Monthly Archives: octubre 2014
LA LEY Y LA POLÍTICA COMO OBSTÁCULOS DE LA JUSTICIA
La semana pasada, el Presidente del Tribunal Supremo (que lo es también del Consejo General del Poder Judicial) realizó unas declaraciones en las que, literalmente, se quejó de que la ley estaba «pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador». Apenas unos días antes, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afirmó que «no es fácil destapar los casos de corrupción con herramientas del siglo XIX, deficientes, cuando, además, los delincuentes en muchas ocasiones se han valido incluso del amparo del propio Estado para cometer sus delitos». Basten estos dos ejemplos, aunque podría seguir citando a otros ilustres juristas que se posicionan en la misma línea. Y baste también con constatar la tardanza en la instrucción de las macrocausas judiciales contra los escándalos vinculados a los delitos cometidos al amparo del cargo público, con dinero público o gracias al poder público, para llegar a la conclusión de que nuestra Justicia, más de ciega, parece coja y enclenque por culpa de la constante desatención de los políticos encargados de impulsarla y protegerla.
En las últimas fechas han salido a la luz varias noticias que reflejan muy bien las precarias condiciones en las que se desenvuelven los profesionales de la Administración de Justicia. Así, por ejemplo, se dio a conocer que en el Juzgado de Guardia de Sevilla no cuentan con fotocopiadora ni con fax desde hace semanas. También se ha sabido que los Juzgados de la localidad onubense de Moguer han tenido que ser desalojados debido a la presencia de ratas en el interior del edificio. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial ha informado recientemente de la tramitación como accidente de trabajo del expediente de incapacidad temporal de un magistrado de lo Mercantil de Madrid, que sufrió un infarto vinculado, al parecer, al estrés por sobrecarga de trabajo. Este mismo mes, la Inspección del citado C.G.P.J. ha emitido un informe en el que revela que el 43,53 % de los órganos judiciales superan el indicador del 150% de carga laboral. De hecho, ya hay citaciones de juicios del ámbito de lo Social previstos nada más y nada menos que para el año 2017. Resulta demoledor darse una vuelta por las oficinas de los Juzgados y contemplar que las tongas de expedientes colocadas sobre las mesas tapan a los propios funcionarios e, incluso, se esparcen por los suelos, al estar completos los archivadores. El panorama es absolutamente desolador tanto para los profesionales que trabajan en y por la Justicia como para los ciudadanos obligados a confiarles sus pleitos y controversias.
DE QUÉ HABLAN CUANDO HABLAN DE SOBERANÍA
La soberanía es uno de tantos conceptos que ha quedado desfasado con el paso del tiempo. Tradicionalmente, hacía referencia a aquel poder considerado el superior dentro de las fronteras de un Estado y, además, independiente de cualquier injerencia exterior. Así definido, el sustantivo y su significado iban de la mano. En otras palabras, existía una armonía entre el término “soberanía” y lo que éste quería decir. Sin embargo, con el transcurrir de los siglos, la historia constitucional comenzó a matizar este concepto tan relevante, de tal manera que hoy en día no es más que una expresión emborronada y una imagen difuminada de lo que antaño fue. «El hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado», decía Jean Jacques Rousseau. Pues bien, con la soberanía ocurre algo parecido. Se da por hecho que refleja un poder de decisión absoluto e incuestionable pero, en realidad, se encuentra mediatizada hasta convertirse en la antítesis de lo que debe ser en realidad.
Así, la soberanía nacional, que conforme al artículo primero de nuestra vigente Constitución reside en el pueblo español, se pliega en muchos aspectos a otras normas y decisiones que provienen de la Unión Europea en base a su voluntaria decisión de ceder a dicha organización internacional una serie de importantes competencias. Y también ahora se está encontrando con las peticiones de algunas Comunidades Autónomas de ser depositarias parciales de esa soberanía nacional. De hecho, el Presidente canario Paulino Rivero publicó en el día de ayer un artículo titulado “Soberanía compartida” en el que solicita esa citada parte alícuota. Así las cosas, si determinadas personas defienden y admiten que la soberanía se trocea, se parte y se reparte, confío en que, al menos, sean conscientes de que el supuesto botín que pretenden adjudicarse nada tiene que ver con aquel concepto originario sobre el que teorizaban y debatían los padres del Constitucionalismo.
DEMOCRACIA EN SERIO, DEMOCRACIA EN BROMA
Pese a las notables diferencias entre la deriva soberanista catalana y el empeño del Gobierno canario en convocar una consulta y sacar las urnas a la calle el próximo 23 de noviembre, existen, en ambas actitudes, unos preocupantes paralelismos que emborronan este vigente modelo democrático del que tanto presumimos y que, supuestamente, nos afanamos en defender.
Así, las llamadas a la desobediencia civil provenientes de los sectores independentistas y de los partidos políticos que impulsan la convocatoria del 9 de noviembre han traspasado la línea de la mera oratoria para convertirse en hechos, ya que, tras la orden del Tribunal Constitucional de suspender las actuaciones tendentes o vinculadas a su preparación, se ha continuado adelante con ellas desde las instituciones de Cataluña, designándose una “Junta Electoral” para llevar adelante el proceso.
A su vez, el Presidente del Ejecutivo Canario, a preguntas de los periodistas, dejaba entrever que una hipotética paralización de su consulta popular por parte del Alto Tribunal tampoco les desviará de su marcada hoja de ruta, insistiendo en que, aun en esa circunstancia, seguirán “el rumbo que nos marque la sociedad canaria”.
El SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL: DEL ORIGINAL A LA CARICATURA
Es normal, y hasta necesario, que los sistemas constitucionales evolucionen. Las sociedades avanzan y lo peor de todo es que las normas se empeñen en vivir ancladas en realidades caducas, dando soluciones a problemas ya superados y obviando los retos sobrevenidos que cada nueva generación debe afrontar. Sin embargo, tan peligroso es cuando, con el transcurso de las décadas, el día a día demuestra que algunos de los principios básicos y esenciales que nos definen como democracia y como sistema parlamentario han caído en el olvido. Si entre la teoría y la práctica la distancia es considerable, o si la letra y el espíritu de las normas chocan frontalmente con el devenir cotidiano, tenemos un grave problema. Curso tras curso me encuentro con más dificultades a la hora de enseñar a mis alumnos de Derecho nuestra vigente Constitución de 1978 porque los matices, las excepciones, los “peros”, y los “sin embargos” son ya de tal entidad que evidencian el drama de esta Carta Magna, sobrepasada por una realidad decidida a prescindir de ella.
Pero el meollo no radica en ese lógico desfase que provoca el paso del tiempo, ya que una reforma o revisión del texto constitucional solucionaría tal inconveniente, por mucho que algunos, con su actitud de sacralizar y petrificar el contenido, ahuyenten irremediablemente una solución perfectamente posible. El principal problema surge cuando se habla de los principios básicos y elementales de un sistema como el nuestro, que en modo alguno se plantea su modificación pero que tolera que los mismos queden relegados a una condición de mero papel mojado. En este sentido, y cada vez en mayor medida, nuestro modelo de gobierno se aparta de algunos de sus pilares fundamentales para convertirse en una mala caricatura de aquel original que nació hace casi treinta y seis años con la vocación de perdurar y de aplicarse en nuestras instituciones.