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LA PELIGROSA TENDENCIA A DESPRESTIGIAR LO PÚBLICO
Es muy complicado analizar el actual momento que nos está tocando vivir. El cúmulo de aspectos dominados por la crisis es tan amplio y variado que limitarnos a hablar de economía o finanzas es un error manifiesto que solo puede hacerse en el supuesto de que se pretenda ocultar la realidad o, directamente, negarla. Y, obviamente, ese no es el camino para prosperar y dejar atrás los tiempos difíciles. El mejor escenario para adoptar soluciones es aquel que no te condiciona previamente a apostar por una opción concreta ni que tampoco te asusta hasta el punto de preferir su negación, ya que ambas premisas constituyen el origen de muchos conflictos. En el primer caso, no se toma la decisión después de una reflexión objetiva y razonada, sino que se acuerda de antemano torciendo y forzando los argumentos que aparentemente la avalan. En el segundo, se elige la vía del auto engaño para solventar las cuestiones planteadas. En definitiva, son dos caminos nefastos para salir del túnel que conducen a un fracaso seguro.
INSEGURIDAD JURÍDICA, INDETERMINACIÓN ECONÓMICA… CAOS
Vivimos tiempos de una indeterminación casi absoluta. Resulta imposible realizar un estudio certero y sosegado de la realidad, básicamente porque cada vez existen menos conceptos seguros desde los que comenzar a hacer un análisis. Todo investigador o analista debe partir de hechos irrefutables, ha de contar con un punto de partida incuestionable ya que, si se ponen en entredicho sus planteamientos iniciales, las deducciones y las conclusiones pueden desvirtuarse fácilmente. Pero ¿de qué concretos conceptos partimos a la hora de analizar los últimos acontecimientos económicos ocurridos en España? ¿Nos encontramos ante un rescate? ¿Se trata de una intervención? ¿Es simplemente una ayuda? Y, en todo caso, ¿existen diferencias entre ellos? Porque ni siquiera en esto logramos ponernos de acuerdo.
De entrada, un dato capital de este galimatías es la idea de soberanía que, como característica elemental, establece que ni las políticas ni las instituciones se pueden ver coaccionadas por las imposiciones de poderes externos al Estado. Por lo tanto, y según esa definición, habría que concluir que, lo que se dice plena soberanía, no tenemos, toda vez que con mayor frecuencia, bien desde Bruselas, bien desde otros ámbitos internacionales, se nos imponen -con más o menos diplomacia, con mejores o peores maneras- las decisiones económicas de mayor trascendencia.