Gerardo Pérez Sánchez

El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 62/7, decidió celebrar cada 15 de septiembre el “Día Internacional de la Democracia”. En este 2016 el tema sobre el que versa la citada conmemoración es “La Democracia y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dado que hace justo doce meses ciento noventa y tres Estados miembros aprobaron la denominada Agenda, un plan ambicioso y bienintencionado que persigue poner fin a la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y proteger nuestro planeta, dándose un plazo de quince años para lograr tales objetivos. Así, la ONU pretende concienciar sobre cómo la democracia, junto a la ciudadanía y a las instituciones participativas, puede “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces que rindan cuentas” (cito la frase exacta del mensaje institucional lanzado por dicho organismo internacional).

Sin duda se trata de palabras hermosísimas, que suenan muy bien al oído y que conforman la inmensa mayoría de tratados y resoluciones. Lenguaje políticamente correcto, rebosante de perspectivas alentadoras, loables deseos y utopías embriagadoras. No en vano el papel lo aguanta todo y, además, la hipocresía de un amplio sector de líderes mundiales parece no conocer límites porque, al mismo tiempo que firman esos compromisos y aplauden los recurrentes discursos sobre libertad, igualdad y fraternidad, orientan y ejercen sus políticas exactamente en sentido contrario.

Siempre me quejo de la enorme brecha que separa la enseñanza teórica del Derecho de su realidad práctica. En ocasiones, me resulta sonrojante tener que explicar a los alumnos el contenido de algunas normas cuando el día a día de los Tribunales, la actualidad política y los titulares de los medios de comunicación reflejan unas realidades muy diferentes. Casi nos hemos acostumbrado a consultar los manuales de las distintas disciplinas jurídicas como si fueran relatos del género fantástico. ¿Cómo puedo explicar el Derecho de Asilo a estudiantes que aspiran a ser abogados o juristas si la vigente regulación sobre dicha materia es vulnerada sistemáticamente con el beneplácito de los propios mandatarios? ¿Cómo voy a hacerles entender el valor jurídico de nuestra Constitución cuando comprueban cómo determinados cargos públicos alardean y se vanaglorian constantemente de su incumplimiento? ¿Cómo he de lograr que asuman los valores de un Estado de Derecho o de un Estado Social en estos tiempos en los que el respeto a las normas y a las sentencias no está garantizado y en el que las desigualdades se acrecientan?

Es en este clima de desánimo y ante una labor docente cada vez más compleja cuando leo que las Naciones Unidas cuentan con un plan para erradicar en tres lustros la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y proteger nuestro planeta. Y que los ciento noventa y tres países miembros lo han firmado. Y que van a impulsar la democracia en todas las naciones. Y que nos invitan a celebrarlo el 15 de septiembre. Y que, como de costumbre, la celebración precede a la consecución del objetivo (para no variar).

Pues, por lo que a mí respecta, semejante sobredosis de buenas intenciones y de términos edulcorados ya se me ha indigestado. No me creo nada. Cumplido el plazo previsto, el panorama no habrá mejorado. Mucho me temo que los índices de pobreza, injusticia y desigualdad habrán empeorado incluso. Y es que los datos objetivos neutralizan cualquier resquicio de optimismo. En los últimos años la distancia entre rentas altas y bajas se ha acrecentado. Los millones de desplazados por culpa de las guerras se ha multiplicado. El número de las pseudo democracias que coquetean con el totalitarismo ha ido en aumento. La destrucción del planeta avanza de modo imparable. La cifra de seres humanos sin acceso a agua potable es absolutamente vergonzosa. Y la situación de la mujer en el mundo sigue constituyendo un escándalo de proporciones descomunales.

¿Cómo no lo vemos? ¿Cómo no reparamos en que estamos abocados al desastre? Peor aún, ¿cómo, dándonos cuenta, no tomamos medidas? Esta vez no he celebrado el 15 de septiembre. No me sentía con ánimos de participar en esa pantomima, mitad tragedia y mitad comedia. Porque ya es hora de celebrar menos y de reflexionar más.

Como reflexión ante los ciento ochenta noes que recibió el candidato Mariano Rajoy en su investidura, tanto en la primera como en la segunda votación, me aventuro a intentar descifrar los significados que encierran dichas negativas, y que no tienen por qué responder necesariamente a los mismos argumentos.

1.- Un “no” que significa “no”: Es evidente que existen razones para oponerse a un Gobierno del señor Rajoy. Muchas de sus decisiones políticas (materializadas después en normas publicadas en el B.O.E.), su responsabilidad como máximo mandatario de un partido sumido en numerosos y escandalosos casos de corrupción, así como su ninguneo al resto de los partidos cuando contaba con mayoría absoluta, conforman un bloque de razonamientos más o menos sólidos que conducirían a una negativa para que continuase encabezando el Ejecutivo. No obstante, también existen puntos positivos en la última legislatura. Tan sólo desde el análisis partidista de una oposición obcecada por las estrategias electorales se puede concluir que todo lo llevado a cabo ha sido nefasto (por otra parte, el mismo análisis partidista y obcecado que, desde la bancada gubernamental, exhibiría un discurso triunfalista y pleno de loas hacia un candidato cuya preocupante carencia de autocrítica y de visión política es demostrable).

2.- Un “no” que significa “no ahora” pero que, quizá, signifique cosa distinta más tarde: Una de las circunstancias subrayada como posible desencadenante de un cambio en la actual situación de bloqueo es la próxima celebración de elecciones en Galicia y el País Vasco. En función de los resultados, los férreos y rígidos noes pueden tornarse endebles para terminar convirtiéndose en abstenciones o en síes. Cuando se ven tan influenciadas por los intereses de las propias formaciones políticas, las voluntades son volubles y las decisiones, cambiantes. Las contundentes y meridianas razones para dar la espalda a un candidato pueden transformarse como por arte de magia en datos meramente anecdóticos, sin apenas importancia. Si, por ejemplo, el Partido Popular puede colaborar para que el PNV conserve el poder en Euskadi o si una debacle electoral aconseja cambiar la hoja de ruta para recuperar el rumbo perdido, los discursos de los líderes cambiarán cuanto sea necesario.

3.- Un “no” que significa “no en público”, pero cuyo significado varía en privado: La sorprendente mayoría absoluta que alcanzó el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos a la hora de constituir la Mesa del Congreso, propiciada por el voto secreto de los diputados, evidencia que no se dice lo mismo en el seno interno que con luz y taquígrafos. Esos sorpresivos votos de más son votos huérfanos. Sin padre ni madre. Sin un solo representante de la soberanía popular que sea capaz de dar la cara por ellos. Quién sabe si tal vez la solución milagrosa para acabar con este bloqueo institucional resida en cambiar la norma que obliga a que la elección del Presidente se realice a través de una votación pública y por llamamiento.

4.- Un “no” que significa, además, un “sí” a una alternativa: En la Comunidad Autónoma de Asturias rige un sistema particular con dos diferencias fundamentales respecto del nacional, de tal manera que, en primer lugar, puede existir más de un candidato a la Presidencia del Gobierno regional en la misma sesión de investidura y, en segundo, los diputados están obligados a votar a favor de alguno de esos candidatos o, en su caso, abstenerse. El voto negativo no se admite. Negar el apoyo lleva necesariamente aparejado adherirse a otra alternativa, participar de otra opción cuyo objetivo sea formar Gobierno.

En estos momentos, ciento ochenta diputados se han puesto de acuerdo en dar un “no” a Mariano Rajoy. Pero, tras dos comicios y casi un año sin un Consejo de Ministros con plenas facultades, habría que preguntarse si entre ellos se encuentran al menos ciento setenta y uno capaces de presentar otro candidato y otro programa de gobierno. De lo contrario, entraremos en un bucle diabólico que nos conducirá a unas terceras elecciones, con su enésima parafernalia de precampaña, campaña, votación e intentos de investidura. Y, lo que es peor, sin ninguna garantía de que a la tercera vaya la vencida. A estas alturas y dadas las circunstancias, parece más que exigible que un “no” implique paralelamente un “sí”. Ya es hora de dejar de ser parte del problema para comenzar a ser parte de la solución.