Críticas de cine

Análisis de hoy y de siempre, a través de los distintos artículos que publico en prensa más »

Política

Mi visión sobre la política y sus problemas y soluciones más »

 

El Estado de Derecho: necesita mejorar

La Comisión de la Unión Europea ha publicado recientemente el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho, incidiendo en la importancia de defender los valores democráticos, los derechos humanos y el citado Estado de Derecho. El documento comprende una visión general de las tendencias en el conjunto de la Unión y veintisiete capítulos por países, con recomendaciones para cada uno de los Estados miembros. Dicho informe examina la evolución en cuatro ámbitos clave: los sistemas judiciales, la normativa en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales. Las principales conclusiones y recomendaciones son las siguientes:

1.- Reformas de la justicia: Se insiste en la necesidad de reforzar la independencia judicial, revisar las fórmulas de elección y las competencias de los órganos de gobierno de los jueces, así como la mejora de los procedimientos de nombramiento de los magistrados y el refuerzo de la autonomía de las fiscalías. Especialmente, se vislumbra la preocupación por los sistemas de designación en los tribunales superiores y para los cargos de presidentes de los tribunales. Además, se aconsejan medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, tales como una mayor digitalización de los sistemas judiciales.

2.- Normativas en materia de lucha contra la corrupción: Pese a los avances en este terreno, la corrupción sigue siendo un motivo de grave preocupación para los ciudadanos de la Unión Europea. El “eurobarómetro” de 2022 indica que el 68% de la población comunitaria cree que la corrupción está generalizada en su país. En algunos Estados miembros, las investigaciones y enjuiciamientos de estos asuntos resultan demasiado largos. La normativa sobre la protección del “denunciante” continúa resultando precaria, y los mecanismos de control y vigilancia no siempre son eficaces. La Comisión ha formulado recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de las normas preventivas, por ejemplo, sobre la mejor regulación de las situaciones con conflicto de intereses, así como sobre la garantía de una investigación y enjuiciamiento eficaces de los asuntos de corrupción.

3.- Libertad y pluralismo de los medios de comunicación: La pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania han demostrado el papel crucial de los periodistas para comprobar los hechos e informar a los ciudadanos. Varios Estados miembros han adoptado, intensificado o se encuentran estudiando medidas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los informadores, sobre la base de las recientes iniciativas de la Comisión. Desde el último informe, varios Estados miembros se han esforzado en mejorar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Sin embargo, se continúan observando deficiencias en el reparto de la denominada “publicidad institucional” y los obstáculos relacionados con el acceso a documentos públicos. Por primera vez, el informe también examina los medios de comunicación de servicio público y reconoce su papel especial para la sociedad y la democracia. Se necesitan salvaguardas para garantizar la protección de la independencia de los medios de comunicación de servicio público, que la financiación pública sea la adecuada y que no se utilice para ejercer presión política sobre dichos medios, como se indica en las normas europeas.

Las conclusiones del informe se basan en una serie de fuentes, entre ellas el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (The Media Pluralism Monitor 2022), la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, y la plataforma “Mapping Media Freedom”. La próxima normativa europea sobre Libertad de los Medios de Comunicación tendrá por objeto resolver varios de los problemas señalados en el informe. Además, este asunto ha dado lugar a diversas iniciativas recientes sobre la seguridad de los periodistas.

4.- Controles y equilibrios institucionales: El informe señala cómo los Tribunales Constitucionales siguen desempeñando un papel clave en el sistema de contrapoderes institucionales y en lo relativo a la supervisión de las medidas de emergencia. Los Defensores del Pueblo y otras autoridades independientes han visto su estatuto reforzado en algunos Estados miembros. Por primera vez, el informe examina igualmente el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Analiza, asimismo, las reacciones del sistema de contrapoderes institucionales ante el uso de “programas espía”, aunque esté vinculado a la seguridad nacional.

Singularmente, en el caso de España:

  1. a) Fortalecer el estatuto de la Fiscalía, en particular en lo que se refiere a la separación de la figura del Fiscal General del Estado del Ejecutivo, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la acusación.
  2. b) Proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso de reforma de su normativa para adecuar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta las normas europeas.
  3. c) Continuar los esfuerzos para presentar una legislación sobre los denominados grupos de presión o “lobbies”, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de este tipo de organizaciones.
  4. d) Abordar el problema relacionado con la excesiva tardanza y duración de los procesos de investigaciones y enjuiciamiento en los supuestos de corrupción.
  5. e) Asegurar los recursos adecuados y la independencia de la autoridad responsable en materia de medios audiovisuales.
  6. f) Seguir trabajando para fortalecer el acceso a la información y, en particular, la revisión de la Ley de Secretos Oficiales.

La Comisión invita ahora al Parlamento Europeo y al Consejo a continuar los debates sobre la base de este informe, pero también pide a los Parlamentos nacionales y a otros actores clave, incluida la sociedad civil, que prosigan el diálogo sobre el Estado de Derecho. En ese mismo sentido, esta llamada a la ciudadanía me parece especialmente relevante. La población no puede desentenderse de los problemas, delegando en los partidos políticos e instituciones públicas la resolución de todos estos retos. El pueblo debe ser exigente y estar vigilante, ya que es el principal benefactor del Estado de Derecho y el mayor interesado en que mejore y se respeten sus reglas y valores.

Marketing legislativo y labor informativa

En la obra “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, Miguel de Cervantes puso en boca de su protagonista un consejo dirigido a Sancho Panza. Dicha recomendación puede resumirse en la siguiente frase: Pocas leyes, pero que sean buenas y se cumplan. En uno de los apartados de la novela, se puede leer literalmente en castellano antiguo: “No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen”. Esta sugerencia literaria no parece ser observada en la actualidad, dado que vivimos tiempos de una vorágine normativa extrema, con discutible calidad legislativa y sin certeza alguna de efectividad y cumplimiento. Con gran frecuencia las normas dictadas contienen redacciones gramaticales discutibles, incoherencias internas y contradicciones con otras normas, en un “suma y sigue” de reglamentaciones cada vez más confusas y, lo que es peor, ineficaces.

El número de Poderes Públicos produciendo normas (un Gobierno y un Parlamento Estatales, diecisiete Gobiernos y Parlamentos Autonómicos, Instituciones de la Unión Europea…), así como la particular modalidad de reparto competencial que tenemos en España, convierten a nuestro ordenamiento jurídico en un laberinto en el que es normal perderse, por lo que resulta cada vez más habitual que el ciudadano dude acerca de qué norma está vigente y de qué consecuencias acarrea. Ello afecta a la seguridad jurídica, principio constitucional proclamado en el artículo 9.3 de nuestra Carta Magna y que, en teoría, asegura a la población un cierto nivel de certeza respecto de sus derechos y obligaciones, así como de las consecuencias jurídicas de la aplicación de tales normas.

De entrada, no todo problema social se soluciona aprobando una ley ni, por supuesto, las leyes sirven para imponer determinado sesgo ideológico a una concreta sociedad. Cuando se publican en el preceptivo Boletín Oficial y entran en vigor, no van acompañadas de una varita mágica que garantiza su cumplimiento ni el logro de los fines propuestos. Hace algunos años se aprobó una que imponía que el proceso de instrucción en los procedimientos judiciales penales no debía durar más de seis meses. Evidentemente, se convirtió en papel mojado y debió modificarse al poco tiempo para ampliar dicho plazo a doce meses, periodo que en muchos casos tampoco se cumple ya que, si no se dota de medios materiales y humanos a los juzgados ni se aumenta el número de jueces y fiscales, semejantes plazos constituyen meros “brindis al sol” que sirven únicamente para que algún político dé una rueda de prensa y pretenda colgarse la correspondiente medalla por una medida ilusoria de nula efectividad. Similares situaciones se producen cuando se habla de imponer una ratio por aula en el alumnado (siempre que la medida no aumente a su vez la cifra de docentes) o de aprobar una norma para reducir las listas de espera en la sanidad (si, al menos, se prescinde de invertir más fondos en personal sanitario e infraestructuras).

En definitiva, se elaboran demasiadas normas con mala calidad legislativa, dudosa eficacia práctica y discutible grado de cumplimiento y, a lo anterior, se añade otro problema, relativo a cómo se informa a los ciudadanos sobre el contenido de dichas normas. Los medios de comunicación poseen una enorme responsabilidad, puesto que en muchos casos se limitan a vender el discurso de la clase política sin realizar una mínima labor crítica para analizar hasta qué punto esas medidas anunciadas y trasladadas a la ciudadanía son ciertas y efectivas o, por el contrario, suponen un mero ejercicio de marketing que utiliza el BOE como herramienta de propaganda. Vivimos una época en la que buena parte de la ciudadanía no lee más allá del titular de las noticias, o pretender enterarse de los temas de actualidad mediante los limitados caracteres que componen un “tweet”, de tal modo que se informa a base de eslóganes publicitarios, prescindiendo de una lectura más sosegada y, por consiguiente, asumiendo ideas que no siempre son del todo ciertas. Los problemas complejos no suelen poder explicarse en una frase, ni las políticas legislativas puestas en marcha para solucionarlos deben trasladarse a la población mediante discursos interesados.

Por ejemplo, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se ha difundido por la práctica totalidad de los medios de comunicación como la ley del “sólo sí es sí”, entendiéndose así de forma generalizada que hasta ahora no se castigaban penalmente las prácticas sexuales sin consentimiento, noción manifiestamente errónea -producto de esa vulgarización y simplificación de la noticia- comunicada de manera simplona y por medio de un lenguaje de estilo partidista. Más allá de los aciertos y errores de dicha norma, el debate público generado en torno a ella evidencia un problema legislativo e informativo de hondo calado.

También hace apenas unos meses, con ocasión de la aprobación de la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, se trasladó desde los diversos medios informativos que, a partir de su entrada en vigor, los delitos de odio marcados por el “antigitanismo” serían castigados, cuando lo cierto es que nuestro Código Penal castigaba ya con anterioridad la comisión de delitos por motivos racistas, antisemitas o de otra clase, referentes a la ideología, religión o creencias de la víctima, etnia, raza o nación a la que perteneciera, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad que padeciera o discapacidad. Por tanto, esa reprochable conducta ya contaba previamente con un castigo agravado en nuestra legislación penal.

A modo de conclusión, convendría retomar el sabio consejo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: Pocas leyes, de calidad y que se cumplan. Y, a ser posible, que la labor de información y difusión dirigida a la ciudadanía (que, al final, es la destinataria de esas normas) resulte más objetiva y rigurosa, libre de falsas etiquetas y eslóganes publicitarios que tiendan a disfrazar, maquillar, simplificar o distorsionar la realidad.

La representatividad política y sus límites

La Democracia parte de una sencilla y lógica teoría ideal, que termina complicándose a medida que se transforma en una realidad práctica menos perfecta de lo planteado en los manuales. El pueblo libre elige a unos representantes que ocupan los principales órganos políticos representativos, con el fin de elaborar las leyes y ejercer las acciones de gobierno conforme al sentir ideológico de la mayoría, dentro del marco establecido en la Constitución. Sin embargo, este utópico y perfecto plan se va distorsionando a medida que se lleva a cabo. La normativa electoral, los grupos de presión y la concentración de poder en los partidos políticos van generando alteraciones, en ocasiones no perceptibles a primera vista, que desvían el resultado final de aquel planteamiento diseñado en un inicio. Pero lo cierto es que, en esencia, los conceptos de legitimidad política y función representativa asociados a la elección existente entre la ciudadanía y cargo electo constituyen la base de todo sistema que pretenda ser democrático.

Paradójicamente, fuera de los órganos de naturaleza política dichos conceptos pierden su razón de ser e, incluso, dañan los cimientos de un verdadero Estado de Derecho. Por ejemplo, nos estamos acostumbrando a hablar de jueces conservadores o progresistas; a aceptar con naturalidad que un órgano como el Consejo General de Poder Judicial se reparta entre afines a los partidos políticos, en función de la composición de las Cortes Generales; a que los Consejos de Administración de las empresas públicas se compongan de militantes y cargos políticos en proporción los resultados electorales. En definitiva, a que el trasfondo de la representación política lo impregne todo. Esta nueva (y peligrosa) realidad afecta también a otros principios básicos del sistema constitucional, ya que la separación de poderes, los controles y la independencia, objetividad y neutralidad de determinados órganos se pierden o, al menos, se difuminan de un modo alarmante.

No cualquier órgano colegiado debe establecerse como una asamblea representativa del pueblo. No cualquier institución ha de responder al reparto de las siglas existentes en las Cortes Generales a resultas de unas elecciones. No cualquier organismo está llamado a representar a todas y cada una de las singularidades de una sociedad plural, ya sean políticas, religiosas, étnicas o de otra condición. La pretensión de extender la representatividad política más allá de los órganos de estricta naturaleza política supone una nefasta idea, tendente a pervertirlos a través de pugnas y dialécticas que no les son propias.

La situación que afecta en la actualidad al Consejo General del Poder Judicial en España resulta particularmente significativa, por lo que acarrea de vergüenza y bochorno constitucionales. Con la totalidad de sus miembros desempeñando un mandato caducado desde hace más de tres años, la previsión legal de que sean el Congreso de los Diputados y el Senado quienes los designen se ha alzado como un calamitoso fracaso, traduciéndose en uno de los episodios más indignos de la reciente historia de nuestra Carta Magna. Desde el punto de vista de la separación de poderes y de las necesarias independencia, objetividad y neutralidad en el desempeño de sus funciones, esta premisa de que a las formaciones políticas les corresponde elegir un número de miembros del órgano de gobierno de los jueces en función de los escaños obtenidos electoralmente no puede ser más grotesca.

El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) lleva reclamando insistentemente a nuestro país una serie de importantes cambios, en aras a erradicar ese sesgo político intervencionista en ámbitos que no competen. Pero, visto lo visto, da igual que la Comisión Europea o el Consejo de Europa nos reprueben y censuren año tras año por este lamentable espectáculo. Se nos solicitan criterios legales objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura, un cambio en el método de elección del Fiscal General y la revisión de su normativa, así como la eliminación de la intervención de representantes políticos en la elección de los miembros del CGPJ. Las directrices del Consejo son claras: “cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales se aconseja que estos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el poder ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección”.

En definitiva, esa labor de representación y de orientación política y social que resulta tan lógica y loable en algunos órganos, se torna indeseable y despreciable en otros. Ni la legitimidad obtenida por medio de una elección democrática da derecho a trasladarla a todo tipo de instituciones, ni la misión de cualquier organización estriba en representar a la totalidad de las sensibilidades de la población.

Ya para concluir, si no se pone freno a esta deriva, la erosión de nuestro modelo democrático devendrá insostenible. Cuando en el artículo primero de la Constitución se dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, otorga al proceso democrático de elección una importancia incuestionable, pero en modo alguno establece un sistema donde esas reglas de representación política sean las únicas para constituir la composición de todos los órganos e instituciones del Estado.

El síndrome de Estocolmo de nuestros parlamentarios

El denominado “Síndrome de Estocolmo” hace referencia a un tipo de paradoja psicológica según la cual durante un secuestro se desarrolla un vínculo afectivo entre rehenes y captores. Su origen se remonta al año 1973, cuando un atracador entró en un banco de Estocolmo reteniendo durante días a varias personas, entre las que se encontraba una joven de 22 años que terminó defendiendo a su captor y criticando a la policía. A raíz de ese hecho, el psiquiatra sueco Nils Bejerot, que colaboró con las fuerzas del orden durante el suceso, acuñó el citado término para definir la reacción psicológica, en principio inexplicable, en la que quien sufre una severa limitación de su libertad termina por asumir su situación, y justificar y apoyar a quien cercena sus derechos. Sólo desde este tipo de patologías se puede entender la realidad de nuestros parlamentarios, diputados y senadores, quienes olvidan sus obligaciones para con la ciudadanía a la que representan y se limitan a obedecer y defender a los dirigentes de su partido que, con clara y manifiesta limitación de su libertad para ejercer el mandato representativo, les imponen qué votar, a quién elegir e incluso a qué preguntas de los periodistas contestar.

Analicemos un episodio muy reciente ocurrido en el Reino Unido. Los propios diputados del partido del Primer Ministro, Boris Johnson, plantearon una moción de censura a su líder. No fueron las formaciones políticas de la oposición, sino sus compañeros de siglas. ¿Se imaginan que algo así ocurriese en España, ya sea a nivel estatal o autonómico, en la actualidad o en el pasado, con un gobierno de un color o de otro? ¿Podría pasar un episodio semejante en nuestro país? La respuesta es clara: no. No sólo no está previsto en nuestra normativa sino que, tal y como se entiende en la actualidad la “lealtad” de los representantes del pueblo (primero, y ante todo, lealtad al aparato dirigente del partido), este tipo de rebeliones internas resultan imposibles en la práctica y completamente inimaginables en la teoría.

En el Reino Unido sí sucede, porque el diputado tiene claro que a quien primero se debe es al ciudadano que le elige. Cualquier miembro del Parlamento Británico sabe que ante quienes responde por el ejercicio de su cargo es ante los habitantes del distrito que lo eligió. Quienes tienen en su mano la reelección en su puesto son los electores. En España, por el contrario, quien tiene todo el poder para confeccionar las listas electorales y decidir si un diputado se incluye en la papeleta o no, si va en los primeros puestos de la misma o si se le entierra en los últimos, es el aparato del partido. Ello hace que se dé la vuelta al sistema, generando que el supuesto representante del pueblo se limite a representar al líder de su formación. La lealtad es para con las siglas y la estrategia impuesta por la organización política. Sólo así se explica la denominada “disciplina de voto”, o que cuando el Congreso de los Diputados o el Senado deban elegir a miembros de órganos constitucionales o de relevancia constitucional (sea el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo) tales decisiones se tomen en las sedes de los partidos y no en los Plenos de las Cámaras, que simplemente ratifican obedientes lo que les ordenan desde sus altas instancias.

En Reino Unido, la relación del votante con sus representantes es más estrecha. De hecho, se fomenta el contacto directo de los miembros del Parlamento con sus electores, llegando a estar previsto que cualquier ciudadano pueda elevar algún tipo de queja o petición a su diputado para que se debata en sede parlamentaria. Igualmente, cuando un miembro del Parlamento Británico dimite, su partido no lo sustituye automáticamente por el siguiente de la lista electoral: se repiten las elecciones en el distrito al que representaba el diputado dimitido para que sus electores designen a un nuevo representante.

En un escenario así (el Primer Ministro realiza acciones reprobables o toma decisiones en contra de los intereses de sus electores), el diputado, pensando en la ciudadanía a la que representa y que tiene en su mano su reelección, pone en marcha un mecanismo de censura al líder de su propio partido. En Reino Unido existe un comité que reúne a los “backbenchers” (literalmente, los diputados de los escaños traseros, denominados de esa manera porque se sientan en los últimos asientos de la Cámara), y los colocan ahí porque no ocupan un puesto en el Gobierno. Por esa razón se les considera más independientes y, en consecuencia, con mayor lealtad hacia sus electores que hacia al líder de su partido. Basta con que un quince por ciento de los diputados soliciten al Presidente de ese comité la retirada de la confianza para que se deba votar y, por mayoría simple, decidir si dicho líder debe dimitir o no. Volviendo a lo sucedido con Boris Johnson, el mandatario ganó aquella primera votación, pero terminó dimiendo ante la creciente falta de apoyo de los suyos, es decir, dentro de las filas conservadoras. Cabe resaltar, por tanto, la diferente mentalidad entre un sistema parlamentario como el británico y el nuestro. No sólo ocurre con el partido que gobierna. También se habla de “backbencher” en la oposición, para referirse a las personas que no dan la réplica al Gobierno desde los primeros bancos del hemiciclo.

Retomo la pregunta. ¿Se imaginan que antes de la moción de censura a Mariano Rajoy los miembros del Partido Popular hubieran censurado a su propio Presidente? ¿Se les pasa por la cabeza que desde el Partido Socialista se censure ahora a Pedro Sánchez? En España los parlamentarios sufren el síndrome de Estocolmo y defienden, justifican y apoyan todo lo que provenga de su líder, que les ha arrebatado el derecho a votar, elegir y desempeñar su cargo en libertad y pensando en sus electores. Esa es la pura realidad y uno de los principales problemas (por desgracia, no el único) de nuestra Democracia. Para revitalizarla, se torna pues imprescindible limitar el poder de los partidos políticos, ya que la concentración de ese poder en ellos debe considerarse igual que la otrora concentración de poder en manos de los monarcas absolutos.

Mayorías parlamentarias y funciones representativas: El Derecho y la política discrepan

La política y el Derecho actúan sobre la base de principios y reglas, en ocasiones, muy diferentes. Lo que políticamente resulta defendible para algunos partidos es, sin embargo, rechazado por la ley, generándose sentencias que anulan acuerdos mayoritarios por los que unos bloques ideológicos pretenden relegar a los adversarios o limitar a las minorías incómodas. Los Parlamentos, órganos de innegable naturaleza política, disponen de un margen amplio para que sus miembros se organicen y establezcan mediante acuerdos cuáles van a ser las reglas por las que se rijan. Pero el Derecho y la Constitución obran para asegurar que algunos límites no se traspasen y que los derechos de todos los diputados o representantes no se vulneren. Recientemente se han dictado varias sentencias por nuestro Tribunal Constitucional que ponen en evidencia cómo los acuerdos políticos, por muy mayoritarios y amplios que sean, no pueden quebrantar los derechos de las minorías, pertenezcan al signo ideológico que pertenezcan.

Así, el 9 de marzo de 2022 el Pleno del Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo del Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea de Madrid contra el acuerdo por el que se designó a los miembros de la mesa de dicho Parlamento Autonómico, después de las elecciones celebradas en mayo de 2019 (no las últimas celebradas en mayo de 2021, fruto de un adelanto electoral, sino las anteriores). En esos comicios, Más Madrid obtuvo veinte diputados. Por delante de dicha formación quedaron el PSOE, el PP y Ciudadanos, mientras que por detrás se situó Vox. Sin embargo, en la elección de la Mesa del Parlamento de aquella legislatura, los pactos entre los partidos permitieron que Vox entrara y Más Madrid quedase fuera. El artículo 12 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que el reglamento interno de la Cámara establecerá la composición de la Mesa, las Comisiones y la Diputación Permanente “de manera que los grupos parlamentarios participen en estos órganos en proporción al número de sus miembros”.

Esa llamada a la proporcionalidad fue determinante para que el Tribunal Constitucional anulase el acuerdo entre los partidos a la hora de repartirse los asientos en dicho órgano parlamentario siguiendo intereses políticos o partidistas. Así, se puede leer en la resolución que “resulta bastante evidente que ni siquiera se tendió a la proporcionalidad cuando la cuarta formación política en la Asamblea, con una representación total de escaños cercana al 15 por 100 de la Cámara, con cuatro puntos porcentuales menos que la tercera formación -a la que le correspondieron dos miembros en la mesa-, y con seis puntos porcentuales más que la quinta formación -a la que le correspondió un miembro en la mesa-, quedó excluida. Se produjo una clara exclusión de Más Madrid en el reparto de los puestos a cubrir en la Mesa que no se puede justificar en los resultados de la votación, obviando el mandato corrector de proporcionalidad que impone el Estatuto de Autonomía”.

Dos días después, el 11 de marzo de 2022, se dictó otra sentencia, en este caso con relación a un recurso de amparo promovido por el Grupo Mixto del Parlamento Vasco y por doña Amaia Martínez Grisaleña, respecto de los acuerdos de la Mesa de dicha Cámara Autonómica, que definieron el régimen de ejercicio de sus funciones parlamentarias. En las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el día 12 de julio de 2020, la candidatura del partido político Vox obtuvo un acta de diputado, lo que determinó que, una vez constituida la Cámara, la referida diputada quedara como la única integrante del Grupo Parlamentario Mixto, al no alcanzar su formación política la cifra mínima de tres diputados para constituir un grupo parlamentario propio. La Mesa de esa Asamblea dictó un acuerdo por el que se limitaban las actuaciones de esa única diputada. Sólo podía incluir una iniciativa en el orden del día cada tres plenos ordinarios, y asimismo se limitaba su tiempo de intervención en los debates a un tercio del previsto para el resto de los grupos.

En este caso, el Reglamento del Parlamento Vasco establece que “la participación del Grupo Mixto en las actividades del Parlamento será idéntica a la de los restantes grupos”, así como que “las intervenciones en los debates de los componentes del Grupo Mixto tendrán, en su conjunto, la misma duración que la de un grupo parlamentario” y que “podrán formular, con su sola firma y a título personal, enmiendas, votos particulares, interpelaciones preguntas, mociones o cualesquiera otras iniciativas parlamentarias”. Finalmente, el Constitucional estimó el amparo de la recurrente, anulando esos acuerdos y estableciendo que el acuerdo político de la Mesa no se ajustaba a las propias normas del Reglamento de la Asamblea Vasca, limitando y afectando a los derechos de la única componente del Grupo Mixto.

En política estamos acostumbrados a oír hablar de “cordón sanitario”, “política de bloques” o términos similares y, en un lenguaje y ámbito estrictamente políticos, es posible que tengan cierta lógica los pactos para arrinconar o relegar a determinadas formaciones que, por su condición minoritaria o por no formar parte de un acuerdo previo a causa de motivos ideológicos o partidistas, se pretendan apartar y dejar en un segundo plano. Sin embargo, nuestro Estado propugna como valor superior del ordenamiento jurídico el “pluralismo político”, configurándonos como un Estado Democrático de Derecho. Eso determina que no cualquier postura, por mayoritaria que sea, halla cabida en el Derecho Parlamentario. Porque en Democracia hay que dejar hablar también a aquel que no nos gusta, a aquel con el que no coincidimos, e incluso dejarle participar si recibe el respaldo popular, siempre que cumpla con la Constitución, las leyes y las reglas básicas de convivencia, sin perjuicio del derecho a criticar sus postulados y a defender lo incorrecto de sus posiciones.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de privacidad, pinche el enlace para mayor información.PRIVACIDAD

ACEPTAR
Aviso de cookies