ni de defensor del Gobierno central, ha reconocido públicamente la ausencia de garantías de semejante consulta. Cientos de profesores universitarios de diferentes disciplinas han explicado y reiterado la improcedencia de los propósitos del Ejecutivo catalán. La Unión Europea y el Consejo de Europa también se han pronunciado en el mismo sentido. Y, sin embargo, el pasado día 1 hemos tenido que padecer una jornada dantesca que se recordará para siempre como una de las páginas más negras de nuestra Historia.

Por lo tanto, después de una catarsis colectiva de tal magnitud, considero muy necesario analizar algunas afirmaciones escuchadas hasta la saciedad que, en mi opinión, no ayudan a calibrar la cuestión correctamente.

1.- Primera afirmación: El problema catalán es un problema político, no jurídico.

Cierto, pero sólo en parte. Efectivamente, el debate sobre el modelo territorial del Estado, sobre la forma de financiación de las Comunidades Autónomas, sobre la reforma de la Constitución o sobre la posibilidad de que un concreto territorio se independice, son cuestiones políticas que pueden (y deben) abordarse en las correspondientes instituciones de la mano de los políticos de turno y, tanto hacerlo como no hacerlo, conlleva una serie de repercusiones. Hasta ahí, nada que alegar. Sin embargo, cuando algunos de esos actores deciden que el camino para lograr sus aspiraciones es saltarse la legalidad y cuando toman la consciente decisión de incumplir las sentencias y de vulnerar las normas, en ese preciso momento, se genera un problema jurídico paralelo al anterior que cuenta con sus propias reglas y procedimientos para ser solucionado. La premisa es bien sencilla. El razonamiento, simple. La fórmula, tan elemental como la tabla de multiplicar del dos: En un Estado Social y Democrático de Derecho se puede discutir sobre cambiar las normas pero, en tanto en cuanto no se modifiquen, se deben cumplir y respetar. De lo contrario, la maquinaria judicial y policial debe actuar.

2.- Segunda afirmación: Los procesos judiciales iniciados con motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre no acabarán con el problema catalán.

Completamente cierto, pero el objetivo de dichos procesos judiciales no es solucionar el problema catalán sino asegurar que las normas se cumplan mientras estén vigentes. Lo contrario supondría defender que, mientras unos políticos tratan de ponerse de acuerdo para encontrar la solución a una controversia de naturaleza política que contente a todos, el Estado de Derecho debe dejar de actuar, las normas deben dejar de tener vigencia y las sentencias deben dejar de aplicarse. Es obvio que las cosas no funcionan así. Se aplica la ley porque eso es lo que sucede en los Estados de Derecho. No para solventar enfrentamientos de índole política, sino como consecuencia ante un quebrantamiento normativo.

3.- Tercera afirmación: Se está judicializando en exceso el denominado problema catalán.

Cierto, y no deseable. Pero los responsables no son quienes persiguen el cumplimiento de las leyes, sino quienes las incumplen deliberada y reiteradamente. Los fiscales tienen la obligación de perseguir los delitos. Los jueces, la responsabilidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el deber de imponer el restablecimiento del orden perturbado y de perseguir las infracciones cometidas. No es una opción. Es una obligación. Cabría mejor preguntarse si se judicializa mucho porque se delinque mucho y, en ese caso, dirigir el dedo acusador hacia los poderes públicos catalanes, ya sea a su Presidente, a sus consejeros o a los alcaldes que, amparándose en el cargo, pensaban que sus actos iban a resultar impunes. He asistido atónito a algunos discursos en los que se recriminaba al Ministerio Fiscal por no quedarse de brazos cruzados ante flagrantes ilegalidades retransmitidas en directo por televisión, o en los que se presionaba a los jueces para que mirasen hacia otro lado, o en los que se insultaba a la Policía y a la Guardia Civil por el mero hecho de cumplir con su deber. Acto seguido, se vomitaban proclamas culpabilizando a quienes trabajan para que se respeten las reglas de convivencia de ser los que crean y agravan el problema. Y, mientras tanto, aquellos que indiscriminadamente vulneran los derechos y normas son calificados de víctimas y mártires en un sermón que jamás puede ser pronunciado por ningún defensor de un modelo de libertades y de un sistema basado en el Derecho.

4.- Cuarta afirmación: Se ha actuado con desproporción por parte del Estado.

Ante este escenario se ha tildado de “desproporción” la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se han dado de frente con personas que se negaban a cumplir sus órdenes y a acatar los requerimientos judiciales. Cabe volver a recordar (porque parece haberse olvidado) que el Estado ostenta el legítimo monopolio del uso de la fuerza. Y debe quedar claro que no es una particularidad de España, sino que sucede en cualquier país del globo terráqueo. La proporción en los métodos empleados y en las acciones realizadas por la policía se debe valorar teniendo en cuenta el bien que se pretende tutelar y el supuesto daños producido o, en otras palabras, que no se genere un daño superior al bien que pretenden amparar. A aquellas personas que se echan las manos a la cabeza cuando la policía usa la fuerza ante el incumplimiento reiterado de las sentencias y de las órdenes legalmente dictadas, les pido que citen algún lugar en el mundo donde, ante situaciones similares, no suceda lo mismo. Los que critican la actuación policial defienden en realidad la impunidad de actuar al margen de la ley y sus discursos, revestidos de pacifismo y de bondad, no son más que alegatos interesados de quienes buscan salirse con la suya a cualquier precio. Y por mucho que griten, insulten o amedrenten, ese “salirse con la suya” equivale a operar al margen de la legalidad sin ninguna consecuencia. Si aceptamos que la vía de los hechos consumados se imponga sobre las normas, hemos fracasado como Estado de Derecho.

En resumen, es cierto que se parte de un problema político. Cierto que, durante décadas, los Gobiernos del Estado han sido irresponsables, cobardes e ineptos a la hora de abordar un problema que se veía venir de lejos. Cierto que, Constitución incluida, muchos aspectos deben ser mejorados. Y cierto también que el diálogo es necesario. Pero este conjunto de afirmaciones no puede ocultar otra igualmente obvia: en un Estado Social y Democrático de Derecho las normas, mientras estén vigentes, deben cumplirse. Por ello, situarse al margen de la legalidad no convierte a nadie en libertador, mártir o romántico revolucionario sino, en su caso, en un delincuente. La política va por un lado y el cumplimiento del Derecho, por otro. Pueden estar conectados, pero no se mezclan. Como el agua y el aceite.

La política como problema, la política como solución.

Uno de los principales problemas de nuestro modelo democrático (y tiene muchos) es la tendencia de la Política a fagocitar cualquier ámbito de actuación. Como si de una plaga invasiva se tratase, a los políticos no les basta con su medio natural (el Parlamento, el Ejecutivo, las diferentes Administraciones…) sino que pretenden conquistar otros territorios que, en pura lógica, les deberían estar vedados. Amparados en la torpe y falaz excusa de la legitimidad que les otorga el hecho de ser representantes populares, aspiran a controlar los medios de comunicación, los órganos de gobierno de los jueces, las cajas de ahorro o las empresas públicas, llevando la dialéctica partidista, las estrategias electorales y los fanatismos de carnet a los Consejos de Administración y a determinadas esferas que nada tienen que ver con los intereses de sus formaciones políticas.

Y si lo referente a la relación de representación entre elector y elegido pasa por momentos delicados, trasladar esa legitimidad a otros órganos manifiestamente alejados del terreno de la Política es una insensatez que deriva en una nefasta gestión, unas pérdidas económicas inasumibles y unos servicios prestados lastrados por el partidismo. Tal fenómeno ha supuesto el trasvase de gran dosis de la mediocridad política al mundo empresarial, judicial e informativo pero, sobre todo, ha provocado la conversión de numerosos entornos técnicos y profesionales en meras máquinas al servicio del interés particular de los dirigentes de turno, y esa extensión desproporcionada de lo político repercute de modo muy dañino sobre el normal funcionamiento del Estado.

Se acaba de votar en el Congreso de los Diputados un nuevo sistema de nombramientos del Consejo de la Corporación de Radio Televisión Española, con el propósito de eliminar la eterna y largamente constatada complicidad entre el medio y las fuerzas mayoritarias. En un principio, se proponía la selección por una mayoría de dos tercios de las Cámaras y, de no lograrse dicho apoyo, se procedería a una segunda votación en la que los candidatos podrían ser designados por una mayoría absoluta, siempre y cuando su candidatura hubiera sido propuesta por, al menos, la mitad de los grupos parlamentarios. Pero al final, tras su paso por el Senado, se modificó lo pactado inicialmente para imponer otras mayorías.

Sin embargo, la controversia primordial no estriba en la implantación de una u otra mayoría cualificada, sino en la traslación de la composición de esas Asambleas a ámbitos ajenos al Parlamento. Los partidos aspiran a colocar en esos cargos a miembros afines ideológicamente, simpatizantes o, directamente, militantes, tergiversando así la naturaleza jurídica de los órganos y aplicándoles una capa de barniz que, en ninguno caso, deberían lucir.

Los ciudadanos somos plenamente conscientes de la parcialidad informativa de todas las cadenas públicas (sean estatales o autonómicas) y de la designación de determinados puestos con el ánimo de devolver favores, mantener cuotas de influencia o difundir postulados ideológicos a través de la programación. Por lo tanto, ni una mayoría de dos tercios ni una de tres quintos van a resolver el fondo del asunto. No dudo de que pueda existir una figura de consenso que sepa actuar con profesionalidad, al margen de presiones y manipulaciones, pero los antecedentes no son esperanzadores y la propensión a repartirse el pastel es más que evidente.

A nadie se le escapa el lamentable, bochornoso y, en ocasiones, delictivo espectáculo ofrecido por las Cajas de Ahorro a cuenta de esa tozuda y enfermiza idea de mutar cualquier órgano colegiado en una caricatura del Parlamento o en un cortijo de las formaciones políticas. Como muestra, el escrito de acusación del fiscal del denominado “caso Bankia”, en el que manifiesta que los Consejos de Administración de las Cajas estaban “muy politizados” y eran “poco profesionales”. Es más, afirma que “adoptaron determinadas decisiones en perjuicio de las entidades administradas”. Evidentemente, no se trata de un comportamiento imputable sólo a esa concreta entidad financiera, sino un estilo común y habitual en otras muchas de infausto recuerdo. Es una evidencia tan innegable como la de mirar hacia otro lado y no asumir culpas por el atroz saqueo. De hecho, la Comisión de Investigación parlamentaria que evaluará el rescate de las Cajas no tiene previsto depurar las responsabilidades de los cargos públicos en cuanto a sus quiebras. Incluida en un principio entre sus objetivos, ahora no aparece en la propuesta que su presidenta (la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas) ha enviado a los grupos parlamentarios.

Muy similar es lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial o con el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lejos de ser una apreciación personal (que también), queda confirmada por organismos internacionales y por quienes analizan el tema sin fanatismos ni militancias. Sirva como ejemplo el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), cuando critica con dureza a España por no garantizar la independencia del CGPJ. Recuerda al Estado español que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados”. Además, nuestro país encabeza el ranking europeo de desconfianza en cuanto al modo de nombramiento de cargos judiciales, de acuerdo con la percepción que los propios jueces reflejan en el último informe de la Red Europea de Consejos de Justicia sobre Independencia, Responsabilidad y Calidad del Poder Judicial. En él se denuncia que los jueces españoles observan sus ascensos más politizados y justifica el recelo de la Judicatura española con relación al CGPJ y al Gobierno.

Mención aparte merecen las sesiones en las que los candidatos al puesto comparecen ante alguna comisión parlamentaria llamada a evaluar su valía. La sumisión enfermiza de diputados y senadores a la disciplina de partido y la nula capacidad para llevar a cabo una adecuada valoración técnica convierten esas pruebas en una vergonzosa parodia de lo que deberían ser y no son.

No es mi intención demonizar la Política, pero sí circunscribirla a su esfera propia e impedir que conquiste espacios que no le corresponde ocupar. Convertir órganos o instituciones públicas en terrenos aptos para hacer política es un grave error que termina infectando a nuestro sistema constitucional y, para no incurrir en él, debemos inmunizarlo de este virus.

Inconstitucionalidades de juguete

Recientemente se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la amnistía fiscal que promovió el Gobierno de España en 2012. En concreto, anula el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, calificado eufemísticamente como “por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público”. En principio, la razón de tal decisión es principalmente formal, ya que se fundamenta en el tipo de norma utilizada para aprobar dicha amnistía más que en la propia decisión en sí. Dicho de otra manera, los motivos que mueven a los Magistrados se basan en la utilización de un Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo en vez de a una ley aprobada por las Cortes Generales.
La resolución del Alto Tribunal concluye categóricamente que la medida gubernamental ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 de la Constitución, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Siendo esa su repercusión, es obvio que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico a través de una norma excepcional como es el Decreto-Ley, que observa unas limitaciones de las que carecen las leyes aprobadas por el Parlamento.
Pero lo más llamativo de la decisión del Constitucional figura al final de la misma. Tras razonar pormenorizadamente sus disquisiciones jurídicas para concluir que la norma es inconstitucional y tras desmenuzar a lo largo de veinte folios previos una serie de argumentos y teorías sobre valores constitucionales que conllevan la nulidad radical de los preceptos impugnados, dedica apenas un par de líneas para afirmar que, pese a lo manifestado con anterioridad, dicha inconstitucionalidad no tendrá ningún efecto para las amnistías ya concedidas que resulten firmes, todo ello amparándose en la excusa del principio de seguridad jurídica. Es decir, que en la teoría todo estaba mal y era nulo, pero en la práctica aquellas amnistías injustas e inconstitucionales serán efectivas y cumplirán su objetivo.
Las escasas palabras dedicadas a justificar la ausencia de efectos de la resolución se resumen en una lacónica frase: “Por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica deben declararse no susceptibles de ser revisadas las situaciones jurídico-tributarias firmes”. Habría que pararse a reflexionar sobre dos cuestiones: ¿la seguridad jurídica de quién? y ¿de qué seguridad jurídica habla la sentencia? Respecto de la primera, la respuesta es evidente. Sólo se refiere a la seguridad jurídica de los defraudadores tributarios que se han acogido a la amnistía fiscal inconstitucional. Respecto de la segunda, no queda nada clara. Parece referirse a la protección de la confianza de cualquier ciudadano que se acoge a una ley cuya validez se presupone. Y, si fuera así, la regla general debería ser la prohibición de cualquier efecto retroactivo ante una nulidad e inconstitucionalidad proclamadas. Pero resulta que es la excepción. Por lo tanto, en mi opinión, esta medida adoptada por el Tribunal Constitucional, en lugar de proteger la seguridad jurídica, la conculca.

No es la primera vez que esto ocurre. En su Sentencia 169/2016, de 6 de octubre, se declaró inconstitucional y nulo el art. 1.1 del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se concedían créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros para atender al pago de programas especiales de armamento. Sin embargo, también se declaró que, no obstante el grave vicio de la norma, no procedía revisar los gastos ya efectuados y consolidados antes de emitir su sentencia. Lo mismo sucedió con la Sentencia 126/2016, de 7 de julio, en la que se decidió muy solemnemente la nulidad de varios apartados del Real Decreto-Ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se concedían créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los presupuestos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para, acto seguido, manifestar que, aun así, no procedía retrotraer los usos ilegales de dichos fondos ni reintegrar dinero alguno.
Se declara, pues, una inconstitucionalidad carente de consecuencias ni repercusiones, ni para quienes la cometen ni para quienes se benefician de ella, demostrando así que numerosas decisiones del Tribunal Constitucional no son más que meras declaraciones retóricas y teóricas, pero sin efectos acordes a las graves irregularidades proclamadas. Una especie de inconstitucionalidad de juguete, paralela a la inconstitucionalidad real de otras sentencias que sí conllevan una clara repercusión en la práctica.
También resulta muy revelador constatar el tiempo que ha tardado el Órgano Jurisdiccional en dictar esta resolución: nada menos que cinco años después de aprobarse el Real Decreto-Ley. Semejante tardanza ha propiciado que, efectivamente, esas amnistías fiscales sean ya firmes. Pero ha sido, en gran medida, la lentitud del T.C. en su respuesta la que ha favorecido esa impunidad fiscal que llevaba implícitos unos vicios jurídicos tan relevantes. Desde luego, visto lo visto, da la sensación de que en España sale más a cuenta incumplir y vulnerar las normas que ser respetuoso con ellas. Desgraciadamente, así nos va.

Sentencias anónimas y sociedad informada

Una de las diferencias de criterio más llamativas entre los tribunales encargados de la defensa de los derechos fundamentales se está produciendo con ocasión de la publicación y difusión de sus sentencias. Así, los denominados “tribunales ordinarios”, encuadrados dentro del Poder Judicial y con el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los mismos, se están decantando por publicar sus resoluciones ocultando los nombres de las personas implicadas. Las partes del proceso no verán, pues, sus identidades en los repertorios de jurisprudencia, sino que serán sustituidas por otras inventadas aleatoriamente. El objetivo de esta medida es preservar la intimidad e imagen de los afectados, quedando sus controversias y pleitos en un singular anonimato. Por el contrario, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no siguen esa misma pauta y continúan, salvo excepciones motivadas, dando a conocer sus fallos y decisiones sin ocultar a los protagonistas de los casos enjuiciados.

Muy llamativa fue la publicación de la sentencia del denominado caso “Nóos”, en la que la Infanta Cristina, si se consulta el texto divulgado por el C.G.P.J. y las bases de datos oficiales, pasa a ser “Doña Eva”, Iñaki Urdangarin es reemplazado por “Don Julio” y Jaume Matas se convierte en “Don Bernardo”. La razón de tal comportamiento se argumenta en una combinación de la normativa sobre la protección de datos y los derechos a la intimidad de los interesados. Tal razonamiento pudiera tener cierta lógica y algún sentido jurídico para la población que no ostenta ningún cargo público, o para los ciudadanos que son simples particulares sin vinculación alguna con un puesto de relevancia social. Sin embargo, la medida, además de discutible, se vuelve absurda e ineficaz cuando se trata de procedimientos judiciales que presentan un notorio interés general para la ciudadanía e implican a puestos institucionales, políticos o de evidente trascendencia pública, sobre todo si la sentencia se ha dictado tras semanas, meses o años de constante información periodística.

Pretender que todo eso caiga en el olvido y que los hechos enjuiciados y sentenciados pasen a la Historia completamente desprovistos de la mención a sus protagonistas es, además de una quimera absurda, un flaco favor a la idea de sociedad informada que debe presidir toda democracia. En el asunto puesto como ejemplo, defender que, a estas alturas, la gente olvide el procedimiento en el que se vio inmersa una Infanta en la línea de sucesión a la Corona o, más aún, que se pretenda hacer pasar por “Doña Eva” a “Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia”, no sólo es un sinsentido. Además, supone un obvio paso atrás en la línea jurisprudencial, que siempre ha establecido la importancia de una sociedad informada en una democracia consolidada.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantienen una línea argumental diferente. Para ellos, prima el derecho a la información y la relevancia pública de los casos enjuiciados. Tan sólo en casos excepcionales y motivados se sustituyen las identidades. Así, en el Boletín Oficial del Estado del pasado 27 de julio de 2015, se publicó el Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales. Conforme al mismo, tan sólo se preservará de oficio el anonimato de los menores y de las personas que requieran un especial deber de tutela, como el de las víctimas de delitos de cuya difusión se deriven especiales perjuicios. Fuera de esos supuestos, para afectar a la exigencia constitucional de publicidad de sus resoluciones que se establece en el artículo 164 de la Constitución, será la parte la que deba solicitarlo y argumentarlo en el momento de formular la demanda o en el de su personación ante el Tribunal. En ese caso, el órgano jurisdiccional, a partir de la ponderación de circunstancias debidamente acreditadas concurrentes en el caso, resolverá lo que considere oportuno pero, si accede a la petición, no se inventará nombres, sino que se pondrán las iniciales correspondientes.

Este problema ya se ha debatido en varias ocasiones. En el año 2006, un particular implicado en un proceso de separación con diversas denuncias por delitos solicitó al Tribunal Constitucional que se publicasen sólo las iniciales de las partes. Sin embargo, en su sentencia 114/2006 de 5 de abril de 2006, el  Constitucional denegó tal petición basándose en la necesaria publicidad de sus sentencias, así como en la transparencia de su actuación. Tan sólo en supuestos muy tasados se ha procedido a la ocultación de las identidades. Por ejemplo, en las sentencias 185/2002, de 14 de octubre y 127/2003, de 30 de junio (consideró legítimo omitir la identificación de las víctimas de delitos sexuales); en las 7/1994, de 17 de enero, y 221/2002, de 25 de noviembre, (también llegó a la misma conclusión al referirse a menores en procesos de filiación, desamparo, adopción y custodia); o en el caso de las sentencias 288/2000, de 27 de noviembre, y 30/2005, de 14 de febrero (al afectar a menores autores de delitos). Fuera de esos supuestos, la postura del T.C. es contraria a la ocultación de los datos de los protagonistas de sus resoluciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos asume la misma doctrina que el Tribunal Constitucional.

Para complicar todavía más el asunto, la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), organismo encargado de velar por la protección de la privacidad, mantiene una postura muy discutible con relación a este tema. En su Resolución 01239/2007 dejó dicho que “las Sentencias no son públicas, ni se publican para general conocimiento, aunque en virtud del derecho de información, como en el caso que se examina, existan noticias relacionadas con el denunciante y los hechos”.

Semejante afirmación, en mi opinión, se aproxima al disparate. La publicidad de las sentencias constituye un instrumento de garantía de la independencia de los tribunales y de su actuación conforme a Derecho, por cuanto estos principios se refuerzan mediante el conocimiento de dicha actuación de los tribunales por los ciudadanos, y debe considerarse estrechamente ligada a la protección de los derechos fundamentales inherentes al ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces y tribunales. Estas palabras no son mías, sino que constan en la sentencia del Tribunal Supremo 1191/2008, de 22 de diciembre. Si a lo anterior añadimos el contenido del artículo 120 de nuestra Constitución, que consagra la publicidad, no sólo de las sentencias, sino, en general, de las actuaciones judiciales, se podrá entender mi crítica a la postura de la Agencia Española de Protección de Datos.

Termino con una frase del Tribunal Supremo Norteamericano, que ya se pronunció en 1948 sobre los beneficios de la publicidad de las actuaciones y resoluciones de los tribunales: “esta garantía es una salvaguardia contra cualquier intento de usar a los tribunales como medios de persecución. Saber que cada juicio está sujeto a la revisión de la opinión pública constituye un control efectivo sobre los posibles abusos del poder judicial”.

La postura contraria, pese a revestirse de la aparente bondad de preservar la intimidad e imagen de los afectados, puede suponer en realidad una seria fractura de las garantías de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y de la importancia de la información para su supervivencia.

La perplejidad del jurista persa

Uno de los textos más famosos entre los estudiosos del Derecho en general y del Derecho Constitucional en particular fue escrito por el catedrático de dicha disciplina, Pedro Cruz Villalón (Magistrado -y también Presidente- del Tribunal Constitucional durante casi una década). La citada obra, publicada primero como artículo en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid a principios de los ochenta y varios lustros después como libro, llevaba en el título el sugestivo nombre de “la curiosidad del jurista persa”. Su punto de partida parecía sacado de un cuento, ya que se iniciaba relatando que, en un rincón de Persia, habitaba un jurista que, carente de cualquier tipo de información acerca de España, se veía invadido por una curiosidad repentina de aprender (y entender) cuál era la estructura territorial de nuestro Estado. Como profesional jurídico y observador imparcial, se afanaba en leer nuestra Constitución para, de la forma más objetiva posible, sin influencias torticeras ni manipulaciones interesadas, comprender cómo habíamos decidido los españoles organizarnos desde el punto de vista territorial. Sin embargo, debido a lo impreciso, inacabado, ambiguo y abierto de nuestra Carta Magna, la pretensión de aquel letrado de Oriente nunca llegaba a cumplirse.

Han pasado casi cuarenta años desde la promulgación de la vigente Constitución, y treinta y cinco desde la publicación de las aventuras del curioso jurista persa. Y el hecho es que, bien entrado ya el siglo XXI, considero que aquel personaje creado por Cruz Villalón, una vez analizada la realidad española, habrá dejado atrás su curiosidad para dar paso a un estado de inusitada incredulidad o, más aún, de contundente perplejidad.

A estas alturas continuamos inmersos en una amalgama de principios inacabados y conceptos equívocos (cuando no, directamente, contradictorios), que alientan discursos encontrados (en ocasiones, hasta disparatados) y que, además, generan una gran inseguridad jurídica que termina trasladándose a los Tribunales y a la sociedad.

Este laberinto competencial en el que nos hemos extraviado (propiciado por muchas Administraciones consideradas competentes para regular una misma materia y por una avalancha de normas salidas de competencias exclusivas, compartidas o concurrentes) ha degenerado en un complejo jeroglífico, a menudo indescifrable, que condena a funcionarios, ciudadanos y Poderes Públicos a situaciones paradójicas y a pleitos de futuro incierto.

A todo lo anterior se añade el juego de los discursos plagados de términos eufemísticos y de ideas sin un contenido mínimamente cierto e indubitado. Estado, Nación, Nación de naciones, nacionalidades, regiones, soberanía, cosoberanía, autonomía, Estado libre asociado, relaciones de bilateralidad, federalismo, federalismo asimétrico, Estado indivisible, Estado divisible… Todo parece estar permitido en nuestra Carta Magna. Cualquier concepto parece tener cabida dentro de la literalidad del texto aprobado en el año 1978. La idéntica norma que lleva a unos a defender la unidad de España, sirve a otros para argumentar la procedencia de referéndums independentistas. Sobre la base de los mismos preceptos, unos consideran que vivimos en un Estado federal de facto, mientras que otros rechazan tal denominación. La pretendida ambigüedad conceptual que facilitó que ideologías de lo más diverso se sintieran cómodas bajo el paraguas constitucional, está generando en la actualidad unas tensiones insostenibles.

El jurista persa, pues, ya no sale de su asombro ante determinados episodios que tienen lugar en nuestro país. Yo tampoco. Conductas propiciadas y alentadas por algunos gobernantes (en demasiadas ocasiones aplaudidas y vitoreadas por sus fieles devotos) han traspasado la línea de lo esperpéntico para adentrarse sin rubor en el ámbito de lo delictivo. No es que tan sólo se discuta entre un modelo u otro de organización territorial, sino que se está poniendo en grave riesgo la esencia de la calificación como tal de Estado de Derecho.

Por ello, urge abordar de una vez por todas un cambio en nuestra Constitución que sirva para definir un sistema claro, diáfano y esclarecedor. Federal o autonómico. Con más competencias exclusivas o con menos. Con mayor o menor asimetría. Pero con unas reglas de juego comprensibles. Que cuando un jurista, ya provenga de Persia o de cualquier otro territorio, quiera conocer la organización territorial española, acuda a su Constitución y encuentre una idea certera y rigurosa de ella. Porque ahora el problema no es que abogados y politólogos de las lejanas tierras de Oriente se sientan confusos ante nuestro modelo de Estado, sino que a quienes llevamos décadas estudiándolo, enseñándolo y aplicándolo se nos está haciendo muy cuesta arriba seguir cargando con este cúmulo de contradicciones e incoherencias de las que nos hemos servido con empeño para regular nuestra convivencia.

 

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