Consumidores contra bancos: combate amañado

El pasaje bíblico que relata el enfrentamiento de David contra Goliat ha sido siempre un referente para todos los luchadores en situación de desventaja. También suele constituir una fuente de esperanza para quienes aspiran al triunfo del bien sobre el mal, incluso a pesar de la ausencia de una aparente igualdad de armas y fuerzas. Existen a día de hoy numerosos ejemplos de contiendas entre partes cuya desigualdad de medios es patente y manifiesta. Una de las que más titulares de medios de comunicación ha copado es la entablada entre los consumidores -simples particulares- y las entidades bancarias. Las cláusulas abusivas impuestas por los bancos en sus hipotecas, préstamos y demás contratos han dado lugar a un número considerable de batallas legales que, tras no poco tiempo y paciencia invertidos, empiezan a generar algunos frutos. Los jueces han jugado un papel fundamental a la hora de proteger a la parte más débil de dicha relación. Junto a buena parte de los miembros de la Abogacía, han conseguido anular estas prácticas poco transparentes, desequilibradas e injustas.

Cabía pensar que, ante semejante combate, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial -en consonancia con los pronunciamientos judiciales de las instancias nacionales y europeas- tomarían medidas para amparar a los ciudadanos que, como meros consumidores, deben reclamar sus derechos frente a potentes multinacionales y empresas de inagotables recursos. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el órgano de gobierno de los jueces han adoptado una serie de resoluciones a favor claramente de la Banca, con la pretensión de influir en esta disputa de largo recorrido ante en los Tribunales.

Para empezar, el Gobierno Central dictó el Real Decreto-Ley 1/2017 con el inapropiado nombre de “medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”. El hecho de que todas las asociaciones de consumidores criticaran aquella medida normativa de forma unánime ya era un indicador de hasta qué punto se trataba de una mera cortina de humo para aparentar que se tomaba la iniciativa y se daba respuesta a un problema grave.

Lo cierto es que quedó justamente en eso, en una apariencia, en puro teatro, pues los grandes beneficiados fueron nuevamente los bancos. Se les concedía una moratoria que dilató artificialmente la resolución del conflicto y que, en la práctica, no ha ayudado en nada a los particulares. Quienes se lanzaron a acogerse al citado Real Decreto como solución a sus problemas, se han dado de bruces con el fraude de que las entidades financieras no están obligadas a nada. Ni siquiera tienen que contestar a las solicitudes que reciben y, cuando lo hacen, sus destinatarios reciben respuestas negativas estereotipadas e idénticas, formularios ajustables a cualquier supuesto previamente redactados y, desde luego, sin aplicar la clara jurisprudencia sobre la denominada “cláusula suelo”.

Tal vez alguien piense que el Ejecutivo tampoco debería decantarse a favor de los consumidores en esta pugna legal y que tendría que limitarse a adoptar una postura neutral, sin dotar de políticas proteccionistas a ninguna de las partes. Sin embargo, tal reflexión es errónea. El artículo 51 de la Constitución, incluido dentro de los Principios Rectores de la Política Social y Económica, establece literalmente que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Es decir, que por mandato constitucional nuestro Gobierno no debe abrazar una conducta pasiva. No obstante, lo que yo denuncio aquí no es que, pese a esa clara orden contenida en nuestra Constitución, el Ejecutivo haya pretendido ser neutral, sino que, para colmo, haya perjudicado a los consumidores y haya ayudado a los bancos, lo que añade a su incumplimiento una agravante adicional.

Aun después del desengaño derivado de la ineficacia de esta medida gubernamental, los afectados han seguido acudiendo a los tribunales y, en este punto, ha sido el Consejo General del Poder Judicial el encargado de ponerles más piedras en el camino y más obstáculos en el ejercicio de reclamación de sus derechos. En lugar de permitir que los jueces de Primera Instancia acojan estas demandas o de, en su caso, dotar de más medios a los juzgados ya existentes, han tenido la pintoresca idea de concentrar todo este tipo de reclamaciones en tan sólo cincuenta y cuatro juzgados, repartidos por todo el territorio español. Por seis votos a dos, la Comisión Permanente del C.G.P.J. decidió que esa avalancha de decenas de miles de reclamaciones previstas se tramitase en apenas medio centenar de juzgados que ya han nacido colapsados. En un mes han recibido cerca de dieciséis mil demandas. Con esta progresión, antes de final de año el número de casos se habrá elevado a cien mil. La consecuencia es tan previsible como inevitable: los consumidores se verán atrapados en una telaraña judicial que eternizará la resolución de sus conflictos. Por lo tanto, la medida del C.G.P.J. beneficia nuevamente a los bancos, que no tienen ninguna prisa por devolver un dinero incorrectamente cobrado. A ellos la ralentización del proceso no les supone inconveniente alguno.

Hasta el momento se han presentado cinco recursos contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial. Uno de ellos, por el Consejo General de la Abogacía Española. Los ochenta y tres Colegios de Abogados de toda España se concentraron en Granada para mostrar su disconformidad y su rechazo al plan del C.G.P.J., puesto que agrava el problema que, supuestamente, trata de solucionar. Esos cincuenta y cuatro juzgados designados carecen de capacidad para absorber tantas demandas y no se les ha dotado ni de medios ni de presupuestos por parte del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, lo que está provocando graves disfunciones.

Quienes están llamados a velar por la Administración de Justicia y a preservar los derechos de los consumidores se están dedicando a torpedear sus legítimas reclamaciones, ya avaladas por las más altas instancias judiciales españolas y de la Unión Europea. Pretenden amañar un combate de por sí desequilibrado. Y, por enésima vez, seremos los jueces y los abogados quienes debamos enfrentarnos a esas enormes dificultades. Me temo que no procede esperar ninguna ayuda de los Poderes Púbicos. Esa es la triste realidad.

 

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