Gerardo Pérez Sánchez

Los miembros de la Asociación de Constitucionalistas de España acabamos de celebrar nuestro Decimotercer Congreso en Zaragoza los pasados días 19 y 20 de febrero, cuyo tema principal se ha centrado en el eterno problema del modelo territorial español, con el desafío soberanista catalán como protagonista. En mi opinión, nos hallamos ante una controversia política de descomunal envergadura, fundamentalmente por dos razones. La primera, porque se trata de un problema generado y agrandado precisamente por nuestra clase dirigente. Y la segunda, porque es esa sinrazón partidista y ese tozudo empeño de enrocarse en posturas inmovilistas los que impiden una aceptable solución.

Es innegable que la descentralización territorial del poder necesita de una reforma y que persistir en este escenario tan solo servirá para prolongar la agonía de una enfermedad que venimos padeciendo desde hace demasiado tiempo. De hecho, remontándonos a 1978, el tan vitoreado consenso de la Transición no fue tal en lo referente a la concreción del modelo territorial del Estado. Muy al contrario, la falta de acuerdo provocó que la Carta Magna no se pronunciara sobre aspectos básicos del sistema autonómico, posponiendo su solución para el futuro. Se pretendía que otras leyes completaran después aquel dibujo que apenas mostraba pinceladas básicas de una especie de cuasifederalismo y se aspiraba a que un hipotético acuerdo posterior neutralizara los desencuentros existentes a finales de la década de los setenta. Sin embargo, treinta y cinco años después, la mala experiencia nos dicta que no procede perpetuar indefinidamente el disenso. Ese gran acuerdo no llega y, lo que es todavía peor, los conflictos se acrecientan.

Por ejemplo, que el Senado no cumple con las funciones constitucionales que tiene encomendadas, que como segunda cámara legislativa se encuentra muy lejos de lo que debería ser, que la indeterminación de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas genera únicamente conflictos e inseguridad jurídica, y que el sistema de financiación es malo. Pero, pese al unánime reconocimiento de tales deficiencias, nada se hace por solventarlas. Se persiste en las carencias y se adopta una postura de pasividad a la espera de que los problemas se arreglen por sí solos, circunstancia que evidentemente no sucede.

Para colmo, a este caótico panorama se ha añadido otra nueva complicación. El nacionalismo catalán está dando una vuelta más de tuerca al concepto de deslealtad constitucional, planteando un desafío en toda regla, generando una mayor tensión y complicando sobremanera la ya intrincada problemática de fondo. Y es desleal, no tanto por el objetivo que persigue, sino por los mecanismos utilizados para alcanzarlo. Por eso, su postura merece dicho calificativo, ya que introduce trampas y doble lenguaje en las reglas del juego. A la par que intenta vender una mera consulta inocua, no vinculante y sin efectos jurídicos, sabe que terminará por exigir que se respete la decisión de los catalanes al respecto. Sus defensores reconocen en ciertos foros que el denominado «derecho a decidir» no existe pero, simultáneamente, exigen en las calles su reconocimiento y efectividad. Enfrentan con sus arengas a ambos sectores de la población, partidarios y detractores, sin calibrar el enorme peligro de su órdago. Desobedecen al Tribunal Constitucional sin disimulo. Apelan sin tapujos a la desobediencia civil. Aspiran a cambiar  las citadas reglas del juego de modo unilateral y que los demás jugadores (el Estado, el resto de España y la Unión Europea) sean unos simples espectadores que se limiten a aplaudir.

Así las cosas, no vale la pena perder el tiempo en discutir si es mayor la culpa del inmovilismo de los partidos mayoritarios -que no han sabido o no han querido coger el toro por los cuernos y enfrentar sin remilgos el desafío- o de la hipocresía de las formaciones nacionalistas -que juegan a dinamitar lo poco que queda en pie de un sistema que hace aguas, con el fin de sacar el mayor rédito político y electoral-. Demos de inmediato el paso de plantear la única solución posible: sentarse a negociar desde el ámbito estatal y desde el autonómico, evitando posturas enrocadas, desterrando desfasados y sonrojantes postulados extremistas y concretando lo que se debe llevar a cabo. Como primera medida, es preciso reformar la Carta Magna, mejorar el modelo de Estado y -con alguna cesión por ambas partes- consolidar ese marco estable de convivencia en el que se resuelvan los conflictos de la ciudadanía y en el que los intereses políticos partidistas queden desterrados. Se debe hablar de todo, desde reconocer en la Constitución la secesión y las singularidades hasta establecer un modelo federal. De lo que se quiera, pero respetando los procedimientos existentes de reforma y negociando de buena fe, sin dobleces, sin chantajes y sin fanatismos ideológicos, aunque tal vez para ese fin sea necesaria una clase dirigente distinta de la actual y que no suponga el principal obstáculo del proceso.