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Investiduras, embestidas y otras calamidades

Los últimos acontecimientos relacionados con la denominada “cuestión catalana” han acrecentado si cabe la confusión, la complejidad y el surrealismo preexistentes. La situación, teóricamente imposible de empeorar, se aleja sin embargo cada día más de cualquier solución normalizada, razonable y convencional. En navegación aérea se conoce como “punto de no retorno” el momento del vuelo en el que, debido al consumo de combustible, el avión ya no puede volver al punto de partida. En el lenguaje coloquial, dicha expresión alude a determinadas coyunturas que, si no se corrigen a tiempo, desencadenan unas consecuencias irreversibles. Mi sensación personal, por no decir mi certeza, es que ese fatídico punto ha sido traspasado en Cataluña hace mucho tiempo y que las fracturas sociales y las heridas políticas son de tal entidad que hacen inviable el regreso a la convivencia pacífica siguiendo el modelo hasta ahora conocido.

El Consejo de Ministros del pasado viernes 26 de enero decidió presentar una impugnación contra la Resolución de 22 de enero de 2018 del Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se proponía a la Cámara al diputado Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat. El mecanismo utilizado para el recurso, contemplado en el artículo 161.2 de la Constitución, aseguraba, de admitirse a trámite por el Tribunal Constitucional, la imposibilidad legal de celebrar dicha sesión de investidura con el citado candidato, toda vez que el precepto en cuestión establece que esa impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. En principio, la admisión a trámite es automática, como también lo son los efectos suspensivos que produce. Sin embargo, en este concreto caso no iba a resultar tan sencillo.

Antes de la decisión del Gobierno Central, el Consejo de Estado había emitido un informe desaconsejando la presentación del recurso ante el T.C. Literalmente, lo que ese órgano asesor dictaminó fue que “una eventual convocatoria del Pleno del Parlamento de Cataluña para la sesión de investidura del diputado Carles Puigdemont i Casamajó no puede considerarse contraria al orden constitucional en base a la hipótesis, de imposible constatación en el momento de emitirse el presente dictamen, de que el candidato propuesto no comparecerá en la sede parlamentaria el día de la sesión y, por tal razón, no existen fundamentos jurídicos suficientes, atendida la jurisprudencia existente, para su impugnación ante el Tribunal Constitucional”.

Es decir, el reparo estaba en el momento elegido para presentar la queja ante el Tribunal. No había duda alguna, ni en el Consejo de Estado ni entre la práctica unanimidad de operadores jurídicos, de que una resolución del Parlamento de Cataluña que autorizase de forma expresa la intervención a distancia del candidato propuesto, a través de medios telemáticos, por medio de persona interpuesta o de cualquier otro modo que le permitiera eludir su deber de intervención personal y presencial en la sesión de investidura, sería contraria al orden constitucional. Tampoco existía especial controversia en concluir que un acuerdo de la Cámara catalana por el cual se invistiera al candidato propuesto sin su previa intervención personal y presencial en la sesión convocada a tal efecto, sería igualmente contrario a Derecho. El problema radicaba, pues, en el momento de presentación del recurso, ya que en esa concreta fecha no existía constancia fehaciente de si la intervención a distancia o la investidura no presencial iba a tener lugar.

Sin embargo, la Abogacía del Estado, en su escrito dirigido al Tribunal, afirmaba con rotundidad que “la no presencia del Sr. Puigdemont a la sesión de investidura no es una mera conjetura, sino una certeza”. No lo vieron así los letrados del T.C., quienes en su informe al Pleno se posicionaron en contra de la admisión de la impugnación. De hecho, el magistrado Juan Antonio Xiol, designado ponente de la decisión, abogó por inadmitir el recurso del Gobierno en el primer borrador presentado para el debate y estudio del Pleno del órgano jurisdiccional. La postura que defendía la tesis contraria a las pretensiones del Ejecutivo de la Nación se asentaba en una reiterada y sólida doctrina jurisprudencial, en virtud de la cual no es viable presentar demandas, recursos o impugnaciones “preventivas” sobre hechos futuros o basados en hipótesis sobre acontecimientos no demostrados.

Pero, finalmente, el sábado 27 de enero un giro inesperado dio lugar a una decisión inédita del máximo órgano encargado de la defensa del orden constitucional, y por dos razones. La primera, porque en la resolución no se pronunció expresamente sobre la admisión de la impugnación del Gobierno, sino que la pospuso, dando diez días al Ejecutivo, al Parlamento de Cataluña y a las partes personadas para que presentaran alegaciones sobre la admisibilidad del recurso. Y la segunda, porque adoptó, mientras se decide sobre su admisibilidad, las siguientes medidas cautelares:

a) No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario.

b) No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.

y c) Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios.

Dicha postura inédita es difícil de justificar desde un estricto punto de vista legal, toda vez que las medidas cautelares, en su caso, están previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para la resolución de los recursos de amparo (no es el caso) y la remisión de dicha ley con carácter supletorio a otras normas (a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Enjuiciamiento Civil o a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa) no ampararía dichas medidas. Por lo tanto, nos hallamos ante una decisión sin precedentes.

Parece que nuestro ordenamiento jurídico no estaba preparado para prever una situación como la presente. En concreto, la de un candidato a Presidente de Gobierno huido, sobre el que pesa una orden de detención y con un proceso abierto en el Tribunal Supremo por varios delitos de enorme gravedad. Ante la falta de previsión y la anormalidad de la realidad a la que se enfrentó, el Constitucional ha apostado por adoptar decisiones novedosas, sorprendentes y sin una clara cobertura legal. Como es habitual, siempre habrá quien critique y quien defienda esa resolución, ya sea desde el resentimiento o desde la ideología. Por lo que a mí respecta, como jurista y constitucionalista, me cuesta aceptar semejantes medidas.

Mi impresión personal es que el Tribunal Constitucional ha intentado contentar a todo el mundo recurriendo a una vía poco convencional. Leyendo su Auto, imagino a los magistrados esforzándose duramente en introducir su decisión dentro de la legalidad a la que se debe amoldar, como aquel que se empeña en introducir con calzador un pie grande en un zapato pequeño. Como si de una pirueta jurídica se tratase, pospuso un pronunciamiento definitivo sobre la admisión de la queja del Gobierno del Estado pero, al mismo tiempo, intentó asegurar que, mientras se tramitaba ese procedimiento, los efectos jurídicos inconstitucionales que se atisbaban en el horizonte no se consumaran. Ambos giros son discutibles en la forma en la que se han motivado y, al menos desde el punto de vista del Derecho, conllevan una complicada justificación.

Tras el estropicio jurídico generado, desarrollado y concluido en apenas cuarenta y ocho horas, llegó el martes 30 de enero, fecha  de celebración del debate de elección de Presidente de la Generalitat, en la que Roger Torrent, máximo representante del Parlamento de Cataluña, optó por el aplazamiento sin marcar ninguna otra fecha. Tan solo manifestó que se celebraría cuando “se pueda asegurar una investidura efectiva y con garantías”, algo que, a este paso, es improbable que suceda, por lo que volvemos a la casilla de salida. Los meses transcurren y el problema se complica, el dilema se enmaraña, el rompecabezas se agrava y la normalidad democrática y jurídica se alejan más y más. En vez de la sesión de investidura en sí, lo relevante son las embestidas propinadas a la legalidad y las calamidades que ello acarrea. Demasiado tiempo transitando por un camino equivocado, a años luz de la responsabilidad política y social.

 

Lo que dicen los votos y lo que quieren decir los votantes

Ya se han celebrado las elecciones más anómalas y controvertidas de la historia reciente de España. Tanto por los antecedentes previos como por la convocatoria en sí y su campaña electoral, no puede negarse que la llamada a las urnas del 21 de diciembre ha estado acompañada de un grado de polémica, una aureola de recelo, un nivel de resentimiento y un tinte de rareza inapropiados e indeseables. Más adelante vendrán los análisis jurídicos detallados y en profundidad, a medida que las sentencias se emitan y la situación de muchos de los implicados se clarifique. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. El Tribunal Supremo resolverá las querellas presentadas contra los antiguos miembros del Gobierno catalán y contra buena parte de la Mesa de su Parlamento. También las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procederán, tarde o temprano, a la detención de las personas fugadas. Y cuando todo eso ocurra se deberá estudiar con rigor el material jurídico que llevará aparejado. Sin embargo, lo que toca ahora es llevar a cabo una reflexión sobre los resultados electorales que se han producido.

Es difícil extraer de los fríos y objetivos datos numéricos de participación y escrutinio unas conclusiones sobre las voluntades subjetivas, las motivaciones personales y los mensajes particulares que quiere transmitir la ciudadanía cuando ejercita su derecho al voto. Numerosos responsables políticos efectuarán a buen seguro lecturas interesadas, bien barriendo para casa, bien buscando excusas ante lo sucedido. Pero aquellos que no quieren engañar ni autoengañarse ansían comprender los resultados y hallar respuestas. En ese sentido, conviene siquiera por un instante permanecer en soledad observando el devastado campo de batalla que ha dejado a su paso una contienda social y política extendida largamente en el tiempo, y analizar su desenlace dando sentido a esa voz popular traducida en papeletas, porcentajes y escaños.

Mi sensación personal es que en nuestro país el voto cada vez más se introduce en la urna con orgullosa ignorancia de su destino y de los efectos que conlleva. Los votantes piensan que eligen a un Presidente cuando, en realidad, están escogiendo a un parlamentario, visualizando a un candidato que ni siquiera figura en la plancha escogida. Es más, con excesiva frecuencia se lanzan al sufragio para apoyar una serie de políticas que no son competencia de la institución que están eligiendo. De ahí la enorme dificultad para saber a ciencia cierta el significado real de lo manifestado por el pueblo en unos comicios.

Los concejales de un municipio no pueden cambiar las leyes de una Comunidad Autónoma, de la misma manera que los parlamentarios de una Autonomía no pueden modificar la forma de Estado o de Gobierno de toda la nación. Aunque es evidente que las competencias y las normas marcan la actuación de cada institución, se ha entrado en una peligrosa dinámica en la que a algunos electores y a parte de los candidatos les dan igual esos límites. Ha dado la impresión de que en estas últimas elecciones catalanas se elegía entre monarquía o república, o entre Estado de las Autonomías o independencia, pero la realidad es muy distinta, pese a la percepción de miles de electores alienados o engañados. Aun así, me permito apuntar varias conclusiones, a simple vista, irrefutables:

1.- La participación ha sido muy elevada, imposibilitando cualquier reproche sobre la precariedad de la legitimidad de los resultados. Sin duda la importancia del momento político ha concienciado a muchas personas que normalmente se abstienen. En este sentido, la valoración ha de ser positiva. Estamos en presencia de un proceso electoral con una sólida y contundente implicación del pueblo catalán.

2.- El partido ganador de las elecciones ha sido Ciudadanos. Ha ganado en votos y en escaños, si bien esa victoria no le servirá de mucho. En nuestro modelo parlamentario ser el grupo más numeroso en una asamblea no significa demasiado, a no ser que tengas una mayoría absoluta o recabes apoyos suficientes. Ninguna de esas dos opciones se ha producido. Su triunfo es meritorio, aunque estéril para sus intereses.

3.- La formación de Gobierno será complicada, no descartándose incluso la repetición de los comicios ante la imposibilidad de lograr un acuerdo. Pese a que la suma entre “JUNTSxCAT”, “ERC-CatSí” y las “CUP” parece sencilla, varios de sus cargos electos están en prisión o prófugos de la Justicia, complicándose así su participación en una votación de investidura.

4.- El cambio político es significativo en cuanto a los resultados de concretos partidos (la subida de Ciudadanos o el descalabro del Partido Popular), pero no existe una gran variación en cuanto a un análisis global. Las formaciones independentistas continúan ostentando la mayoría absoluta a pesar de su pérdida en votos y escaños.

5.- El sistema electoral español, como sucede también en los de la mayor parte de las Comunidades Autónomas, está construido sobre la base de la desigualdad y la desproporción, por lo que origina paradojas imposibles de explicar y de aceptar: «CatComú-Podem» obtiene 7 escaños por Barcelona con 274.565 votos, mientras que «JUNTSxCAT» obtiene otros 7 escaños por Gerona con 148.794 votos.  Ciudadanos obtiene 6 diputados por Tarragona con 120.010 votos, pero «JUNTSxCAT» logra esos mismos 6 escaños por Lérida con tan solo 77.695 votos.

6.- Como consecuencia, los partidos que han apoyado el proceso independentista han ganado en escaños aunque hayan perdido en número de votos.

7.- Para reducir la enorme brecha que separa a los ciudadanos de Cataluña es preciso que se reconozcan por ambas partes una serie de premisas obvias que han caído en el olvido, entre ellas que la legalidad se debe cumplir mientras no  se modifique, que las responsabilidades por los actos cometidos se deben asumir, y que los problemas han de debatirse y afrontarse sin recurrir a la vía de la negociación como método para superarlos.

La solución de los conflictos no parece cercana, ni por la envergadura de los mismos ni por los representantes llamados a capitanear la nave para llevarla a buen puerto. En los últimos años la dejadez e irresponsabilidad de algunos y la mezquindad e incapacidad de otros ha derivado  en una fractura social y en un descrédito económico esperpénticos e indignantes y, por desgracia, no existen recetas mágicas que curen las heridas de un día para otro ni que ayuden al retorno de unos escenarios normalizados. Se ha llegado al extremo de entablar una guerra de banderas y de perpetrar pintadas señalando al que piensa distinto. Se ha propiciado el enfrentamiento de idiomas y culturas. Se ha gritado la expresión “facha” por las calles desde la ignorancia de su significado y con absoluta impunidad. Hasta se han impartido lecciones de patriotismo equivocado. Ante semejante panorama, se instala la duda sobre si los presentes resultados electorales servirán para recuperar la legalidad y la normalidad en todos sus ámbitos o si, por el contrario, en Cataluña se continuará transitando voluntaria y decididamente por la senda de la autodestrucción.

 

Neutralidad en la red y sociedad democrática

Hasta ahora, la neutralidad en Internet​ ha sido un principio esencial en el funcionamiento de dicha vía de comunicación. Significa que los proveedores del servicio y los gobiernos que lo regulan deben tratar por igual todo tráfico de datos que transita por la red, sin discriminarlo ni cobrar a los usuarios de diferente manera según el contenido, la página web, la plataforma, la aplicación o el tipo de equipamiento utilizado para el acceso. Se garantiza así la igualdad de acceso a los citados contenidos, evitando que sean de primera y de segunda clase, así como la existencia de unos usuarios privilegiados y otros, ordinarios.

La importancia de este valor básico es de tal magnitud que la Unión Europea ha regulado sobre el mismo, aprobando el Reglamento 2015/2120 de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta. La finalidad de esta normativa es garantizar un trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet y salvaguardar los derechos de los usuarios finales, preservando el funcionamiento de Internet como motor de innovación. Se manifiesta expresamente que las medidas adoptadas deben respetar el principio de neutralidad tecnológica, es decir, no debe imponerse el uso de ningún tipo de tecnología en particular, ni permitir abusos que generen un desequilibrio entre los consumidores. En agosto de 2016, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas aprobó las reglas para una aplicación armonizada de la “Neutralidad de Red”, definiéndola de la siguiente manera: “Todo el tráfico que circula por una red es tratado de forma igual, independientemente del contenido, la aplicación, el servicio, el dispositivo o la dirección del que lo envía o lo recibe”.

Todo lo referido anteriormente ha de ponerse en relación con la relevancia que conlleva Internet para las sociedades democráticas y para la libertad de los ciudadanos. Así por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia el 18 de diciembre de 2012 (asunto Ahmet Yildirim contra Turquía) en la que el Tribunal de Estrasburgo argumenta que Internet se ha convertido en un medio de tanta importancia que restringir el acceso al mismo equivale a afectar de forma contraria a Derecho la libertad de expresión e información. Igualmente, la sentencia del Consejo Constitucional francés de fecha 10 de julio de 2009 llegó a declarar inconstitucionales varios artículos de una ley gala que habilitaba a una autoridad administrativa la restricción o, incluso, la denegación del acceso a Internet a cualquier persona. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en el año 2011 el acceso a Internet como un Derecho Humano, por tratarse de una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, y exhorta a los gobiernos a facilitar su acceso, no sólo al permitir a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino como parte de sus Derechos Humanos. Por ello, la ONU también se ha mostrado contraria a las medidas opresoras de algunos gobiernos que violan el acceso a Internet. No estamos, por tanto, ante un tema baladí ni intrascendente.

Ahora, sin embargo, comienza a cuestionarse y a estar en peligro. Bajo el engañoso nombre de “Restauración del orden de la libertad en Internet”, se están debatiendo en Estados Unidos una serie de medidas que supondrán eliminar la neutralidad de la red en su territorio tal y como la conocemos hasta la fecha. La Administración del Presidente Trump y su equipo, encabezado por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, desean acabar con este principio básico, permitiendo a las operadoras restringir el acceso a determinados contenidos y servicios online a los usuarios e, incluso, exigiendo pagos para poder visitar determinadas páginas, instaurando un Internet para ricos y otro para pobres y, como consecuencia, destruyendo la capacidad de igualdad con la que cualquier persona podía usar esta herramienta tan esencial para el desarrollo y la comunicación.

Será el próximo mes de diciembre cuando se votará la derogación de las actuales reglas, que impiden privilegiar o ralentizar el tráfico web. Para favorecer las prácticas e intereses de determinadas empresas y lobbies, se está dispuesto a derogar una de las reglas más importes de Internet. En palabras de Enrique Dans, Profesor de Sistemas de Información en I.E. Business School, “lo fundamental que define a Internet es que ha sido desde sus inicios un lugar en el que las buenas ideas podían prosperar, con independencia de quien estuviese detrás de ellas, en el que un clic es igual a otro clic, un bit es igual a otro bit, y llega siempre a su destino a la velocidad que un usuario tenga contratada, sin que nadie pueda interponerse negociando acuerdos preferentes que privilegien a unos o penalicen a otros”.

Si esta realidad empieza a destruirse, Internet dejará de ser un instrumento al servicio de un modelo más igualitario de la sociedad y se estará dando la espalda a una civilización más justa. Nos encontramos, pues, ante un acontecimiento de gran trascendencia social pero que parece pasar desapercibido para los grandes medios de comunicación y, por ende, para la población en general. A mi juicio, se trata de un error histórico equiparable al desastre que supuso la derogación en Norteamérica de la ley Glass-Steagall, que regulaba la banca y la especulación y que terminó por desembocar en la crisis económica de principios del presente milenio, una de las mayores de la Historia y cuyas consecuencias aún estamos padeciendo. La medida, pese a proceder de EE.UU., influirá con toda seguridad en el resto del mundo, como consecuencia directa de la globalización y de la innegable influencia de esta primera potencia anglosajona. Luego, cuando el mal ya esté hecho, vendrán los lamentos. Como siempre.

Rebelión, sedición y Derecho Constitucional

Por mucho que algunos se empeñen en presentar los hechos acontecidos en Cataluña como una visión romántica de una revolución popular impulsada por la libre voluntad ciudadana e inspirada en los principios democráticos más puros frente a un poder opresor, lo cierto es que tal intento de manipulación y tergiversación torticera del lenguaje no se sostiene. Antes al contrario, la ruptura y el quebranto de la legalidad ideada y ejecutada por el Gobierno catalán y por una parte de su Parlamento, y alentada y empujada por cientos de miles de personas, supone en realidad un ataque a un sistema que sí es democrático, que sí consagra derechos y libertades y que sí se basa en los valores constitucionalistas más arraigados y consolidados. Sobre la base de referéndums fraudulentos, de legitimidades mutadas y de clamorosas ilegalidades, el independentismo ha pretendido teorizar sobre las bondades de un proceso, engañando solo a quienes querían dejarse engañar con un supuesto amparo internacional a sus propósitos y con la pulcritud de los medios utilizados para conseguirlos.

Como reacción, la Fiscalía General del Estado presentó hace unos días dos querellas contra el ya ex Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra todos los miembros del Govern igualmente cesados y contra los miembros de la Mesa del Parlamento que permitieron la votación de la denominada “Declaración Unilateral de Independencia”. Ambas fueron admitidas a trámite. Una por el Tribunal Supremo (la que afecta a los miembros de la Mesa de la Cámara legislativa autonómica) y otra por la Audiencia Nacional (la que afecta a los consejeros del Gobierno catalán), llegando, en este último caso, a decretarse la prisión incondicional para Oriol Junqueras y para siete ex consejeros. Además, la Fiscalía solicitó formalmente una orden de búsqueda y detención contra Carles Puigdemont y los otros integrantes de su gabinete que no acudieron a declarar el pasado jueves dos de noviembre, la cual fue emitida por la juez Lamela el viernes a última hora. Para tal fin, se han redactado diez autos, dos por cada investigado. En uno se tramita la orden de detención ante la fiscalía federal belga, en el otro se envía una orden nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, por si se le ocurre salir de Bélgica.

La primera medida cautelar (de ingreso en prisión) se justifica en la resolución judicial por la alta probabilidad de fuga, la posibilidad de que alteren o destruyan pruebas e, incluso, por lo que en el auto se denomina “alto riesgo de reiteración delictiva”. La segunda (de búsqueda y detención) es una consecuencia normal y lógica ante el hecho de que algunos investigados hayan decidido voluntariamente no acudir a la llamada de la Justicia.

El delito principal del que se les acusa es el de rebelión, contemplado en el artículo 472 del Código Penal y que castiga a quienes “se alzaren violenta y públicamente” con el objetivo de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El bien jurídico protegido es el “orden u ordenamiento constitucional democrático”, que se pretende quebrantar por la vía de los hechos consumados y sin acudir a los cauces procedimentales legítimos para su modificación.

Los hechos están marcados por dos elementos que configuran el tipo penal. El primero, que el alzamiento debe ser “violento”. El segundo, que debe ser “público”. Llegados a este punto, conviene diferenciar el delito de rebelión del de sedición. Podría parecer que son idénticos pero, desde un punto de vista teórico, presentan matices que los diferencian. En la sedición se castiga el alzamiento público y tumultuario. Por ello, el criterio que a simple vista sirve para su distingo es la violencia. Dado que ambos alzamientos son calificados por la ley de “públicos”, su línea divisoria vendría marcada por el hecho de que el rebelde es “violento” y el sedicioso es “tumultuario”.

Dicha interpretación literal, sin embargo, no está exenta de complicaciones. Resulta difícil de imaginar un alzamiento público y tumultuario que persiga quebrantar el orden constitucional (sedición) pero que, pese a ello, se ejecute sin violencia alguna. Así, en una de las pocas sentencias en las que el Tribunal Supremo ha tratado este tema (Sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1, de 10 de octubre de 1980), se establece literalmente que la sedición es un delito de “rebelión en pequeño”, llegando a reconocer que en algunas legislaciones “se confunde con el delito de rebelión”. Tal es así que termina reconociendo que ese levantamiento sedicioso también implica en alguna medida el uso de la violencia, al manifestar en esa resolución que el mentado alzamiento se debe encaminar a la consecución de los fines ilícitos indicados “por la fuerza, esto es, de modo violento. Violencia, bien absoluta, bien compulsiva y recayente tanto sobre las personas como sobre las cosas”.

Mientras que en el anterior Código Penal la llamada a la violencia no formaba parte de las particularidades de la rebelión, en el actual texto legal de 1995 sí se introdujo. En el debate parlamentario de aquella época salió a relucir si era viable calificar como delito de rebelión la mera declaración verbal o institucional de la independencia de un territorio por parte de una persona o de un Parlamento autonómico. Durante el proceso de aprobación legislativa, el diputado Lorenzo Olarte Cullen (en aquella época en Coalición Canaria) realizó una propuesta y el diputado Diego López Garrido (por aquel entonces en el Grupo de Izquierda Unida) formuló una enmienda que derivó en la adición del adjetivo “violento” entre el verbo “alzarse” y el adverbio “públicamente”.

La doctrina tiende a interpretar esta violencia de forma extensiva, de modo que  el alzamiento será violento, no sólo cuando vaya acompañado del ejercicio de una “vis física” directamente contra las personas, sino también cuando se use la intimidación o, incluso, la violencia psíquica. Por tanto, este concepto en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha sido objeto de un claro proceso de desmaterialización (o, si se quiere, de espiritualización), dada la creciente extensión con la que se interpreta, no solo en este tipo penal de rebelión, sino en otros como el del delito de coacciones.

No obstante, el elemento de la violencia incluido en la reforma del Código Penal de 1995 torna muy difícil el incluir aisladamente la votación del pasado día 27 de octubre en el Parlamento catalán sobre la Declaración Unilateral de Independencia dentro del tipo penal de la rebelión. A lo sumo, únicamente su consideración como un episodio más dentro de un proceso más amplio en el que sí existan comportamientos violentos podría justificar su inclusión. Así se ha reflejado en la querella. No se pretende juzgar en solitario la aprobación de la denominada “república catalana”, sino el proceso en su conjunto, cuyo último episodio fue ese pleno celebrado en la Asamblea autonómica y que anteriormente estuvo vinculado y precedido por varios sucesos donde la violencia sí puede deducirse con mayor claridad.

En cualquier caso, y dada la escasa jurisprudencia que existe sobre estos delitos, la frontera entre rebelión y sedición es confusa y el significado que se le dé al concepto de violencia puede provocar dudas jurídicas sobre ambas figuras. El auto de la juez Lamela del pasado 16 de octubre de 2017, que envió a prisión a Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro, relata actos violentos como hechos probados, siendo la sedición el delito imputado.

Como ocurrió con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, nos adentramos en terrenos poco transitados, no muy explorados y con escasos o nulos precedentes. Al igual que con la puesta en marcha del ya célebre precepto constitucional, su tramitación y las resoluciones judiciales que se dicten posteriormente serán de una trascendencia indudable. Nos jugamos mucho según la respuesta que dé el Estado a este desafío secesionista. Ahora mismo, se está escribiendo, además de la Historia, el Derecho que se enseñará en las Universidades a nuestras futuras generaciones.

Ya no merecen llamarse Democracia

El pasado miércoles el Parlamento catalán aprobó la Ley del Referéndum de Autodeterminación y admitió a trámite la denominada “Ley de Transitoriedad”. Por la noche, el Gobierno de dicha Comunidad Autónoma firmó el Decreto 139/2017 de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña y el Decreto 140/2017 de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña que, al día siguiente, salieron publicados en el Boletín Oficial de la Generalitat. Pocas veces en un espacio tan corto de tiempo se han cometido tantos atropellos a los principios más básicos de las civilizaciones democráticas. Es difícil encontrar en la Historia otras veinticuatro horas en las que las vulneraciones de derechos y leyes hayan sido tan graves y constantes como aplaudidas y vitoreadas. Lo acontecido es una muestra más de la decadencia de una sociedad enferma y del triunfo de la mediocridad y de la falta de respeto, no ya a unas reglas normativas claras, sino a una mínima ética política.

El término “hibris” proviene del griego y se usa para calificar al ego desmedido que produce delirios de grandeza. Genera en quienes lo poseen la sensación de ser titulares de dones especiales. Se creen mesías ungidos por la mano de algún tipo de divinidad. Se ven a sí mismos como salvadores de la patria o jefes de un pueblo que debe seguirles con los ojos cerrados y los oídos tapados. Pensar que se es Napoleón puede conducir a terminar encerrado en una institución psiquiátrica pero, en ocasiones, estas personas acaban siendo aupadas a altos cargos públicos, ovacionadas y homenajeadas, persuadidas de que su locura no es tal, convertidas en la esperanza de una ciudadanía oprimida. Y de esos desmanes que provocan, tanta culpa tienen los líderes enajenados por su endiosamiento como las masas que les aclaman.

A lo largo de estos últimos meses hemos asistido a una cadena de acontecimientos que sólo pueden entenderse bajo el prisma de una enajenación colectiva, producto de la manipulación continuada de una ciudadanía mal educada y poco formada. Miles de personas acompañando entre muestras de apoyo hasta la puerta de los Tribunales a imputados que van a declarar por los delitos cometidos. Centenares de miles aclamando a los condenados por prevaricación y desobediencia como a mártires que merecen la santificación. Millones olvidando el permanente saqueo de las arcas públicas con mordidas y comisiones en obras públicas, compelidos por el mensaje falso y mezquino de ser una cultura atacada y una economía maltratada a manos de una cruel potencia radicada en una metrópoli lejana. E innumerables defendiendo la conveniencia de saltarse las normas como único medio para lograr sus objetivos. Semejante aluvión de muestras de irracionalidad generalizada refleja que nuestra sociedad padece una pérdida de lucidez y una ausencia de criterio alarmantes. Como es obvio, el ingente número de adeptos a la causa no ennoblece los comportamientos reprobables y el hecho de contar con el beneplácito de una turba de incondicionales no convierte en correcto lo que no lo es.  No sería la primera vez que apoyos populares masivos derivan en modelos autoritarios.

Tampoco es necesario explicar que lo que ha ocurrido va en contra de las normas. Todo el mundo lo sabe. Incluso los vulneradores directos de las reglas de juego son conscientes de ello y lo justifican. La Presidenta del Parlamento de Cataluña, el Presidente del Gobierno catalán, sus consejeros y cualquiera que apoye esta deriva despótica no niegan que con sus actuaciones vulneran la Constitución Española y su Estatuto de Autonomía. No esconden que desobedecen las sentencias del Tribunal Constitucional, ni que desoyen a sus propios letrados del Parlament, ni que hacen caso omiso al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Por el contrario, se enorgullecen de ello, de modo que no vamos a insistir en lo evidente. Se trata de un atropello flagrante de los derechos de los parlamentarios de la oposición, de los principios democráticos, de los valores constitucionales y de las normas principales, tanto internas como internacionales. Porque el supuesto refugio en el Derecho Internacional es una vil falsedad fácilmente comprobable. Basta con saber leer (en el sentido, no sólo de leer, sino de entender lo que se lee tras un elemental análisis, difícil tarea cuando se está mediatizado por un fanatismo incompatible con cualquier examen crítico).

Hasta un niño de Primaria comprende el respeto a los procedimientos y las reglas que ha acordado un grupo. Desde elegir al delegado de clase hasta aprobar una decisión en una junta de vecinos. Desde los Plenos de los ayuntamientos hasta los de las Cortes Generales. Desde el Parlamento Europeo hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para que esas decisiones sean legítimas, merezcan ser calificadas de democráticas y puedan ser exigibles en Derecho, se deben respetar unos trámites previos y unas normas que los regulan y que les otorgan legitimidad. Pues bien, las autoridades catalanas que pasan por alto esta irrefutable realidad pretenden encima seguir ostentando el calificativo de demócratas. Sin embargo, no lo son y, por lo tanto, no merecen ser calificados como tales.

Los secesionistas ya ni siquiera intentan ser coherentes ni consecuentes con su mensaje. Recurren al Tribunal Constitucional cuando consideran que el Estado invade sus competencias y exigen el acatamiento de sus resoluciones cuando les conviene. Ocupan sus cargos de representación gracias a un sistema constitucional al que se permiten el lujo de tachar de opresor. Los diputados en el Congreso y los senadores catalanes proindependentistas han manifestado abiertamente estar a favor de la denominada “desconexión” y apostar por una República separada de España pero, paradójicamente, no parecen dispuestos a renunciar a sus escaños ni, menos aún, a sus sueldos En la era de la posverdad (es decir, de la mentira) tal contradicción incluso está bien vista.

Una vez descrito el problema, dedicaré unas líneas a hablar de la solución. En mi opinión, a estas alturas no existe ninguna que sea milagrosa ni que resulte inocua. Este conflicto no va a desaparecer sin ocasionar una serie de graves efectos secundarios. Como cualquier enfermedad o controversia, si no se toman medidas a tiempo, las secuelas resultan inevitables. Hace lustros que se tenía que haber sido más hábil desde el punto de vista político, pero se optó por no reaccionar y por mirar hacia otro lado. Mucho me temo que ahora es demasiado tarde para aspirar a un futuro pacífico en el que reinen la lealtad institucional y la convivencia armoniosa. Desde una perspectiva jurídica, las culpabilidades están claras y apuntan en una sola dirección.  Sin embargo, las responsabilidades políticas sí recaen sobre varios destinatarios. Mi aportación en aras de encontrar una salida estriba en animar a que la ciudadanía deje de cerrar los ojos y de taparse los oídos, abandone los fanatismos y comience a analizar y a reflexionar para, a renglón seguido, elegir a unos representantes que se dediquen a resolver problemas en vez de a crearlos. Si no es así, si seguimos apostando por los pirómanos para apagar el fuego, luego no nos quejemos de las llamas acercándose hacia nuestras casas.

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