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Artículo 155: aplicación, consecuencias y finalidades

El pasado 10 de octubre algunos diputados del Parlamento catalán firmaron un documento en el que, bajo el título de “Declaración de los representantes de Cataluña”, se decía literalmente que “Cataluña restaura hoy su plena soberanía”, declarando a continuación sus firmantes que “constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano”. Junto a las afirmaciones anteriores, se instaba en el texto a “los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano” e, igualmente, se realizaban alusiones a un diálogo con España.

A partir de dicha fecha se ha generado una gran confusión sobre lo sucedido realmente. Minutos antes, el Presidente Carles Puigdemont había pronunciado un discurso en el que combinaba la solemnidad de aquella proclamación de independencia con la subsiguiente petición de mantenerla en suspenso. Quienes defendían que se había proclamado la nueva República se aferraban para argumentar su postura a la literalidad del papel firmado. Quienes sostenían lo contrario, invocaban para motivar su tesis la suspensión demandada por el mismo mandatario catalán, así como la invalidez del citado documento y la irrelevancia en términos jurídicos de todo lo sucedido. Ambas afirmaciones resultaban tan razonadas como contradictorias, muestra del desconcierto más típico en este tipo de situaciones de manifiesta anormalidad en las que cada uno solo ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír.

El clima de incredulidad e indecisión llegó a tal extremo que el responsable del Ejecutivo español, en un requerimiento enviado al Gobierno catalán, preguntó si la independencia se había proclamado verdaderamente. Tras un cruce de cartas y comunicados, quedó constancia de la negativa de las instituciones autonómicas a volver a la legalidad, empeñándose en continuar por un camino al margen de Derecho y haciendo inevitable la activación del artículo 155 de la Constitución como fórmula para restablecer la normalidad jurídica.

Son evidentes y manifiestas las ilegalidades cometidas por numerosos cargos públicos catalanes en ese empeño por lograr la secesión. Muy probablemente, delictivas. Asimismo, llama la atención que, no solo se han saltado la Carta Magna y las correspondientes normas estatales, sino incluso su propia Ley de referéndum (presunta fuente de su nueva legitimidad), con el ánimo de proclamar los supuestos resultados electorales del 1 de octubre. Desde un punto de vista histórico, es habitual que las regiones que se independizan no tengan en cuenta la legalidad anterior. Sin embargo, en este caso, iniciar la andadura saltándose esas leyes propias, llamadas servir de fundamento de la denominada “desconexión”, dice mucho de la impureza y la falta de nobleza de este movimiento, cuyos miembros se hacen trampas a sí mismos y a todos los que les rodean. El Tribunal Constitucional dictó el pasado 17 de octubre una sentencia anulando la citada Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, denominada “del referéndum de autodeterminación”, usando para su razonamiento una frase que, en sí misma, es una obviedad, aunque en estos tiempos en los que se prescinde de los principios, valores y reglas más elementales, parece se hace necesario recalcar: “un poder que niega expresamente el Derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”.

Pero ha sido igualmente clamorosa la falta de habilidad y capacidad política de los gobiernos estatales ante un problema que se veía venir desde hace muchísimos años. La técnica del avestruz de meter la cabeza bajo tierra para evitar los conflictos, unida a cierta cerrazón tendente a negar las realidades y a perpetuar unas regulaciones caducas, ha avivado un conflicto que se ha convertido en el más grave de los últimos cuarenta años.

Pensando con sensatez y lógica, sin fanatismos, solo existe un camino para salir de este laberinto: volver a la legalidad para, desde ella, afrontar el problema y dialogar sobre cómo mejorar nuestras normas de convivencia. Pero para todos, no sólo para algunos. Por ello, se opta por acudir al artículo 155 de la Constitución como vía imprescindible para retornar al escenario en el que el ordenamiento jurídico se respete. Porque el requisito de restaurar la legalidad no es una opción, es un imperativo, al menos si queremos seguir llamándonos Estado de Derecho.

Sin embargo, recurriendo a una metáfora médica, no dudo de que recurrir al tan citado artículo 155 sea una medicina que ayude a normalizar la situación actual, pero el tratamiento del paciente no concluirá exclusivamente con su uso. Servirá para reparar las ilegalidades que, junto a la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas, ayudará a limpiar una herida que destila infección por todas partes, aunque las controversias políticas seguirán estando ahí hasta que el conjunto de las fuerzas políticas tengan la sensatez de abordarlas.

El procedimiento para la aplicación del precepto 155 no está exento de inconvenientes. Es cierto que el Senado -llamado a intervenir en este asunto- se sustenta sobre una amplísima mayoría de miembros del Partido Popular. Tampoco cabe duda de que la unión con otros partidos en torno a la utilización del mencionado precepto favorece su aplicación. Pero su precaria regulación y la ausencia de precedentes suscita varias dudas al respecto de su alcance y sus límites.

El 155 está inspirado claramente en la figura de la “coerción federal”, prevista en el 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Habilita al Gobierno Central a “adoptar las medidas necesarias” para lograr el “cumplimiento forzoso” de las obligaciones que la Comunidad Autónoma no cumple o para restituir la protección del interés general quebrantado. Qué se puede incluir dentro de esas “medidas necesarias” y qué no resulta impreciso, puesto que no se contempla expresamente. Se habla mucho de disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones, una resolución, en principio, extraña e incierta. En otros sistemas federales o compuestos, con similares mecanismos de reacción en manos de los órganos federales o centrales ante conductas de los Estados federados o de los entes territoriales subestatales que atentan contra la mínima lealtad institucional, se prevé la suspensión o disolución de esos órganos regionales. Como ejemplos que contemplan explícitamente la suspensión o disolución de las instituciones territoriales, pueden citarse el artículo 100 de la Constitución austriaca, el artículo 126 de la Constitución italiana o el apartado 31 del artículo 75 de la Constitución argentina. Hubiese sido deseable que estas medidas vinieran recogidas de forma clara y nítida en nuestra Carta Magna, pero la laxitud de nuestra regulación, unida al alcance de la medida en el Derecho comparado, invitan a pensar que la opción es posible.

Menos polémicas suscitan otras medidas, como las de control de los “Mossos d’Esquadra” o las derivadas de un control económico o financiero directo, las cuales sí parecen encajar sin duda dentro de esas facultades tan amplias que figuran en la literalidad del artículo 155.

En cualquier caso, pese a la hipótesis futura de una nueva composición de la Cámara autonómica, o incluso de un nuevo Ejecutivo catalán con muchos de sus integrantes inhabilitados y condenados por  sus clamorosas vulneraciones de las normas, el problema político de fondo seguirá pendiente de resolver.

He manifestado infinidad de veces que los retos políticos y jurídicos a los que este caso nos enfrenta han de ser resueltos con sus propios procedimientos y reglas. Es necesario (imprescindible diría yo) que se subsanen los quebrantos cometidos contra el ordenamiento jurídico y que se depuren cuantas responsabilidades legales, ya sean penales, civiles o administrativas, estén pendientes de resolver. En caso contrario, no mereceremos denominarnos Estado de Derecho. En ese sentido, el mecanismo del 155 ayudará a conseguir dicho objetivo. Pero cuando se resuelvan todos los procedimientos judiciales abiertos y se restaure el normal cumplimiento de la ley, no habremos acabado. Faltará abordar de una vez por todas el tema del modelo territorial español y la resolución de sus cuestiones políticas subyacentes. Por lo tanto, persistir en la actitud tozuda de negar el problema o de dilatarlo sin remisión no procede.

A modo de conclusión, una aclaración final. Negociar no es compatible con la exigencia previa de una de las partes de alcanzar todas sus pretensiones. Tampoco con poner sobre la mesa desde un inicio el resultado final de la negociación. Se trata únicamente de llamadas rastreras y falaces al diálogo hechas por quienes, atrincherados en la más absoluta ilegalidad, pretenden imponer sus postulados a toda costa.

Debate político y aplicación del Derecho: Agua y aceite

Ya ha pasado la fecha del 1 de octubre. Como era de esperar, asistimos a un espectáculo lamentable y bochornoso que debería avergonzarnos como sociedad, como democracia y como Estado de Derecho. Pudimos reconocer al Presidente y al Vicepresidente del Ejecutivo catalán, a la Presidenta de su Parlamento y a varios rostros famosos depositando unos trozos de papel en recipientes habilitados a tal efecto. Presenciamos un simulacro de referéndum, en ausencia de censo electoral, con gente votando varias veces y sin las mínimas garantías elementales de cualquier consulta democrática. Los medios de comunicación trasladaban las imágenes de numerosos ciudadanos introduciendo papeletas en urnas callejeras sin ningún tipo de control, cajas supuestamente depositarias de impresos que aspiraban a considerarse votos y que, desplomadas en sus precipitados traslados, esparcían por la vía pública todo su contenido. Contemplamos cargas policiales, empujones y heridos. Vimos absolutamente de todo, excepto lo que corresponde ver en una sociedad democrática, madura y seria.

Recuerdo ahora a un profesor de mi etapa como estudiante universitario, una de cuyas frases más repetidas era que “lo obvio no se debe discutir”. ¡Pobre docente! Debe estar pasándolo francamente mal en estos tiempos en que lo más básico, lo más elemental y lo más evidente se niega y se rebate por la ignorancia (que es tan atrevida) o por el fanatismo (que no atiende a la lógica). Los humanos se jactan de ser la especie racional del planeta. Sin embargo, los argumentos para perder dicha condición se acumulan, suponiendo que fuera merecida en alguna época. Actuamos cada vez más a través de impulsos irracionales y de arrebatos incontrolados, cegados por una alienante obcecación. Quienes más gritan y quienes más insultan son los que mueven a las masas, ajenos a la reflexión, al estudio, a la meditación de las acciones y a las consecuencias de los actos.

La ilegalidad del referéndum convocado desde la Generalidad de Cataluña es patente y manifiesta. Hasta el propio Presidente del Gobierno vasco Iñigo Urkullu, al que nadie podrá tachar de centralista ni de defensor del Gobierno central, ha reconocido públicamente la ausencia de garantías de semejante consulta. Cientos de profesores universitarios de diferentes disciplinas han explicado y reiterado la improcedencia de los propósitos del Ejecutivo catalán. La Unión Europea y el Consejo de Europa también se han pronunciado en el mismo sentido. Y, sin embargo, el pasado día 1 hemos tenido que padecer una jornada dantesca que se recordará para siempre como una de las páginas más negras de nuestra Historia.

Por lo tanto, después de una catarsis colectiva de tal magnitud, considero muy necesario analizar algunas afirmaciones escuchadas hasta la saciedad que, en mi opinión, no ayudan a calibrar la cuestión correctamente.

1.- Primera afirmación: El problema catalán es un problema político, no jurídico.

Cierto, pero sólo en parte. Efectivamente, el debate sobre el modelo territorial del Estado, sobre la forma de financiación de las Comunidades Autónomas, sobre la reforma de la Constitución o sobre la posibilidad de que un concreto territorio se independice, son cuestiones políticas que pueden (y deben) abordarse en las correspondientes instituciones de la mano de los políticos de turno y, tanto hacerlo como no hacerlo, conlleva una serie de repercusiones. Hasta ahí, nada que alegar. Sin embargo, cuando algunos de esos actores deciden que el camino para lograr sus aspiraciones es saltarse la legalidad y cuando toman la consciente decisión de incumplir las sentencias y de vulnerar las normas, en ese preciso momento, se genera un problema jurídico paralelo al anterior que cuenta con sus propias reglas y procedimientos para ser solucionado. La premisa es bien sencilla. El razonamiento, simple. La fórmula, tan elemental como la tabla de multiplicar del dos: En un Estado Social y Democrático de Derecho se puede discutir sobre cambiar las normas pero, en tanto en cuanto no se modifiquen, se deben cumplir y respetar. De lo contrario, la maquinaria judicial y policial debe actuar.

2.- Segunda afirmación: Los procesos judiciales iniciados con motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre no acabarán con el problema catalán.

Completamente cierto, pero el objetivo de dichos procesos judiciales no es solucionar el problema catalán sino asegurar que las normas se cumplan mientras estén vigentes. Lo contrario supondría defender que, mientras unos políticos tratan de ponerse de acuerdo para encontrar la solución a una controversia de naturaleza política que contente a todos, el Estado de Derecho debe dejar de actuar, las normas deben dejar de tener vigencia y las sentencias deben dejar de aplicarse. Es obvio que las cosas no funcionan así. Se aplica la ley porque eso es lo que sucede en los Estados de Derecho. No para solventar enfrentamientos de índole política, sino como consecuencia ante un quebrantamiento normativo.

3.- Tercera afirmación: Se está judicializando en exceso el denominado problema catalán.

Cierto, y no deseable. Pero los responsables no son quienes persiguen el cumplimiento de las leyes, sino quienes las incumplen deliberada y reiteradamente. Los fiscales tienen la obligación de perseguir los delitos. Los jueces, la responsabilidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el deber de imponer el restablecimiento del orden perturbado y de perseguir las infracciones cometidas. No es una opción. Es una obligación. Cabría mejor preguntarse si se judicializa mucho porque se delinque mucho y, en ese caso, dirigir el dedo acusador hacia los poderes públicos catalanes, ya sea a su Presidente, a sus consejeros o a los alcaldes que, amparándose en el cargo, pensaban que sus actos iban a resultar impunes. He asistido atónito a algunos discursos en los que se recriminaba al Ministerio Fiscal por no quedarse de brazos cruzados ante flagrantes ilegalidades retransmitidas en directo por televisión, o en los que se presionaba a los jueces para que mirasen hacia otro lado, o en los que se insultaba a la Policía y a la Guardia Civil por el mero hecho de cumplir con su deber. Acto seguido, se vomitaban proclamas culpabilizando a quienes trabajan para que se respeten las reglas de convivencia de ser los que crean y agravan el problema. Y, mientras tanto, aquellos que indiscriminadamente vulneran los derechos y normas son calificados de víctimas y mártires en un sermón que jamás puede ser pronunciado por ningún defensor de un modelo de libertades y de un sistema basado en el Derecho.

4.- Cuarta afirmación: Se ha actuado con desproporción por parte del Estado.

Ante este escenario se ha tildado de “desproporción” la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se han dado de frente con personas que se negaban a cumplir sus órdenes y a acatar los requerimientos judiciales. Cabe volver a recordar (porque parece haberse olvidado) que el Estado ostenta el legítimo monopolio del uso de la fuerza. Y debe quedar claro que no es una particularidad de España, sino que sucede en cualquier país del globo terráqueo. La proporción en los métodos empleados y en las acciones realizadas por la policía se debe valorar teniendo en cuenta el bien que se pretende tutelar y el supuesto daños producido o, en otras palabras, que no se genere un daño superior al bien que pretenden amparar. A aquellas personas que se echan las manos a la cabeza cuando la policía usa la fuerza ante el incumplimiento reiterado de las sentencias y de las órdenes legalmente dictadas, les pido que citen algún lugar en el mundo donde, ante situaciones similares, no suceda lo mismo. Los que critican la actuación policial defienden en realidad la impunidad de actuar al margen de la ley y sus discursos, revestidos de pacifismo y de bondad, no son más que alegatos interesados de quienes buscan salirse con la suya a cualquier precio. Y por mucho que griten, insulten o amedrenten, ese “salirse con la suya” equivale a operar al margen de la legalidad sin ninguna consecuencia. Si aceptamos que la vía de los hechos consumados se imponga sobre las normas, hemos fracasado como Estado de Derecho.

En resumen, es cierto que se parte de un problema político. Cierto que, durante décadas, los Gobiernos del Estado han sido irresponsables, cobardes e ineptos a la hora de abordar un problema que se veía venir de lejos. Cierto que, Constitución incluida, muchos aspectos deben ser mejorados. Y cierto también que el diálogo es necesario. Pero este conjunto de afirmaciones no puede ocultar otra igualmente obvia: en un Estado Social y Democrático de Derecho las normas, mientras estén vigentes, deben cumplirse. Por ello, situarse al margen de la legalidad no convierte a nadie en libertador, mártir o romántico revolucionario sino, en su caso, en un delincuente. La política va por un lado y el cumplimiento del Derecho, por otro. Pueden estar conectados, pero no se mezclan. Como el agua y el aceite.

La política como problema, la política como solución.

Uno de los principales problemas de nuestro modelo democrático (y tiene muchos) es la tendencia de la Política a fagocitar cualquier ámbito de actuación. Como si de una plaga invasiva se tratase, a los políticos no les basta con su medio natural (el Parlamento, el Ejecutivo, las diferentes Administraciones…) sino que pretenden conquistar otros territorios que, en pura lógica, les deberían estar vedados. Amparados en la torpe y falaz excusa de la legitimidad que les otorga el hecho de ser representantes populares, aspiran a controlar los medios de comunicación, los órganos de gobierno de los jueces, las cajas de ahorro o las empresas públicas, llevando la dialéctica partidista, las estrategias electorales y los fanatismos de carnet a los Consejos de Administración y a determinadas esferas que nada tienen que ver con los intereses de sus formaciones políticas.

Y si lo referente a la relación de representación entre elector y elegido pasa por momentos delicados, trasladar esa legitimidad a otros órganos manifiestamente alejados del terreno de la Política es una insensatez que deriva en una nefasta gestión, unas pérdidas económicas inasumibles y unos servicios prestados lastrados por el partidismo. Tal fenómeno ha supuesto el trasvase de gran dosis de la mediocridad política al mundo empresarial, judicial e informativo pero, sobre todo, ha provocado la conversión de numerosos entornos técnicos y profesionales en meras máquinas al servicio del interés particular de los dirigentes de turno, y esa extensión desproporcionada de lo político repercute de modo muy dañino sobre el normal funcionamiento del Estado.

Se acaba de votar en el Congreso de los Diputados un nuevo sistema de nombramientos del Consejo de la Corporación de Radio Televisión Española, con el propósito de eliminar la eterna y largamente constatada complicidad entre el medio y las fuerzas mayoritarias. En un principio, se proponía la selección por una mayoría de dos tercios de las Cámaras y, de no lograrse dicho apoyo, se procedería a una segunda votación en la que los candidatos podrían ser designados por una mayoría absoluta, siempre y cuando su candidatura hubiera sido propuesta por, al menos, la mitad de los grupos parlamentarios. Pero al final, tras su paso por el Senado, se modificó lo pactado inicialmente para imponer otras mayorías.

Sin embargo, la controversia primordial no estriba en la implantación de una u otra mayoría cualificada, sino en la traslación de la composición de esas Asambleas a ámbitos ajenos al Parlamento. Los partidos aspiran a colocar en esos cargos a miembros afines ideológicamente, simpatizantes o, directamente, militantes, tergiversando así la naturaleza jurídica de los órganos y aplicándoles una capa de barniz que, en ninguno caso, deberían lucir.

Los ciudadanos somos plenamente conscientes de la parcialidad informativa de todas las cadenas públicas (sean estatales o autonómicas) y de la designación de determinados puestos con el ánimo de devolver favores, mantener cuotas de influencia o difundir postulados ideológicos a través de la programación. Por lo tanto, ni una mayoría de dos tercios ni una de tres quintos van a resolver el fondo del asunto. No dudo de que pueda existir una figura de consenso que sepa actuar con profesionalidad, al margen de presiones y manipulaciones, pero los antecedentes no son esperanzadores y la propensión a repartirse el pastel es más que evidente.

A nadie se le escapa el lamentable, bochornoso y, en ocasiones, delictivo espectáculo ofrecido por las Cajas de Ahorro a cuenta de esa tozuda y enfermiza idea de mutar cualquier órgano colegiado en una caricatura del Parlamento o en un cortijo de las formaciones políticas. Como muestra, el escrito de acusación del fiscal del denominado “caso Bankia”, en el que manifiesta que los Consejos de Administración de las Cajas estaban “muy politizados” y eran “poco profesionales”. Es más, afirma que “adoptaron determinadas decisiones en perjuicio de las entidades administradas”. Evidentemente, no se trata de un comportamiento imputable sólo a esa concreta entidad financiera, sino un estilo común y habitual en otras muchas de infausto recuerdo. Es una evidencia tan innegable como la de mirar hacia otro lado y no asumir culpas por el atroz saqueo. De hecho, la Comisión de Investigación parlamentaria que evaluará el rescate de las Cajas no tiene previsto depurar las responsabilidades de los cargos públicos en cuanto a sus quiebras. Incluida en un principio entre sus objetivos, ahora no aparece en la propuesta que su presidenta (la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas) ha enviado a los grupos parlamentarios.

Muy similar es lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial o con el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lejos de ser una apreciación personal (que también), queda confirmada por organismos internacionales y por quienes analizan el tema sin fanatismos ni militancias. Sirva como ejemplo el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), cuando critica con dureza a España por no garantizar la independencia del CGPJ. Recuerda al Estado español que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados”. Además, nuestro país encabeza el ranking europeo de desconfianza en cuanto al modo de nombramiento de cargos judiciales, de acuerdo con la percepción que los propios jueces reflejan en el último informe de la Red Europea de Consejos de Justicia sobre Independencia, Responsabilidad y Calidad del Poder Judicial. En él se denuncia que los jueces españoles observan sus ascensos más politizados y justifica el recelo de la Judicatura española con relación al CGPJ y al Gobierno.

Mención aparte merecen las sesiones en las que los candidatos al puesto comparecen ante alguna comisión parlamentaria llamada a evaluar su valía. La sumisión enfermiza de diputados y senadores a la disciplina de partido y la nula capacidad para llevar a cabo una adecuada valoración técnica convierten esas pruebas en una vergonzosa parodia de lo que deberían ser y no son.

No es mi intención demonizar la Política, pero sí circunscribirla a su esfera propia e impedir que conquiste espacios que no le corresponde ocupar. Convertir órganos o instituciones públicas en terrenos aptos para hacer política es un grave error que termina infectando a nuestro sistema constitucional y, para no incurrir en él, debemos inmunizarlo de este virus.

Ya no merecen llamarse Democracia

El pasado miércoles el Parlamento catalán aprobó la Ley del Referéndum de Autodeterminación y admitió a trámite la denominada “Ley de Transitoriedad”. Por la noche, el Gobierno de dicha Comunidad Autónoma firmó el Decreto 139/2017 de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña y el Decreto 140/2017 de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña que, al día siguiente, salieron publicados en el Boletín Oficial de la Generalitat. Pocas veces en un espacio tan corto de tiempo se han cometido tantos atropellos a los principios más básicos de las civilizaciones democráticas. Es difícil encontrar en la Historia otras veinticuatro horas en las que las vulneraciones de derechos y leyes hayan sido tan graves y constantes como aplaudidas y vitoreadas. Lo acontecido es una muestra más de la decadencia de una sociedad enferma y del triunfo de la mediocridad y de la falta de respeto, no ya a unas reglas normativas claras, sino a una mínima ética política.

El término “hibris” proviene del griego y se usa para calificar al ego desmedido que produce delirios de grandeza. Genera en quienes lo poseen la sensación de ser titulares de dones especiales. Se creen mesías ungidos por la mano de algún tipo de divinidad. Se ven a sí mismos como salvadores de la patria o jefes de un pueblo que debe seguirles con los ojos cerrados y los oídos tapados. Pensar que se es Napoleón puede conducir a terminar encerrado en una institución psiquiátrica pero, en ocasiones, estas personas acaban siendo aupadas a altos cargos públicos, ovacionadas y homenajeadas, persuadidas de que su locura no es tal, convertidas en la esperanza de una ciudadanía oprimida. Y de esos desmanes que provocan, tanta culpa tienen los líderes enajenados por su endiosamiento como las masas que les aclaman.

A lo largo de estos últimos meses hemos asistido a una cadena de acontecimientos que sólo pueden entenderse bajo el prisma de una enajenación colectiva, producto de la manipulación continuada de una ciudadanía mal educada y poco formada. Miles de personas acompañando entre muestras de apoyo hasta la puerta de los Tribunales a imputados que van a declarar por los delitos cometidos. Centenares de miles aclamando a los condenados por prevaricación y desobediencia como a mártires que merecen la santificación. Millones olvidando el permanente saqueo de las arcas públicas con mordidas y comisiones en obras públicas, compelidos por el mensaje falso y mezquino de ser una cultura atacada y una economía maltratada a manos de una cruel potencia radicada en una metrópoli lejana. E innumerables defendiendo la conveniencia de saltarse las normas como único medio para lograr sus objetivos. Semejante aluvión de muestras de irracionalidad generalizada refleja que nuestra sociedad padece una pérdida de lucidez y una ausencia de criterio alarmantes. Como es obvio, el ingente número de adeptos a la causa no ennoblece los comportamientos reprobables y el hecho de contar con el beneplácito de una turba de incondicionales no convierte en correcto lo que no lo es.  No sería la primera vez que apoyos populares masivos derivan en modelos autoritarios.

Tampoco es necesario explicar que lo que ha ocurrido va en contra de las normas. Todo el mundo lo sabe. Incluso los vulneradores directos de las reglas de juego son conscientes de ello y lo justifican. La Presidenta del Parlamento de Cataluña, el Presidente del Gobierno catalán, sus consejeros y cualquiera que apoye esta deriva despótica no niegan que con sus actuaciones vulneran la Constitución Española y su Estatuto de Autonomía. No esconden que desobedecen las sentencias del Tribunal Constitucional, ni que desoyen a sus propios letrados del Parlament, ni que hacen caso omiso al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Por el contrario, se enorgullecen de ello, de modo que no vamos a insistir en lo evidente. Se trata de un atropello flagrante de los derechos de los parlamentarios de la oposición, de los principios democráticos, de los valores constitucionales y de las normas principales, tanto internas como internacionales. Porque el supuesto refugio en el Derecho Internacional es una vil falsedad fácilmente comprobable. Basta con saber leer (en el sentido, no sólo de leer, sino de entender lo que se lee tras un elemental análisis, difícil tarea cuando se está mediatizado por un fanatismo incompatible con cualquier examen crítico).

Hasta un niño de Primaria comprende el respeto a los procedimientos y las reglas que ha acordado un grupo. Desde elegir al delegado de clase hasta aprobar una decisión en una junta de vecinos. Desde los Plenos de los ayuntamientos hasta los de las Cortes Generales. Desde el Parlamento Europeo hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para que esas decisiones sean legítimas, merezcan ser calificadas de democráticas y puedan ser exigibles en Derecho, se deben respetar unos trámites previos y unas normas que los regulan y que les otorgan legitimidad. Pues bien, las autoridades catalanas que pasan por alto esta irrefutable realidad pretenden encima seguir ostentando el calificativo de demócratas. Sin embargo, no lo son y, por lo tanto, no merecen ser calificados como tales.

Los secesionistas ya ni siquiera intentan ser coherentes ni consecuentes con su mensaje. Recurren al Tribunal Constitucional cuando consideran que el Estado invade sus competencias y exigen el acatamiento de sus resoluciones cuando les conviene. Ocupan sus cargos de representación gracias a un sistema constitucional al que se permiten el lujo de tachar de opresor. Los diputados en el Congreso y los senadores catalanes proindependentistas han manifestado abiertamente estar a favor de la denominada “desconexión” y apostar por una República separada de España pero, paradójicamente, no parecen dispuestos a renunciar a sus escaños ni, menos aún, a sus sueldos En la era de la posverdad (es decir, de la mentira) tal contradicción incluso está bien vista.

Una vez descrito el problema, dedicaré unas líneas a hablar de la solución. En mi opinión, a estas alturas no existe ninguna que sea milagrosa ni que resulte inocua. Este conflicto no va a desaparecer sin ocasionar una serie de graves efectos secundarios. Como cualquier enfermedad o controversia, si no se toman medidas a tiempo, las secuelas resultan inevitables. Hace lustros que se tenía que haber sido más hábil desde el punto de vista político, pero se optó por no reaccionar y por mirar hacia otro lado. Mucho me temo que ahora es demasiado tarde para aspirar a un futuro pacífico en el que reinen la lealtad institucional y la convivencia armoniosa. Desde una perspectiva jurídica, las culpabilidades están claras y apuntan en una sola dirección.  Sin embargo, las responsabilidades políticas sí recaen sobre varios destinatarios. Mi aportación en aras de encontrar una salida estriba en animar a que la ciudadanía deje de cerrar los ojos y de taparse los oídos, abandone los fanatismos y comience a analizar y a reflexionar para, a renglón seguido, elegir a unos representantes que se dediquen a resolver problemas en vez de a crearlos. Si no es así, si seguimos apostando por los pirómanos para apagar el fuego, luego no nos quejemos de las llamas acercándose hacia nuestras casas.

Una imagen o mil palabras

En el año 2015 Nilüfer Demir, una fotógrafa que trabajaba como corresponsal para una agencia de noticias turca cubriendo la llegada de inmigrantes, se topó en una orilla con el cadáver de Aylan Kurdi, un niño sirio de tres años que, boca abajo, yacía tendido justo en la línea de la costa. Ejerciendo su profesión, captó aquella imagen que dio la vuelta al mundo abriendo los informativos y las portadas de los periódicos, y causando un gran impacto en buena parte de la población mundial. Quedaba así reflejado el drama de los refugiados, así como la crueldad de las penurias y de la fatalidad del destino de decenas de miles de seres humanos. Golpeó las acomodadas y pasivas conciencias de multitud de gentes y activó, aunque fuese temporalmente, un movimiento de solidaridad e implicación que tuvo consecuencias prácticas. Aumentaron las donaciones a organizaciones no gubernametanles que asisten a colectivos que huyen de las guerras, aumentó la presión social hacia los dirigentes de la Unión Europea, reavivó una situación que tendía a caer en el olvido y, si bien de un modo efímero, reactivó las políticas de ayuda.

No ha sido la primera vez que un testimonio gráfico ayuda a despertar la aletargada moralidad de sociedades supuestamente avanzadas y modernas. Frente a la constante tendencia de mirar hacia otro lado y evadirse de los problemas, los reporteros han logrado a lo largo de la Historia sacudirnos la apatía y la indiferencia para avergonzarnos de las miserias del hombre. Así sucedió, por ejemplo, a través de la fotografía de unos niños vietnamitas huyendo -tomada por Huynh Cong Út en 1972-, y que terminó haciendo mundialmente famosa a una pequeña que gritaba y lloraba desnuda y quemada con napalm en un escenario de horror. No parece descabellado afirmar que su autor caló en el público con su instantánea mucho más que sus compañeros redactores de miles y miles de palabras escritas. Sin embargo, se trata de un icono del periodismo que, si se captase hoy en día, provocaría que numerosas voces exigieran que no llegase a los ojos del espectador. La teoría de lo políticamente correcto impondría pixelar o difuminar su contenido, privándole así de su fuerza y efectividad.

El “World Press Photo”, premio por excelencia del periodismo fotográfico, reconoce año tras año la labor de los profesionales que inmortalizan la realidad para que ésta se difunda. Si repasamos las fotos galardonadas en cada una de sus ediciones, es la plasmación de la violencia, del drama y del sufrimiento la que suele acaparar todos los reconocimientos. En 2017 ha resultado ganadora la instantánea del asesino del embajador ruso en Ankara, con la pistola aún en la mano y con el cuerpo del diplomático tendido en el suelo en un segundo plano. Y en 2016 Warren Richardson retrató a un hombre que pasaba a un bebé a través de una espinosa y peligrosa alambrada entre la frontera de Serbia y Hungría.

La explicación es sencilla. Una imagen vale más que mil palabras. No somos realmente conscientes de las tragedias que nos rodean hasta que no las vemos. Las palabras nos entran por un oído y nos salen por otro, mientras que la imagen nos penetra y se queda grabada en nuestro cerebro. Cuesta muchísimo más maquillar o edulcorar lo que percibimos a través de la vista que lo que recibimos a través la palabra. Los conceptos por escrito, plenos de eufemismos y equívocos, son manipulables a conveniencia para amoldarlos a nuestros intereses. Pero una buena fotografía desarma nuestros mecanismos de defensa y nos deja sin palabras ante una realidad que no podemos ocultar. Aun así, se suscita la polémica sobre la conveniencia o no de publicar imágenes que reflejen las noticias con crudeza. Sin duda, el periodismo y la verdad tienen como enemigos frontales a la demagogia, el sensacionalismo y el morbo. En esos casos, la utilización de una foto con la finalidad de manipular, apelar a los bajos instintos y nutrir a un tipo de prensa amarilla y enfermiza debe criticarse con firmeza. Por el contrario, cuando la conexión entre imagen y noticia es evidente y cuando el acompañamiento gráfico ayuda a tomar conciencia de la envergadura del hecho noticioso, la controversia sobre el supuesto comportamiento poco ético a la hora de difundir aquélla me parece una peligrosa forma de censura, cuando no un procedimiento para evitar que la población sea consciente de lo que ocurre a su alrededor y esté plenamente informada de ello.

Desde el punto de vista jurídico, se generan algunos debates susceptibles de ser analizados. El derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen de un individuo pueden chocar con el derecho a la información, pero aquí estamos hablando de otro asunto (la protección de dos derechos protegidos constitucionalmente) que no se centra en si una imagen es demasiado escabrosa o refleja un excesivo nivel de crueldad para el ciudadano medio. Ningún derecho fundamental es absoluto. Todos tienen límites. Es la jurisprudencia la que proporciona las claves para concluir cuándo debe prevalecer uno u otro.

Se admite el acompañamiento gráfico de una noticia que afecte al derecho a la intimidad o a la propia imagen del interesado cuando dicha información es veraz, posee relevancia pública, no cae en la extralimitación morbosa y no desvela hechos íntimos que no guardan relación con lo sucedido. La trascendencia para un Estado democrático y constitucional de albergar una sociedad correctamente informada impone la preferencia del derecho a la información.

Es obvio que cada medio de comunicación y cada periodista cuentan con un manual de buenas prácticas, con un criterio sobre los límites de su ética profesional, con una opinión de cuándo lo escabroso perjudica a la noticia y con una guía de actuación para ensalzar y potenciar lo verdaderamente relevante. Pues bien, con ocasión del último atentado terrorista en Barcelona no han sido pocas las quejas sobre la difusión de vídeos e imágenes especialmente duros. Cabe entonces preguntar si consideran que una comunicación exclusivamente a través de textos conseguiría trasladar a la ciudadanía la verdadera dimensión de la tragedia y hasta qué punto su deseo de cerrar los ojos tiene que ver más con una innegable (y, en cierto modo, comprensible) propensión a querer aislarse de un mundo a la deriva, a meter la cabeza bajo tierra como el avestruz y a pretender construirse una burbuja donde el espanto y la infamia del género humano no tengan cabida. Entiendo su postura, máxime cuando el rumbo de nuestro planeta parece apuntar hacia el desastre. Pero ello no debe ser óbice para que quienes sí deseamos ser plenamente conocedores de la situación que nos rodea podamos acceder a ella sin paños calientes. Y, en ese sentido, no es posible exigir a los informadores que dulcifiquen lo que es tan tremendamente amargo.

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