Gerardo Pérez Sánchez

Decía el escritor español Ramón de Campoamor que “en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. Quizá por eso asistimos asombrados a los análisis distintos y divergentes de una misma realidad que provienen de los líderes políticos de nuestro país. Según a quién prestemos atención, escucharemos que estamos saliendo de la crisis y que lo peor de este periodo devastador y sacrificado ya ha pasado. Por el contrario, para otros continuamos asistiendo a una decadencia económica, laboral y educativa que, unida al desvalor de los grandes principios jurídicos y de los derechos de los ciudadanos, nos conduce a un presente alarmante y a un futuro incierto y poco esperanzador.

Con el ánimo de privar a este análisis de cualquier sesgo político, de maquillar la realidad con palabras ambiguas o de manipularla con discursos malintencionados, suele ser costumbre recurrir a los números, paradigma de la exactitud y la objetividad. Pero, por desgracia, también al campo de las matemáticas llega la labor de adulteración de la citada realidad en favor de quien construye su discurso. Los mismos indicadores económicos pueden servir para argumentar una posición y la contraria, a través de una pelea de datos, gráficos y estadísticas que termina por aburrir y desalentar aún más, si cabe, a la ciudadanía.

Sí, el paro se reduce, la prima de riesgo ha descendido, pagamos nuestra deuda soberana a un interés más bajo, controlamos más del déficit y hemos saneado la banca. Todo eso es cierto. ¿Pero son esas las metas que la población anhelaba alcanzar? ¿Son esos los objetivos que nuestra Constitución impone a los Poderes Públicos? ¿Le sirve de algo a un ciudadano encontrar un trabajo si éste es temporal, precario y con un salario que no le permite aspirar a una vida digna?

Una de las proclamas menos conocidas de nuestra Constitución Española -y, tal vez por ello, muy olvidada- se expresa en su artículo 9.2: “Corresponde a los Poderes Públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. En definitiva, corregir desigualdades y hacer efectivos los derechos. ¿Han ayudado a esta labor los supuestos brotes verdes que intentaron venderse al electorado desde los tiempos del anterior gobierno socialista? ¿Ha favorecido a dicha corrección de las desigualdades el descenso en la prima de riesgo? ¿Los grandes datos macroeconómicos que se esgrimen para publicitar los éxitos de la gestión económica se han traducido en una población con más derechos y más igualitaria?

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España es el país en el que más se han incrementado las desigualdades en el periodo 2007-2011. Para este organismo internacional, el aumento de las desigualdades en términos de ingreso se sitúa en niveles de récord en las últimas tres décadas y se ha agravado con la crisis, sobre todo en países como el nuestro. Por poner un ejemplo, se afirma en un informe publicado recientemente que los ingresos del 10% de la población más rica de sus países miembros (entre los que se hallan casi todas las principales economías) son 9,5 veces superiores a los del 10% más pobre, cuando en los años 80 eran 7 veces mayores. En el caso de España, esa diferencia se dispara hasta 13,8. La OCDE destaca que no se trata únicamente de actuar a favor de los pobres o del 10 % de la población menos favorecida, sino que hay que preocuparse con carácter general de «las clases medias inferiores vulnerables, que corren el riesgo de no poder beneficiarse de la recuperación y del crecimiento futuro». Pero, lo que resulta más alarmante, se prevé que la situación para el periodo 2011-2016 empeore aún más.

Convendría que los dirigentes políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, dejasen de mirar la realidad a través del color del cristal que más les interesa y, simplemente, se pusieran manos a la obra para lograr las auténticas metas que requiere nuestra sociedad y que quedan reflejadas en nuestros grandes y, por desgracia, olvidados principios constitucionales, ocultos tras una serie de datos y gráficos macroeconómicos que no terminan de ser útiles ni efectivos al conjunto de la ciudadanía.