Gerardo Pérez Sánchez

Es normal, y hasta necesario, que los sistemas constitucionales evolucionen. Las sociedades avanzan y lo peor de todo es que las normas se empeñen en vivir ancladas en realidades caducas, dando soluciones a problemas ya superados y obviando los retos sobrevenidos que cada nueva generación debe afrontar. Sin embargo, tan peligroso es cuando, con el transcurso de las décadas, el día a día demuestra que algunos de los principios básicos y esenciales que nos definen como democracia y como sistema parlamentario han caído en el olvido. Si entre la teoría y la práctica la distancia es considerable, o si la letra y el espíritu de las normas chocan frontalmente con el devenir cotidiano, tenemos un grave problema. Curso tras curso me encuentro con más dificultades a la hora de enseñar a mis alumnos de Derecho nuestra vigente Constitución de 1978 porque los matices, las excepciones, los “peros”, y los “sin embargos” son ya de tal entidad que evidencian el drama de esta Carta Magna, sobrepasada por una realidad decidida a prescindir de ella.

Pero el meollo no radica en ese lógico desfase que provoca el paso del tiempo, ya que una reforma o revisión del texto constitucional solucionaría tal inconveniente, por mucho que algunos, con su actitud de sacralizar y petrificar el contenido, ahuyenten irremediablemente una solución perfectamente posible. El principal problema surge cuando se habla de los principios básicos y elementales de un sistema como el nuestro, que en modo alguno se plantea su modificación pero que tolera que los mismos queden relegados a una condición de mero papel mojado. En este sentido, y cada vez en mayor medida, nuestro modelo de gobierno se aparta de algunos de sus pilares fundamentales para convertirse en una mala caricatura de aquel original que nació hace casi treinta y seis años con la vocación de perdurar y de aplicarse en nuestras instituciones.

Podría indicar numerosos ejemplos pero, teniendo en cuenta las limitaciones asociadas a un artículo de prensa, citaré sólo algunos. Nuestra Constitución permite al Gobierno dictar Decretos Leyes “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”. La contundencia de la literalidad del precepto y la esencia misma del sistema parlamentario evidencian que debe residir en el Parlamento la facultad de dictar normas con rango de ley y que, solamente de forma muy excepcional y restringida, será el Ejecutivo el órgano que pueda legislar. Sin embargo, en la actualidad lo habitual es que sea dicho Ejecutivo el que legisle por medio de Decretos Leyes, siendo más inusual que el Parlamento apruebe leyes. Así, en el año 2012 se publicaron en el B.O.E. veintinueve Reales Decretos Leyes del Gobierno por exclusivamente diecisiete leyes del Parlamento. En el presente 2014, el Consejo de Ministros ya ha dictado doce Decretos Leyes. Por lo tanto, todo parece indicar que se ha diluido por completo la regla de que sea la Asamblea Legislativa la que ostente el protagonismo normativo en favor del Ejecutivo, que no deja de ser un actor secundario en este proceso. En otras palabras, se ha dado la vuelta a la tortilla y el centro de gravedad normativo se ha desplazado ahora desde el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo, por más que la previsión constitucional sea justamente la contraria.

Parece igualmente evidente que el Senado, configurado en nuestra Carta Magna como cámara de representación territorial, a la postre no es más que una mala copia del Congreso de los Diputados y funciona también por grupos políticos, como la Cámara Baja. Asimismo, aunque se prohíbe expresamente el mandato imperativo de diputados y senadores, éstos continúan recibiendo y acatando órdenes por parte de sus respectivas formaciones políticas, sometiéndose la mayor parte de las veces a una disciplina de voto radicalmente incompatible con lo preceptuado en nuestra Constitución.

Podría seguir pero creo que no es necesario. Visto lo visto, cualquier ciudadano llega sin dificultad a la conclusión de que está soportando un sistema constitucional que cada vez se parece menos a lo que debería ser. Los usos pésimos, la mala praxis generalizada o, simple y llanamente, el incumplimiento de las reglas básicas, nos colocan ante una caricatura a años luz del que tendría que ser nuestro deseable modelo de convivencia.