Tag Archives: Senado
Grupos parlamentarios: mercadeos y precedentes sonrojantes
Tras la constitución de las Cortes Generales y la elección de los miembros de las Mesas de Congreso y Senado, llegó el turno a la formación de los grupos parlamentarios, cuestión muy importante en el funcionamiento de la vida parlamentaria y para la que existen una serie de requisitos. En el caso de la denominada Cámara Baja, para formar grupo parlamentario es preciso obtener al menos quince diputados o, subsidiariamente, un número de escaños no inferior a cinco y como mínimo el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en las que hubieren presentado candidatura o el cinco por ciento de los votos emitidos en el conjunto de la Nación. Por lo que se refiere a la Cámara Alta, cada grupo parlamentario debe estará compuesto de, al menos, diez senadores.
Ya en las legislaturas anteriores se ha permitido que formaciones políticas que no cumplían dichos requisitos accedieran a un grupo parlamentario propio, evitando pasar al denominado “Grupo Mixto” (donde compartirían presupuesto, tiempo y protagonismo con otros partidos o coaliciones de muy diferente signo). Así se ha afianzado una especie de “costumbre parlamentaria” en virtud de la cual algunos partidos “prestaban” diputados o senadores a otros que no alcanzaban el número mínimo de escaños con el único propósito de fingir el cumplimiento de la condición impuesta por la normativa.
A mi juicio, semejante conducta es, antes y ahora, un manifiesto fraude de ley, entendiendo como tal una conducta aparentemente lícita pero que persigue (y finalmente consigue) eludir el cumplimiento de la ley. Son varios los ejemplos. En la V Legislatura se planteó por primera vez este problema en el Congreso de los Diputados, cuando Coalición Canaria -que sí había superado en las dos circunscripciones donde se presentaba el quince por ciento de los sufragios- no obtuvo los pertinentes cinco escaños. Para esquivar ese requisito sumó a sus cuatro diputados uno elegido por el Partido Aragonés Regionalista quien, pocos días después de haberse constituido el Grupo Parlamentario de CC, lo abandonó para integrarse en el Grupo Mixto. Nuevamente se repitió idéntica situación con Coalición Canaria en la VI Legislatura, aunque esta vez el préstamo provino de las filas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) aportando, no uno, sino dos diputados para, inmediatamente después de formado el grupo parlamentario, abandonarlo para integrarse en el Grupo Popular. Más recientemente, en la X Legislatura, se reprodujo idéntico caso en el Grupo Parlamentario de UPyD, que había obtenido cinco diputados pero solo recibió el 4,7% de los votos, cumpliendo parcialmente con el Reglamento. En aquella ocasión fue Foro Asturias quien le cedió tanto su único diputado como su porcentaje de votos para, acto seguido, abandonar el grupo parlamentario recién creado e integrarse en el Grupo Mixto.
En estas líneas reflejo únicamente algunos ejemplos de este fenómeno que se han consolidado como precedentes, dando una apariencia de normalidad y licitud de la que a todas luces carecen. Porque, a pesar de su reiteración, se trata de meras maquinaciones para sortear unas reglas dadas por el propio Parlamento para su organización. En lugar de cambiar los requisitos estipulados en su Reglamento (que podría llevarse a cabo sin mayor dificultad) continúan afanándose en buscar fórmulas que soslayen sus propias reglas.
En la actual legislatura también se ha pretendido constituir dos grupos políticos ignorando los mandatos para su creación. Sin embargo, esta vez los letrados del Congreso no han avalado la división del Grupo Mixto, conclusión que finalmente ha sido respetada asimismo por la Mesa del Congreso. Se solicitaba permitir la formación de los denominados “Grupo Múltiple” (que integrarían Junts per Catalunya, Más País, Compromís y Bloque Nacionalista Galego) y “España Plural” (impulsado por Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe). El informe de los letrados ha recordado que la diputada de CC, Ana Oramas, no se presentó en solitario a la últimas elecciones, sino en coalición con Nueva Canarias, y que dicha alianza no alcanzó en el archipiélago canario el quince por ciento de los votos. Cuestiona igualmente que UPN integre un grupo separado del de sus socios de Navarra Suma (PP y Ciudadanos). En cuanto a Junts per Cat, Más País, Compromís y BNG, ni siquiera llegan al cinco por ciento de votos exigidos. Después de la negativa, Junts per Catalunya (JxCat), Más País-Equo, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe se han registrado en el Congreso como Grupo Parlamentario Plural, sin que entre ellos exista una línea política o programática coincidente.
En mi opinión, ya es hora de que los representantes de la ciudadanía comiencen a dar ejemplo en cuanto al cumplimiento escrupuloso de las normas, tal y como se exige al resto de los ciudadanos, y no incurran en la apariencia de que el mercadeo y los atajos para saltárselas son admisibles. Porque una cosa es la interpretación flexible y finalista de las leyes y otra muy distinta obviar lo que, de forma clara y nítida, establece el ordenamiento jurídico, con el único fin de obtener unos beneficios que, con el Reglamento en la mano, no merecen.
Teorías y realidades sobre los nombramientos de cargos públicos
Hace algunas semanas se publicó la noticia de que el Presidente del Gobierno en funciones, cargo que presumiblemente repetirá en esta nueva legislatura, había llevado a cabo una primera elección. Pedro Sánchez había decidido que el Secretario del P.S.C., Miquel Iceta, se convirtiera en el nuevo Presidente del Senado. Como era previsible, tal elección suscitó aplausos entre sus adeptos y abucheos entre sus adversarios. El nombramiento fue calificado por unos de acertado y simbólico (dada la figura del elegido), así como de constituir un mensaje dirigido hacia los sectores nacionalistas. Sin embargo, la opción presidencial se catalogó por otros de notable despropósito y grave amenaza. Personalmente, y con independencia de mi percepción del perfil de Iceta como apto o no para tan relevante puesto, me llamaron la atención dos datos que pasaron inadvertidos en un primer momento, pero que demuestran hasta qué punto nuestro sistema democrático está siendo distorsionado. El primero, que el Presidente del Senado debe ser elegido por los miembros de la Cámara Alta de entre uno de ellos. El segundo, que el señor Iceta ni siquiera es senador.
Efectivamente, el artículo séptimo del Reglamento del Senado establece que serán los senadores quienes mediante votación escribirán un nombre en una papeleta, resultando elegido aquel que obtenga el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados hasta el momento ante la misma. Si no logra la mayoría absoluta, se procederá a efectuar una nueva votación entre aquellos senadores que hayan empatado en mayor número de votos o, en su defecto, entre quienes hayan obtenido las dos cantidades superiores. Será en esta segunda votación donde el más votado resultará ya elegido. Por lo tanto, la decisión de Sánchez implica que los senadores no podrán escoger libremente a quién consideren de entre ellos el mejor para ostentar el cargo, sino que se limitarán a obedecer la orden proveniente del Ejecutivo, desnaturalizándose no sólo la separación de poderes proclamada con contundencia en nuestra Constitución sino, además, distorsionándose la propia autonomía del Parlamento catalán, que también debería al parecer someterse al dictado del Presidente. Porque el hecho cierto es que Iceta no se presentó al Senado en las pasadas elecciones de modo que, para adquirir la condición de senador, deberá ser designado como tal por la Asamblea Legislativa Autonómica.
Así las cosas, ¿no sería lo deseable para nuestro sistema parlamentario que los encargados de elegir elijan? De la misma forma que criticaría que desde el Parlamento se anunciase qué ministros ha de escoger el Presidente del Gobierno para conformar su equipo, critico que el Jefe del Ejecutivo se dedique a anunciar desde Moncloa nombramientos como los de Presidente del Senado o del Tribunal Supremo, desatando como sucedió hace unos meses una avalancha de protestas ante la quiebra de la independencia del Poder Judicial.
El panorama que dibuja esta propuesta de Sánchez convierte en simples marionetas al servicio de su líder a los verdaderamente responsables de tomar la decisión. No parece probable (aunque nunca se sabe) que los senadores en Madrid ni los miembros del Parlament vayan a contradecir los deseos del Presidente, transformando así en papel mojado las normas que regulan la designación de, en este caso, la cuarta autoridad del Estado. Pese a que en nuestro vigente texto constitucional se proclama con contundencia que los diputados y los senadores no están sometidos a mandato imperativo, lo cierto es que se ha extendido una práctica consistente en que los ocupantes de dichos escaños muten en dóciles cumplidores de las órdenes de su jefe de filas.
Finalmente el Parlamento catalán rechazó su designación como senador y, por lo tanto, frustró que Iceta pueda presidir el Senado, aunque no lo hizo por las razones aquí expuestas, sino por otras motivaciones políticas. Si de verdad creemos en la separación de poderes, si de verdad aspiramos a contar con un Parlamento independiente del Gobierno y si de verdad defendemos un sistema en el que la asamblea representativa popular controle al Ejecutivo y no al revés, no podemos aceptar esta deriva de sumisión institucional. Cuando hace algunos meses se anunció por parte de Gobierno la designación de Manuel Marchena como Presidente de Consejo General del Poder Judicial -antes incluso de que se procediese a designar a los veinte vocales del Consejo que debían escogerle y nombrarle-, se originó un escándalo mayúsculo que terminó con la renuncia al cargo del propio Magistrado como consecuencia de las nefastas formas empleadas para su nombramiento. A mi juicio, Miquel Iceta debería haber actuado de la misma manera que Manuel Marchena, negándose a tomar parte en la distorsión de nuestro modelo parlamentario, para de ese modo devolver al Senado lo que al Senado pertenece.
Autopsia a las elecciones del 28 de abril
Transcurridos algunos días desde el 28 de abril, procede realizar ya un estudio lo más imparcial posible de lo sucedido. Las cifras ilustran una realidad objetiva que conviene observar con perspectiva crítica para desentrañar conclusiones políticas y llevar a cabo una adecuada lectura de la voluntad ciudadana. Objetivos, sin duda, complejos, pues abordar el análisis político implica siempre pisar terrenos pantanosos.
1.- Las cifras de las elecciones: Los comicios del 28 de abril eran los decimocuartos para elegir a los miembros de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado). Coincidían, además, con la elección de los diputados del Parlamento de la Comunidad Valenciana. Por lo que se refiere a las elecciones generales, éramos 34.799.107 los ciudadanos con derecho a voto, llamados a las urnas en 60.038 mesas electorales repartidas por todo el territorio nacional.
2.- Datos históricos anteriores al 28 de abril: La victoria que se tradujo en mayor número de escaños (202) fue la del PSOE en 1982. El triunfo que conllevó el menor número de escaños (123) fue el del PP en 2015. La de mayor porcentaje de votos (48,11%) correspondió al PSOE en 1982, mientras que la de menor fue la del PP en 2015 (28,71%). La victoria con más votos (11.289.335) recayó en el PSOE en 2008 y con menos (6.268.593) para UCD en 1979. El mayor triunfo del bipartidismo lo compartieron PSOE y PP en 2008 (323 diputados entre ambos) y el peor en 2015 (213 escaños entre los dos). En esta ocasión se ha igualado uno de esos records (el partido mayoritario gana con el menor número de escaños de la Historia, 123) y se ha batido otro (el denominado “bipartidismo” sólo acumula 189 escaños, su peor resultado).
3.- La participación: La participación media en las elecciones generales se situaba hasta ahora en el 73,79%. La máxima fue en 1982, con un 79,97% y la mínima en 2016, con un 66,48%. En 2019 ha marcado el 75,75%, por encima de la media histórica de este tipo de comicios.
4.- Las paradojas del sistema electoral: Pese a que en el Congreso de los Diputados el sistema electoral debe ser proporcional, la designación de la provincia como circunscripción electoral y su distribución de escaños sin seguir un estricto criterio poblacional provoca que la proporcionalidad se distorsione y que la igualdad del valor del voto se resienta. Ello, unido a la famosa “fórmula D´Hondt”, acarrea que el PACMA -con más de trescientos veintiséis mil votos- no obtenga ningún escaño, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria -con poco más de cincuenta mil- sí. O que los apenas doscientos mil votos por los que supera el Partido Popular a Ciudadanos supongan nueve diputados más para los populares.
5.- Datos objetivos y lecturas subjetivas: El Partido Socialista recupera en estas elecciones dos millones de votos. Probablemente, uno de ellos lo obtenga de la merma de las “confluencias” de Podemos. A su vez, el Partido Popular pierde más de tres millones y medio de votos, al tiempo que Ciudadanos gana uno y VOX más de dos y medio. El PP se queda a menos de un punto porcentual de convertirse en el tercer partido en votos a nivel nacional, una posición que sí termina ocupando en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Los populares ocupan la cuarta posición en las Islas Baleares, la quinta en el País Vasco y la sexta en Cataluña. Con estos resultados, la conclusión de que el PSOE ha ganado las elecciones y es la única formación política con capacidad para armar una mayoría y gobernar no ofrece lugar a dudas. El Partido Popular se desangra, quedando por ver si con capacidad de recuperación o herido de muerte. Ciudadanos, por su parte, si bien gana un millón de votos y aumenta veinticinco escaños, aún permanece alejado de las expectativas que le contemplaban como opción de gobierno liderando una mayoría alternativa. Podemos pierde diez escaños y casi millón y medio de apoyos (si restamos los perdidos en coaliciones con las que iba de la mano (Compromís, En Marea, etc…).
6.- El Senado: El Senado cuenta con un sistema electoral diferente. En lugar de ser proporcional es mayoritario, facilitando así la consolidación de grandes mayorías. El PSOE -que en el Congreso dispone de una mayoría simple- ahora goza de una absoluta en la Cámara Baja y tal diferencia se produce simple y llanamente por la aplicación de un modelo distinto de adjudicación de escaños.
7.- Previsiones para el futuro: Si el objetivo es aspirar a una legislatura de cuatro años que goce de cierta estabilidad y llevar a cabo un programa político expresado en concretas reformas y normas en vigor, se precisan apoyos para construir mayorías parlamentarias sólidas. Las matemáticas, en principio, apuntan a la alianza de dos formaciones políticas (PSOE y Ciudadanos) como opción aparentemente más “sencilla”. Sin embargo, la política no es una ciencia exacta y, lo que hasta hace poco se presentó ante la opinión pública y el propio Congreso de los Diputados como programa de Gobierno para una votación de investidura, hoy se vislumbra como una solución inviable. Resulta, pues, paradójico que lo más fácil de un punto de vista político se transforme en lo más complicado numéricamente hablando: abrazar la idea de un gobierno en solitario con apoyos puntuales votación a votación o depender de la ayuda permanente de una disparidad de siglas. En todo caso, el peor de los escenarios sería continuar profundizando en una política de bloques separados rígidamente y donde la mitad de la población pretendiera legislar en contra de la otra mitad.