Category Archives: Derecho

Sentencias anónimas y sociedad informada

Una de las diferencias de criterio más llamativas entre los tribunales encargados de la defensa de los derechos fundamentales se está produciendo con ocasión de la publicación y difusión de sus sentencias. Así, los denominados “tribunales ordinarios”, encuadrados dentro del Poder Judicial y con el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los mismos, se están decantando por publicar sus resoluciones ocultando los nombres de las personas implicadas. Las partes del proceso no verán, pues, sus identidades en los repertorios de jurisprudencia, sino que serán sustituidas por otras inventadas aleatoriamente. El objetivo de esta medida es preservar la intimidad e imagen de los afectados, quedando sus controversias y pleitos en un singular anonimato. Por el contrario, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no siguen esa misma pauta y continúan, salvo excepciones motivadas, dando a conocer sus fallos y decisiones sin ocultar a los protagonistas de los casos enjuiciados.

Muy llamativa fue la publicación de la sentencia del denominado caso “Nóos”, en la que la Infanta Cristina, si se consulta el texto divulgado por el C.G.P.J. y las bases de datos oficiales, pasa a ser “Doña Eva”, Iñaki Urdangarin es reemplazado por “Don Julio” y Jaume Matas se convierte en “Don Bernardo”. La razón de tal comportamiento se argumenta en una combinación de la normativa sobre la protección de datos y los derechos a la intimidad de los interesados. Tal razonamiento pudiera tener cierta lógica y algún sentido jurídico para la población que no ostenta ningún cargo público, o para los ciudadanos que son simples particulares sin vinculación alguna con un puesto de relevancia social. Sin embargo, la medida, además de discutible, se vuelve absurda e ineficaz cuando se trata de procedimientos judiciales que presentan un notorio interés general para la ciudadanía e implican a puestos institucionales, políticos o de evidente trascendencia pública, sobre todo si la sentencia se ha dictado tras semanas, meses o años de constante información periodística.

Pretender que todo eso caiga en el olvido y que los hechos enjuiciados y sentenciados pasen a la Historia completamente desprovistos de la mención a sus protagonistas es, además de una quimera absurda, un flaco favor a la idea de sociedad informada que debe presidir toda democracia. En el asunto puesto como ejemplo, defender que, a estas alturas, la gente olvide el procedimiento en el que se vio inmersa una Infanta en la línea de sucesión a la Corona o, más aún, que se pretenda hacer pasar por “Doña Eva” a “Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia”, no sólo es un sinsentido. Además, supone un obvio paso atrás en la línea jurisprudencial, que siempre ha establecido la importancia de una sociedad informada en una democracia consolidada.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantienen una línea argumental diferente. Para ellos, prima el derecho a la información y la relevancia pública de los casos enjuiciados. Tan sólo en casos excepcionales y motivados se sustituyen las identidades. Así, en el Boletín Oficial del Estado del pasado 27 de julio de 2015, se publicó el Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales. Conforme al mismo, tan sólo se preservará de oficio el anonimato de los menores y de las personas que requieran un especial deber de tutela, como el de las víctimas de delitos de cuya difusión se deriven especiales perjuicios. Fuera de esos supuestos, para afectar a la exigencia constitucional de publicidad de sus resoluciones que se establece en el artículo 164 de la Constitución, será la parte la que deba solicitarlo y argumentarlo en el momento de formular la demanda o en el de su personación ante el Tribunal. En ese caso, el órgano jurisdiccional, a partir de la ponderación de circunstancias debidamente acreditadas concurrentes en el caso, resolverá lo que considere oportuno pero, si accede a la petición, no se inventará nombres, sino que se pondrán las iniciales correspondientes.

Este problema ya se ha debatido en varias ocasiones. En el año 2006, un particular implicado en un proceso de separación con diversas denuncias por delitos solicitó al Tribunal Constitucional que se publicasen sólo las iniciales de las partes. Sin embargo, en su sentencia 114/2006 de 5 de abril de 2006, el  Constitucional denegó tal petición basándose en la necesaria publicidad de sus sentencias, así como en la transparencia de su actuación. Tan sólo en supuestos muy tasados se ha procedido a la ocultación de las identidades. Por ejemplo, en las sentencias 185/2002, de 14 de octubre y 127/2003, de 30 de junio (consideró legítimo omitir la identificación de las víctimas de delitos sexuales); en las 7/1994, de 17 de enero, y 221/2002, de 25 de noviembre, (también llegó a la misma conclusión al referirse a menores en procesos de filiación, desamparo, adopción y custodia); o en el caso de las sentencias 288/2000, de 27 de noviembre, y 30/2005, de 14 de febrero (al afectar a menores autores de delitos). Fuera de esos supuestos, la postura del T.C. es contraria a la ocultación de los datos de los protagonistas de sus resoluciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos asume la misma doctrina que el Tribunal Constitucional.

Para complicar todavía más el asunto, la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), organismo encargado de velar por la protección de la privacidad, mantiene una postura muy discutible con relación a este tema. En su Resolución 01239/2007 dejó dicho que “las Sentencias no son públicas, ni se publican para general conocimiento, aunque en virtud del derecho de información, como en el caso que se examina, existan noticias relacionadas con el denunciante y los hechos”.

Semejante afirmación, en mi opinión, se aproxima al disparate. La publicidad de las sentencias constituye un instrumento de garantía de la independencia de los tribunales y de su actuación conforme a Derecho, por cuanto estos principios se refuerzan mediante el conocimiento de dicha actuación de los tribunales por los ciudadanos, y debe considerarse estrechamente ligada a la protección de los derechos fundamentales inherentes al ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces y tribunales. Estas palabras no son mías, sino que constan en la sentencia del Tribunal Supremo 1191/2008, de 22 de diciembre. Si a lo anterior añadimos el contenido del artículo 120 de nuestra Constitución, que consagra la publicidad, no sólo de las sentencias, sino, en general, de las actuaciones judiciales, se podrá entender mi crítica a la postura de la Agencia Española de Protección de Datos.

Termino con una frase del Tribunal Supremo Norteamericano, que ya se pronunció en 1948 sobre los beneficios de la publicidad de las actuaciones y resoluciones de los tribunales: “esta garantía es una salvaguardia contra cualquier intento de usar a los tribunales como medios de persecución. Saber que cada juicio está sujeto a la revisión de la opinión pública constituye un control efectivo sobre los posibles abusos del poder judicial”.

La postura contraria, pese a revestirse de la aparente bondad de preservar la intimidad e imagen de los afectados, puede suponer en realidad una seria fractura de las garantías de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y de la importancia de la información para su supervivencia.

La perplejidad del jurista persa

Uno de los textos más famosos entre los estudiosos del Derecho en general y del Derecho Constitucional en particular fue escrito por el catedrático de dicha disciplina, Pedro Cruz Villalón (Magistrado -y también Presidente- del Tribunal Constitucional durante casi una década). La citada obra, publicada primero como artículo en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid a principios de los ochenta y varios lustros después como libro, llevaba en el título el sugestivo nombre de “la curiosidad del jurista persa”. Su punto de partida parecía sacado de un cuento, ya que se iniciaba relatando que, en un rincón de Persia, habitaba un jurista que, carente de cualquier tipo de información acerca de España, se veía invadido por una curiosidad repentina de aprender (y entender) cuál era la estructura territorial de nuestro Estado. Como profesional jurídico y observador imparcial, se afanaba en leer nuestra Constitución para, de la forma más objetiva posible, sin influencias torticeras ni manipulaciones interesadas, comprender cómo habíamos decidido los españoles organizarnos desde el punto de vista territorial. Sin embargo, debido a lo impreciso, inacabado, ambiguo y abierto de nuestra Carta Magna, la pretensión de aquel letrado de Oriente nunca llegaba a cumplirse.

Han pasado casi cuarenta años desde la promulgación de la vigente Constitución, y treinta y cinco desde la publicación de las aventuras del curioso jurista persa. Y el hecho es que, bien entrado ya el siglo XXI, considero que aquel personaje creado por Cruz Villalón, una vez analizada la realidad española, habrá dejado atrás su curiosidad para dar paso a un estado de inusitada incredulidad o, más aún, de contundente perplejidad.

A estas alturas continuamos inmersos en una amalgama de principios inacabados y conceptos equívocos (cuando no, directamente, contradictorios), que alientan discursos encontrados (en ocasiones, hasta disparatados) y que, además, generan una gran inseguridad jurídica que termina trasladándose a los Tribunales y a la sociedad.

Este laberinto competencial en el que nos hemos extraviado (propiciado por muchas Administraciones consideradas competentes para regular una misma materia y por una avalancha de normas salidas de competencias exclusivas, compartidas o concurrentes) ha degenerado en un complejo jeroglífico, a menudo indescifrable, que condena a funcionarios, ciudadanos y Poderes Públicos a situaciones paradójicas y a pleitos de futuro incierto.

A todo lo anterior se añade el juego de los discursos plagados de términos eufemísticos y de ideas sin un contenido mínimamente cierto e indubitado. Estado, Nación, Nación de naciones, nacionalidades, regiones, soberanía, cosoberanía, autonomía, Estado libre asociado, relaciones de bilateralidad, federalismo, federalismo asimétrico, Estado indivisible, Estado divisible… Todo parece estar permitido en nuestra Carta Magna. Cualquier concepto parece tener cabida dentro de la literalidad del texto aprobado en el año 1978. La idéntica norma que lleva a unos a defender la unidad de España, sirve a otros para argumentar la procedencia de referéndums independentistas. Sobre la base de los mismos preceptos, unos consideran que vivimos en un Estado federal de facto, mientras que otros rechazan tal denominación. La pretendida ambigüedad conceptual que facilitó que ideologías de lo más diverso se sintieran cómodas bajo el paraguas constitucional, está generando en la actualidad unas tensiones insostenibles.

El jurista persa, pues, ya no sale de su asombro ante determinados episodios que tienen lugar en nuestro país. Yo tampoco. Conductas propiciadas y alentadas por algunos gobernantes (en demasiadas ocasiones aplaudidas y vitoreadas por sus fieles devotos) han traspasado la línea de lo esperpéntico para adentrarse sin rubor en el ámbito de lo delictivo. No es que tan sólo se discuta entre un modelo u otro de organización territorial, sino que se está poniendo en grave riesgo la esencia de la calificación como tal de Estado de Derecho.

Por ello, urge abordar de una vez por todas un cambio en nuestra Constitución que sirva para definir un sistema claro, diáfano y esclarecedor. Federal o autonómico. Con más competencias exclusivas o con menos. Con mayor o menor asimetría. Pero con unas reglas de juego comprensibles. Que cuando un jurista, ya provenga de Persia o de cualquier otro territorio, quiera conocer la organización territorial española, acuda a su Constitución y encuentre una idea certera y rigurosa de ella. Porque ahora el problema no es que abogados y politólogos de las lejanas tierras de Oriente se sientan confusos ante nuestro modelo de Estado, sino que a quienes llevamos décadas estudiándolo, enseñándolo y aplicándolo se nos está haciendo muy cuesta arriba seguir cargando con este cúmulo de contradicciones e incoherencias de las que nos hemos servido con empeño para regular nuestra convivencia.

 

Penas de telediario

cogotazoHace unos días se dio a conocer la noticia de que el Consejo General del Poder Judicial había dado la razón a un alcalde detenido por corrupción que reclamaba una indemnización por los daños infligidos durante su arresto a su imagen y a su esfera de intimidad. Los medios de comunicación captaron su rostro cuando dos policías le acompañaban esposado hacia el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad valenciana de Sagunto. Los hechos se remontan a mayo del año 2015, cuando en la denominada “trama del fuego” se inició una operación para investigar el supuesto cobro de comisiones ilegales mediante el amaño de contratas públicas para la venta de helicópteros antiincendios. Con ocasión de dicha operación, el exalcalde fue detenido y, al parecer, los periodistas pudieron tomar fotos del antiguo regidor escoltado y maniatado por la policía.

El razonamiento del órgano de los jueces se basa en la existencia de un protocolo de actuación que debe seguirse en las detenciones y traslados de los presos y detenidos y que, en este caso, no fue respetado por la Policía judicial, lo que propició que los medios de comunicación captasen imágenes del investigado en el exterior del Palacio de Justicia de Sagunto en tan comprometida situación. Los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) actuaban aquel día a las órdenes del juzgado como Policía judicial. De ahí se puede deducir que la responsabilidad de su actuación, al menos en parte, recaía en el Juez de Instrucción. Conforme al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “la detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla, así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información”.

Además de lo anterior, existen instrucciones del Ministerio del Interior para que las Fuerzas de Seguridad efectúen los traslados de detenidos y presos “proporcionándoles un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales”. El Consejo considera que, ni el citado artículo ni las mencionadas instrucciones, se observaron en aquella ocasión, admitiendo que debe indemnizarse a la persona que cursó la queja y que pide al Estado 40.000 euros por vulnerar sus derechos. Aquí, como en otros casos, han de conjugarse principios, reglas y derechos contrapuestos y difíciles de compaginar. El derecho a la información con el derecho a la intimidad, honor y propia imagen. La presunción de inocencia con la necesaria actividad de investigación y persecución de delitos. La imprescindible transparencia e información pública con la privacidad y los datos reservados. Esta amalgama de bases y fundamentos (en buena medida, confrontados) de nuestro modelo constitucional pretenden convivir en armonía en el mismo ordenamiento jurídico, aun siendo evidente que ninguno de ellos puede prevalecer sobre el resto ni puede proclamarse como absoluto, ya que ello supondría construir un círculo cuadrado, es decir, una figura imposible con la que se aspira a conseguir un fin y su contrario.

En ese sentido, desde el punto de vista de la libertad de prensa y del derecho a la información, cabría fijar la línea fronteriza entre la comunicación de noticias veraces y de relevancia pública con la mera difusión del morbo y el sensacionalismo. Esta misma diferenciación ya ha sido acogida por los tribunales. Así, la sentencia del Tribunal Supremo 587/2016 de 4 de octubre habla de “la conveniencia y necesidad de que la sociedad sea informada sobre sucesos de relevancia”, así como de la prevalencia del derecho a la información sobre otros, siempre y cuando no exista una “extralimitación morbosa” o una búsqueda y revelación de aspectos íntimos que no guarden relación con el hecho informativo.

Nuestros tribunales han reconocido también que las imágenes pueden ser un complemento necesario para la trasmisión de un hecho noticioso y, por ello, igualmente amparables que la letra impresa. Por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo 621/2004 de 1 de julio y del Tribunal Constitucional 72/2007 de 16 de abril incluyen las fotografías como parte del derecho a la información, prevaleciendo sobre el derecho a la propia imagen o a la intimidad cuando resulte asimismo “incuestionable que la información que se transmite es veraz y tiene evidente trascendencia pública”. El problema estriba en establecer esa línea claramente borrosa entre información y morbo, entre noticia y sensacionalismo, entre derecho a informar a la población y vulneración del honor, la intimidad y la imagen de un ciudadano. E, igualmente complejo es el reto de otorgar a las noticias un tratamiento similar y, a la par, ecuánime.

Así, con relación a los hechos referidos anteriormente, ¿se dio el mismo protagonismo periodístico a la detención que a la posterior decisión del juez de dejar en libertad sin fianza al exalcalde? O, en su caso, ¿tendrá la misma repercusión el inicio del proceso que su finalización, cuando dentro de unos años se dicte la resolución definitiva? Dado que es un asunto demasiado complicado y de una gran envergadura, la respuesta de la Justicia se dilatará en el tiempo. Como quiera que se trataba de una red organizada y con delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho de por medio, el juez de Sagunto se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, formándose una causa que, a estas alturas, reúne ya a una treintena de implicados. Quizás este asunto caiga en el olvido, a diferencia del tremendo revuelo que suscitó al comienzo de la investigación, relegando el seguimiento y posterior desenlace a una breve reseña en páginas interiores de los diarios. Pero, de ser así, tampoco se estaría informando correctamente a la ciudadanía.

 

Instituciones lentas, problemas eternos

descargaHace apenas unos días se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la creación de una Subcomisión para el estudio de la reforma de la Ley Electoral del Estado. La medida, promovida por el PSOE y Ciudadanos, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PNV. En el ámbito autonómico también existen propuestas similares. Sin ir más lejos, se ha abierto en Canarias otra Comisión de Estudio para la modificación de su sistema electoral, mundialmente conocido por sus elevados niveles de desproporción, desigualdad del valor del voto y aplicación de altísimas y duplicadas barreras electorales, que colocan a nuestro archipiélago a la cabeza de las normativas electorales más injustas del planeta.

En este concreto asunto, lo más llamativo es el plazo de tiempo que venimos arrastrando los problemas que de él se derivan. Y es que estas deficiencias en la representatividad de nuestros parlamentarios se remontan ya varias décadas atrás. En realidad, a los mismos orígenes de nuestro actual modelo constitucional. Así, la configuración del actual sistema electoral proviene de una norma preconstitucional, la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, cuyos principios fueron recogidos de forma prácticamente íntegra en el Real Decreto-Ley 20/1977 de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas. Posteriormente, la Constitución de 1978 elevó a rango constitucional los aspectos sustanciales del citado Decreto-Ley. En el marco de la referida previsión constitucional, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General, reguló de forma concreta el sistema electoral español diseñado en la Transición. Al cabo de varias décadas, con más experiencia y, sobre todo, tras descubrir los fallos y los déficits de aquella primera regulación, resulta necesario afrontar los cambios para garantizar una serie de valores y principios que actualmente se encuentran muy difuminados, por no decir caricaturizados.

Se suele atribuir a Napoleón Bonaparte la siguiente frase: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable. Si quieres que el problema perdure, crea una Comisión”. Ciertamente, los antecedentes referidos a otras Comisiones no son muy halagüeños. En el año 2012, por ejemplo, se anunció la constitución de una destinada a estudiar la supuesta modificación del Senado para convertirlo en lo que realmente debería ser: una Cámara de representación territorial. Casi cinco años después, no existen resultados efectivos de la misma. Cada legislatura finaliza sin acuerdo y, tras la celebración de nuevas elecciones, la tarea se retoma con escasas esperanzas.

Los datos que invitan a ser pesimista y a no esperar a corto plazo un mejorado sistema electoral a nivel nacional son varios. Para empezar, dicha Subcomisión no posee capacidad legislativa y tan sólo emitirá un dictamen con conclusiones a la finalización de sus trabajos. Durante la última legislatura del presidente Zapatero, y por espacio de dos años, una Subcomisión del Congreso de los Diputados ya abordó sin éxito la reforma de la Ley Electoral. Además, los fuertes reparos de los partidos mayoritarios (que son mayoritarios, precisamente, a causa del actual sistema electoral) no invitan a pensar que vayan a  poner facilidades para aumentar ni la proporcionalidad ni la igualdad del valor del voto.

En el fondo, estamos hablando de un problema político. De hecho, cuando existe voluntad por parte de los partidos, las leyes se reforman con celeridad. Baste recordar la reciente modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que las Elecciones Generales no se celebraran el día de Navidad. Se tramitó y aprobó con extrema rapidez, en apenas unos meses. Es obvio que, desde el punto de vista jurídico, los problemas de nuestro sistema electoral están más que estudiados desde hace largo tiempo y se vienen denunciando sistemáticamente por numerosos profesionales de diversas disciplinas del Derecho. Si hubiera un verdadero interés en resolver este asunto, no se debería prolongar década tras década. Es por ello que esa imagen de lentitud que transmiten las instituciones, decididas a eternizar determinados problemas por razones de estrategia partidista, cala profundamente en la ciudadanía. Y con mucha razón.

En todo caso, procede aplaudir y apoyar estas comisiones (la nacional y las autonómicas) ya en marcha, aunque también urge exigirles soluciones efectivas a corto y medio plazo. De lo contrario, Napoleón tendría razón cuando afirmaba que recurrir a estos comités no era más que una cortina de humo para distraer la atención de la ciudadanía.

Los objetivos de la Subcomisión son ambiciosos y el ámbito del debate muy amplio. Así, entre las cuestiones a estudiar, se encuentran las siguientes:  mejorar la capacidad de la ciudadanía de expresar su voluntad en los procesos electorales, facilitando un mayor grado de decisión de los electores sobre quiénes han de ser finalmente sus representantes, con el desbloqueo de las listas electorales mediante el establecimiento de un sistema de preferencias; avanzar hacia el objetivo de conseguir una presencia cada vez más equilibrada de ambos sexos en el ámbito de la representación política, profundizando en el camino ya abierto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre; mejorar la capacidad de participación política de los españoles residentes en el exterior, constatada la injusticia de un modelo que ha hecho disminuir notablemente la participación electoral de este colectivo, mediante la supresión del voto rogado; abordar las reformas e impulsar los medios necesarios para facilitar el voto electrónico; posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto de las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo; regular la celebración de debates electorales; buscar instrumentos que permitan el ejercicio de una rendición de cuentas individual de los candidatos y fomentar la vinculación directa de todos ellos, no sólo de los cabezas de lista, con sus electores; o abrir el debate sobre el derecho de sufragio de los jóvenes mayores de 16 años. Son todos temas importantes y que podrían mejorar notablemente la calidad de nuestra democracia.

Dos de los objetivos que se persiguen, tanto a nivel nacional como canario, son mejorar la proporcionalidad de la representación de la población según el territorio y paliar los déficits de igualdad en el valor del voto. La manifiesta descompensación que existe entre la población y el territorio produce distorsiones que merecen ser corregidas. Tanto el Congreso de los Diputados como los Parlamentos Autonómicos son cámaras legislativas que representan al pueblo. Esa es su naturaleza y su esencia. La inclusión de elementos territoriales en dichas asambleas es lícita, pero siempre y cuando no desvirtúen su verdadera razón de ser.

Como ha señalado el Consejo de Estado en un informe emitido en 2009 sobre propuestas de modificación del Régimen Electoral General, el principio de igualdad de voto no agota su significado en la igualdad formal en el ejercicio del derecho de sufragio sino que, además, exige una igualdad sustancial de los votos emitidos, de forma que todos ellos tengan un similar peso para la obtención de representación. Sin embargo, actualmente el valor del voto difiere de manera ostensible en función de la circunscripción en la que se ejerza el derecho de sufragio. Ese mismo Consejo de Estado apuntó en el citado texto que la correspondencia entre el número de escaños y el número papeletas de algunas candidaturas electorales genera hoy en día importantes desajustes que afectan a la igualdad de oportunidades de los partidos. El sistema electoral del Congreso de los Diputados se caracteriza por una importante restricción de la proporcionalidad, beneficiando a los partidos que concentran sus votos en determinadas circunscripciones y penalizando la dispersión de los mismos, aunque se trate de partidos que en el cómputo nacional obtienen mayor apoyo popular.

En el concreto caso de Canarias, la situación es especialmente dramática. Nuestra Constitución establece un principio de proporcionalidad en la representación de las Asambleas Legislativas en función de la población, consecuencia lógica de su función primordial de representación del pueblo. Sin embargo, hasta la fecha se ha prescindido de dicho elemento a la hora de configurar nuestro sistema, primando las equivalencias territoriales sobre las poblacionales y creándose en la práctica una especie de Senado o Cámara territorial cuando, en teoría y con la normativa en la mano, debería ser una Cámara que representase al pueblo de Canarias.

Nuestra realidad se basa en un elemento geográfico insular y en una distribución nada homogénea de la población. En torno al ochenta y dos por ciento de los canarios residen en las dos islas capitalinas, mientras que el dieciocho por ciento restante habita en las cinco islas no capitalinas. Sin embargo, Tenerife y Gran Canaria eligen exactamente los mismos diputados que las denominadas islas periféricas. Tomando los datos del censo electoral de los últimos comicios celebrados en el archipiélago, 1.386.537 personas con derecho a sufragio eligen a 30 diputados, mientras que 274.735 ciudadanos eligen a los otros 30 diputados. Esta manifiesta descompensación genera una distrofia del sistema y desnaturaliza el Parlamento.

Sin duda, el problema trasciende al mero debate político y académico, y produce efectos prácticos muy relevantes que afectan a la calidad de nuestra democracia. Es por esa deformación de nuestras reglas electorales por lo que, al final, el tercer partido en número de votos se convierte en el primero en número escaños, y candidaturas con cincuenta y cuatro mil votos se quedan sin representación  parlamentaria, mientras que otras con cinco mil obtienen tres diputados. Dicho de otra manera, nuestro sistema electoral manipula la voluntad de la ciudadanía canaria expresada en las urnas y configura una composición de la institución parlamentaria distorsionada y sin la imprescindible conexión directa con lo manifestado en las urnas el día de las elecciones.

Como se refleja en el texto de la citada propuesta aprobada en el Congreso, una reforma electoral puede constituir un instrumento adecuado para mejorar la calidad democrática y, específicamente, puede ayudar a mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de su representación política. Por lo tanto, manos a la obra. Sin pausa y con rigor. Son ya demasiados años de retraso en una cuestión tan trascendental para cualquier Democracia.

 

Redes sociales y derecho a la propia imagen

img_agarcial_20160708-193223_imagenes_lv_otras_fuentes_facebook-kYjD-U41749127339xsB-992x558@LaVanguardia-WebHace apenas una semana se ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso por parte de los medios de comunicación de fotografías sacadas de perfiles abiertos en las redes sociales. En concreto, el asunto se remonta a una demanda interpuesta por un ciudadano contra el periódico “La Opinión de Zamora”, con motivo de la publicación de una noticia relativa a un hecho violento que tuvo lugar en la citada localidad castellana y que se ilustró con la imagen de uno de los implicados extraída de Facebook. El demandante solicitó de la Justicia una condena para dicho diario por una supuesta intromisión ilegítima en dos de sus derechos fundamentales (a la intimidad y a la propia imagen).

Si bien el Tribunal Supremo rechazó finalmente que la actuación del medio de comunicación vulnerase el derecho a la intimidad, sí consideró que se conculcó el derecho a la propia imagen. El Alto Tribunal considera que el hecho de subir una fotografía a una red social haciéndola accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento de su titular. Afirman los magistrados que la finalidad de una cuenta abierta en una red social es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan acceder al contenido de dicha cuenta e interactuar con su titular, pero no que la imagen se pueda publicar en un periódico.

Sin embargo, a mi juicio, en esta decisión no se ha ponderado suficientemente el derecho a la información, que también está implicado en la controversia. Como en muchos otros supuestos donde colisionan entre sí varios Derechos Fundamentales (el de la libertad con el de la seguridad, el del honor con el de la libertad de expresión, etc.) se debe llevar a cabo un análisis de los intereses y valores constitucionalmente en juego para, finalmente, darle la primacía a uno de ellos en función de las circunstancias del caso.

Dado que el Tribunal Supremo se decantó por la preferencia del derecho a la información del periódico frente al derecho a la intimidad del ciudadano, basándose para ello en la veracidad de la noticia, su relevancia pública, su acomodo a los usos sociales (más concretamente, a los cánones de las crónicas de sucesos) y a la ausencia de cualquier tipo de extralimitación morbosa, tendría que haber procedido de igual forma para decidir sobre el otro derecho supuestamente afectado (el de la propia imagen).

El derecho a la propia imagen hace referencia a la facultad que todos tenemos de reproducirla y, al mismo tiempo, de negarnos a que esa representación física sea utilizada por terceras personas sin nuestro consentimiento. Con ello, lo que se pretende preservar es su difusión pública, que nada tiene que ver con un supuesto derecho al anonimato. Así, en palabras del Tribunal Constitucional, se trata del poder de impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado.

Sin embargo, dicho derecho puede chocar claramente con el derecho de la prensa de difundir noticias, en el sentido más amplio del término. Tal es así que el propio Tribunal Supremo reconoce que, si hubieran sido los fotógrafos del diario los encargados de tomar la foto con ocasión del dispositivo de cobertura del reportaje, nada se habría podido achacar al medio de comunicación si la hubiera publicado posteriormente. Por lo tanto, se admite que, en determinados casos, sí resulta procedente la captación de la imagen, así como su utilización y difusión, cuando está conectada con una información veraz y de relevancia pública.

En el fondo, más que la publicación en sí de la imagen, lo que se critica en la reciente sentencia del Supremo es el modo de obtención de la misma. De ser esto así, la afectación del derecho a la propia imagen es, a mi juicio, más cuestionable, puesto que esas supuestas objeciones esgrimidas en la argumentación de la resolución judicial tienen más que ver con la propiedad de esa concreta fotografía y con la vía utilizada para conseguirla que con el verdadero significado del derecho constitucional supuestamente afectado.

Considero que el Supremo entra en contradicciones cuando, en algunos párrafos de la sentencia, fundamenta los perjuicios para el demandante en su perfecta identificación y en el pleno reconocimiento de sus rasgos para, asimismo, aceptar que esta clase de noticias de relevancia pública pueden ilustrarse con imágenes captadas por los fotógrafos del medio, sin que exista entonces vulneración de derechos. A mi parecer, no se han ponderado correctamente las implicaciones constitucionales del derecho a la información y, además, se ha sobredimensionado el aspecto de la propiedad de la fotografía y su forma de obtención.

Subir fotos a las redes sociales en un perfil público y accesible, abierto y sin restricciones, para después echarse las manos a la cabeza por la difusión de las mismas es, a mi juicio, un comportamiento cuando menos rebatible. Y condenar su uso para complementar una noticia veraz, de relevancia pública y plenamente acorde a los usos periodísticos supone (insisto) no ponderar correctamente las implicaciones constitucionales del derecho a la información. En todo caso, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra.

 

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