Gerardo Pérez Sánchez

El otro día leí un informe sobre las conexiones entre las empresas energéticas y los responsables políticos supuestamente retirados de la vida pública. Son muchos los nombres de Presidentes, Ministros, Secretarios de Estado o Diputados que terminan recalando en los Consejos de Administración o en los órganos directivos o de asesoramiento de las multinacionales del sector de la energía. Felipe González aparecía como consejero de Gas Natural. José María Aznar como asesor de Endesa. Pedro Solbes, en la italiana Enel (del mismo grupo que Endesa). Al actual ministro Luis de Guindos se le mencionaba como  miembro del comité de nombramientos y retribuciones también de Endesa (cargo que abandonó al entrar en el Gobierno). Miguel Boyer ocupó un sillón de consejero en Red Eléctrica, la empresa encargada de gestionar el transporte eléctrico en España y participada por capital público. Esta misma empresa estuvo presidida por el ex ministro de Agricultura Luis María Atienza y en su organigrama se encontraban asimismo José Folgado (secretario de Estado en el Ejecutivo de José María Aznar), la ex diputada socialista Arantxa Mendizábal o María de los Ángeles Amador, ex ministra socialista de Sanidad y Consumo. El Consejo de Repsol cuenta desde 2007 con la representación de Luis Carlos Croissier Batista, ministro de Industria y Energía con González. Otro compañero ex ministro que trabajó para una energética fue Narcís Serra, consejero de Gas Natural. También los hay en el ámbito autonómico. Por ejemplo, el nombre de José Luis Olivas Martínez, ex Presidente del Gobierno valenciano, figuraba en Iberdrola.

Podría seguir dando nombres, pero no es necesario. Con los ya citados, y afirmando que la larga lista continúa, se llega a la conclusión de que, cuando menos, resulta curiosa la coincidencia de que buena parte de los ex responsables políticos recalen en las empresas energéticas, como si la lógica y el curso natural de las cosas hiciera inevitable este destino. O quizá no sea tan lógico. Quizá sean intereses más privados y menos confesables los que hacen que esos universos tan dispares se conecten inevitablemente en algún momento.

Ello implica la necesidad de abordar el tema de la deficiente regulación española sobre el tránsito de la empresa privada a la responsabilidad pública y viceversa. En España estamos muy acostumbrados a situaciones estrambóticas, desde jueces que se pasan a la política para, acto seguido, retornar a la judicatura para encargarse de un caso contra sus compañeros de partido, a ex consejeros de Sanidad de Comunidades Autónomas que han estado ostentando altos cargos en la compañía que gestionará los análisis clínicos de varios hospitales afectados por el proceso de externalización del sistema sanitario público de su propia autonomía. Es evidente que la confusión entre la defensa de los intereses generales y la de los intereses más particulares puede incrementarse si no se controla esa puerta giratoria, ese carril de doble sentido entre lo público y lo privado. En eso, como en otras muchas cosas, el nivel de transparencia y de calidad democrática de nuestro sistema es pobre, obsoleto y excesivamente ingenuo.

Así, no es de extrañar que la última reforma propiciada por el Ministro de Industria levante suspicacias sobre el trato de favor que determinadas empresas del sector de la energía convencional están teniendo en detrimento de las dedicadas a las renovables. La propia revista “Forbes”, que elabora el famoso ranking de las mayores fortunas del mundo, ha publicado un artículo en el que ridiculiza a nuestro Ejecutivo por la ocurrencia de aplicar “un impuesto al sol” ante la falta de ideas para reducir el déficit eléctrico. Y es que la medida aprobaba por nuestro Gobierno de gravar al ciudadano particular por generar energía en su propio domicilio mediante, por ejemplo, paneles fotovoltaicos o minieólicos -castigando de esa manera al que no opte por el consumo de energía distribuida por las grandes empresas energéticas- es una de esas decisiones inexplicables que solo puede tener sentido desde la claudicación ante los intereses de las grandes multinacionales del sector. Esta idea, que originalmente pudo ser interpretada como una broma de mal gusto, dejará de ser broma (sí mantiene, sin embargo, el mal gusto) en cuento su paso por el Boletín Oficial del Estado le otorgue la consideración de norma y vendrá a añadir un nuevo elemento que aumente la inquietante conexión entre los círculos del poder político y los del poder económico derivados del sector de la energía.