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Sistema electoral canario: mejoras inacabadas
Los canarios estamos llamados a participar en las Elecciones Autonómicas del próximo domingo 28 de mayo. Será la segunda vez que se aplique la reforma electoral aprobada tras la entrada en vigor de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, en noviembre del año 2018. Ese cambio normativo supuso un hito que procede reivindicar, aunque desde muchos sectores se empeñen en minusvalorarla. Sí es cierto que desde un primer momento todos éramos conscientes de que estos avances obtenidos eran sólo un primer paso que debía culminarse más adelante cuando, no ya dicho Estatuto de Autonomía, sino una posterior ley electoral, consumara de forma completa y definitiva los retos y cambios que nuestro modelo electoral requería. Conviene incidir tanto en las necesidades que impulsaron esta reforma como en los logros obtenidos.
El Parlamento de Canarias debe representar a la población de nuestras islas. Es una asamblea de representación poblacional que tiene marcada la regla de la proporcionalidad. Así se desprende de nuestro Estatuto y, por derivación, de las reglas establecidas en nuestra Constitución. Cierto es que debe respetarse otro mandato relacionado con la representación de las diferentes partes del territorio, siendo evidente que, en un archipiélago, cada isla debe tener garantizada una mínima representación. Pero la esencia de una Cámara Legislativa Autonómica en España es que el pueblo se halle correctamente representado desde la regla de la proporcionalidad.
Antes de la reforma del año 2018, la designación de escaños por las islas generaba un nivel de desproporción y de desigualdad en el valor del voto entre los canarios realmente vergonzante. Nuestro Parlamento se configuraba más como una cámara de representación territorial que poblacional. Es decir, se preocupaba más por representar a los territorios insulares que a su población y ello afectaba a la calidad de nuestra democracia. Un sistema electoral debe saber traducir los votos de los electores en concretos asientos en las instituciones pero, al aplicar nuestras antiguas reglas electorales, los resultados eran sonrojantes. En la historia de los comicios electorales en Canarias hemos visto cómo, por ejemplo, el tercer partido en votos ha logrado ser el primer partido en escaños. Eso, desde un punto de vista democrático, resultaba intolerable.
Por eso la ciudadanía reclamaba un cambio. Movimientos cívicos al margen de los partidos, como “Demócratas para el cambio”, se movilizaron e impulsaron una corriente que exigía reformas. Finalmente, las formaciones políticas se hicieron eco de la necesidad y del reclamo popular, materializando una modificación de calado en nuestro Estatuto de Autonomía, cambiando las reglas del juego electoral y estableciendo las siguientes novedades:
- Se instauró una circunscripción regional, autonómica, además de las ya existentes en cada una de las islas. Así, la ciudadanía canaria pasaba a disponer de dos votos para la elección de su Parlamento. Un primer voto para elegir a sus representantes por su isla, y otro segundo para elegir a sus representantes por la nueva circunscripción regional.
- Se bajaron las barreras electorales, es decir, el porcentaje mínimo de votos exigido para poder optar al reparto de los escaños.
- Como los partidos políticos se negaron de forma rotunda a discutir la opción de restar disputados a las islas, no quedó otra alternativa que aumentar el número de diputados de sesenta a setenta. Esta ha sido la medida más criticada, reprochándose el aumento de cargos públicos y de gasto. Cierto es que, personalmente, yo hubiese optado por la otra vía (restar diputados a las circunscripciones insulares), pero el rechazo a esa opción por las formaciones políticas no dejó otro camino que su aumento para mejorar la proporcionalidad. Y, pese a las críticas apuntadas, la dimensión de nuestro Parlamento en atención a su población se enmarca dentro de los estándares del resto de Asambleas autonómicas.
- Se estableció la regla (que ni existía ni se respetaba antes) de que a ninguna circunscripción insular se le podrá asignar un número de diputados y diputadas inferior a otra que tenga menos población de derecho.
Con ello, los logros obtenidos se pueden resumir en los siguientes:
1.- Canarias dispone por fin de, al menos, una circunscripción donde existe una real y matemática igualdad en el valor del voto entre todos los canarios (la circunscripción autonómica).
2.- Se rompió con la regla de que las denominadas islas periféricas, con menos del veinte por ciento de la población de la Comunidad Autónoma, elegían a la mitad del Parlamento.
3.- Se erradicó la situación de que islas con menos población eligiesen a más diputados que otras islas con mayor población.
4.- Se reforzó el sentido regional de nuestra Autonomía, más allá de la realidad insular.
Cierto es que, como se indicó al principio, los que de alguna manera participamos en esta reforma estatutaria, sosteníamos la idea de que se trataba de un primer paso, una primera fase, un punto de partida que tendría como culminación una posterior ley electoral que profundizase en los retos abordados y lograse mejorar aún más la proporcionalidad y la calidad de nuestra democracia. Sin embargo, pese a los avances apuntados, seguimos manteniendo unos índices de desproporción y desigualdad criticables. Por ello el propio Estatuto de Autonomía, después de fijar las reglas con las que votamos en las elecciones de 2019, imponía el mandato de que el Parlamento de Canarias debía elaborar, en un plazo no superior a tres años, la ley que completase la reforma.
Esa Ley fue la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, que supuso una profunda decepción, dado que se limitó a copiar el modelo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Estatuto, sin ahondar, profundizar o mejorar en nada lo ya conseguido.
Así, se perdió una gran oportunidad para:
- Mejorar la proporcionalidad del sistema en atención al criterio poblacional y a la igualdad del valor del voto entre los ciudadanos y ciudadanas canarios.
- Estudiar la aplicación de otras fórmulas para la asignación de escaños a las candidaturas que superaban las barreras electorales, pasando de la fórmula “D’Hondt” a otras más proporcionales.
- Abordar la posibilidad de contemplar sistemas de votación más participativos para el electorado, como las listas no bloqueadas o las abiertas.
- Abordar la regulación de los debates electorales y la propaganda electoral conforme a los actuales tiempos.
Esperemos que en el futuro existan mayorías que cumplan con el reto de seguir mejorando nuestro modelo electoral porque, con ello, se mejorará nuestra Democracia.
Mitos y leyendas electorales
Una vez finalizada la campaña electoral y celebrados los comicios madrileños (tan criticados por el tono incendiario de los discursos, la pugna dialéctica de bajo nivel de los candidatos y lo que se ha venido a denominar -y casi, a aceptar- “polarización”), me gustaría realizar una serie de reflexiones sobre la base y la esencia de la Democracia. La teoría es perfecta e idílica. En el discurso de Gettysburg en 1863, Abraham Lincoln pronunció su célebre frase “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, que sirve como cimiento y estructura del modelo democrático que se estudia en las Universidades. No obstante, esa Democracia “de manual” se topa con algunas realidades prácticas que van desdibujando esa visión utópica de las elecciones de los representantes por parte del pueblo:
1.- La libre elección del votante: el ciudadano es libre para decidir su voto, libre para escoger a las personas que le representen y libre para decantarse por la opción política con la que se identifique, pero el espacio en el que desarrolla esa libertad es muy pequeño. Las listas son cerradas y bloqueadas. El votante, cuando opta por una formación política, se tiene que circunscribir estrictamente al orden y a los componentes de una plancha impuesta por el aparato del partido. Algo así como las lentejas: si quieres las tomas y, si no, las dejas. Su libertad llega únicamente hasta ahí. Quienes al final se presentan como representantes del pueblo son, en realidad, una extensión del cabeza de lista y, por ello, le deberán lealtad a él en vez de al ciudadano que introdujo la papeleta en la urna. Además, la mayoría de los estudios concluyen que un amplio porcentaje de los electores votan, no tanto para que ganen las siglas que han escogido, cuanto para que pierdan las contrarias. En el fondo, no se trata de querer a quienes ocupen los escaños del Parlamento y después del Gobierno, sino de no querer a sus rivales. En definitiva, nos hemos convertido en una especie de Democracia en negativo.
2.- Los programas electorales: en principio, constituyen la base del “contrato” entre el ciudadano que vota y el cargo público que resulta designado. Un partido y una plancha de candidatos presentan un conjunto de propuestas a desarrollar en la legislatura que va a comenzar. Un texto repleto de objetivos ambiciosos, tareas loables y promesas de cambio. Sin embargo, lo cierto es que casi ningún elector lo lee y, lo que es peor, aunque lo hiciese y decidiese su voto en función de lo leído, ningún mecanismo garantiza su cumplimiento. En la práctica, existen más vías de defensa para un consumidor víctima de la publicidad engañosa de un producto o de un servicio que para un votante estafado por un programa electoral que ejerce de mero anzuelo, de formalidad sin efecto. Y tal realidad viene siendo consentida por la ciudadanía, no me atrevo a decir si por resignación o por simple aceptación.
3.- Los mítines electorales: están pensados como vehículo de transmisión del mensaje político al elector, para convencerle de que vote a una concreta opción. Lamentablemente, a ellos sólo acuden los convencidos, es decir, quienes ya tienen decidido su voto. Incluso las gradas y los asientos se reservan a militantes y simpatizantes que garantizan los aplausos y vítores al candidato, con independencia de su discurso. Se trata de demostraciones de fuerza para reflejar en los medios de comunicación el número de adeptos dedicados a ondear banderas y corear nombres. Puro marketing planificado para que periódicos, televisiones, radios y redes sociales amplifiquen la imagen de un partido con sólidos apoyos y amplio respaldo. También en este punto observo que la gente se ha acomodado a la forma de difusión de dicho mensaje, como si de la publicidad de una marca de bebidas o de vehículos se tratase.
4.- Los debates electorales: ideados como la herramienta perfecta para la confrontación de las capacidades de cada candidato y la validez de sus propósitos, sirven para comparar argumentos y propuestas. Lástima que, por regla general, las únicas capacidades puestas de relieve sean las de descalificar al contrario y enturbiar la dialéctica con toda clase de reproches, cuando no de insultos. Los problemas reales -Educación, Sanidad, Justicia, entre otros…- quedan relegados, por no decir ignorados, para beneficio de diferentes escándalos más o menos relevantes metidos con calzador con la única finalidad de arrinconar al rival. Puntalmente salen a colación los servicios públicos esenciales, pero siempre con escasas posibilidades de sacar algo en limpio. No hay nada como la multiplicidad de Administraciones y la consiguiente duda sobre las competencias respectivas para lanzarse unos a otras las culpas de los desastres. A la postre, el electorado se divide entre quienes tienen claro su voto porque afrontan su participación en las elecciones con la misma devoción con la que el hincha de un equipo de fútbol defiende sus colores o el fanático religioso augura el apocalipsis de los demás credos, y quienes, sin la decisión aún tomada, se sienten huérfanos de opciones convincentes a las que aferrarse.
Caben más reflexiones pero, de momento, aquí me quedo. Esa utópica, idílica y ensalzada Democracia del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” se parece cada vez menos a lo que enseñan los libros y manuales de Derecho y Ciencia Política. Obviamente, somos y debemos ser una Democracia. No pretendo afirmar lo contrario. Pero ¿cuánto se parece la Democracia que tenemos a la que queremos? ¿Cuánto se ha incrementado en los últimos tiempos la distancia entre la primera [la que tenemos] y la segunda [la que queremos]? Hagámonos esas preguntas antes de que la Democracia, en lugar de en la solución, se convierta en el problema.
Elecciones, pandemias y vacíos jurídicos
El 21 de diciembre de 2020 se dictó el Decreto 147/2020 de disolución del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de elecciones, a tenor de la incapacidad de los grupos políticos de dicha Asamblea autonómica para proponer un candidato a Presidente o Presidenta de la Generalitat tras la ejecución de la sentencia que inhabilitó a Quim Torra por la comisión de un delito de desobediencia. Es evidente que cuando se convocaron las elecciones continuaba vigente el Estado de Alarma amparado en el Real Decreto 926/2020, así como también su extraña y sospechosa prórroga hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021. Por supuesto, permanecíamos en plena pandemia descontrolada y, por lo tanto, se sabía con certeza que los comicios se desarrollarían en una coyuntura excepcional, en plena batalla contra el coronavirus.
Así las cosas, el 15 de enero se dictó el Decreto 1/2021 por el que se dejaba sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para el 14 de febrero, como consecuencia de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. En dicha resolución se afirmaba que “las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones para el desarrollo de un proceso electoral en libertad de concurrencia, votación y ejecución sin solución de continuidad, ya que la ciudadanía no podría asistir libremente a los actos de precampaña, campaña electoral y votaciones”, y enlaza con lo anterior indicando que tal situación “no permite garantizar a la ciudadanía ni a los partidos (…) la participación y el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones y oportunidades, ya que una votación en la que no se pueda efectuar una campaña electoral en condiciones dificulta el debate público entre los candidatos y que el electorado pueda conocer los diferentes programas para decidir su voto”. En otro apartado del Decreto, se trataba de argumentar la medida adoptada diciendo que la situación derivada del Covid-19 “puede alterar la decisión concreta de ir o no a votar y que el resultado final no responda a la voluntad de la colectividad si las personas contagiadas, en cuarentena, vulnerables o ubicadas en determinados ámbitos territoriales no pueden desplazarse para ir a votar”. En definitiva, se utilizaban para justificar la cancelación de las elecciones unos argumentos que debían ser conocidos o, al menos, previstos cuando se convocaron, por no mencionar lo cuestionable que resulta hoy en día la celebración de mítines o actos multitudinarios como única vía para transmitir mensajes o movilizar al electorado.
En cualquier caso, la cuestión no radica en si es o no conveniente desconvocar ante una situación de alerta sanitaria unos comicios previamente convocados. Desde el punto de vista jurídico, la pregunta es si, una vez convocados en situación de Estado de Alarma y plena pandemia, quien lo hace tiene la facultad de dar marcha atrás, ya que tal posibilidad no está prevista ni en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni en las Leyes Autonómicas que regulan las elecciones en las Comunidades Autónomas. Cierto es que existe un antecedente. En 2020, los procesos electorales del País Vasco y Galicia se aplazaron de su primera fecha prevista, pasando del 5 de abril al 12 de julio. En aquella ocasión sí se realizó, pese a existir el mismo vacío legal que ahora persiste. Pero si dicha posibilidad no estaba contemplada ni prevista ¿cuál ha sido la diferencia entre el aplazamiento de las elecciones gallegas y vascas (que prosperó) y el de las elecciones catalanas (que ha quedado anulado)? Pues que en este segundo caso, alguien decidió recurrir y acudir a los Tribunales.
Las elecciones a cualquier Parlamento están reguladas por normas jurídicas y, en el caso de que un tribunal deba pronunciarse sobre las mismas, también ha de hacerlo fundando su decisión en Derecho. Aquí no valen las conveniencias ni las opiniones sobre lo que se considera mejor o peor. Ante la Justicia sólo vale (y sólo tiene que valer) lo que se ajusta a Derecho. ¿Por qué ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anular el Decreto que dejaba sin efecto las elecciones? Porque los Magistrados han tenido en cuenta, en primer lugar, que la decisión de suspensión de unos comicios ya convocados no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, además, porque han valorado que existe un especial interés público en la celebración de estas elecciones, habida cuenta que, si no se celebran en la fecha señalada, se abre un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas. También se ha tenido en cuenta que esta decisión afecta al Derecho Fundamental de sufragio activo y pasivo, y no es posible, con la regulación del Estado de Alarma en la mano, privar a la ciudadanía de acudir a votar. Igualmente, los jueces analizaron las demás medidas restrictivas que estaban aplicándose y que permitían los desplazamientos y posibilitaban la realización de otras actividades compatibles con ir a las urnas (con independencia de que también sea viable recurrir al voto por correo).
Lo ideal hubiese sido reformar la normativa electoral para incluir esta situación actualmente ausente de los textos y, de ese modo, darle cobertura legal. Resulta innegable que desde el 14 de marzo de 2020 han dispuesto de tiempo más que de sobra para abordar legislativamente este asunto. Sin embargo, no han sabido o no han querido. Sea como fuere, es preciso transmitir a la sociedad que el controvertido fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se ha dictado en términos de mera conveniencia. El trasfondo nunca versó sobre si era mejor o peor celebrar o suspender las elecciones, sino si la decisión era jurídicamente válida, tanto en lo relativo a la competencia de la autoridad que suspendió la votación como a la correcta ponderación de los derechos afectados por la misma.
Y, por enésima vez, tengo que denunciar el hecho arraigado de que, cuando la urgencia y la emergencia entran por la puerta, el Derecho sale por la ventana. Demasiadas autoridades han forzado al máximo sus habilitaciones y facultades (hasta, en algunos casos, quebrantarlas), amparándose en el razonamiento de estar adoptando las medidas necesarias para luchar contra el virus, en la línea del viejo aforismo “el fin justifica los medios”. Ahora bien, cabe indicar que los niveles de inseguridad jurídica que estamos padeciendo de un tiempo a esta parte son, asimismo, otra modalidad de pandemia, que afecta en este caso al Estado de Derecho y a los derechos de los ciudadanos. Si procede reformar nuestras normas para adecuarlas a estos momentos convulsos, hágase. Pero, si no, las facultades para limitar derechos e, incluso, suspenderlos no deben darse por supuestas, ni menos aún pueden fundamentarse simplemente en que, dadas las circunstancias, se considera lo mejor.
La calidad de la democracia: el vaso medio lleno o el vaso medio vacío
Si finalmente los españoles acudimos a las urnas el próximo mes de noviembre tras fracasar el intento de configurar un Gobierno, serán las cuartas elecciones generales en nuestro país en cuatro años. Una cifra inédita en nuestra historia democrática que está empezando a generar críticas hacia nuestro modelo representativo y a reflejar si cabe más hartazgo y desafección entre la ciudadanía y sus representantes. La tan mencionada crisis de la democracia representativa está calando ya en numerosos sectores de la sociedad española, sacando a la luz algunas grietas y humedades que padece nuestra casa común. Hay quienes tienden a ver solo la parte positiva y a transmitir un optimismo patológico, mientras que otros se afanan en ser los agoreros de un apocalipsis irreversible. Que el vaso de nuestra democracia se perciba más bien lleno o, por el contrario, parezca que se está quedando medio vacío, depende de los concretos datos o factores que se tomen como referencia.
1.- Razones para el optimismo: Si la democracia pudiera medirse y calificarse con una nota numérica, la española se encontraría entre las primeras del mundo. Al menos, así lo reflejan las conclusiones de los informes y estudios internacionales emitidos en los últimos años.
Cabe mencionar, por ejemplo, el “Rule of Law Index 2017-2018” elaborado por el “World Justice Project”. Este estudio contiene un apartado reservado a evaluar los índices de democracia. El análisis se efectúa en ciento trece Estados y tiene en cuenta principalmente siete factores: las limitaciones a los poderes gubernamentales, la ausencia de corrupción, la participación ciudadana sobre la base de la información a la población y la capacidad de ésta para influir en las políticas, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, la aplicación del imperio de la ley y, por último, la justicia civil y penal. Según este informe, España ocupa el puesto número 23.
Por otro lado se halla el denominado “Democracy Index” elaborado por “Economist Intelligence Unit” de “The Economist”. En este caso, mide cinco elementos de ciento sesenta y un países: el pluralismo y la calidad de los procesos electorales, la eficacia gubernamental, la participación política, la cultura política, y las libertades políticas y civiles. El índice se elabora a partir de informaciones que aportan expertos, y de resultados de encuestas a la población general. En el ránking de su edición de 2018 solo veinte países del mundo aparecen clasificados como “democracias plenas”. España ocupa el puesto número 19. Resulta llamativo que, dentro de la consideración de “democracias defectuosas”, aparezcan Estados Unidos (puesto 25), Francia (puesto 29) o Italia (puesto 33).
A tenor de estos datos, existen argumentos para estemos orgullosos, seamos optimistas e, incluso, saquemos pecho. Siempre, eso sí, que nos centremos exclusivamente en mirar la parte medio llena del vaso e ignoremos por completo el espacio vacío, obviando esas grietas por las que se pueden perder los beneficios atesorados hasta la fecha.
2.- Razones para el pesimismo: A nadie se le escapa que en este nuevo milenio los peligros a los que se enfrentan las democracias son distintos a los de antaño. Más que a invasiones y conflictos bélicos (que también) se exponen a “hackers” informáticos, a difusión de noticias falsas y a manipulaciones masivas del electorado por cauces tan novedosos como Internet y las redes sociales. No se trata de un mal augurio sin fundamento. Tanto la Unión Europea como la ONU ya han comenzado a elaborar estrategias con el ánimo de contrarrestar determinadas prácticas de desinformación para proteger sus sistemas democráticos y la correcta formación del debate público, a fin de preservar la esencia de todo sistema constitucional.
Asimismo, se torna cada vez más patente y manifiesta la desafección entre la ciudadanía y su clase dirigente. Aunque se trate de una crítica relativamente habitual, el porcentaje de electores que se sienten decepcionados con su democracia es alarmante. En las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, los partidos políticos y sus representantes se consolidan como el segundo problema más importante para los españoles, por detrás únicamente del fenómeno del desempleo. Llama la atención que se coloque como el peor dato de toda la serie histórica, el más alto de 1985. De hecho, ante la perspectiva de una nueva repetición electoral, el número de ciudadanos que se inclinaría por la abstención o por el voto en blanco asciende considerablemente.
A todo ello cabe añadir el avance de los denominados “populismos”. La proliferación de líderes populistas que acceden al poder en Occidente a través de elecciones democráticas supone un peligroso desafío. En cualquiera de sus versiones (de izquierda o de derecha, intervencionista o desregulador, xenófobo o nacionalista) pone en riesgo los principios y valores que fundamentan nuestro modelo de convivencia.
Por último, no se puede pasar por alto la ineficacia de las propias instituciones por cuanto se refiere a los fines para los que fueron creadas, como tampoco el deficiente funcionamiento del sistema. Los Parlamentos no pueden elegir al Presidente del Gobierno. Los Gobiernos no aguantan legislaturas completas. Las instituciones de control y regulación (Tribunal de Cuentas, Banco de España, etc…) no resultan efectivos a la hora de cumplir correctamente sus cometidos. La independencia de órganos esenciales se cuestiona (por ejemplo, la del Consejo General del Poder Judicial). El modelo de los sistemas electorales desvirtúa la opinión de los ciudadanos expresada en las urnas.
En definitiva, aun reconociendo los méritos y las bondades de nuestra democracia, urge ponerse a trabajar muy en serio para mejorarla y conservarla. Vivimos en un entorno de libertades que ni ha sido un regalo (mucho se ha luchado para conseguirlo) ni es perenne por naturaleza (puede desaparecer en cualquier momento). Que no nos pase como en ese refrán que afirma que no se valoran las cosas hasta que se pierden.
La democracia como problema, la democracia como solución.
Varios síntomas revelan que la democracia, como sistema de gobierno, está atravesando por un delicado estado de salud. Utilizando el símil médico, la patología resulta evidente, pero sus causas parecen pasar desapercibidas y, sobre todo, los tratamientos para sanar la enfermedad son ignotos. Según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la ciudadanía apunta a los partidos políticos como una de sus principales fuentes de problemas. El clima se torna cada vez más enrarecido, afectando al normal funcionamiento de algunas instituciones que, al menos hasta la fecha, lograban constituirse con cierta normalidad. Y no me refiero sólo a la formación de un Gobierno a nivel nacional y a varios Ejecutivos autonómicos (que también), sino a que el panorama se extiende a otros órganos que permanecen en un estado de bloqueo o “semi-letargo”, a la espera de que alguien ocupe el Palacio de la Moncloa.
El mandato de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial venció hace más de siete meses sin que a nadie le preocupe que sus competencias todavía las ejerzan otros vocales con el mandato ya caducado. El Defensor del Pueblo lleva años “en funciones”. Las propias Cortes Generales trabajan a medio rendimiento a falta de un Gobierno electo. Anomalías todas ellas que demuestran que nuestro sistema necesita repensarse. Lo más preocupante, además, es que no existen razones para el optimismo. Las reformas necesarias para que esta situación revierta requieren de la puesta en marcha de iniciativas para llevar a cabo unos cambios normativos adecuados que cuenten con el respaldo de mayorías sólidas. Nada de ello se da en estos momentos, siendo más que dudoso que pueda suceder a corto o medio plazo. Para variar un rumbo tan desnortado como el actual se precisa de unos líderes sensatos y de una ciudadanía bien formada e informada, exigente con sus representantes y capaz de marcar la senda apropiada. Pero, si por algo se caracteriza esta época, es por la proliferación de mandatarios carentes de buen juicio y de electores perdidos entre “fake news” y manipulados con falsos mensajes populistas.
Dadas las circunstancias, urge primero apuntalar y después fortalecer los pilares básicos de nuestros valores democráticos para, acto seguido, corregir los errores y robustecer los principios sobre los que residen las libertades y la igualdad de oportunidades que tanto anhelamos. Hemos de repasar las lecciones que, supuestamente, deberíamos tener aprendidas desde hace mucho tiempo y ser conscientes de que, para que el sistema perdure y no se destruya, resulta imprescindible centrarnos en dos puntos esenciales:
1.- Evitar la concentración del poder, una evidencia a la que hemos dejado de prestar atención. Reforzar la separación de poderes y evitar la tendencia de acumular poder. Es imprescindible cambiar los modelos con los que las distintas formaciones “se reparten” en la actualidad los ámbitos del Poder Judicial, ya sea por la vía de reformar el método de nombramiento de jueces o el de su selección. Igualmente, y relacionado con lo anterior, hay que eliminar la enorme acumulación de poder que se concentra en los partidos políticos. En la práctica, las grandes decisiones no las toman los diputados ni los senadores, ni se discuten en los Consejos de Ministros. Se cocinan y se sirven en las sedes de cada formación. En realidad, los miembros de los Parlamentos y de los Gobiernos obedecen sumisamente las directrices marcadas desde los órganos de dirección, en muchas ocasiones sobre la base de estrategias electorales y partidistas, y no del interés general de la ciudadanía. Las listas cerradas y bloqueadas impiden al votante elegir libremente a sus representantes, colocando en los órganos y las instituciones a personas afines que diseñan planes para ganar, no para gobernar los asuntos públicos. En la actualidad, los partidos políticos son un problema y debemos convertirlos en parte de la solución. De lo contrario, acabarán por pervertir la propia democracia.
2.- Lograr un electorado a la altura de las decisiones y retos que se han de afrontar. La educación, la reflexión y el análisis crítico de los llamados a elegir han de alzarse como prioridad absoluta. Es necesario rediseñar el sistema educativo (siempre olvidado y denostado) y cuidar los canales de información y de libre expresión de las ideas. Si nos rendimos ante la percepción de que los mensajes manipulados, las noticias falsas y los discursos populistas calan y triunfan entre la población, certificaremos la defunción de la democracia. El pueblo tiene que ser el primer órgano de vigilancia y control de la actividad pública. Sin embargo, ha optado por hibernarse, aplaudiendo y vitoreando (o demonizando e insultando) como el seguidor sumiso de unos líderes de barro. Aunque nos cueste reconocerlo, nosotros también somos parte del problema. Ya es hora, pues, de comenzar a ser también parte de la solución.