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Trabajo a tiempo parcial, mujeres y discriminación

El pasado 9 de noviembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia en la que concluye que el sistema utilizado en España para determinar la duración de la prestación por desempleo de los trabajadores en la modalidad de “tiempo parcial vertical” va en contra del Derecho de la Unión, puntualizando además que, dado que la mayoría de trabajadores de esta categoría son mujeres, dicho sistema supone una diferencia de trato en perjuicio de éstas.

Dicha resolución judicial trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, el cual enjuiciaba la demanda de una trabajadora que, tras pasar más de doce años como empleada a tiempo parcial, perdió su puesto de trabajo, solicitando la correspondiente prestación por desempleo. Pese a concedérsele, la extensión temporal de la ayuda fue muy inferior a la que le hubiese correspondido si su contrato fuese a tiempo completo o, incluso, si fuese a tiempo parcial horizontal. Conviene precisar que existen dos modalidades de trabajadores a tiempo parcial: vertical y horizontal. Se considera trabajo a tiempo parcial “vertical” aquel en el que la persona que lo realiza concentra sus horas de trabajo en determinados días laborables de la semana, mientras que se define como “horizontal” aquel en el que la persona que lo realiza trabaja todos los días laborables de la semana. En el caso que nos ocupa, la Administración española procedió a excluir los días no trabajados a los efectos del cálculo de la prestación por desempleo dado que, conforme a la legislación vigente en España, sólo se tienen en cuenta los días efectivamente trabajados, descontando en el caso de estos trabajadores temporales aquellos en los que no acuden a trabajar.

El propio Juzgado español que planteó la cuestión prejudicial ya razonó en su escrito dirigido al Tribunal europeo que esta categoría de trabajadores está doblemente penalizada ya que, por una parte, el menor salario mensual por el hecho de trabajar a tiempo parcial implica una prestación por desempleo de un importe desproporcionadamente inferior y, por otra parte, se reduce la duración de esta prestación, puesto que solo se contabilizan los días trabajados, a pesar de que el período de cotización sea más amplio. El Tribunal español cuestionó además al Tribunal de Justicia, si la Directiva sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social se opone a la legislación española enjuiciada, al ser un hecho fehaciente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres.

La respuesta del órgano judicial comunitario ha sido clara y contundente. Afirma que la normativa de la Unión Europea no admite normas internas de los Estados miembros que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical, excluya los días no trabajados del cálculo de los días cotizados, reduciendo de este modo el período de pago de la prestación por desempleo. Además, ha declarado probado que un ochenta por ciento de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres, por lo que, igualmente, considera que la medida incluye una discriminación de género hacia la población femenina. En concreto, la Corte habla de una discriminación indirecta con respecto a las mujeres, ya que, según reiterada jurisprudencia, existe discriminación indirecta cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada aparentemente de manera neutra, perjudique de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.

Estamos, pues, ante otro caso en el que la lucha y el tesón de una persona y de su abogado terminan por conseguir que se acaben con injusticias que padecen miles de ciudadanos. Esta sentencia da la razón a una concreta empleada, pero sus efectos se multiplicarán sobre decenas de miles. No es la primera vez que desde Europa se termina dictaminando en contra de España por leyes y normativas laborales que generan una diferencia de trato inaceptable. Por ejemplo, en una sentencia de 22 de noviembre de 2012, ya se dictaminó que la legislación española en materia de pensión de jubilación contributiva de los trabajadores a tiempo parcial es discriminatoria, al exigir un periodo de cotización proporcionalmente más elevado para trabajadores a tiempo parcial, los cuales (en su mayor parte, mujeres) soportan esa diferencia ilegal de trato.

También nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, concluyendo en la sentencia 61/2013 que las diferencias de trato en cuanto al cómputo de los períodos de carencia que seguían experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo se encontraban desprovistas de una justificación razonable que guardase la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida, por lo que se vulneraba el artículo 14 de la Constitución, tanto por lesionar el Derecho a la igualdad como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo.

Ahora falta únicamente que nuestro Gobierno y nuestro Parlamento -que, en ocasiones, tanto se llenan la boca con el respeto a las resoluciones judiciales- terminen por desterrar de nuestros códigos y leyes estas prácticas, que son consideradas desde la Justicia interna y comunitaria como atentatorias al Principio y al Derecho de igualdad.

Rebelión, sedición y Derecho Constitucional

Por mucho que algunos se empeñen en presentar los hechos acontecidos en Cataluña como una visión romántica de una revolución popular impulsada por la libre voluntad ciudadana e inspirada en los principios democráticos más puros frente a un poder opresor, lo cierto es que tal intento de manipulación y tergiversación torticera del lenguaje no se sostiene. Antes al contrario, la ruptura y el quebranto de la legalidad ideada y ejecutada por el Gobierno catalán y por una parte de su Parlamento, y alentada y empujada por cientos de miles de personas, supone en realidad un ataque a un sistema que sí es democrático, que sí consagra derechos y libertades y que sí se basa en los valores constitucionalistas más arraigados y consolidados. Sobre la base de referéndums fraudulentos, de legitimidades mutadas y de clamorosas ilegalidades, el independentismo ha pretendido teorizar sobre las bondades de un proceso, engañando solo a quienes querían dejarse engañar con un supuesto amparo internacional a sus propósitos y con la pulcritud de los medios utilizados para conseguirlos.

Como reacción, la Fiscalía General del Estado presentó hace unos días dos querellas contra el ya ex Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra todos los miembros del Govern igualmente cesados y contra los miembros de la Mesa del Parlamento que permitieron la votación de la denominada “Declaración Unilateral de Independencia”. Ambas fueron admitidas a trámite. Una por el Tribunal Supremo (la que afecta a los miembros de la Mesa de la Cámara legislativa autonómica) y otra por la Audiencia Nacional (la que afecta a los consejeros del Gobierno catalán), llegando, en este último caso, a decretarse la prisión incondicional para Oriol Junqueras y para siete ex consejeros. Además, la Fiscalía solicitó formalmente una orden de búsqueda y detención contra Carles Puigdemont y los otros integrantes de su gabinete que no acudieron a declarar el pasado jueves dos de noviembre, la cual fue emitida por la juez Lamela el viernes a última hora. Para tal fin, se han redactado diez autos, dos por cada investigado. En uno se tramita la orden de detención ante la fiscalía federal belga, en el otro se envía una orden nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, por si se le ocurre salir de Bélgica.

La primera medida cautelar (de ingreso en prisión) se justifica en la resolución judicial por la alta probabilidad de fuga, la posibilidad de que alteren o destruyan pruebas e, incluso, por lo que en el auto se denomina “alto riesgo de reiteración delictiva”. La segunda (de búsqueda y detención) es una consecuencia normal y lógica ante el hecho de que algunos investigados hayan decidido voluntariamente no acudir a la llamada de la Justicia.

El delito principal del que se les acusa es el de rebelión, contemplado en el artículo 472 del Código Penal y que castiga a quienes “se alzaren violenta y públicamente” con el objetivo de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El bien jurídico protegido es el “orden u ordenamiento constitucional democrático”, que se pretende quebrantar por la vía de los hechos consumados y sin acudir a los cauces procedimentales legítimos para su modificación.

Los hechos están marcados por dos elementos que configuran el tipo penal. El primero, que el alzamiento debe ser “violento”. El segundo, que debe ser “público”. Llegados a este punto, conviene diferenciar el delito de rebelión del de sedición. Podría parecer que son idénticos pero, desde un punto de vista teórico, presentan matices que los diferencian. En la sedición se castiga el alzamiento público y tumultuario. Por ello, el criterio que a simple vista sirve para su distingo es la violencia. Dado que ambos alzamientos son calificados por la ley de “públicos”, su línea divisoria vendría marcada por el hecho de que el rebelde es “violento” y el sedicioso es “tumultuario”.

Dicha interpretación literal, sin embargo, no está exenta de complicaciones. Resulta difícil de imaginar un alzamiento público y tumultuario que persiga quebrantar el orden constitucional (sedición) pero que, pese a ello, se ejecute sin violencia alguna. Así, en una de las pocas sentencias en las que el Tribunal Supremo ha tratado este tema (Sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1, de 10 de octubre de 1980), se establece literalmente que la sedición es un delito de “rebelión en pequeño”, llegando a reconocer que en algunas legislaciones “se confunde con el delito de rebelión”. Tal es así que termina reconociendo que ese levantamiento sedicioso también implica en alguna medida el uso de la violencia, al manifestar en esa resolución que el mentado alzamiento se debe encaminar a la consecución de los fines ilícitos indicados “por la fuerza, esto es, de modo violento. Violencia, bien absoluta, bien compulsiva y recayente tanto sobre las personas como sobre las cosas”.

Mientras que en el anterior Código Penal la llamada a la violencia no formaba parte de las particularidades de la rebelión, en el actual texto legal de 1995 sí se introdujo. En el debate parlamentario de aquella época salió a relucir si era viable calificar como delito de rebelión la mera declaración verbal o institucional de la independencia de un territorio por parte de una persona o de un Parlamento autonómico. Durante el proceso de aprobación legislativa, el diputado Lorenzo Olarte Cullen (en aquella época en Coalición Canaria) realizó una propuesta y el diputado Diego López Garrido (por aquel entonces en el Grupo de Izquierda Unida) formuló una enmienda que derivó en la adición del adjetivo “violento” entre el verbo “alzarse” y el adverbio “públicamente”.

La doctrina tiende a interpretar esta violencia de forma extensiva, de modo que  el alzamiento será violento, no sólo cuando vaya acompañado del ejercicio de una “vis física” directamente contra las personas, sino también cuando se use la intimidación o, incluso, la violencia psíquica. Por tanto, este concepto en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha sido objeto de un claro proceso de desmaterialización (o, si se quiere, de espiritualización), dada la creciente extensión con la que se interpreta, no solo en este tipo penal de rebelión, sino en otros como el del delito de coacciones.

No obstante, el elemento de la violencia incluido en la reforma del Código Penal de 1995 torna muy difícil el incluir aisladamente la votación del pasado día 27 de octubre en el Parlamento catalán sobre la Declaración Unilateral de Independencia dentro del tipo penal de la rebelión. A lo sumo, únicamente su consideración como un episodio más dentro de un proceso más amplio en el que sí existan comportamientos violentos podría justificar su inclusión. Así se ha reflejado en la querella. No se pretende juzgar en solitario la aprobación de la denominada “república catalana”, sino el proceso en su conjunto, cuyo último episodio fue ese pleno celebrado en la Asamblea autonómica y que anteriormente estuvo vinculado y precedido por varios sucesos donde la violencia sí puede deducirse con mayor claridad.

En cualquier caso, y dada la escasa jurisprudencia que existe sobre estos delitos, la frontera entre rebelión y sedición es confusa y el significado que se le dé al concepto de violencia puede provocar dudas jurídicas sobre ambas figuras. El auto de la juez Lamela del pasado 16 de octubre de 2017, que envió a prisión a Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro, relata actos violentos como hechos probados, siendo la sedición el delito imputado.

Como ocurrió con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, nos adentramos en terrenos poco transitados, no muy explorados y con escasos o nulos precedentes. Al igual que con la puesta en marcha del ya célebre precepto constitucional, su tramitación y las resoluciones judiciales que se dicten posteriormente serán de una trascendencia indudable. Nos jugamos mucho según la respuesta que dé el Estado a este desafío secesionista. Ahora mismo, se está escribiendo, además de la Historia, el Derecho que se enseñará en las Universidades a nuestras futuras generaciones.

Artículo 155: aplicación, consecuencias y finalidades

El pasado 10 de octubre algunos diputados del Parlamento catalán firmaron un documento en el que, bajo el título de “Declaración de los representantes de Cataluña”, se decía literalmente que “Cataluña restaura hoy su plena soberanía”, declarando a continuación sus firmantes que “constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano”. Junto a las afirmaciones anteriores, se instaba en el texto a “los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano” e, igualmente, se realizaban alusiones a un diálogo con España.

A partir de dicha fecha se ha generado una gran confusión sobre lo sucedido realmente. Minutos antes, el Presidente Carles Puigdemont había pronunciado un discurso en el que combinaba la solemnidad de aquella proclamación de independencia con la subsiguiente petición de mantenerla en suspenso. Quienes defendían que se había proclamado la nueva República se aferraban para argumentar su postura a la literalidad del papel firmado. Quienes sostenían lo contrario, invocaban para motivar su tesis la suspensión demandada por el mismo mandatario catalán, así como la invalidez del citado documento y la irrelevancia en términos jurídicos de todo lo sucedido. Ambas afirmaciones resultaban tan razonadas como contradictorias, muestra del desconcierto más típico en este tipo de situaciones de manifiesta anormalidad en las que cada uno solo ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír.

El clima de incredulidad e indecisión llegó a tal extremo que el responsable del Ejecutivo español, en un requerimiento enviado al Gobierno catalán, preguntó si la independencia se había proclamado verdaderamente. Tras un cruce de cartas y comunicados, quedó constancia de la negativa de las instituciones autonómicas a volver a la legalidad, empeñándose en continuar por un camino al margen de Derecho y haciendo inevitable la activación del artículo 155 de la Constitución como fórmula para restablecer la normalidad jurídica.

Son evidentes y manifiestas las ilegalidades cometidas por numerosos cargos públicos catalanes en ese empeño por lograr la secesión. Muy probablemente, delictivas. Asimismo, llama la atención que, no solo se han saltado la Carta Magna y las correspondientes normas estatales, sino incluso su propia Ley de referéndum (presunta fuente de su nueva legitimidad), con el ánimo de proclamar los supuestos resultados electorales del 1 de octubre. Desde un punto de vista histórico, es habitual que las regiones que se independizan no tengan en cuenta la legalidad anterior. Sin embargo, en este caso, iniciar la andadura saltándose esas leyes propias, llamadas servir de fundamento de la denominada “desconexión”, dice mucho de la impureza y la falta de nobleza de este movimiento, cuyos miembros se hacen trampas a sí mismos y a todos los que les rodean. El Tribunal Constitucional dictó el pasado 17 de octubre una sentencia anulando la citada Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, denominada “del referéndum de autodeterminación”, usando para su razonamiento una frase que, en sí misma, es una obviedad, aunque en estos tiempos en los que se prescinde de los principios, valores y reglas más elementales, parece se hace necesario recalcar: “un poder que niega expresamente el Derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”.

Pero ha sido igualmente clamorosa la falta de habilidad y capacidad política de los gobiernos estatales ante un problema que se veía venir desde hace muchísimos años. La técnica del avestruz de meter la cabeza bajo tierra para evitar los conflictos, unida a cierta cerrazón tendente a negar las realidades y a perpetuar unas regulaciones caducas, ha avivado un conflicto que se ha convertido en el más grave de los últimos cuarenta años.

Pensando con sensatez y lógica, sin fanatismos, solo existe un camino para salir de este laberinto: volver a la legalidad para, desde ella, afrontar el problema y dialogar sobre cómo mejorar nuestras normas de convivencia. Pero para todos, no sólo para algunos. Por ello, se opta por acudir al artículo 155 de la Constitución como vía imprescindible para retornar al escenario en el que el ordenamiento jurídico se respete. Porque el requisito de restaurar la legalidad no es una opción, es un imperativo, al menos si queremos seguir llamándonos Estado de Derecho.

Sin embargo, recurriendo a una metáfora médica, no dudo de que recurrir al tan citado artículo 155 sea una medicina que ayude a normalizar la situación actual, pero el tratamiento del paciente no concluirá exclusivamente con su uso. Servirá para reparar las ilegalidades que, junto a la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas, ayudará a limpiar una herida que destila infección por todas partes, aunque las controversias políticas seguirán estando ahí hasta que el conjunto de las fuerzas políticas tengan la sensatez de abordarlas.

El procedimiento para la aplicación del precepto 155 no está exento de inconvenientes. Es cierto que el Senado -llamado a intervenir en este asunto- se sustenta sobre una amplísima mayoría de miembros del Partido Popular. Tampoco cabe duda de que la unión con otros partidos en torno a la utilización del mencionado precepto favorece su aplicación. Pero su precaria regulación y la ausencia de precedentes suscita varias dudas al respecto de su alcance y sus límites.

El 155 está inspirado claramente en la figura de la “coerción federal”, prevista en el 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Habilita al Gobierno Central a “adoptar las medidas necesarias” para lograr el “cumplimiento forzoso” de las obligaciones que la Comunidad Autónoma no cumple o para restituir la protección del interés general quebrantado. Qué se puede incluir dentro de esas “medidas necesarias” y qué no resulta impreciso, puesto que no se contempla expresamente. Se habla mucho de disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones, una resolución, en principio, extraña e incierta. En otros sistemas federales o compuestos, con similares mecanismos de reacción en manos de los órganos federales o centrales ante conductas de los Estados federados o de los entes territoriales subestatales que atentan contra la mínima lealtad institucional, se prevé la suspensión o disolución de esos órganos regionales. Como ejemplos que contemplan explícitamente la suspensión o disolución de las instituciones territoriales, pueden citarse el artículo 100 de la Constitución austriaca, el artículo 126 de la Constitución italiana o el apartado 31 del artículo 75 de la Constitución argentina. Hubiese sido deseable que estas medidas vinieran recogidas de forma clara y nítida en nuestra Carta Magna, pero la laxitud de nuestra regulación, unida al alcance de la medida en el Derecho comparado, invitan a pensar que la opción es posible.

Menos polémicas suscitan otras medidas, como las de control de los “Mossos d’Esquadra” o las derivadas de un control económico o financiero directo, las cuales sí parecen encajar sin duda dentro de esas facultades tan amplias que figuran en la literalidad del artículo 155.

En cualquier caso, pese a la hipótesis futura de una nueva composición de la Cámara autonómica, o incluso de un nuevo Ejecutivo catalán con muchos de sus integrantes inhabilitados y condenados por  sus clamorosas vulneraciones de las normas, el problema político de fondo seguirá pendiente de resolver.

He manifestado infinidad de veces que los retos políticos y jurídicos a los que este caso nos enfrenta han de ser resueltos con sus propios procedimientos y reglas. Es necesario (imprescindible diría yo) que se subsanen los quebrantos cometidos contra el ordenamiento jurídico y que se depuren cuantas responsabilidades legales, ya sean penales, civiles o administrativas, estén pendientes de resolver. En caso contrario, no mereceremos denominarnos Estado de Derecho. En ese sentido, el mecanismo del 155 ayudará a conseguir dicho objetivo. Pero cuando se resuelvan todos los procedimientos judiciales abiertos y se restaure el normal cumplimiento de la ley, no habremos acabado. Faltará abordar de una vez por todas el tema del modelo territorial español y la resolución de sus cuestiones políticas subyacentes. Por lo tanto, persistir en la actitud tozuda de negar el problema o de dilatarlo sin remisión no procede.

A modo de conclusión, una aclaración final. Negociar no es compatible con la exigencia previa de una de las partes de alcanzar todas sus pretensiones. Tampoco con poner sobre la mesa desde un inicio el resultado final de la negociación. Se trata únicamente de llamadas rastreras y falaces al diálogo hechas por quienes, atrincherados en la más absoluta ilegalidad, pretenden imponer sus postulados a toda costa.

Debate político y aplicación del Derecho: Agua y aceite

Ya ha pasado la fecha del 1 de octubre. Como era de esperar, asistimos a un espectáculo lamentable y bochornoso que debería avergonzarnos como sociedad, como democracia y como Estado de Derecho. Pudimos reconocer al Presidente y al Vicepresidente del Ejecutivo catalán, a la Presidenta de su Parlamento y a varios rostros famosos depositando unos trozos de papel en recipientes habilitados a tal efecto. Presenciamos un simulacro de referéndum, en ausencia de censo electoral, con gente votando varias veces y sin las mínimas garantías elementales de cualquier consulta democrática. Los medios de comunicación trasladaban las imágenes de numerosos ciudadanos introduciendo papeletas en urnas callejeras sin ningún tipo de control, cajas supuestamente depositarias de impresos que aspiraban a considerarse votos y que, desplomadas en sus precipitados traslados, esparcían por la vía pública todo su contenido. Contemplamos cargas policiales, empujones y heridos. Vimos absolutamente de todo, excepto lo que corresponde ver en una sociedad democrática, madura y seria.

Recuerdo ahora a un profesor de mi etapa como estudiante universitario, una de cuyas frases más repetidas era que “lo obvio no se debe discutir”. ¡Pobre docente! Debe estar pasándolo francamente mal en estos tiempos en que lo más básico, lo más elemental y lo más evidente se niega y se rebate por la ignorancia (que es tan atrevida) o por el fanatismo (que no atiende a la lógica). Los humanos se jactan de ser la especie racional del planeta. Sin embargo, los argumentos para perder dicha condición se acumulan, suponiendo que fuera merecida en alguna época. Actuamos cada vez más a través de impulsos irracionales y de arrebatos incontrolados, cegados por una alienante obcecación. Quienes más gritan y quienes más insultan son los que mueven a las masas, ajenos a la reflexión, al estudio, a la meditación de las acciones y a las consecuencias de los actos.

La ilegalidad del referéndum convocado desde la Generalidad de Cataluña es patente y manifiesta. Hasta el propio Presidente del Gobierno vasco Iñigo Urkullu, al que nadie podrá tachar de centralista ni de defensor del Gobierno central, ha reconocido públicamente la ausencia de garantías de semejante consulta. Cientos de profesores universitarios de diferentes disciplinas han explicado y reiterado la improcedencia de los propósitos del Ejecutivo catalán. La Unión Europea y el Consejo de Europa también se han pronunciado en el mismo sentido. Y, sin embargo, el pasado día 1 hemos tenido que padecer una jornada dantesca que se recordará para siempre como una de las páginas más negras de nuestra Historia.

Por lo tanto, después de una catarsis colectiva de tal magnitud, considero muy necesario analizar algunas afirmaciones escuchadas hasta la saciedad que, en mi opinión, no ayudan a calibrar la cuestión correctamente.

1.- Primera afirmación: El problema catalán es un problema político, no jurídico.

Cierto, pero sólo en parte. Efectivamente, el debate sobre el modelo territorial del Estado, sobre la forma de financiación de las Comunidades Autónomas, sobre la reforma de la Constitución o sobre la posibilidad de que un concreto territorio se independice, son cuestiones políticas que pueden (y deben) abordarse en las correspondientes instituciones de la mano de los políticos de turno y, tanto hacerlo como no hacerlo, conlleva una serie de repercusiones. Hasta ahí, nada que alegar. Sin embargo, cuando algunos de esos actores deciden que el camino para lograr sus aspiraciones es saltarse la legalidad y cuando toman la consciente decisión de incumplir las sentencias y de vulnerar las normas, en ese preciso momento, se genera un problema jurídico paralelo al anterior que cuenta con sus propias reglas y procedimientos para ser solucionado. La premisa es bien sencilla. El razonamiento, simple. La fórmula, tan elemental como la tabla de multiplicar del dos: En un Estado Social y Democrático de Derecho se puede discutir sobre cambiar las normas pero, en tanto en cuanto no se modifiquen, se deben cumplir y respetar. De lo contrario, la maquinaria judicial y policial debe actuar.

2.- Segunda afirmación: Los procesos judiciales iniciados con motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre no acabarán con el problema catalán.

Completamente cierto, pero el objetivo de dichos procesos judiciales no es solucionar el problema catalán sino asegurar que las normas se cumplan mientras estén vigentes. Lo contrario supondría defender que, mientras unos políticos tratan de ponerse de acuerdo para encontrar la solución a una controversia de naturaleza política que contente a todos, el Estado de Derecho debe dejar de actuar, las normas deben dejar de tener vigencia y las sentencias deben dejar de aplicarse. Es obvio que las cosas no funcionan así. Se aplica la ley porque eso es lo que sucede en los Estados de Derecho. No para solventar enfrentamientos de índole política, sino como consecuencia ante un quebrantamiento normativo.

3.- Tercera afirmación: Se está judicializando en exceso el denominado problema catalán.

Cierto, y no deseable. Pero los responsables no son quienes persiguen el cumplimiento de las leyes, sino quienes las incumplen deliberada y reiteradamente. Los fiscales tienen la obligación de perseguir los delitos. Los jueces, la responsabilidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el deber de imponer el restablecimiento del orden perturbado y de perseguir las infracciones cometidas. No es una opción. Es una obligación. Cabría mejor preguntarse si se judicializa mucho porque se delinque mucho y, en ese caso, dirigir el dedo acusador hacia los poderes públicos catalanes, ya sea a su Presidente, a sus consejeros o a los alcaldes que, amparándose en el cargo, pensaban que sus actos iban a resultar impunes. He asistido atónito a algunos discursos en los que se recriminaba al Ministerio Fiscal por no quedarse de brazos cruzados ante flagrantes ilegalidades retransmitidas en directo por televisión, o en los que se presionaba a los jueces para que mirasen hacia otro lado, o en los que se insultaba a la Policía y a la Guardia Civil por el mero hecho de cumplir con su deber. Acto seguido, se vomitaban proclamas culpabilizando a quienes trabajan para que se respeten las reglas de convivencia de ser los que crean y agravan el problema. Y, mientras tanto, aquellos que indiscriminadamente vulneran los derechos y normas son calificados de víctimas y mártires en un sermón que jamás puede ser pronunciado por ningún defensor de un modelo de libertades y de un sistema basado en el Derecho.

4.- Cuarta afirmación: Se ha actuado con desproporción por parte del Estado.

Ante este escenario se ha tildado de “desproporción” la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se han dado de frente con personas que se negaban a cumplir sus órdenes y a acatar los requerimientos judiciales. Cabe volver a recordar (porque parece haberse olvidado) que el Estado ostenta el legítimo monopolio del uso de la fuerza. Y debe quedar claro que no es una particularidad de España, sino que sucede en cualquier país del globo terráqueo. La proporción en los métodos empleados y en las acciones realizadas por la policía se debe valorar teniendo en cuenta el bien que se pretende tutelar y el supuesto daños producido o, en otras palabras, que no se genere un daño superior al bien que pretenden amparar. A aquellas personas que se echan las manos a la cabeza cuando la policía usa la fuerza ante el incumplimiento reiterado de las sentencias y de las órdenes legalmente dictadas, les pido que citen algún lugar en el mundo donde, ante situaciones similares, no suceda lo mismo. Los que critican la actuación policial defienden en realidad la impunidad de actuar al margen de la ley y sus discursos, revestidos de pacifismo y de bondad, no son más que alegatos interesados de quienes buscan salirse con la suya a cualquier precio. Y por mucho que griten, insulten o amedrenten, ese “salirse con la suya” equivale a operar al margen de la legalidad sin ninguna consecuencia. Si aceptamos que la vía de los hechos consumados se imponga sobre las normas, hemos fracasado como Estado de Derecho.

En resumen, es cierto que se parte de un problema político. Cierto que, durante décadas, los Gobiernos del Estado han sido irresponsables, cobardes e ineptos a la hora de abordar un problema que se veía venir de lejos. Cierto que, Constitución incluida, muchos aspectos deben ser mejorados. Y cierto también que el diálogo es necesario. Pero este conjunto de afirmaciones no puede ocultar otra igualmente obvia: en un Estado Social y Democrático de Derecho las normas, mientras estén vigentes, deben cumplirse. Por ello, situarse al margen de la legalidad no convierte a nadie en libertador, mártir o romántico revolucionario sino, en su caso, en un delincuente. La política va por un lado y el cumplimiento del Derecho, por otro. Pueden estar conectados, pero no se mezclan. Como el agua y el aceite.

Ya no merecen llamarse Democracia

El pasado miércoles el Parlamento catalán aprobó la Ley del Referéndum de Autodeterminación y admitió a trámite la denominada “Ley de Transitoriedad”. Por la noche, el Gobierno de dicha Comunidad Autónoma firmó el Decreto 139/2017 de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña y el Decreto 140/2017 de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña que, al día siguiente, salieron publicados en el Boletín Oficial de la Generalitat. Pocas veces en un espacio tan corto de tiempo se han cometido tantos atropellos a los principios más básicos de las civilizaciones democráticas. Es difícil encontrar en la Historia otras veinticuatro horas en las que las vulneraciones de derechos y leyes hayan sido tan graves y constantes como aplaudidas y vitoreadas. Lo acontecido es una muestra más de la decadencia de una sociedad enferma y del triunfo de la mediocridad y de la falta de respeto, no ya a unas reglas normativas claras, sino a una mínima ética política.

El término “hibris” proviene del griego y se usa para calificar al ego desmedido que produce delirios de grandeza. Genera en quienes lo poseen la sensación de ser titulares de dones especiales. Se creen mesías ungidos por la mano de algún tipo de divinidad. Se ven a sí mismos como salvadores de la patria o jefes de un pueblo que debe seguirles con los ojos cerrados y los oídos tapados. Pensar que se es Napoleón puede conducir a terminar encerrado en una institución psiquiátrica pero, en ocasiones, estas personas acaban siendo aupadas a altos cargos públicos, ovacionadas y homenajeadas, persuadidas de que su locura no es tal, convertidas en la esperanza de una ciudadanía oprimida. Y de esos desmanes que provocan, tanta culpa tienen los líderes enajenados por su endiosamiento como las masas que les aclaman.

A lo largo de estos últimos meses hemos asistido a una cadena de acontecimientos que sólo pueden entenderse bajo el prisma de una enajenación colectiva, producto de la manipulación continuada de una ciudadanía mal educada y poco formada. Miles de personas acompañando entre muestras de apoyo hasta la puerta de los Tribunales a imputados que van a declarar por los delitos cometidos. Centenares de miles aclamando a los condenados por prevaricación y desobediencia como a mártires que merecen la santificación. Millones olvidando el permanente saqueo de las arcas públicas con mordidas y comisiones en obras públicas, compelidos por el mensaje falso y mezquino de ser una cultura atacada y una economía maltratada a manos de una cruel potencia radicada en una metrópoli lejana. E innumerables defendiendo la conveniencia de saltarse las normas como único medio para lograr sus objetivos. Semejante aluvión de muestras de irracionalidad generalizada refleja que nuestra sociedad padece una pérdida de lucidez y una ausencia de criterio alarmantes. Como es obvio, el ingente número de adeptos a la causa no ennoblece los comportamientos reprobables y el hecho de contar con el beneplácito de una turba de incondicionales no convierte en correcto lo que no lo es.  No sería la primera vez que apoyos populares masivos derivan en modelos autoritarios.

Tampoco es necesario explicar que lo que ha ocurrido va en contra de las normas. Todo el mundo lo sabe. Incluso los vulneradores directos de las reglas de juego son conscientes de ello y lo justifican. La Presidenta del Parlamento de Cataluña, el Presidente del Gobierno catalán, sus consejeros y cualquiera que apoye esta deriva despótica no niegan que con sus actuaciones vulneran la Constitución Española y su Estatuto de Autonomía. No esconden que desobedecen las sentencias del Tribunal Constitucional, ni que desoyen a sus propios letrados del Parlament, ni que hacen caso omiso al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Por el contrario, se enorgullecen de ello, de modo que no vamos a insistir en lo evidente. Se trata de un atropello flagrante de los derechos de los parlamentarios de la oposición, de los principios democráticos, de los valores constitucionales y de las normas principales, tanto internas como internacionales. Porque el supuesto refugio en el Derecho Internacional es una vil falsedad fácilmente comprobable. Basta con saber leer (en el sentido, no sólo de leer, sino de entender lo que se lee tras un elemental análisis, difícil tarea cuando se está mediatizado por un fanatismo incompatible con cualquier examen crítico).

Hasta un niño de Primaria comprende el respeto a los procedimientos y las reglas que ha acordado un grupo. Desde elegir al delegado de clase hasta aprobar una decisión en una junta de vecinos. Desde los Plenos de los ayuntamientos hasta los de las Cortes Generales. Desde el Parlamento Europeo hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para que esas decisiones sean legítimas, merezcan ser calificadas de democráticas y puedan ser exigibles en Derecho, se deben respetar unos trámites previos y unas normas que los regulan y que les otorgan legitimidad. Pues bien, las autoridades catalanas que pasan por alto esta irrefutable realidad pretenden encima seguir ostentando el calificativo de demócratas. Sin embargo, no lo son y, por lo tanto, no merecen ser calificados como tales.

Los secesionistas ya ni siquiera intentan ser coherentes ni consecuentes con su mensaje. Recurren al Tribunal Constitucional cuando consideran que el Estado invade sus competencias y exigen el acatamiento de sus resoluciones cuando les conviene. Ocupan sus cargos de representación gracias a un sistema constitucional al que se permiten el lujo de tachar de opresor. Los diputados en el Congreso y los senadores catalanes proindependentistas han manifestado abiertamente estar a favor de la denominada “desconexión” y apostar por una República separada de España pero, paradójicamente, no parecen dispuestos a renunciar a sus escaños ni, menos aún, a sus sueldos En la era de la posverdad (es decir, de la mentira) tal contradicción incluso está bien vista.

Una vez descrito el problema, dedicaré unas líneas a hablar de la solución. En mi opinión, a estas alturas no existe ninguna que sea milagrosa ni que resulte inocua. Este conflicto no va a desaparecer sin ocasionar una serie de graves efectos secundarios. Como cualquier enfermedad o controversia, si no se toman medidas a tiempo, las secuelas resultan inevitables. Hace lustros que se tenía que haber sido más hábil desde el punto de vista político, pero se optó por no reaccionar y por mirar hacia otro lado. Mucho me temo que ahora es demasiado tarde para aspirar a un futuro pacífico en el que reinen la lealtad institucional y la convivencia armoniosa. Desde una perspectiva jurídica, las culpabilidades están claras y apuntan en una sola dirección.  Sin embargo, las responsabilidades políticas sí recaen sobre varios destinatarios. Mi aportación en aras de encontrar una salida estriba en animar a que la ciudadanía deje de cerrar los ojos y de taparse los oídos, abandone los fanatismos y comience a analizar y a reflexionar para, a renglón seguido, elegir a unos representantes que se dediquen a resolver problemas en vez de a crearlos. Si no es así, si seguimos apostando por los pirómanos para apagar el fuego, luego no nos quejemos de las llamas acercándose hacia nuestras casas.

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