Monthly Archives: marzo 2016
Gobierno en funciones pero… ¿sin responsabilidad política?
El actual Ejecutivo español ha anunciado que no se someterá a las iniciativas de control parlamentario. El Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha defendido dicha postura argumentando que se trata de un Gobierno en funciones y que, como tal, no debe someterse a las habituales vías de control político. La citada postura se asienta sobre la tesis de que el motivo por el que el Congreso de los Diputados puede fiscalizar a los miembros del Ejecutivo deriva de la previa elección del Presidente por la Asamblea Legislativa y el consecuente otorgamiento de la confianza que lleva aparejada dicha designación. Según su teoría, dado que los nuevos diputados no han procedido aún a dicha elección, tampoco pueden realizar las correspondientes labores de examen e inspección gubernamentales.
A mi juicio, dicha interpretación presenta tan elevada dosis de fundamentación política como escaso rigor jurídico. El argumento está revestido, en principio, de una aparente lógica. Si quien elige, controla, quien no elige, no controla. Sin embargo, la simplicidad del análisis pone de manifiesto que, para llegar a esa conclusión, olvidan deliberadamente por el camino una serie de bases y normas de nuestro ordenamiento que no pueden obviarse para abordar el estudio de la cuestión.
‘La sonrisa Duchenne’ en el «Foro Literario Agustín Espinosa»
El jueves 7 de abril, alas 18:30 horas, estaré en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, sito en la calle San Agustin número 23, de San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, en el «Foro Literario Agustín Espinosa», hablando de mi tercera novela ‘La sonrisa Duchenne’ junto con el periodista y crítico literario Eduardo García Rojas.
Malos tiempos para los Derechos Humanos
El manifiesto incumplimiento de las normas es una de las realidades más tristes dentro del ámbito del Derecho. El hecho de plasmar en las Constituciones, Tratados Internacionales o Leyes los avances que, en materia de Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, exige la sociedad, cuesta gran esfuerzo y acarrea enorme sufrimiento. Pero no basta con que dichas aspiraciones queden recogidas en los textos normativos. Luego viene la parte más compleja: cumplir todo eso a lo que nos hemos comprometido con las normas que hemos ratificado o aprobado.
Amnistía Internacional ha denunciado recientemente que el mundo está sufriendo «un asalto global a los derechos y las libertades” y que el sistema de “protección internacional de los Derechos Humanos” está “en peligro de desmoronarse”. El presidente de esta ONG en España, Alfonso Sánchez, en la presentación del informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, ha manifestado que existe un desprecio hacia las instituciones internacionales que velan por el respeto a los Derechos Humanos, como la ONU, el Tribunal Penal Internacional o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Siria es un ejemplo más de las consecuencias de esa falta de respeto al Derecho Internacional. Ante la actual crisis de los refugiados (la mayor desde la Segunda Guerra Mundial), los líderes políticos han actuado tarde y mal. En dicho informe se concluye que “la respuesta de los Gobiernos es, o bien la inacción, o bien la adopción de medidas que agravan más aún los problemas”.
El documento pone asimismo de manifiesto que en sesenta y un países se han encarcelado a presos de conciencia, en diecinueve se han perpetrado crímenes de guerra y otras violaciones de las leyes reguladoras de las contiendas bélicas y en ciento veintidós se han infligido torturas y malos tratos a detenidos. También se señala que ciento trece países han restringido de forma arbitraria la libertad de expresión y de prensa y que sesenta millones de personas viven desplazadas de sus hogares y diseminadas por todo el planeta. En total, son treinta y seis los Estados en los que los grupos armados han cometido abusos contra los Derechos Humanos y treinta las naciones que han obligado de manera ilegal a refugiados a volver a países en los que corren peligro. A lo anterior, se añade además el maltrato que reciben los defensores de tales Derechos Humanos. En el texto se asegura que más de ciento cincuenta de ellos murieron en 2015, algunos mientras estaban detenidos.