Gerardo Pérez Sánchez

Una de las célebres frases del filósofo y escritor suizo Henry F. Amiel rezaba: «No niego las virtudes de la democracia pero no me hago ilusiones mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo». Yo tampoco negaré sus bondades que, junto con los principios del constitucionalismo, nos han proporcionado el mejor sistema de gobierno de la historia de la Humanidad. Pero incluso la democracia tiene sus reglas y, por ello, sus límites. Si no se conocen o, si conociéndolas, se incumplen, terminaremos convirtiendo sus cualidades en defectos y sus ventajas en inconvenientes. Y para justificar el pesimismo que heredo de Amiel, me temo que entre buena parte de nuestros líderes prolifera el orgullo y, sobre todo, el ansia de poder, que es inversamente proporcional a la sabiduría.

Para empezar, la democracia es algo más que un grupo de personas depositando papeletas en una urna y que unos diputados expresando sus opiniones en una asamblea. Ambas situaciones pueden darse igualmente en los sistemas autoritarios, que intentan disfrazarse de lo que no son a través de Constituciones y convocatorias electorales. La democracia necesita del respeto a unas formalidades, del cumplimiento de unas normas mínimas que regulen las reglas de juego del sistema. Pretender vender como una respetable manifestación democrática lo que, en realidad, es la convocatoria de un pseudo referéndum gestado y desarrollado sobre la vulneración de la legalidad existente y, para colmo, persiguiendo un fin contrario al espíritu y a la letra de la Constitución, es más propio de esos sistemas caudillistas que, aunque tratan de venderse como la máxima expresión de un sistema democrático de libertades, destilan autoritarismo.  

Para continuar, quienes proclaman a gritos que cuanto emana del Parlamento debe ser respetado como expresión que es del pueblo soberano ignoran o promueven maliciosamente el olvido de años y años de lucha del constitucionalismo en pro de la imposición de límites a todos los poderes del Estado, incluido el Parlamento. Como ya manifestó el juez Marshall hace más de dos siglos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos “o bien la Constitución controla cualquier acto legislativo que la contradiga, o bien el Legislativo podrá alterar la Constitución por una ley ordinaria. Entre esa alternativa no hay término medio. O la Constitución es un derecho superior o supremo, inmodificable por los medios ordinarios, o está al mismo nivel que los actos legislativos y, con cualquier otra ley, es modificable cuando al legislativo le plazca hacerlo. Si el primer término de la alternativa es verdadero, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es derecho; si, por el contrario, fuese verdad el segundo término, entonces las Constituciones escritas serían intentos absurdos por parte del pueblo de limitar un poder que, por su propia naturaleza, sería ilimitable”. Es decir, que aquellos que defienden la superioridad moral y jurídica de lo emanado por el Parlamento aludiendo al argumento de la representación popular, lo que en el fondo proclaman en sus discursos es la ineficacia de la Carta Magna y la existencia de poderes públicos sin límites ni controles. En definitiva, defienden lo contrario de un sistema democrático y constitucionalista y consideran a las Constituciones como intentos absurdos por parte del pueblo para limitar al poder.

Y para finalizar, sobre los que se echan las manos a la cabeza ante quienes se niegan a aceptar que un determinado grupo de personas pueda imponer su criterio al verdadero soberano (que es el pueblo en su conjunto). Estos no solo pretenden pasar por alto un precepto constitucional clave dentro de nuestro sistema sino que proponen dar por válido y único un presupuesto (la población de cada Comunidad Autónoma es la soberana para decidir autónomamente) que, además de no recogerse en ninguna norma o precepto, se asienta sobre una base frágil y endeble. De hecho, abundando en su razonamiento de no imponer a determinada población criterios que no desea, ¿qué pasaría si en Cataluña una de sus provincias votara contrariamente a las otras tres? ¿Se le obligaría a acatar la opinión de sus vecinas? O, en el ámbito municipal, ¿qué ocurriría si, mayoritariamente, determinados municipios se expresaran de modo diferente al resto? ¿En tal caso no pondrían reparos para obviar su expresión democrática y forzarles a seguir el criterio mayoritario? Probablemente se me recordará que ni las provincias ni los municipios cuentan con soberanía propia y que han de acatar lo que diga la Comunidad Autónoma. El problema radica en que tampoco ésta puede actuar al margen del Estado al que pertenece y del que forma parte. Sin embargo, ahí están los líderes nacionalistas catalanes, vendiendo humo y disfrazando de democrático lo que manifiestamente no lo es.  Adoptando el papel de víctimas oprimidas y buscando apoyos en la esfera internacional. Y, lo que es aún más lamentable, empleando la valiosa herramienta de la democracia sin saber cómo funciona. Convendría saber a cuántos van a perjudicarnos mientras escasee su sabiduría y abunde su orgullo.