Gerardo Pérez Sánchez

Según una célebre frase atribuida a un dictador del Imperio Romano, la mujer del César no solo debe ser honrada sino, además, parecerlo. Durante siglos y siglos se ha utilizado esa cita para exigir en el ámbito de la política y, en general, en el campo de lo público, un comportamiento intachable tanto en el fondo como también en las formas. Las apariencias, si bien no deben ser lo más importante, no dejan de tener valor. Sin embargo, casi siempre que se saca a relucir tal máxima se hace en referencia exclusiva a los políticos, es decir, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial parece quedar al margen de esa exigencia de corrección. Pero la innegable conexión que existe entre las altas jerarquías tanto de la judicatura y como de la política debería hacer exigible a ese tercer poder del Estado los mismos requisitos de un comportamiento exquisito en sus formas.

Desde hace mucho tiempo asistimos a discusiones sobre cuestiones de gran trascendencia política tanto en el Tribunal Constitucional como en el Consejo General del Poder Judicial. Las votaciones entre sus miembros, elegidos en su totalidad por representantes de la esfera política, se producen claramente en términos ideológicos. Así, de forma asombrosa, es habitual que todos los magistrados elegidos por el denominado sector conservador votan en un sentido, todos los designados por el sector llamado progresista se decantan por otro y, si existe alguno que debe su nombramiento a una formación de corte nacionalista, se alinea con dichas posiciones. Sirva como ejemplo la última sentencia del T.C. sobre la agrupación electoral vasca Bildu. Cuando se intentó resolver el problema de fondo en una Sala compuesta por seis magistrados, el empate a tres coincidía plenamente con los postulados conservadores frente a los progresistas. Y, cuando el asunto recayó en el Pleno, los seis miembros que votaron a favor de la legalización de esa formación eran en su totalidad progresistas, mientras que todo el sector conservador rechazó la decisión mayoritaria por la vía de los votos particulares. De hecho, sonroja constatar cómo algunos medios de comunicación ya anunciaban el resultado final antes incluso de que se produjera.

Este triste episodio es reciente pero, por desgracia, no es aislado. Podrían invocarse otros muchos para concluir que determinados órganos definidos como independientes parecen razonar jurídicamente de la misma manera que políticamente, lo que hasta puede que sea inevitable pero no deja de sorprender para mal. Esa coordinación de los juristas con determinados postulados ideológicos, por mucho que introduzcan fundamentos legales que los justifiquen, siembra la duda razonable sobre si en su decisión han pesado más motivos ajenos al Derecho, dada su perfecta y matemática alineación en función del color del partido político que les designó. Y es en este punto cuando volvemos a la mujer del César porque, aunque no seré yo quien asegure que decidieron desde argumentos más políticos que jurídicos, desde luego lo parece.

No se puede convertir al Tribunal Constitucional ni a ningún otro órgano con funciones jurisdiccionales y dependiente del Poder Judicial en una especie de tercera cámara en la que sus integrantes estén sometidos a una disciplina similar a la que, a día de hoy, observan los diputados en relación a sus respectivos grupos parlamentarios. Dudo que fuera ese el espíritu que inspiró la redacción de nuestra Carta Magna. Más bien considero que la esencia de los principios constitucionales tiende a desgastarse en el día a día, a menos que se esté muy vigilante.