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Artículo 155: aplicación, consecuencias y finalidades

El pasado 10 de octubre algunos diputados del Parlamento catalán firmaron un documento en el que, bajo el título de “Declaración de los representantes de Cataluña”, se decía literalmente que “Cataluña restaura hoy su plena soberanía”, declarando a continuación sus firmantes que “constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano”. Junto a las afirmaciones anteriores, se instaba en el texto a “los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano” e, igualmente, se realizaban alusiones a un diálogo con España.

A partir de dicha fecha se ha generado una gran confusión sobre lo sucedido realmente. Minutos antes, el Presidente Carles Puigdemont había pronunciado un discurso en el que combinaba la solemnidad de aquella proclamación de independencia con la subsiguiente petición de mantenerla en suspenso. Quienes defendían que se había proclamado la nueva República se aferraban para argumentar su postura a la literalidad del papel firmado. Quienes sostenían lo contrario, invocaban para motivar su tesis la suspensión demandada por el mismo mandatario catalán, así como la invalidez del citado documento y la irrelevancia en términos jurídicos de todo lo sucedido. Ambas afirmaciones resultaban tan razonadas como contradictorias, muestra del desconcierto más típico en este tipo de situaciones de manifiesta anormalidad en las que cada uno solo ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír.

El clima de incredulidad e indecisión llegó a tal extremo que el responsable del Ejecutivo español, en un requerimiento enviado al Gobierno catalán, preguntó si la independencia se había proclamado verdaderamente. Tras un cruce de cartas y comunicados, quedó constancia de la negativa de las instituciones autonómicas a volver a la legalidad, empeñándose en continuar por un camino al margen de Derecho y haciendo inevitable la activación del artículo 155 de la Constitución como fórmula para restablecer la normalidad jurídica.

Son evidentes y manifiestas las ilegalidades cometidas por numerosos cargos públicos catalanes en ese empeño por lograr la secesión. Muy probablemente, delictivas. Asimismo, llama la atención que, no solo se han saltado la Carta Magna y las correspondientes normas estatales, sino incluso su propia Ley de referéndum (presunta fuente de su nueva legitimidad), con el ánimo de proclamar los supuestos resultados electorales del 1 de octubre. Desde un punto de vista histórico, es habitual que las regiones que se independizan no tengan en cuenta la legalidad anterior. Sin embargo, en este caso, iniciar la andadura saltándose esas leyes propias, llamadas servir de fundamento de la denominada “desconexión”, dice mucho de la impureza y la falta de nobleza de este movimiento, cuyos miembros se hacen trampas a sí mismos y a todos los que les rodean. El Tribunal Constitucional dictó el pasado 17 de octubre una sentencia anulando la citada Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, denominada “del referéndum de autodeterminación”, usando para su razonamiento una frase que, en sí misma, es una obviedad, aunque en estos tiempos en los que se prescinde de los principios, valores y reglas más elementales, parece se hace necesario recalcar: “un poder que niega expresamente el Derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”.

Pero ha sido igualmente clamorosa la falta de habilidad y capacidad política de los gobiernos estatales ante un problema que se veía venir desde hace muchísimos años. La técnica del avestruz de meter la cabeza bajo tierra para evitar los conflictos, unida a cierta cerrazón tendente a negar las realidades y a perpetuar unas regulaciones caducas, ha avivado un conflicto que se ha convertido en el más grave de los últimos cuarenta años.

Pensando con sensatez y lógica, sin fanatismos, solo existe un camino para salir de este laberinto: volver a la legalidad para, desde ella, afrontar el problema y dialogar sobre cómo mejorar nuestras normas de convivencia. Pero para todos, no sólo para algunos. Por ello, se opta por acudir al artículo 155 de la Constitución como vía imprescindible para retornar al escenario en el que el ordenamiento jurídico se respete. Porque el requisito de restaurar la legalidad no es una opción, es un imperativo, al menos si queremos seguir llamándonos Estado de Derecho.

Sin embargo, recurriendo a una metáfora médica, no dudo de que recurrir al tan citado artículo 155 sea una medicina que ayude a normalizar la situación actual, pero el tratamiento del paciente no concluirá exclusivamente con su uso. Servirá para reparar las ilegalidades que, junto a la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas, ayudará a limpiar una herida que destila infección por todas partes, aunque las controversias políticas seguirán estando ahí hasta que el conjunto de las fuerzas políticas tengan la sensatez de abordarlas.

El procedimiento para la aplicación del precepto 155 no está exento de inconvenientes. Es cierto que el Senado -llamado a intervenir en este asunto- se sustenta sobre una amplísima mayoría de miembros del Partido Popular. Tampoco cabe duda de que la unión con otros partidos en torno a la utilización del mencionado precepto favorece su aplicación. Pero su precaria regulación y la ausencia de precedentes suscita varias dudas al respecto de su alcance y sus límites.

El 155 está inspirado claramente en la figura de la “coerción federal”, prevista en el 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Habilita al Gobierno Central a “adoptar las medidas necesarias” para lograr el “cumplimiento forzoso” de las obligaciones que la Comunidad Autónoma no cumple o para restituir la protección del interés general quebrantado. Qué se puede incluir dentro de esas “medidas necesarias” y qué no resulta impreciso, puesto que no se contempla expresamente. Se habla mucho de disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones, una resolución, en principio, extraña e incierta. En otros sistemas federales o compuestos, con similares mecanismos de reacción en manos de los órganos federales o centrales ante conductas de los Estados federados o de los entes territoriales subestatales que atentan contra la mínima lealtad institucional, se prevé la suspensión o disolución de esos órganos regionales. Como ejemplos que contemplan explícitamente la suspensión o disolución de las instituciones territoriales, pueden citarse el artículo 100 de la Constitución austriaca, el artículo 126 de la Constitución italiana o el apartado 31 del artículo 75 de la Constitución argentina. Hubiese sido deseable que estas medidas vinieran recogidas de forma clara y nítida en nuestra Carta Magna, pero la laxitud de nuestra regulación, unida al alcance de la medida en el Derecho comparado, invitan a pensar que la opción es posible.

Menos polémicas suscitan otras medidas, como las de control de los “Mossos d’Esquadra” o las derivadas de un control económico o financiero directo, las cuales sí parecen encajar sin duda dentro de esas facultades tan amplias que figuran en la literalidad del artículo 155.

En cualquier caso, pese a la hipótesis futura de una nueva composición de la Cámara autonómica, o incluso de un nuevo Ejecutivo catalán con muchos de sus integrantes inhabilitados y condenados por  sus clamorosas vulneraciones de las normas, el problema político de fondo seguirá pendiente de resolver.

He manifestado infinidad de veces que los retos políticos y jurídicos a los que este caso nos enfrenta han de ser resueltos con sus propios procedimientos y reglas. Es necesario (imprescindible diría yo) que se subsanen los quebrantos cometidos contra el ordenamiento jurídico y que se depuren cuantas responsabilidades legales, ya sean penales, civiles o administrativas, estén pendientes de resolver. En caso contrario, no mereceremos denominarnos Estado de Derecho. En ese sentido, el mecanismo del 155 ayudará a conseguir dicho objetivo. Pero cuando se resuelvan todos los procedimientos judiciales abiertos y se restaure el normal cumplimiento de la ley, no habremos acabado. Faltará abordar de una vez por todas el tema del modelo territorial español y la resolución de sus cuestiones políticas subyacentes. Por lo tanto, persistir en la actitud tozuda de negar el problema o de dilatarlo sin remisión no procede.

A modo de conclusión, una aclaración final. Negociar no es compatible con la exigencia previa de una de las partes de alcanzar todas sus pretensiones. Tampoco con poner sobre la mesa desde un inicio el resultado final de la negociación. Se trata únicamente de llamadas rastreras y falaces al diálogo hechas por quienes, atrincherados en la más absoluta ilegalidad, pretenden imponer sus postulados a toda costa.

Debate político y aplicación del Derecho: Agua y aceite

Ya ha pasado la fecha del 1 de octubre. Como era de esperar, asistimos a un espectáculo lamentable y bochornoso que debería avergonzarnos como sociedad, como democracia y como Estado de Derecho. Pudimos reconocer al Presidente y al Vicepresidente del Ejecutivo catalán, a la Presidenta de su Parlamento y a varios rostros famosos depositando unos trozos de papel en recipientes habilitados a tal efecto. Presenciamos un simulacro de referéndum, en ausencia de censo electoral, con gente votando varias veces y sin las mínimas garantías elementales de cualquier consulta democrática. Los medios de comunicación trasladaban las imágenes de numerosos ciudadanos introduciendo papeletas en urnas callejeras sin ningún tipo de control, cajas supuestamente depositarias de impresos que aspiraban a considerarse votos y que, desplomadas en sus precipitados traslados, esparcían por la vía pública todo su contenido. Contemplamos cargas policiales, empujones y heridos. Vimos absolutamente de todo, excepto lo que corresponde ver en una sociedad democrática, madura y seria.

Recuerdo ahora a un profesor de mi etapa como estudiante universitario, una de cuyas frases más repetidas era que “lo obvio no se debe discutir”. ¡Pobre docente! Debe estar pasándolo francamente mal en estos tiempos en que lo más básico, lo más elemental y lo más evidente se niega y se rebate por la ignorancia (que es tan atrevida) o por el fanatismo (que no atiende a la lógica). Los humanos se jactan de ser la especie racional del planeta. Sin embargo, los argumentos para perder dicha condición se acumulan, suponiendo que fuera merecida en alguna época. Actuamos cada vez más a través de impulsos irracionales y de arrebatos incontrolados, cegados por una alienante obcecación. Quienes más gritan y quienes más insultan son los que mueven a las masas, ajenos a la reflexión, al estudio, a la meditación de las acciones y a las consecuencias de los actos.

La ilegalidad del referéndum convocado desde la Generalidad de Cataluña es patente y manifiesta. Hasta el propio Presidente del Gobierno vasco Iñigo Urkullu, al que nadie podrá tachar de centralista ni de defensor del Gobierno central, ha reconocido públicamente la ausencia de garantías de semejante consulta. Cientos de profesores universitarios de diferentes disciplinas han explicado y reiterado la improcedencia de los propósitos del Ejecutivo catalán. La Unión Europea y el Consejo de Europa también se han pronunciado en el mismo sentido. Y, sin embargo, el pasado día 1 hemos tenido que padecer una jornada dantesca que se recordará para siempre como una de las páginas más negras de nuestra Historia.

Por lo tanto, después de una catarsis colectiva de tal magnitud, considero muy necesario analizar algunas afirmaciones escuchadas hasta la saciedad que, en mi opinión, no ayudan a calibrar la cuestión correctamente.

1.- Primera afirmación: El problema catalán es un problema político, no jurídico.

Cierto, pero sólo en parte. Efectivamente, el debate sobre el modelo territorial del Estado, sobre la forma de financiación de las Comunidades Autónomas, sobre la reforma de la Constitución o sobre la posibilidad de que un concreto territorio se independice, son cuestiones políticas que pueden (y deben) abordarse en las correspondientes instituciones de la mano de los políticos de turno y, tanto hacerlo como no hacerlo, conlleva una serie de repercusiones. Hasta ahí, nada que alegar. Sin embargo, cuando algunos de esos actores deciden que el camino para lograr sus aspiraciones es saltarse la legalidad y cuando toman la consciente decisión de incumplir las sentencias y de vulnerar las normas, en ese preciso momento, se genera un problema jurídico paralelo al anterior que cuenta con sus propias reglas y procedimientos para ser solucionado. La premisa es bien sencilla. El razonamiento, simple. La fórmula, tan elemental como la tabla de multiplicar del dos: En un Estado Social y Democrático de Derecho se puede discutir sobre cambiar las normas pero, en tanto en cuanto no se modifiquen, se deben cumplir y respetar. De lo contrario, la maquinaria judicial y policial debe actuar.

2.- Segunda afirmación: Los procesos judiciales iniciados con motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre no acabarán con el problema catalán.

Completamente cierto, pero el objetivo de dichos procesos judiciales no es solucionar el problema catalán sino asegurar que las normas se cumplan mientras estén vigentes. Lo contrario supondría defender que, mientras unos políticos tratan de ponerse de acuerdo para encontrar la solución a una controversia de naturaleza política que contente a todos, el Estado de Derecho debe dejar de actuar, las normas deben dejar de tener vigencia y las sentencias deben dejar de aplicarse. Es obvio que las cosas no funcionan así. Se aplica la ley porque eso es lo que sucede en los Estados de Derecho. No para solventar enfrentamientos de índole política, sino como consecuencia ante un quebrantamiento normativo.

3.- Tercera afirmación: Se está judicializando en exceso el denominado problema catalán.

Cierto, y no deseable. Pero los responsables no son quienes persiguen el cumplimiento de las leyes, sino quienes las incumplen deliberada y reiteradamente. Los fiscales tienen la obligación de perseguir los delitos. Los jueces, la responsabilidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el deber de imponer el restablecimiento del orden perturbado y de perseguir las infracciones cometidas. No es una opción. Es una obligación. Cabría mejor preguntarse si se judicializa mucho porque se delinque mucho y, en ese caso, dirigir el dedo acusador hacia los poderes públicos catalanes, ya sea a su Presidente, a sus consejeros o a los alcaldes que, amparándose en el cargo, pensaban que sus actos iban a resultar impunes. He asistido atónito a algunos discursos en los que se recriminaba al Ministerio Fiscal por no quedarse de brazos cruzados ante flagrantes ilegalidades retransmitidas en directo por televisión, o en los que se presionaba a los jueces para que mirasen hacia otro lado, o en los que se insultaba a la Policía y a la Guardia Civil por el mero hecho de cumplir con su deber. Acto seguido, se vomitaban proclamas culpabilizando a quienes trabajan para que se respeten las reglas de convivencia de ser los que crean y agravan el problema. Y, mientras tanto, aquellos que indiscriminadamente vulneran los derechos y normas son calificados de víctimas y mártires en un sermón que jamás puede ser pronunciado por ningún defensor de un modelo de libertades y de un sistema basado en el Derecho.

4.- Cuarta afirmación: Se ha actuado con desproporción por parte del Estado.

Ante este escenario se ha tildado de “desproporción” la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se han dado de frente con personas que se negaban a cumplir sus órdenes y a acatar los requerimientos judiciales. Cabe volver a recordar (porque parece haberse olvidado) que el Estado ostenta el legítimo monopolio del uso de la fuerza. Y debe quedar claro que no es una particularidad de España, sino que sucede en cualquier país del globo terráqueo. La proporción en los métodos empleados y en las acciones realizadas por la policía se debe valorar teniendo en cuenta el bien que se pretende tutelar y el supuesto daños producido o, en otras palabras, que no se genere un daño superior al bien que pretenden amparar. A aquellas personas que se echan las manos a la cabeza cuando la policía usa la fuerza ante el incumplimiento reiterado de las sentencias y de las órdenes legalmente dictadas, les pido que citen algún lugar en el mundo donde, ante situaciones similares, no suceda lo mismo. Los que critican la actuación policial defienden en realidad la impunidad de actuar al margen de la ley y sus discursos, revestidos de pacifismo y de bondad, no son más que alegatos interesados de quienes buscan salirse con la suya a cualquier precio. Y por mucho que griten, insulten o amedrenten, ese “salirse con la suya” equivale a operar al margen de la legalidad sin ninguna consecuencia. Si aceptamos que la vía de los hechos consumados se imponga sobre las normas, hemos fracasado como Estado de Derecho.

En resumen, es cierto que se parte de un problema político. Cierto que, durante décadas, los Gobiernos del Estado han sido irresponsables, cobardes e ineptos a la hora de abordar un problema que se veía venir de lejos. Cierto que, Constitución incluida, muchos aspectos deben ser mejorados. Y cierto también que el diálogo es necesario. Pero este conjunto de afirmaciones no puede ocultar otra igualmente obvia: en un Estado Social y Democrático de Derecho las normas, mientras estén vigentes, deben cumplirse. Por ello, situarse al margen de la legalidad no convierte a nadie en libertador, mártir o romántico revolucionario sino, en su caso, en un delincuente. La política va por un lado y el cumplimiento del Derecho, por otro. Pueden estar conectados, pero no se mezclan. Como el agua y el aceite.

Ya no merecen llamarse Democracia

El pasado miércoles el Parlamento catalán aprobó la Ley del Referéndum de Autodeterminación y admitió a trámite la denominada “Ley de Transitoriedad”. Por la noche, el Gobierno de dicha Comunidad Autónoma firmó el Decreto 139/2017 de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña y el Decreto 140/2017 de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña que, al día siguiente, salieron publicados en el Boletín Oficial de la Generalitat. Pocas veces en un espacio tan corto de tiempo se han cometido tantos atropellos a los principios más básicos de las civilizaciones democráticas. Es difícil encontrar en la Historia otras veinticuatro horas en las que las vulneraciones de derechos y leyes hayan sido tan graves y constantes como aplaudidas y vitoreadas. Lo acontecido es una muestra más de la decadencia de una sociedad enferma y del triunfo de la mediocridad y de la falta de respeto, no ya a unas reglas normativas claras, sino a una mínima ética política.

El término “hibris” proviene del griego y se usa para calificar al ego desmedido que produce delirios de grandeza. Genera en quienes lo poseen la sensación de ser titulares de dones especiales. Se creen mesías ungidos por la mano de algún tipo de divinidad. Se ven a sí mismos como salvadores de la patria o jefes de un pueblo que debe seguirles con los ojos cerrados y los oídos tapados. Pensar que se es Napoleón puede conducir a terminar encerrado en una institución psiquiátrica pero, en ocasiones, estas personas acaban siendo aupadas a altos cargos públicos, ovacionadas y homenajeadas, persuadidas de que su locura no es tal, convertidas en la esperanza de una ciudadanía oprimida. Y de esos desmanes que provocan, tanta culpa tienen los líderes enajenados por su endiosamiento como las masas que les aclaman.

A lo largo de estos últimos meses hemos asistido a una cadena de acontecimientos que sólo pueden entenderse bajo el prisma de una enajenación colectiva, producto de la manipulación continuada de una ciudadanía mal educada y poco formada. Miles de personas acompañando entre muestras de apoyo hasta la puerta de los Tribunales a imputados que van a declarar por los delitos cometidos. Centenares de miles aclamando a los condenados por prevaricación y desobediencia como a mártires que merecen la santificación. Millones olvidando el permanente saqueo de las arcas públicas con mordidas y comisiones en obras públicas, compelidos por el mensaje falso y mezquino de ser una cultura atacada y una economía maltratada a manos de una cruel potencia radicada en una metrópoli lejana. E innumerables defendiendo la conveniencia de saltarse las normas como único medio para lograr sus objetivos. Semejante aluvión de muestras de irracionalidad generalizada refleja que nuestra sociedad padece una pérdida de lucidez y una ausencia de criterio alarmantes. Como es obvio, el ingente número de adeptos a la causa no ennoblece los comportamientos reprobables y el hecho de contar con el beneplácito de una turba de incondicionales no convierte en correcto lo que no lo es.  No sería la primera vez que apoyos populares masivos derivan en modelos autoritarios.

Tampoco es necesario explicar que lo que ha ocurrido va en contra de las normas. Todo el mundo lo sabe. Incluso los vulneradores directos de las reglas de juego son conscientes de ello y lo justifican. La Presidenta del Parlamento de Cataluña, el Presidente del Gobierno catalán, sus consejeros y cualquiera que apoye esta deriva despótica no niegan que con sus actuaciones vulneran la Constitución Española y su Estatuto de Autonomía. No esconden que desobedecen las sentencias del Tribunal Constitucional, ni que desoyen a sus propios letrados del Parlament, ni que hacen caso omiso al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Por el contrario, se enorgullecen de ello, de modo que no vamos a insistir en lo evidente. Se trata de un atropello flagrante de los derechos de los parlamentarios de la oposición, de los principios democráticos, de los valores constitucionales y de las normas principales, tanto internas como internacionales. Porque el supuesto refugio en el Derecho Internacional es una vil falsedad fácilmente comprobable. Basta con saber leer (en el sentido, no sólo de leer, sino de entender lo que se lee tras un elemental análisis, difícil tarea cuando se está mediatizado por un fanatismo incompatible con cualquier examen crítico).

Hasta un niño de Primaria comprende el respeto a los procedimientos y las reglas que ha acordado un grupo. Desde elegir al delegado de clase hasta aprobar una decisión en una junta de vecinos. Desde los Plenos de los ayuntamientos hasta los de las Cortes Generales. Desde el Parlamento Europeo hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para que esas decisiones sean legítimas, merezcan ser calificadas de democráticas y puedan ser exigibles en Derecho, se deben respetar unos trámites previos y unas normas que los regulan y que les otorgan legitimidad. Pues bien, las autoridades catalanas que pasan por alto esta irrefutable realidad pretenden encima seguir ostentando el calificativo de demócratas. Sin embargo, no lo son y, por lo tanto, no merecen ser calificados como tales.

Los secesionistas ya ni siquiera intentan ser coherentes ni consecuentes con su mensaje. Recurren al Tribunal Constitucional cuando consideran que el Estado invade sus competencias y exigen el acatamiento de sus resoluciones cuando les conviene. Ocupan sus cargos de representación gracias a un sistema constitucional al que se permiten el lujo de tachar de opresor. Los diputados en el Congreso y los senadores catalanes proindependentistas han manifestado abiertamente estar a favor de la denominada “desconexión” y apostar por una República separada de España pero, paradójicamente, no parecen dispuestos a renunciar a sus escaños ni, menos aún, a sus sueldos En la era de la posverdad (es decir, de la mentira) tal contradicción incluso está bien vista.

Una vez descrito el problema, dedicaré unas líneas a hablar de la solución. En mi opinión, a estas alturas no existe ninguna que sea milagrosa ni que resulte inocua. Este conflicto no va a desaparecer sin ocasionar una serie de graves efectos secundarios. Como cualquier enfermedad o controversia, si no se toman medidas a tiempo, las secuelas resultan inevitables. Hace lustros que se tenía que haber sido más hábil desde el punto de vista político, pero se optó por no reaccionar y por mirar hacia otro lado. Mucho me temo que ahora es demasiado tarde para aspirar a un futuro pacífico en el que reinen la lealtad institucional y la convivencia armoniosa. Desde una perspectiva jurídica, las culpabilidades están claras y apuntan en una sola dirección.  Sin embargo, las responsabilidades políticas sí recaen sobre varios destinatarios. Mi aportación en aras de encontrar una salida estriba en animar a que la ciudadanía deje de cerrar los ojos y de taparse los oídos, abandone los fanatismos y comience a analizar y a reflexionar para, a renglón seguido, elegir a unos representantes que se dediquen a resolver problemas en vez de a crearlos. Si no es así, si seguimos apostando por los pirómanos para apagar el fuego, luego no nos quejemos de las llamas acercándose hacia nuestras casas.

Libertad religiosa y religión sin libertad

La cuestión de la aceptación o no de la vestimenta de las mujeres musulmanas en las sociedades occidentales, donde se propugna el  principio de igualdad, se revela como una de las controversias jurídicas más espinosas de los últimos tiempos. La Audiencia Nacional ha dictado recientemente una resolución en la que avala la prohibición a una presa islamista del uso del “hiyab” dentro de la prisión. Dicho Tribunal estimó el recurso del Ministerio Fiscal, anulando la previa autorización de un Juez de Vigilancia Penitenciaria, y concluyendo que tal medida no viola el derecho a la libertad religiosa de la joven de 20 años, detenida por su presunta pertenencia al Daesh.

La motivación del escrito se basa en dos factores. El primero alude a los problemas de seguridad aducidos por Instituciones Penitenciarias ante una prenda que oculta cabello, oídos y cuello y que sólo deja al descubierto una reducida parte del rostro. A juicio de los magistrados, la limitación de su uso está amparada en razones derivadas de la seguridad, dadas las dimensiones del atuendo, la dificultad de identificación y la posibilidad de ocultación de objetos prohibidos.  El segundo, se centra en el uso que la reclusa otorga a la prenda para reivindicar el yihadismo y llevar a cabo una labor de radicalización de otras internas que  profesan su misma religión. En la resolución se da por probado ese afán propagandístico, que obra en detrimento de la finalidad rehabilitadora y reinsertadora de la pena. Como prueba del carácter controvertido del asunto, uno de los magistrados ha emitido un voto particular considerando que el veto al “hiyab” supone una injerencia en el derecho fundamental a la libertad de manifestar las propias convicciones religiosas.

Sería deseable en este punto analizar la diversidad de vestimentas de referencia y sus posibles características diferenciales (no es lo mismo un “burka” que un “nikab”, un “hiyab” o un “chador”) pero, en cualquier caso, lo cierto es que esta polémica no se circunscribe exclusivamente a las cárceles. A principios del presente año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que analizaba la utilización de símbolos religiosos, como puede ser el velo islámico, en el ámbito laboral, y la posibilidad de que su prohibición pudiera considerarse discriminatoria.

El Alto Tribunal de Justicia analiza la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y lo que en la misma se entiende como principio de igualdad de trato. El fundamento de la decisión se basa en la previa existencia de unas normas internas en la empresa relativas a la neutralidad con relación a cualquier tipo de signo visible de convicciones políticas, filosóficas o religiosas, aplicadas por igual a todos sus trabajadores. En ese sentido, la conclusión es que dichas normas, al aplicarse a todos ellos, no establecen diferencia alguna. Por lo tanto, la prohibición de llevar velo u otro símbolo religioso en el trabajo no se declara discriminatoria por estar vinculada a un régimen de neutralidad aplicable de una forma congruente y sistemática.

Sin embargo, la polémica ha alcanzado a más órganos judiciales. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha estudiado el tema. Cabe citar la reciente sentencia de 1 de julio de 2014 relativa a la norma francesa que estableció la prohibición del velo integral en lugares públicos. En ella se no consideró dicha legislación contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos. En cuanto a la seguridad y al orden público, se asume como válido que un Estado considere esencial identificar a los individuos para prevenir lesiones sobre la seguridad de personas y bienes, así como para luchar contra el fraude de identidad. En ese sentido, se avala la necesidad de despojarse de indumentarias con connotaciones religiosas en el marco de controles de seguridad y la obligación de aparecer con el rostro descubierto en las fotografías destinadas a documentos oficiales.

Sea como fuere, además de lo manifestado anteriormente, me gustaría concluir este artículo llevando a cabo una reflexión sobre la naturaleza misma de esta polémica y sobre quienes, amparándose en la libertad religiosa, critican las normas y decisiones tendentes a limitar o prohibir estas vestimentas. Me pregunto qué grado de libertad existe realmente. O, dicho de otro modo, me cuestiono si se está hablando de la imposición del velo integral (burka y niqab) en un contexto de subordinación y marginación femenina, incompatible con los valores que conforman las sociedades democráticas. Sería preciso reflexionar sobre si unas mujeres educadas, influenciadas y mediatizadas por un entorno que les reclama constantemente posturas de sumisión, sometimiento y ocultación pública, deciden libremente. ¿Qué nivel de libertad subyace en la decisión de ponerse un burka? O, contemplado desde el punto de vista contrario, ¿una musulmana que vive en una sociedad cuya religión establece semejantes cánones puede escoger no llevar velo islámico? ¿A qué nos referimos cuando aludimos al término “libertad” seguido del calificativo “religiosa”? ¿Podemos hablar de libertad religiosa cuando esa propia religión no reconoce la libertad del individuo?

El propio T.E.D.H. consideró hasta qué punto tanto la religión que obliga al uso de la prenda, como la norma que lo prohíbe, coloca a las afectadas frente a un complejo y perverso dilema, que puede ocasionarles la consecuencia de aislarlas y ser rechazadas por sus familias y por la comunidad en la que desarrollan su vida diaria. Si eso es así ¿de qué libertad hablamos? Es posible que en la época del Absolutismo algunos individuos asumieran su condición de súbditos, pero su resignación y la aceptación de esa situación no les convertía en hombres libres.

Si al proclamar la libertad religiosa debemos aceptar los postulados de una religión que relega, margina, discrimina y subordina a la mujer por el mero hecho de serlo, entonces, por pura coherencia, al proclamar la libertad ideológica debemos aceptar las ideologías y los partidos políticos que defienden barbaridades como la discriminación por razón de raza. Hay que extremar, pues, el cuidado respecto a los límites que queremos establecer o, como mínimo, reflexionar acerca de ello. Y la solución no va a ser sencilla. Cada vez que se produzca un choque entre dos Derechos Fundamentales (el derecho al honor con el derecho a la información, el derecho a la seguridad con el derecho a la libertad, etc…), cualquier decisión implicará la asunción de riesgos. Si favorecemos más a uno, limitaremos entonces al otro. La repercusión de la libertad religiosa sobre la libertad en general y sobre la igualdad es muy trascendente. No existen soluciones mágicas ni inocuas que contenten a todo el mundo pero, de la opción escogida, dependerá el tipo de sociedad que seamos en el futuro.

Consumidores contra bancos: combate amañado

El pasaje bíblico que relata el enfrentamiento de David contra Goliat ha sido siempre un referente para todos los luchadores en situación de desventaja. También suele constituir una fuente de esperanza para quienes aspiran al triunfo del bien sobre el mal, incluso a pesar de la ausencia de una aparente igualdad de armas y fuerzas. Existen a día de hoy numerosos ejemplos de contiendas entre partes cuya desigualdad de medios es patente y manifiesta. Una de las que más titulares de medios de comunicación ha copado es la entablada entre los consumidores -simples particulares- y las entidades bancarias. Las cláusulas abusivas impuestas por los bancos en sus hipotecas, préstamos y demás contratos han dado lugar a un número considerable de batallas legales que, tras no poco tiempo y paciencia invertidos, empiezan a generar algunos frutos. Los jueces han jugado un papel fundamental a la hora de proteger a la parte más débil de dicha relación. Junto a buena parte de los miembros de la Abogacía, han conseguido anular estas prácticas poco transparentes, desequilibradas e injustas.

Cabía pensar que, ante semejante combate, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial -en consonancia con los pronunciamientos judiciales de las instancias nacionales y europeas- tomarían medidas para amparar a los ciudadanos que, como meros consumidores, deben reclamar sus derechos frente a potentes multinacionales y empresas de inagotables recursos. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el órgano de gobierno de los jueces han adoptado una serie de resoluciones a favor claramente de la Banca, con la pretensión de influir en esta disputa de largo recorrido ante en los Tribunales.

Para empezar, el Gobierno Central dictó el Real Decreto-Ley 1/2017 con el inapropiado nombre de “medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”. El hecho de que todas las asociaciones de consumidores criticaran aquella medida normativa de forma unánime ya era un indicador de hasta qué punto se trataba de una mera cortina de humo para aparentar que se tomaba la iniciativa y se daba respuesta a un problema grave.

Lo cierto es que quedó justamente en eso, en una apariencia, en puro teatro, pues los grandes beneficiados fueron nuevamente los bancos. Se les concedía una moratoria que dilató artificialmente la resolución del conflicto y que, en la práctica, no ha ayudado en nada a los particulares. Quienes se lanzaron a acogerse al citado Real Decreto como solución a sus problemas, se han dado de bruces con el fraude de que las entidades financieras no están obligadas a nada. Ni siquiera tienen que contestar a las solicitudes que reciben y, cuando lo hacen, sus destinatarios reciben respuestas negativas estereotipadas e idénticas, formularios ajustables a cualquier supuesto previamente redactados y, desde luego, sin aplicar la clara jurisprudencia sobre la denominada “cláusula suelo”.

Tal vez alguien piense que el Ejecutivo tampoco debería decantarse a favor de los consumidores en esta pugna legal y que tendría que limitarse a adoptar una postura neutral, sin dotar de políticas proteccionistas a ninguna de las partes. Sin embargo, tal reflexión es errónea. El artículo 51 de la Constitución, incluido dentro de los Principios Rectores de la Política Social y Económica, establece literalmente que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Es decir, que por mandato constitucional nuestro Gobierno no debe abrazar una conducta pasiva. No obstante, lo que yo denuncio aquí no es que, pese a esa clara orden contenida en nuestra Constitución, el Ejecutivo haya pretendido ser neutral, sino que, para colmo, haya perjudicado a los consumidores y haya ayudado a los bancos, lo que añade a su incumplimiento una agravante adicional.

Aun después del desengaño derivado de la ineficacia de esta medida gubernamental, los afectados han seguido acudiendo a los tribunales y, en este punto, ha sido el Consejo General del Poder Judicial el encargado de ponerles más piedras en el camino y más obstáculos en el ejercicio de reclamación de sus derechos. En lugar de permitir que los jueces de Primera Instancia acojan estas demandas o de, en su caso, dotar de más medios a los juzgados ya existentes, han tenido la pintoresca idea de concentrar todo este tipo de reclamaciones en tan sólo cincuenta y cuatro juzgados, repartidos por todo el territorio español. Por seis votos a dos, la Comisión Permanente del C.G.P.J. decidió que esa avalancha de decenas de miles de reclamaciones previstas se tramitase en apenas medio centenar de juzgados que ya han nacido colapsados. En un mes han recibido cerca de dieciséis mil demandas. Con esta progresión, antes de final de año el número de casos se habrá elevado a cien mil. La consecuencia es tan previsible como inevitable: los consumidores se verán atrapados en una telaraña judicial que eternizará la resolución de sus conflictos. Por lo tanto, la medida del C.G.P.J. beneficia nuevamente a los bancos, que no tienen ninguna prisa por devolver un dinero incorrectamente cobrado. A ellos la ralentización del proceso no les supone inconveniente alguno.

Hasta el momento se han presentado cinco recursos contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial. Uno de ellos, por el Consejo General de la Abogacía Española. Los ochenta y tres Colegios de Abogados de toda España se concentraron en Granada para mostrar su disconformidad y su rechazo al plan del C.G.P.J., puesto que agrava el problema que, supuestamente, trata de solucionar. Esos cincuenta y cuatro juzgados designados carecen de capacidad para absorber tantas demandas y no se les ha dotado ni de medios ni de presupuestos por parte del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, lo que está provocando graves disfunciones.

Quienes están llamados a velar por la Administración de Justicia y a preservar los derechos de los consumidores se están dedicando a torpedear sus legítimas reclamaciones, ya avaladas por las más altas instancias judiciales españolas y de la Unión Europea. Pretenden amañar un combate de por sí desequilibrado. Y, por enésima vez, seremos los jueces y los abogados quienes debamos enfrentarnos a esas enormes dificultades. Me temo que no procede esperar ninguna ayuda de los Poderes Púbicos. Esa es la triste realidad.

 

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