Gerardo Pérez Sánchez

La eterna, reiterativa y agotadora pugna que mantienen en España las Comunidades Autónomas y el Estado central comienza a ser una losa demasiado pesada para cargar. La radicalización de los mensajes de esos partidos nacionalistas que algunos denominan “moderados” (véase el Plan Ibarretxe presentado por el PNV en el año 2005 o la decidida vía soberanista proclamada actualmente por CIU), unida a los de otras formaciones políticas que ni siquiera rozan el citado calificativo, reabre -si es que en algún momento se cerró- la problemática de nuestro modelo territorial de Estado. Y es ahí donde surge el Estado Federal como una de las posibles soluciones.

Yo, desde luego, soy de los que defienden la idea de modificar nuestra Constitución, tanto en este apartado como en otros muchos. El actual modelo no sólo no funciona sino que, además, genera multitud de inconvenientes y tensiones. Para colmo, supone un evidente despilfarro económico y un notable galimatías jurídico. Frente a esta realidad, el modelo federal puede resultar una alternativa muy valiosa. Sin embargo, tengo serias dudas de que se trate de un remedio definitivo para saciar la sed de independentismo de algunos o para extinguir los fuegos que genera la crispación política de los nacionalistas.

Pese a que una revisión racional de este sistema tan manifiestamente mejorable nos conduzca a una Federación con la que logremos coordinar mejor las Administraciones, alcancemos una mayor eficacia en la gestión de las competencias, simplifiquemos en gran medida el ordenamiento jurídico y, por derivación, comencemos a solucionar los problemas de la ciudadanía en lugar de crearle otros nuevos o incrementarle los ya existentes, no creo que el problema político asociado se solucione por esa vía. Las aspiraciones nacionalistas son, por definición, insaciables. Sus partidarios siempre quieren más. Desde que se puso en marcha el Estado Autonómico, el engrandecimiento competencial de las Comunidades Autónomas ha ido en paralelo al vaciamiento del Estado. Algunos ilusos pensaron que, cediéndoles más atribuciones, quedarían satisfechos. Pero el tiempo se ha encargado de quitarles la venda de los ojos para dejar al descubierto la auténtica realidad. A lo que aquéllos aspiraban desde un principio, o a lo que les conduce su discurso a medida que evoluciona, es a la independencia. De hecho, han venido centrando sus discursos en la potenciación de los rasgos que les diferencian del resto de los españoles. Por lo tanto, si eso es así, el Estado Federal no es la solución.

Y no lo es porque los auténticos Estados Federales (como Alemania, en el caso de Europa o como Estados Unidos, en el caso de América) se sustentan en claros y contundentes preceptos constitucionales que apelan y exigen unidad. Establecen los mismos derechos fundamentales para todos sus ciudadanos, proclaman cláusulas de prevalencia del Derecho de la Federación, atribuyen a ésta la exclusividad de competencias relevantes y prohíben a los Estados miembros el establecimiento de relaciones internacionales. Son muy numerosos los ejemplos en los que, a pesar de su evidente descentralización, la fuerza de la unión territorial prevalece. Al contrario de lo que se pueda pensar, en la Federación el sentimiento de unidad es fundamental y, en el caso de España, ese necesario sentimiento no se aprecia ni remotamente en las proclamas lanzadas desde las formaciones no nacionales.

Sin embargo, nuestro actual modelo estatal, creado a imagen y semejanza de la Federación pero con miedo de ser llamado así, se ha construido sobre un cúmulo de artículos cuyos vocablos son lo suficientemente ambiguos como para ser interpretados de una forma y, al mismo tiempo, de la contraria. Sus términos adquieren el correspondiente significado en virtud de la cantidad de matices que se deben tener en cuenta y solapan su significado literal hasta hacerlo irreconocible. Utilizamos los mismos conceptos pero no nos comunicamos y, desde luego, no nos entendemos, perdidos en un laberinto competencial, financiero, legal y político.

Creo firmemente que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el modelo federal ayudaría a desenredar esta madeja, que más bien parece un ovillo sin solución. Pero, por lo que respecta a la cuestión política, no veo luz al final del túnel, ni con federación ni sin ella. ¿Están los nacionalistas dispuestos a salvaguardar algo que nos una a todos los españoles? ¿Algo que nos iguale? ¿Algo que compartamos de forma inequívoca? ¿Albergan un mínimo sentimiento de unidad? Porque si la respuesta es no, la Federación no es la solución.