La política como problema, la política como solución.

Uno de los principales problemas de nuestro modelo democrático (y tiene muchos) es la tendencia de la Política a fagocitar cualquier ámbito de actuación. Como si de una plaga invasiva se tratase, a los políticos no les basta con su medio natural (el Parlamento, el Ejecutivo, las diferentes Administraciones…) sino que pretenden conquistar otros territorios que, en pura lógica, les deberían estar vedados. Amparados en la torpe y falaz excusa de la legitimidad que les otorga el hecho de ser representantes populares, aspiran a controlar los medios de comunicación, los órganos de gobierno de los jueces, las cajas de ahorro o las empresas públicas, llevando la dialéctica partidista, las estrategias electorales y los fanatismos de carnet a los Consejos de Administración y a determinadas esferas que nada tienen que ver con los intereses de sus formaciones políticas.

Y si lo referente a la relación de representación entre elector y elegido pasa por momentos delicados, trasladar esa legitimidad a otros órganos manifiestamente alejados del terreno de la Política es una insensatez que deriva en una nefasta gestión, unas pérdidas económicas inasumibles y unos servicios prestados lastrados por el partidismo. Tal fenómeno ha supuesto el trasvase de gran dosis de la mediocridad política al mundo empresarial, judicial e informativo pero, sobre todo, ha provocado la conversión de numerosos entornos técnicos y profesionales en meras máquinas al servicio del interés particular de los dirigentes de turno, y esa extensión desproporcionada de lo político repercute de modo muy dañino sobre el normal funcionamiento del Estado.

Se acaba de votar en el Congreso de los Diputados un nuevo sistema de nombramientos del Consejo de la Corporación de Radio Televisión Española, con el propósito de eliminar la eterna y largamente constatada complicidad entre el medio y las fuerzas mayoritarias. En un principio, se proponía la selección por una mayoría de dos tercios de las Cámaras y, de no lograrse dicho apoyo, se procedería a una segunda votación en la que los candidatos podrían ser designados por una mayoría absoluta, siempre y cuando su candidatura hubiera sido propuesta por, al menos, la mitad de los grupos parlamentarios. Pero al final, tras su paso por el Senado, se modificó lo pactado inicialmente para imponer otras mayorías.

Sin embargo, la controversia primordial no estriba en la implantación de una u otra mayoría cualificada, sino en la traslación de la composición de esas Asambleas a ámbitos ajenos al Parlamento. Los partidos aspiran a colocar en esos cargos a miembros afines ideológicamente, simpatizantes o, directamente, militantes, tergiversando así la naturaleza jurídica de los órganos y aplicándoles una capa de barniz que, en ninguno caso, deberían lucir.

Los ciudadanos somos plenamente conscientes de la parcialidad informativa de todas las cadenas públicas (sean estatales o autonómicas) y de la designación de determinados puestos con el ánimo de devolver favores, mantener cuotas de influencia o difundir postulados ideológicos a través de la programación. Por lo tanto, ni una mayoría de dos tercios ni una de tres quintos van a resolver el fondo del asunto. No dudo de que pueda existir una figura de consenso que sepa actuar con profesionalidad, al margen de presiones y manipulaciones, pero los antecedentes no son esperanzadores y la propensión a repartirse el pastel es más que evidente.

A nadie se le escapa el lamentable, bochornoso y, en ocasiones, delictivo espectáculo ofrecido por las Cajas de Ahorro a cuenta de esa tozuda y enfermiza idea de mutar cualquier órgano colegiado en una caricatura del Parlamento o en un cortijo de las formaciones políticas. Como muestra, el escrito de acusación del fiscal del denominado “caso Bankia”, en el que manifiesta que los Consejos de Administración de las Cajas estaban “muy politizados” y eran “poco profesionales”. Es más, afirma que “adoptaron determinadas decisiones en perjuicio de las entidades administradas”. Evidentemente, no se trata de un comportamiento imputable sólo a esa concreta entidad financiera, sino un estilo común y habitual en otras muchas de infausto recuerdo. Es una evidencia tan innegable como la de mirar hacia otro lado y no asumir culpas por el atroz saqueo. De hecho, la Comisión de Investigación parlamentaria que evaluará el rescate de las Cajas no tiene previsto depurar las responsabilidades de los cargos públicos en cuanto a sus quiebras. Incluida en un principio entre sus objetivos, ahora no aparece en la propuesta que su presidenta (la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas) ha enviado a los grupos parlamentarios.

Muy similar es lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial o con el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lejos de ser una apreciación personal (que también), queda confirmada por organismos internacionales y por quienes analizan el tema sin fanatismos ni militancias. Sirva como ejemplo el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), cuando critica con dureza a España por no garantizar la independencia del CGPJ. Recuerda al Estado español que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados”. Además, nuestro país encabeza el ranking europeo de desconfianza en cuanto al modo de nombramiento de cargos judiciales, de acuerdo con la percepción que los propios jueces reflejan en el último informe de la Red Europea de Consejos de Justicia sobre Independencia, Responsabilidad y Calidad del Poder Judicial. En él se denuncia que los jueces españoles observan sus ascensos más politizados y justifica el recelo de la Judicatura española con relación al CGPJ y al Gobierno.

Mención aparte merecen las sesiones en las que los candidatos al puesto comparecen ante alguna comisión parlamentaria llamada a evaluar su valía. La sumisión enfermiza de diputados y senadores a la disciplina de partido y la nula capacidad para llevar a cabo una adecuada valoración técnica convierten esas pruebas en una vergonzosa parodia de lo que deberían ser y no son.

No es mi intención demonizar la Política, pero sí circunscribirla a su esfera propia e impedir que conquiste espacios que no le corresponde ocupar. Convertir órganos o instituciones públicas en terrenos aptos para hacer política es un grave error que termina infectando a nuestro sistema constitucional y, para no incurrir en él, debemos inmunizarlo de este virus.

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