Gerardo Pérez Sánchez

Decía el filósofo Immanuel Kant que «el Derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos». Esa bella e idílica frase, impecable en la teoría, ofrece no pocas dificultades para llevarla a la práctica de una forma certera y pacífica. En los últimos días hemos asistido a muchos ejemplos en los que se cuestiona el límite de la libertad de expresión, esa frágil e insegura línea que separa el ejercicio de un derecho sagrado para cualquier democracia avanzada de la vulneración de otros bienes jurídicos igualmente respetables, como la dignidad y el honor de las personas o colectivos. En el acierto a la hora de fijar esa difuminada frontera se centran las esperanzas de construir entre todos una convivencia armoniosa y en el enriquecimiento de los valores constitucionales de los que nos sentimos tan orgullosos.

De una parte, esa linde divisoria no puede impedir, en modo alguno, la crítica e, incluso, la burla jocosa de ideas y pensamientos. Los militantes que se sienten ofendidos ante cualquier manifestación que no se pliegue ante sus ideales y postulados no pretenden convivir en democracia, sino acabar con ella para imponer su ideología o religión. Si a eso unimos la incuestionable importancia de la libertad de expresión para el funcionamiento y desarrollo de los Estados Constitucionales, no podemos sino concluir que no es posible limitar este derecho por el mero hecho de que el contenido de lo que se difunde no guste o pueda ofender a determinada persona o colectivo.

De igual modo, tampoco debe impedirse el ataque dialéctico a ideologías o grupos que no han de tener cabida en nuestro sociedad. Ni el fanatismo religioso, ni la barbarie ideológica, ni la atrocidad terrorista pueden alegar sentirse agredidos por el cuestionamiento de sus detestables medios de actuación y de sus indeseables postulados. Por lo tanto, ni una palabra crítica ni un dibujo sarcástico pueden justificar una respuesta violenta por parte de quienes no están habilitados para integrar una sociedad libre y democrática, puesto que su objetivo es, precisamente, la destrucción de ese modelo avanzado de convivencia. En otras palabras, aquí no estamos para decir sólo lo que algunos quieren oír o, aún peor, lo que quieren imponer.

Sentado lo anterior, la libertad de expresión no es un derecho ilimitado que permita cualquier tipo de manifestaciones. El Tribunal Constitucional posee una amplia jurisprudencia al respecto, en la que establece como criterios a la hora de determinar la extralimitación en el ejercicio de dicho derecho que, en ningún caso, resultarán admisibles los insultos ni las descalificaciones claramente difamatorias. Manifiesta asimismo que ha de valorarse el cargo u ocupación de los afectados, teniendo en cuenta que los cargos públicos o las personas que, en virtud de su profesión, se exponen ante el público, deberán soportar un grado de crítica superior a quienes no sufran tal exposición. Además, las declaraciones habrán de contrastarse con los usos sociales, de forma que ciertas expresiones consideradas injuriosas en el pasado, pueden haber perdido tal carácter a posteriori o determinadas informaciones que antes eran calificadas como atentatorias al honor o a la intimidad, ahora resultan inocuas. Se trata de una cuestión crucial, ya que no hablamos solamente del derecho de una persona concreta sino que nos situamos ante los elementos esenciales que configuran la convivencia humana justa y pacífica. Es decir, son los componentes estructurales básicos porque constituyen la expresión jurídica de un sistema de valores que, por decisión del Constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política. Son, en definitiva, tal y como refiere el artículo 10 de nuestra vigente Constitución, el fundamento del orden político y de la paz social.