Category Archives: Destacados

Neutralidad en la red y sociedad democrática

Hasta ahora, la neutralidad en Internet​ ha sido un principio esencial en el funcionamiento de dicha vía de comunicación. Significa que los proveedores del servicio y los gobiernos que lo regulan deben tratar por igual todo tráfico de datos que transita por la red, sin discriminarlo ni cobrar a los usuarios de diferente manera según el contenido, la página web, la plataforma, la aplicación o el tipo de equipamiento utilizado para el acceso. Se garantiza así la igualdad de acceso a los citados contenidos, evitando que sean de primera y de segunda clase, así como la existencia de unos usuarios privilegiados y otros, ordinarios.

La importancia de este valor básico es de tal magnitud que la Unión Europea ha regulado sobre el mismo, aprobando el Reglamento 2015/2120 de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta. La finalidad de esta normativa es garantizar un trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet y salvaguardar los derechos de los usuarios finales, preservando el funcionamiento de Internet como motor de innovación. Se manifiesta expresamente que las medidas adoptadas deben respetar el principio de neutralidad tecnológica, es decir, no debe imponerse el uso de ningún tipo de tecnología en particular, ni permitir abusos que generen un desequilibrio entre los consumidores. En agosto de 2016, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas aprobó las reglas para una aplicación armonizada de la “Neutralidad de Red”, definiéndola de la siguiente manera: “Todo el tráfico que circula por una red es tratado de forma igual, independientemente del contenido, la aplicación, el servicio, el dispositivo o la dirección del que lo envía o lo recibe”.

Todo lo referido anteriormente ha de ponerse en relación con la relevancia que conlleva Internet para las sociedades democráticas y para la libertad de los ciudadanos. Así por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia el 18 de diciembre de 2012 (asunto Ahmet Yildirim contra Turquía) en la que el Tribunal de Estrasburgo argumenta que Internet se ha convertido en un medio de tanta importancia que restringir el acceso al mismo equivale a afectar de forma contraria a Derecho la libertad de expresión e información. Igualmente, la sentencia del Consejo Constitucional francés de fecha 10 de julio de 2009 llegó a declarar inconstitucionales varios artículos de una ley gala que habilitaba a una autoridad administrativa la restricción o, incluso, la denegación del acceso a Internet a cualquier persona. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en el año 2011 el acceso a Internet como un Derecho Humano, por tratarse de una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, y exhorta a los gobiernos a facilitar su acceso, no sólo al permitir a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino como parte de sus Derechos Humanos. Por ello, la ONU también se ha mostrado contraria a las medidas opresoras de algunos gobiernos que violan el acceso a Internet. No estamos, por tanto, ante un tema baladí ni intrascendente.

Ahora, sin embargo, comienza a cuestionarse y a estar en peligro. Bajo el engañoso nombre de “Restauración del orden de la libertad en Internet”, se están debatiendo en Estados Unidos una serie de medidas que supondrán eliminar la neutralidad de la red en su territorio tal y como la conocemos hasta la fecha. La Administración del Presidente Trump y su equipo, encabezado por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, desean acabar con este principio básico, permitiendo a las operadoras restringir el acceso a determinados contenidos y servicios online a los usuarios e, incluso, exigiendo pagos para poder visitar determinadas páginas, instaurando un Internet para ricos y otro para pobres y, como consecuencia, destruyendo la capacidad de igualdad con la que cualquier persona podía usar esta herramienta tan esencial para el desarrollo y la comunicación.

Será el próximo mes de diciembre cuando se votará la derogación de las actuales reglas, que impiden privilegiar o ralentizar el tráfico web. Para favorecer las prácticas e intereses de determinadas empresas y lobbies, se está dispuesto a derogar una de las reglas más importes de Internet. En palabras de Enrique Dans, Profesor de Sistemas de Información en I.E. Business School, “lo fundamental que define a Internet es que ha sido desde sus inicios un lugar en el que las buenas ideas podían prosperar, con independencia de quien estuviese detrás de ellas, en el que un clic es igual a otro clic, un bit es igual a otro bit, y llega siempre a su destino a la velocidad que un usuario tenga contratada, sin que nadie pueda interponerse negociando acuerdos preferentes que privilegien a unos o penalicen a otros”.

Si esta realidad empieza a destruirse, Internet dejará de ser un instrumento al servicio de un modelo más igualitario de la sociedad y se estará dando la espalda a una civilización más justa. Nos encontramos, pues, ante un acontecimiento de gran trascendencia social pero que parece pasar desapercibido para los grandes medios de comunicación y, por ende, para la población en general. A mi juicio, se trata de un error histórico equiparable al desastre que supuso la derogación en Norteamérica de la ley Glass-Steagall, que regulaba la banca y la especulación y que terminó por desembocar en la crisis económica de principios del presente milenio, una de las mayores de la Historia y cuyas consecuencias aún estamos padeciendo. La medida, pese a proceder de EE.UU., influirá con toda seguridad en el resto del mundo, como consecuencia directa de la globalización y de la innegable influencia de esta primera potencia anglosajona. Luego, cuando el mal ya esté hecho, vendrán los lamentos. Como siempre.

Rebelión, sedición y Derecho Constitucional

Por mucho que algunos se empeñen en presentar los hechos acontecidos en Cataluña como una visión romántica de una revolución popular impulsada por la libre voluntad ciudadana e inspirada en los principios democráticos más puros frente a un poder opresor, lo cierto es que tal intento de manipulación y tergiversación torticera del lenguaje no se sostiene. Antes al contrario, la ruptura y el quebranto de la legalidad ideada y ejecutada por el Gobierno catalán y por una parte de su Parlamento, y alentada y empujada por cientos de miles de personas, supone en realidad un ataque a un sistema que sí es democrático, que sí consagra derechos y libertades y que sí se basa en los valores constitucionalistas más arraigados y consolidados. Sobre la base de referéndums fraudulentos, de legitimidades mutadas y de clamorosas ilegalidades, el independentismo ha pretendido teorizar sobre las bondades de un proceso, engañando solo a quienes querían dejarse engañar con un supuesto amparo internacional a sus propósitos y con la pulcritud de los medios utilizados para conseguirlos.

Como reacción, la Fiscalía General del Estado presentó hace unos días dos querellas contra el ya ex Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra todos los miembros del Govern igualmente cesados y contra los miembros de la Mesa del Parlamento que permitieron la votación de la denominada “Declaración Unilateral de Independencia”. Ambas fueron admitidas a trámite. Una por el Tribunal Supremo (la que afecta a los miembros de la Mesa de la Cámara legislativa autonómica) y otra por la Audiencia Nacional (la que afecta a los consejeros del Gobierno catalán), llegando, en este último caso, a decretarse la prisión incondicional para Oriol Junqueras y para siete ex consejeros. Además, la Fiscalía solicitó formalmente una orden de búsqueda y detención contra Carles Puigdemont y los otros integrantes de su gabinete que no acudieron a declarar el pasado jueves dos de noviembre, la cual fue emitida por la juez Lamela el viernes a última hora. Para tal fin, se han redactado diez autos, dos por cada investigado. En uno se tramita la orden de detención ante la fiscalía federal belga, en el otro se envía una orden nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, por si se le ocurre salir de Bélgica.

La primera medida cautelar (de ingreso en prisión) se justifica en la resolución judicial por la alta probabilidad de fuga, la posibilidad de que alteren o destruyan pruebas e, incluso, por lo que en el auto se denomina “alto riesgo de reiteración delictiva”. La segunda (de búsqueda y detención) es una consecuencia normal y lógica ante el hecho de que algunos investigados hayan decidido voluntariamente no acudir a la llamada de la Justicia.

El delito principal del que se les acusa es el de rebelión, contemplado en el artículo 472 del Código Penal y que castiga a quienes “se alzaren violenta y públicamente” con el objetivo de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El bien jurídico protegido es el “orden u ordenamiento constitucional democrático”, que se pretende quebrantar por la vía de los hechos consumados y sin acudir a los cauces procedimentales legítimos para su modificación.

Los hechos están marcados por dos elementos que configuran el tipo penal. El primero, que el alzamiento debe ser “violento”. El segundo, que debe ser “público”. Llegados a este punto, conviene diferenciar el delito de rebelión del de sedición. Podría parecer que son idénticos pero, desde un punto de vista teórico, presentan matices que los diferencian. En la sedición se castiga el alzamiento público y tumultuario. Por ello, el criterio que a simple vista sirve para su distingo es la violencia. Dado que ambos alzamientos son calificados por la ley de “públicos”, su línea divisoria vendría marcada por el hecho de que el rebelde es “violento” y el sedicioso es “tumultuario”.

Dicha interpretación literal, sin embargo, no está exenta de complicaciones. Resulta difícil de imaginar un alzamiento público y tumultuario que persiga quebrantar el orden constitucional (sedición) pero que, pese a ello, se ejecute sin violencia alguna. Así, en una de las pocas sentencias en las que el Tribunal Supremo ha tratado este tema (Sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1, de 10 de octubre de 1980), se establece literalmente que la sedición es un delito de “rebelión en pequeño”, llegando a reconocer que en algunas legislaciones “se confunde con el delito de rebelión”. Tal es así que termina reconociendo que ese levantamiento sedicioso también implica en alguna medida el uso de la violencia, al manifestar en esa resolución que el mentado alzamiento se debe encaminar a la consecución de los fines ilícitos indicados “por la fuerza, esto es, de modo violento. Violencia, bien absoluta, bien compulsiva y recayente tanto sobre las personas como sobre las cosas”.

Mientras que en el anterior Código Penal la llamada a la violencia no formaba parte de las particularidades de la rebelión, en el actual texto legal de 1995 sí se introdujo. En el debate parlamentario de aquella época salió a relucir si era viable calificar como delito de rebelión la mera declaración verbal o institucional de la independencia de un territorio por parte de una persona o de un Parlamento autonómico. Durante el proceso de aprobación legislativa, el diputado Lorenzo Olarte Cullen (en aquella época en Coalición Canaria) realizó una propuesta y el diputado Diego López Garrido (por aquel entonces en el Grupo de Izquierda Unida) formuló una enmienda que derivó en la adición del adjetivo “violento” entre el verbo “alzarse” y el adverbio “públicamente”.

La doctrina tiende a interpretar esta violencia de forma extensiva, de modo que  el alzamiento será violento, no sólo cuando vaya acompañado del ejercicio de una “vis física” directamente contra las personas, sino también cuando se use la intimidación o, incluso, la violencia psíquica. Por tanto, este concepto en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha sido objeto de un claro proceso de desmaterialización (o, si se quiere, de espiritualización), dada la creciente extensión con la que se interpreta, no solo en este tipo penal de rebelión, sino en otros como el del delito de coacciones.

No obstante, el elemento de la violencia incluido en la reforma del Código Penal de 1995 torna muy difícil el incluir aisladamente la votación del pasado día 27 de octubre en el Parlamento catalán sobre la Declaración Unilateral de Independencia dentro del tipo penal de la rebelión. A lo sumo, únicamente su consideración como un episodio más dentro de un proceso más amplio en el que sí existan comportamientos violentos podría justificar su inclusión. Así se ha reflejado en la querella. No se pretende juzgar en solitario la aprobación de la denominada “república catalana”, sino el proceso en su conjunto, cuyo último episodio fue ese pleno celebrado en la Asamblea autonómica y que anteriormente estuvo vinculado y precedido por varios sucesos donde la violencia sí puede deducirse con mayor claridad.

En cualquier caso, y dada la escasa jurisprudencia que existe sobre estos delitos, la frontera entre rebelión y sedición es confusa y el significado que se le dé al concepto de violencia puede provocar dudas jurídicas sobre ambas figuras. El auto de la juez Lamela del pasado 16 de octubre de 2017, que envió a prisión a Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro, relata actos violentos como hechos probados, siendo la sedición el delito imputado.

Como ocurrió con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, nos adentramos en terrenos poco transitados, no muy explorados y con escasos o nulos precedentes. Al igual que con la puesta en marcha del ya célebre precepto constitucional, su tramitación y las resoluciones judiciales que se dicten posteriormente serán de una trascendencia indudable. Nos jugamos mucho según la respuesta que dé el Estado a este desafío secesionista. Ahora mismo, se está escribiendo, además de la Historia, el Derecho que se enseñará en las Universidades a nuestras futuras generaciones.

Ya no merecen llamarse Democracia

El pasado miércoles el Parlamento catalán aprobó la Ley del Referéndum de Autodeterminación y admitió a trámite la denominada “Ley de Transitoriedad”. Por la noche, el Gobierno de dicha Comunidad Autónoma firmó el Decreto 139/2017 de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña y el Decreto 140/2017 de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña que, al día siguiente, salieron publicados en el Boletín Oficial de la Generalitat. Pocas veces en un espacio tan corto de tiempo se han cometido tantos atropellos a los principios más básicos de las civilizaciones democráticas. Es difícil encontrar en la Historia otras veinticuatro horas en las que las vulneraciones de derechos y leyes hayan sido tan graves y constantes como aplaudidas y vitoreadas. Lo acontecido es una muestra más de la decadencia de una sociedad enferma y del triunfo de la mediocridad y de la falta de respeto, no ya a unas reglas normativas claras, sino a una mínima ética política.

El término “hibris” proviene del griego y se usa para calificar al ego desmedido que produce delirios de grandeza. Genera en quienes lo poseen la sensación de ser titulares de dones especiales. Se creen mesías ungidos por la mano de algún tipo de divinidad. Se ven a sí mismos como salvadores de la patria o jefes de un pueblo que debe seguirles con los ojos cerrados y los oídos tapados. Pensar que se es Napoleón puede conducir a terminar encerrado en una institución psiquiátrica pero, en ocasiones, estas personas acaban siendo aupadas a altos cargos públicos, ovacionadas y homenajeadas, persuadidas de que su locura no es tal, convertidas en la esperanza de una ciudadanía oprimida. Y de esos desmanes que provocan, tanta culpa tienen los líderes enajenados por su endiosamiento como las masas que les aclaman.

A lo largo de estos últimos meses hemos asistido a una cadena de acontecimientos que sólo pueden entenderse bajo el prisma de una enajenación colectiva, producto de la manipulación continuada de una ciudadanía mal educada y poco formada. Miles de personas acompañando entre muestras de apoyo hasta la puerta de los Tribunales a imputados que van a declarar por los delitos cometidos. Centenares de miles aclamando a los condenados por prevaricación y desobediencia como a mártires que merecen la santificación. Millones olvidando el permanente saqueo de las arcas públicas con mordidas y comisiones en obras públicas, compelidos por el mensaje falso y mezquino de ser una cultura atacada y una economía maltratada a manos de una cruel potencia radicada en una metrópoli lejana. E innumerables defendiendo la conveniencia de saltarse las normas como único medio para lograr sus objetivos. Semejante aluvión de muestras de irracionalidad generalizada refleja que nuestra sociedad padece una pérdida de lucidez y una ausencia de criterio alarmantes. Como es obvio, el ingente número de adeptos a la causa no ennoblece los comportamientos reprobables y el hecho de contar con el beneplácito de una turba de incondicionales no convierte en correcto lo que no lo es.  No sería la primera vez que apoyos populares masivos derivan en modelos autoritarios.

Tampoco es necesario explicar que lo que ha ocurrido va en contra de las normas. Todo el mundo lo sabe. Incluso los vulneradores directos de las reglas de juego son conscientes de ello y lo justifican. La Presidenta del Parlamento de Cataluña, el Presidente del Gobierno catalán, sus consejeros y cualquiera que apoye esta deriva despótica no niegan que con sus actuaciones vulneran la Constitución Española y su Estatuto de Autonomía. No esconden que desobedecen las sentencias del Tribunal Constitucional, ni que desoyen a sus propios letrados del Parlament, ni que hacen caso omiso al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Por el contrario, se enorgullecen de ello, de modo que no vamos a insistir en lo evidente. Se trata de un atropello flagrante de los derechos de los parlamentarios de la oposición, de los principios democráticos, de los valores constitucionales y de las normas principales, tanto internas como internacionales. Porque el supuesto refugio en el Derecho Internacional es una vil falsedad fácilmente comprobable. Basta con saber leer (en el sentido, no sólo de leer, sino de entender lo que se lee tras un elemental análisis, difícil tarea cuando se está mediatizado por un fanatismo incompatible con cualquier examen crítico).

Hasta un niño de Primaria comprende el respeto a los procedimientos y las reglas que ha acordado un grupo. Desde elegir al delegado de clase hasta aprobar una decisión en una junta de vecinos. Desde los Plenos de los ayuntamientos hasta los de las Cortes Generales. Desde el Parlamento Europeo hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para que esas decisiones sean legítimas, merezcan ser calificadas de democráticas y puedan ser exigibles en Derecho, se deben respetar unos trámites previos y unas normas que los regulan y que les otorgan legitimidad. Pues bien, las autoridades catalanas que pasan por alto esta irrefutable realidad pretenden encima seguir ostentando el calificativo de demócratas. Sin embargo, no lo son y, por lo tanto, no merecen ser calificados como tales.

Los secesionistas ya ni siquiera intentan ser coherentes ni consecuentes con su mensaje. Recurren al Tribunal Constitucional cuando consideran que el Estado invade sus competencias y exigen el acatamiento de sus resoluciones cuando les conviene. Ocupan sus cargos de representación gracias a un sistema constitucional al que se permiten el lujo de tachar de opresor. Los diputados en el Congreso y los senadores catalanes proindependentistas han manifestado abiertamente estar a favor de la denominada “desconexión” y apostar por una República separada de España pero, paradójicamente, no parecen dispuestos a renunciar a sus escaños ni, menos aún, a sus sueldos En la era de la posverdad (es decir, de la mentira) tal contradicción incluso está bien vista.

Una vez descrito el problema, dedicaré unas líneas a hablar de la solución. En mi opinión, a estas alturas no existe ninguna que sea milagrosa ni que resulte inocua. Este conflicto no va a desaparecer sin ocasionar una serie de graves efectos secundarios. Como cualquier enfermedad o controversia, si no se toman medidas a tiempo, las secuelas resultan inevitables. Hace lustros que se tenía que haber sido más hábil desde el punto de vista político, pero se optó por no reaccionar y por mirar hacia otro lado. Mucho me temo que ahora es demasiado tarde para aspirar a un futuro pacífico en el que reinen la lealtad institucional y la convivencia armoniosa. Desde una perspectiva jurídica, las culpabilidades están claras y apuntan en una sola dirección.  Sin embargo, las responsabilidades políticas sí recaen sobre varios destinatarios. Mi aportación en aras de encontrar una salida estriba en animar a que la ciudadanía deje de cerrar los ojos y de taparse los oídos, abandone los fanatismos y comience a analizar y a reflexionar para, a renglón seguido, elegir a unos representantes que se dediquen a resolver problemas en vez de a crearlos. Si no es así, si seguimos apostando por los pirómanos para apagar el fuego, luego no nos quejemos de las llamas acercándose hacia nuestras casas.

Una imagen o mil palabras

En el año 2015 Nilüfer Demir, una fotógrafa que trabajaba como corresponsal para una agencia de noticias turca cubriendo la llegada de inmigrantes, se topó en una orilla con el cadáver de Aylan Kurdi, un niño sirio de tres años que, boca abajo, yacía tendido justo en la línea de la costa. Ejerciendo su profesión, captó aquella imagen que dio la vuelta al mundo abriendo los informativos y las portadas de los periódicos, y causando un gran impacto en buena parte de la población mundial. Quedaba así reflejado el drama de los refugiados, así como la crueldad de las penurias y de la fatalidad del destino de decenas de miles de seres humanos. Golpeó las acomodadas y pasivas conciencias de multitud de gentes y activó, aunque fuese temporalmente, un movimiento de solidaridad e implicación que tuvo consecuencias prácticas. Aumentaron las donaciones a organizaciones no gubernametanles que asisten a colectivos que huyen de las guerras, aumentó la presión social hacia los dirigentes de la Unión Europea, reavivó una situación que tendía a caer en el olvido y, si bien de un modo efímero, reactivó las políticas de ayuda.

No ha sido la primera vez que un testimonio gráfico ayuda a despertar la aletargada moralidad de sociedades supuestamente avanzadas y modernas. Frente a la constante tendencia de mirar hacia otro lado y evadirse de los problemas, los reporteros han logrado a lo largo de la Historia sacudirnos la apatía y la indiferencia para avergonzarnos de las miserias del hombre. Así sucedió, por ejemplo, a través de la fotografía de unos niños vietnamitas huyendo -tomada por Huynh Cong Út en 1972-, y que terminó haciendo mundialmente famosa a una pequeña que gritaba y lloraba desnuda y quemada con napalm en un escenario de horror. No parece descabellado afirmar que su autor caló en el público con su instantánea mucho más que sus compañeros redactores de miles y miles de palabras escritas. Sin embargo, se trata de un icono del periodismo que, si se captase hoy en día, provocaría que numerosas voces exigieran que no llegase a los ojos del espectador. La teoría de lo políticamente correcto impondría pixelar o difuminar su contenido, privándole así de su fuerza y efectividad.

El “World Press Photo”, premio por excelencia del periodismo fotográfico, reconoce año tras año la labor de los profesionales que inmortalizan la realidad para que ésta se difunda. Si repasamos las fotos galardonadas en cada una de sus ediciones, es la plasmación de la violencia, del drama y del sufrimiento la que suele acaparar todos los reconocimientos. En 2017 ha resultado ganadora la instantánea del asesino del embajador ruso en Ankara, con la pistola aún en la mano y con el cuerpo del diplomático tendido en el suelo en un segundo plano. Y en 2016 Warren Richardson retrató a un hombre que pasaba a un bebé a través de una espinosa y peligrosa alambrada entre la frontera de Serbia y Hungría.

La explicación es sencilla. Una imagen vale más que mil palabras. No somos realmente conscientes de las tragedias que nos rodean hasta que no las vemos. Las palabras nos entran por un oído y nos salen por otro, mientras que la imagen nos penetra y se queda grabada en nuestro cerebro. Cuesta muchísimo más maquillar o edulcorar lo que percibimos a través de la vista que lo que recibimos a través la palabra. Los conceptos por escrito, plenos de eufemismos y equívocos, son manipulables a conveniencia para amoldarlos a nuestros intereses. Pero una buena fotografía desarma nuestros mecanismos de defensa y nos deja sin palabras ante una realidad que no podemos ocultar. Aun así, se suscita la polémica sobre la conveniencia o no de publicar imágenes que reflejen las noticias con crudeza. Sin duda, el periodismo y la verdad tienen como enemigos frontales a la demagogia, el sensacionalismo y el morbo. En esos casos, la utilización de una foto con la finalidad de manipular, apelar a los bajos instintos y nutrir a un tipo de prensa amarilla y enfermiza debe criticarse con firmeza. Por el contrario, cuando la conexión entre imagen y noticia es evidente y cuando el acompañamiento gráfico ayuda a tomar conciencia de la envergadura del hecho noticioso, la controversia sobre el supuesto comportamiento poco ético a la hora de difundir aquélla me parece una peligrosa forma de censura, cuando no un procedimiento para evitar que la población sea consciente de lo que ocurre a su alrededor y esté plenamente informada de ello.

Desde el punto de vista jurídico, se generan algunos debates susceptibles de ser analizados. El derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen de un individuo pueden chocar con el derecho a la información, pero aquí estamos hablando de otro asunto (la protección de dos derechos protegidos constitucionalmente) que no se centra en si una imagen es demasiado escabrosa o refleja un excesivo nivel de crueldad para el ciudadano medio. Ningún derecho fundamental es absoluto. Todos tienen límites. Es la jurisprudencia la que proporciona las claves para concluir cuándo debe prevalecer uno u otro.

Se admite el acompañamiento gráfico de una noticia que afecte al derecho a la intimidad o a la propia imagen del interesado cuando dicha información es veraz, posee relevancia pública, no cae en la extralimitación morbosa y no desvela hechos íntimos que no guardan relación con lo sucedido. La trascendencia para un Estado democrático y constitucional de albergar una sociedad correctamente informada impone la preferencia del derecho a la información.

Es obvio que cada medio de comunicación y cada periodista cuentan con un manual de buenas prácticas, con un criterio sobre los límites de su ética profesional, con una opinión de cuándo lo escabroso perjudica a la noticia y con una guía de actuación para ensalzar y potenciar lo verdaderamente relevante. Pues bien, con ocasión del último atentado terrorista en Barcelona no han sido pocas las quejas sobre la difusión de vídeos e imágenes especialmente duros. Cabe entonces preguntar si consideran que una comunicación exclusivamente a través de textos conseguiría trasladar a la ciudadanía la verdadera dimensión de la tragedia y hasta qué punto su deseo de cerrar los ojos tiene que ver más con una innegable (y, en cierto modo, comprensible) propensión a querer aislarse de un mundo a la deriva, a meter la cabeza bajo tierra como el avestruz y a pretender construirse una burbuja donde el espanto y la infamia del género humano no tengan cabida. Entiendo su postura, máxime cuando el rumbo de nuestro planeta parece apuntar hacia el desastre. Pero ello no debe ser óbice para que quienes sí deseamos ser plenamente conocedores de la situación que nos rodea podamos acceder a ella sin paños calientes. Y, en ese sentido, no es posible exigir a los informadores que dulcifiquen lo que es tan tremendamente amargo.

De qué hablan cuando hablan de Democracia

He indicado siempre a mis alumnos que no confundan la democracia con el acto de introducir una papeleta en una urna. A lo largo de la Historia, existen numerosos ejemplos de dictaduras que han intentado lavar su imagen a través de ese protocolo formal de convocar a los ciudadanos a meter un papel en una caja, en un intento vano de disfrazar su verdadera esencia dictatorial. El hecho en sí de votar no basta para transformarlo en una manifestación democrática. Dicho de otro modo, en todas las democracias se vota, pero no todas las votaciones son democráticas. Y ello es así porque la democracia, como forma de Estado, como valor superior, tiene sus reglas y, por lo tanto, sus límites. Si no se conocen o si, conociéndolos, se incumplen, las virtudes de la participación popular se convierten en defectos y las ventajas, en inconvenientes.

Se ha anunciado hace algunos días por parte del Ejecutivo catalán la fecha y la pregunta de lo que ellos denominan “referéndum” y que, además, defienden como modelo de “manifestación democrática”. Frente a los argumentos recibidos en contra de su iniciativa, responden que nada ni nadie se puede oponer a que el pueblo vote. Se enorgullecen de consultar a la población y de que ésta se exprese como lo considere más oportuno. Parece que no existen leyes que cumplir, ni tampoco normas que respetar. Lo suyo es permitir que los catalanes manifiesten su voluntad. Pero cometen el mismo error una y otra vez, al confundir de forma malintencionada la democracia con una fila de personas portando un sobre. Pues bien, aunque en un principio resulte chocante, no hay nada más autoritario ni más propio de regímenes totalitarios que la pretensión de tapar sus atropellos a las normas y a los límites legales a base de baños de multitudes y de fuegos artificiales que devienen cómplices de la vulneración del ordenamiento jurídico.

Recientemente, el fiscal del caso Palau -donde se juzga el expolio del Palau de la Música de Barcelona por parte de quien era su presidente, y que apunta directamente a la financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña como partido político-, lanzó una frase muy contundente: “En este caso hay un círculo sociopolítico muy determinado en el que parece que una bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera”. Siguiendo con el símil, los partidos nacionalistas catalanes se han acostumbrado a justificar con su bandera cualquier atropello, ya sea a la cartera de los contribuyentes o a la legalidad. El uso sesgado y partidista de los símbolos y la manipulación torticera del sentimiento patriótico son sus herramientas más útiles para olvidar la magnitud de los delitos e ilegalidades que se están cometiendo. Porque lo cierto es que se ha entrado ya de lleno en el terreno del Derecho Penal. En el de los delitos y los delincuentes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al ex presidente Mas, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau por delitos de desobediencia, y existen más causas penales abiertas contra otros cargos públicos por este mismo proceso al que, eufemísticamente, denominan “desconexión”.

A todo lo anterior se suman las condenas y los procesos en trámite contra otros cargos de la antigua Convergencia por delitos relacionados con la corrupción, aunque eso parece no importar. Mientras se enarbola la bandera, no queda margen para una reflexión crítica y un análisis riguroso.

Cataluña ha retrocedido siglos en la evolución de los modelos democráticos y constitucionalistas, volviendo a aquellas épocas en las que los Parlamentos defendían su omnipotencia y en las que cuestionar las leyes y resoluciones que emanaban de ellos se entendía como un signo antidemocrático. Tras las revoluciones de las que surgieron las Declaraciones de Derechos y las Constituciones, y después de muchos años estudio y maduración (no sin resistencia), triunfó la idea de que en un Estado de Derecho todos los poderes públicos deben estar controlados y limitados, incluidas las Asambleas Legislativas. Sin embargo, ahora pretenden retroceder al siglo XVIII y defender que el Parlamento catalán puede decidir a su antojo, sin norma alguna sobre él, sin límites, sin cortapisas y sin tribunales que lo controlen. Con semejante postura han entrado de lleno en una especie de agujero negro del tiempo que les retrotrae a las tesis liberales más retrogradas ya superadas y a reconectar con prácticas totalitarias de etapas no tan lejanas.

Nuestra forma de Estado y nuestro Tribunal Constitucional reconocen, respecto al llamado “derecho a decidir”, la legitimidad de dicho planteamiento. Como aspiración política es defendible y respetable, si bien no se trata de un verdadero derecho, al menos en el momento presente. Pero tal aspiración puede alcanzarse únicamente a través de un proceso ajustado a las normas constitucionales, y siempre con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad. Se permite, pues, que los partidos y las instituciones planteen ese “derecho” y propongan la modificación de la Constitución para incluirlo en ella. Sin embargo, no procede en modo alguno su imposición por la vía de los hechos y mediante la vulneración del ordenamiento jurídico. Eso, por mucho que se empeñen en calificarlo de democrático, es la antítesis de un proceso democrático.

Una de las peores aberraciones políticas que existen es la de pretender confrontar Democracia con Estado de Derecho, es decir, enfrentar la expresión popular con el cumplimiento y el respeto de las leyes. Y es una aberración porque no puede existir la democracia sin el Estado de Derecho. En un modelo de libertades, la democracia sólo puede existir dentro del respeto al marco legal. Si se anula el respeto al derecho, se aniquila la democracia. Se podrá convocar a los ciudadanos para que introduzcan un papel a través de una ranura, pero no será un acto de voluntad democrática. La democracia necesita del respeto a unas formalidades y del cumplimiento de unas normas mínimas que regulen las reglas de juego del sistema. Vender como una respetable manifestación democrática lo que, en realidad, es la convocatoria de un pseudo referéndum gestado y desarrollado sobre la vulneración de la legalidad vigente y, para colmo, persiguiendo un fin contrario al espíritu y a la letra de la Constitución, es propio de sistemas caudillistas que, tras su falsa apariencia de ejercicio de usos democráticos, destilan el autoritarismo más rancio y caduco.

Ahora bien, la culpa de la actual situación no es achacable exclusivamente a los partidos independentistas catalanes. La inoperancia, pasividad e incapacidad del Estado para dar respuesta a este fenómeno es también muy grave y llamativa. Este espinoso tema debería haberse abordado hace muchísimo tiempo con el rigor y la seriedad que merece, porque entonces había opciones políticas y margen de maniobra suficientes para resolver el problema de otra manera. Desde luego, si el Gobierno central piensa reaccionar a estas alturas, llega ya tarde. Muy tarde.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies