Gerardo Pérez Sánchez

Vivimos tiempos de una indeterminación casi absoluta. Resulta imposible realizar un estudio certero y sosegado de la realidad, básicamente porque cada vez existen menos conceptos seguros desde los que comenzar a hacer un análisis. Todo investigador o analista debe partir de hechos irrefutables, ha de contar con un punto de partida incuestionable ya que, si se ponen en entredicho sus planteamientos iniciales, las deducciones y las conclusiones pueden desvirtuarse fácilmente. Pero ¿de qué concretos conceptos partimos a la hora de analizar los últimos acontecimientos económicos ocurridos en España? ¿Nos encontramos ante un rescate? ¿Se trata de una intervención? ¿Es simplemente una ayuda? Y, en todo caso, ¿existen diferencias entre ellos? Porque ni siquiera en esto logramos ponernos de acuerdo.

De entrada, un dato capital de este galimatías es la idea de soberanía que, como característica elemental, establece que ni las políticas ni las instituciones se pueden ver coaccionadas por las imposiciones de poderes externos al Estado. Por lo tanto, y según esa definición, habría que concluir que, lo que se dice plena soberanía, no tenemos, toda vez que con mayor frecuencia, bien desde Bruselas, bien desde otros ámbitos internacionales, se nos imponen -con más o menos diplomacia, con mejores o peores maneras- las decisiones económicas de mayor trascendencia.

Asimismo, se supone que nuestro sistema económico se basa en el libre mercado y en la libertad de empresa pero, curiosamente, apela al intervencionismo estatal cuando las cosas vienen mal dadas. Decía William Simon que «los empresarios desean verse libres del Gobierno cuando prosperan pero protegidos por él cuando les va mal», como esos ateos que se jactan de no creer en Dios pero que, en situaciones extremas, no pueden evitar rezar al Altísimo para que les libre de sus penurias. Son ejemplos evidentes de incoherencia e hipocresía. Cuando existen beneficios económicos, vivimos bajo los dogmas del sistema capitalista y consideramos que esa rentabilidad es privada. Por el contrario, cuando salen a la luz los agujeros de miles de millones de euros, la solución pasa por nacionalizar las pérdidas y apelar a la conciencia de los ciudadanos para que corran a arrimar el hombro.

Además, y por si fuera poco, nuestros representantes poseen la extraña habilidad de decir una cosa y la contraria y, pese a ello, nos exigen confianza y apoyo incondicional. El propio Presidente del Gobierno, que a finales del mes de mayo descartaba con rotundidad algún tipo de rescate del sector financiero español, ayer abría los periódicos, apenas quince días después, asegurando que dicho rescate se ha producido gracias a sus esfuerzos y “presiones” para conseguirlo. De todos modos, esta cualidad no es exclusiva del señor Rajoy. Su predecesor en el cargo, Rodríguez Zapatero, también nos había asegurado –con una sonrisa que hacía dudar de si sus palabras eran fruto de la ignorancia o de la desfachatez- que estábamos en la Champions League de la economía y que la solvencia de nuestro sector financiero era indiscutible. En resumidas cuentas, que nuestros líderes son capaces de afirmar que el sol brilla en el cielo mientras el resto de la ciudadanía, paraguas en mano, intenta librarse como puede del temporal.

Yo me aventuro a apuntar dos problemas graves aunque, a buen seguro, habrá más. El primero de ellos consiste en banalizar los conceptos, vaciar de significado los principios más elementales y hacer moldeables al antojo del político de turno las reglas del juego. Para empezar, sería imprescindible saber qué es la Unión Europea para España, qué es España para la Unión Europea, qué son los Estados para los mercados, cuál es nuestro sistema económico y, sobre todo, cuál queremos que sea. De no ser así, continuaremos enseñando en las universidades del país conceptos tan inservibles –porque la realidad los ningunea y contradice sin explicación alguna- como el de soberanía del Estado o el de economía de mercado.

El segundo estriba en esa idea falaz que intentan vendernos desde el Gobierno de que ahora no es el momento de exigir responsabilidades sino de solucionar problemas, como si fuese incompatible trabajar para salir de esta crisis brutal con investigar, culpar y castigar a los responsables de una trayectoria política nefasta y de una gestión financiera despreciable. Si, efectivamente, este Gobierno no puede cumplir con ambos objetivos al mismo tiempo, es que no está capacitado para gobernar.