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Participación ciudadana y transparencia en tiempos del coronavirus

Participación ciudadana y transparencia en tiempos del coronavirus (*)

(propuesta concreta de participación ciudadana en la elaboración de las normas en tiempos excepcionales)

En tiempos de coronavirus, con la normativa acelerada, masiva y dictada con máxima premura por el Gobierno, la participación ciudadana en los proyectos normativos de todo rango es imposible conforme a las reglas ordinarias de audiencia y consulta pública. Pero si por las circunstancias quedan suprimidos los cauces ordinarios de participación, hay que buscar otros, y aquí se va a efectuar una novedosa propuesta concreta al respecto. En época de emergencia social y necesidad de esfuerzo colectivo es más importante que nunca para el interés general que personas cualificadas con datos y conocimientos jurídicos tengan capacidad real y efectiva de hacer llegar al Gobierno y a la oposición, por cauces transparentes y objetivos, las necesidades y las propuestas de soluciones jurídicas, para procurar que las normas que se dicten sean las más idóneas en los ámbitos del ordenamiento jurídicos en los que hay carencias, que son todos, y que, además, dichas normas estén correctamente redactadas conforme a criterios de legalidad, seguridad jurídica y técnica normativa.

Cuando circunstancias extraordinarias como los estados regulados por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, imponen que en la práctica desaparezcan los filtros prelegislativos y legislativos y todos los mecanismos de participación ciudadana, no es aceptable que solo sea posible hacer propuestas por contactos personales (quien los tenga), o de partido (quien este afiliado a un partido). Y tampoco puede permitirse que se deje la puesta en conocimiento de problemas y soluciones y el asesoramiento en manos de lobbys de actuación opaca y para los cuales sigue sin existir un registro y una regulación certera.

Desde que se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, son cientos los Reales Decretos Ley, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales y Resoluciones que cambian y regulan decenas sectores y materias. Y es evidente que ni ningún Gobierno ni ninguna oposición disponen de los medios para que no se le pasen por alto situaciones, sectores, especificidades que sí pueden ser advertidos por los profesionales de diferentes ramas jurídicas que deben aplicar, estudiar o ejecutar las medidas declaradas por el Gobierno. Los principios de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con eficacia del artículo 103 de la Constitución imponen que ningún esfuerzo de la sociedad civil para efectuar propuestas de mejora caiga en el vacío por falta de cauce.

Nuestro planteamiento es conceptualmente muy distinto de los mecanismos tradicionales, inoperantes en situación de emergencia social, de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, y de la mera información pública de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o de la Ley 50/1997 del Gobierno conforme al artículo 105 de la Constitución. No se trata ni de que el Gobierno esté obligado a responder una petición ni de recabar o emitir opiniones.

Se trata de instaurar y regular un cauce ágil de participación que permita dirigir propuestas concretas urgentes y motivadas, tanto de modificación como de nueva regulación, al Gobierno del Estado, dando cuenta de las mismas también a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales. Y ello es técnica, constitucional y legalmente posible.

Las propuestas se presentarían a través de una página web oficial con un formulario público accesible con firma digital, es decir, no serían admisibles propuestas anónimas, y debería incluir una concreta identificación del proponente, del problema, la concreta redacción normativa propuesta y una argumentación jurídica sobre la necesidad de la reforma, así como un análisis de las administraciones que pueden verse implicadas; todo ello con limitación de espacio para texto, como único sistema posible de que propuestas masivas pueda procesarse con la máxima rapidez. Para garantía de la seriedad y técnica legislativa de las propuestas en fondo y forma, entendemos que deberán ir firmadas por un jurista (sin perjuicio de posibilitar propuestas colectivas donde se adhirieran más personas con o sin vinculación con el mundo del Derecho), incluyendo en este concepto no sólo a los abogados, sino a cualquier profesional jurídico (profesor universitario, funcionario de carrera, notarios, registradores, etc.). Las propuestas deberían estar dotadas de publicidad externa en lo referido a los nombres de los proponentes, al contenido y la justificación y, en su caso, tramitación posterior de las aportaciones, en aplicación de los principios y mandatos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

Y puesto que se trata de que problemas y soluciones lleguen tanto al Gobierno como a la oposición, automáticamente y con un simple filtro formal, a nuestro juicio el órgano administrativo más idóneo para poner en marcha esta iniciativa y gestionarla sería la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, de la que dependen la Dirección General de Relaciones con las Cortes y la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, tanto por su conexión con el Parlamento, como por la materia constitucional que lleva implícita, como por su capacidad operativa. En cuanto a la oposición, parece lógico que se remitiera la información de forma automática a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, ya que es comisión permanente, en ella están todos los grupos parlamentarios y a ella se remiten las comunicaciones del Gobierno sobre el estado de alarma.

Una página web de esta índole no requeriría gran coste ni desde el punto de vista informático ni de personal y, en cuanto a técnica legislativa, bastaría una simple orden ministerial. La otra posibilidad es seguir como estamos: con lobbys y contactos, con cero transparencia y desaprovechándose aportaciones valiosas. O sea, en una situación que España no puede permitirse.

(*) Artículo redactado por Verónica del Carpio Fiestas, Doctora en Derecho y profesora de Derecho Civil, y Gerardo Pérez Sánchez, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional.

Control de la pandemia y suspensión de derechos

El actual estado de alarma ya dura más de seis semanas y se ha dictado una tercera prórroga que lo extenderá hasta casi los dos meses, sin seguridad además de que, tras dicho periodo, finalice dicha situación excepcional. Durante todo este tiempo se han dictado medidas muy restrictivas, anunciadas y explicadas como las más adecuadas para contener la propagación del coronavirus, evitar el colapso sanitario y limitar el número de muertes. Por supuesto, no me corresponde a mí analizar la conveniencia ni el acierto de unas decisiones tomadas desde un punto de vista médico o sanitario. Sin embargo, sí me siento capacitado para analizar si las órdenes cursadas desde el Gobierno de la Nación (que inciden en nuestros derechos y han implicado miles de sanciones) poseen cobertura legal y constitucional. Porque, en un Estado de Derecho, las actuaciones de los poderes públicos no sólo deben estar guiadas por la lógica, la conveniencia o el acierto desde  diversos puntos de vista -como puede ser el sanitario- sino que, además, han de estar amparadas por las leyes.

Mucho se ha escrito sobre la suspensión de derechos a la que nos estamos viendo sometidos los españoles, y ello es así porque el estado de alarma permite limitarlos, pero en modo alguno suspenderlos. Para analizar esta cuestión, es preciso diferenciar dos sectores de población. El primero lo integran los afectados por el virus, con un peligro potencial y real de propagarlo al resto de la ciudadanía. El segundo, las personas que, sin presentar síntomas ni tener confirmación de ser o no portadoras del Covid-19, se ven recluidas en sus domicilios bajo la amenaza de elevadas multas e, incluso, de condenas penales por desobediencia.

Para los integrantes de ese primer grupo (que, en mayor o menor medida, evidencian un claro riesgo social), existe un innegable amparo normativo en cuanto a su aislamiento y a la suspensión de su libre circulación. Se trata de un supuesto similar al de la prohibición de conducir vehículos a motor bajo los efectos del alcohol o las drogas. Si se constata el riesgo, se procede a inmovilizar el automóvil y a impedir que pueda continuar. Es más, cabe también adoptar dicha medida para los portadores de una enfermedad contagiosa sin necesidad de declarar el estado de alarma, puesto que se prevé expresamente en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. El artículo tercero de dicha norma establece literalmente que “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Sin embargo, la conclusión se torna bien distinta cuando se pretenden imponer a ciudadanos sobre los que no existen indicios ni pruebas de padecer la enfermedad ni de constituir un riesgo potencial. Insisto. No pretendo discutir si, desde un punto de vista médico, la decisión más conveniente sea la de confinar a toda la población, con independencia de que presente o no un cuadro compatible con la epidemia que se trata de controlar. Lo que cuestiono es si dicha opción, por muy recomendable que resulte científicamente hablando, encuentra cobertura legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y en mi opinión, desde luego, no existe amparo normativo para una decisión de semejante magnitud. Ni las leyes de emergencia sanitaria la contemplan, ni la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio la permiten.

Las medidas que nos han impuesto van mucho más allá de una mera limitación de “la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados” (que es lo que avala nuestro ordenamiento jurídico en un estado de alarma). Es más, se ha pretendido, sin respaldo alguno ni en norma ni en reglamento, prohibir la estancia en las zonas comunes de los edificios, que son espacios de naturaleza privada. Para empezar, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, únicamente prohíbe el tránsito por “vías de uso público”, cuando resulta claro y manifiesto que las azoteas y los patios comunitarios de los edificios regulados por la Ley de Propiedad Horizontal no lo son. Y no es el único ejemplo. También se han prohibido actos de culto religioso en recintos diferentes de las vías públicas.

Pero es que, además de sancionarse situaciones que ni siquiera están prohibidas en virtud del decreto gubernamental del estado de alarma, algunas de las prohibiciones contenidas tanto en el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como en sus posteriores prórrogas, implican de hecho una suspensión de derechos, y no una mera limitación. A mi juicio, pues, vulneran la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y también la Constitución Española. Recientemente vio la luz una sentencia del Tribunal Constitucional alemán en la que se establecía que, incluso estando vigente el estado de alarma, no se suspendía el derecho de manifestación en las calles. No pretendo en absoluto comparar los ordenamientos jurídicos alemán y español. Ahora bien, considero que el Ejecutivo, en su deseo de secundar criterios médicos y científicos, está abandonando el marco jurídico y, por tanto, situándose al margen de la legalidad.

Estados de alarma y de excepción: la frontera difusa

Tras la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y después de sus dos prórrogas, ya serán más de seis las semanas de confinamiento y sometimiento a una serie de severas restricciones dirigidas a ganar una batalla sanitaria. Esta realidad ha afectado de forma evidente a alguno de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, tales como el de reunión, manifestación, libre circulación o libertad deambulatoria. El hecho de que los derechos constitucionales se vean afectados por situaciones excepcionales que requieren de medidas, asimismo, excepcionales, no constituye una extrañeza. De hecho, se prevé y se regula en nuestro ordenamiento jurídico. Cuestión distinta es si la concreta Ley  Orgánica 4/1981, relativa a los estados de alarma, excepción y sitio, da una certera respuesta jurídica a las actuales circunstancias derivadas de la pandemia del denominado “Covid-19”, o si la respuesta, primero gubernamental y después parlamentaria, se amolda perfectamente a las previsiones normativas vigentes.

En nuestro sistema, cada uno de los tres estados citados anteriormente (alarma, excepción y sitio) está pensado para responder a situaciones diferentes y establece facultades concretas de actuación para que las autoridades competentes puedan solucionar los problemas que ponen en peligro la seguridad y la normal convivencia social. Por lo tanto, el estado de alarma responde a un determinado tipo de problemas y faculta para resolverlos a través de un abanico de medidas determinadas. El estado de excepción, por su parte, está ideado para afrontar otros supuestos y autoriza a adoptar otras decisiones, y lo mismo sucede con el estado de sitio. En función de cuál de los tres se declare, así serán las decisiones que se tomen. Dicho de otra manera, en un estado de alarma no se pueden adoptar medidas previstas para el de excepción ni el de sitio, y viceversa.

El estado de alarma incluye los siguientes supuestos: catástrofes; calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad; y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. En esta modalidad no se pueden suspender derechos fundamentales (si bien se puede limitar su ejercicio). Así viene recogido expresamente en nuestras normas y ha sido igualmente proclamado por nuestro Tribunal Constitucional.

En ese sentido, las decisiones que pueden adoptar las autoridades son: limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados.

El estado de excepción, sin embargo, está pensado para cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, de los servicios públicos esenciales para la comunidad y cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias se estimen insuficientes para restablecerlos y mantenerlos. En tal caso, la legislación sí habilita a la suspensión de derechos fundamentales. Se menciona expresamente que la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos, así como suspender los derechos de libre circulación, reunión y manifestación, entre otros. Se trata de una previsión que figura, tanto en nuestra Constitución como en la ya citada Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Cabría preguntarse si las medidas a las que estamos siendo sometidos suponen una mera limitación de la circulación o la permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o si, por el contrario, más que limitar los derechos, implican una suspensión en toda regla de los mismos. A mi juicio, y dada su entidad, sí implican dicha suspensión y no una mera limitación por lo que, de facto, corresponderían al estado de excepción (aunque el declarado sea el de alarma). Ante ello, y puesto que parece evidente que frente a crisis sanitarias de esta magnitud la imposición de confinamientos y el cierre de empresas y locales abiertos al público son adecuados, sería preciso modificar nuestras normas para posibilitar esa declaración del estado de excepción y conseguir así una perfecta adecuación entre las decisiones que deben adoptarse y el marco jurídico al que se deben someter. En estos momentos, el ajuste entre las medidas impuestas y las previsiones normativas es discutible o, como mínimo, se sitúa en esa difusa frontera que separa el estado de alarma del de excepción.

Amenazas y retos jurídicos tras el coronavirus

Es evidente que la pandemia del coronavirus supone un desafío global sin precedentes en la Historia moderna y, a buen seguro, marcará un antes y un después en nuestras vidas y en nuestra forma de organizarnos socialmente. En primer lugar, nos sitúa ante una crisis sanitaria. Tanto el número de contagiados, enfermos y fallecidos como la puesta al límite de hospitales y centros de salud dan buena prueba de ello. Pero la citada crisis sanitaria está derivando en otra también gravísima, que es la económica. Los cierres masivos de negocios, los despidos y los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) suponen ya la utilización del concepto de “economía de guerra” para describir la terrible situación que estamos atravesando. A todo lo anterior ha de añadirse una afectación muy relevante en el ámbito de las relaciones personales. Desde familias sin posibilidad de mantener sus visitas habituales a personas que no pueden acompañar ni despedir en sus últimos momentos a los seres queridos. La devastación que comporta el COVID-19 es sobrecogedora.

Esta epidemia conlleva, asimismo, graves amenazas sobre nuestro sistema jurídico, no solo en cuanto a nuestro modelo de Gobierno, sino también en lo relativo a la Administración de Justicia, al tener ambos que enfrentarse a situaciones inéditas para las que, seguramente, no estaban preparados. Ahora es momento de concentrar los esfuerzos para salir de este estado de alarma. Pero, cuando esta situación acabe, procede a mi juicio revisar determinadas previsiones normativas a fin de regular mejor la preparación y la respuesta de nuestros servicios públicos e instituciones ante fenómenos que, por lo que apuntan los expertos, pueden repetirse en el futuro.

Nuestro propio sistema parlamentario se ha visto afectado. De hecho, el pasado 12 de marzo la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, anunció que la actividad de la Cámara quedaría aplazada durante dos semanas, de acuerdo con lo acordado por la Junta de Portavoces y las autoridades sanitarias. Se preveía únicamente mantener la necesaria convocatoria del Pleno para la convalidación o no de los Reales Decretos Ley aprobados por el Gobierno y la prórroga del estado de alarma, quedando anuladas por completo las denominadas “sesiones de control” y paralizada cualquier otra actividad. En el mismo sentido, el Senado también ha aplazado sus sesiones de trabajo.

El Ejecutivo queda, pues, en un escenario insólito de actuación no supeditada al preceptivo control de la Asamblea, reforzándose la ya marcada tendencia hacia un sistema más presidencialista y menos parlamentario. Dicha evolución se venía observando con anterioridad, siendo alertada y criticada por los estudiosos de nuestro modelo constitucional, de modo que ahora, con más argumentos si cabe, se hace preciso denunciar este continuo cambio que tiende a debilitar al Parlamento y a fortalecer al Ejecutivo.

Con independencia de las actuales medidas sanitarias, este declive de la Cámara Baja y el traslado progresivo del centro de gravedad del sistema constitucional de ella hacia el Gobierno es un hecho que se ha venido forjando durante décadas. La concentración de poder en los aparatos de los partidos, la denominada “disciplina parlamentaria” (que implica el sometimiento casi unánime de diputados y senadores a las órdenes de sus respectivos líderes) y la ruptura de esa teórica relación entre la persona física que ocupa el escaño y el votante que legitima dicha presencia en el hemiciclo (si bien suele emitir su voto en función de las siglas y los líderes nacionales, y no en atención a los nombres y apellidos que figuran en la papeleta) favorecen una crisis del sistema parlamentario que, tras el confinamiento, invitará a su reforma y reorganización.

La Administración de Justicia ha quedado igualmente semiparalizada, condenando a millones de ciudadanos a una especie de hibernación judicial. Si en algunos casos los juzgados ya acumulaban retrasos y dilaciones inasumibles, en estas circunstancias el problema se acrecienta. Por lo tanto, finalizado el estado de alarma, se hará necesario revisar el tratamiento dado a uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho. Trabajadores que esperaban meses y hasta años para la resolución de sus demandas de despido, consumidores que aguardaban largo tiempo algún pronunciamiento sobre sus reclamaciones por cláusulas abusivas, padres y madres que soportaban etapas interminables sin poder ver a sus hijos ni regularizar sus situaciones familiares, y así un largo etcétera, constatarán con horror que solo les queda continuar armándose de paciencia hasta que mejore dicha Administración de Justicia llamada a resolver  sus litigios.

Los problemas que se veían venir con claridad meridiana, se agudizan ante esta tesitura. En consecuencia, habrá que extraer lecciones de esta crisis para, cuando llegue a su fin, abordar los cambios imprescindibles en nuestros juzgados y tribunales, dotándoles de más jueces y fiscales y mejores medios, entre ellos una inyección presupuestaria en formación y una serie de reformas legislativas para que el denominado Tercer Poder no pierda su posición esencial.

Estado de alarma: significado y finalidad constitucional

Nuestro ordenamiento constitucional prevé unos procedimientos ordinarios de defensa de sus valores, principios y normas, pero también contempla unas vías extraordinarias para dicha protección. Esos procedimientos excepcionales vienen contemplados en el artículo 116 de nuestra Constitución, al configurar los denominados estados de alarma, excepción y sitio. Están previstos para situaciones de anormalidad y para hacer frente a retos y amenazas de muy diferente origen y características: catástrofes naturales, crisis sanitarias, graves desórdenes públicos o atentados a la integridad territorial y a la soberanía del Estado. Para afrontar unos retos y amenazas tan inusuales se prevén medidas impensables en momentos de normalidad social o democrática que, por su propia naturaleza, solo pueden adoptarse temporalmente. El desarrollo de ese precepto constitucional se llevó a cabo por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, estableciéndose cómo se decretan esos diferentes estados excepcionales, así como los derechos que se pueden limitar o suspender y los controles que, pese a todo, se establecen.

En concreto, el estado de alarma está pensado para catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; también para crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; o, igualmente, para situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Es evidente que España se encuentra entre uno de estos supuestos de hecho, ante el avance y propagación del denominado COVID-19 o coronavirus.

La declaración se lleva a cabo mediante un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. En el citado decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Esta intervención posterior del órgano legislativo le otorga un especial valor, conocido jurídicamente como valor de ley, lo que determina que su enjuiciamiento y control quedará reservado al Tribunal Constitucional, conforme indicó este Alto Tribunal en su sentencia 83/2016, al pronunciarse sobre el único precedente que existe en nuestra reciente historia democrática, cuando se dictó el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declaró el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte tras un conflicto provocado por los controladores aéreos.

La declaración confiere al Gobierno de la Nación la autoridad única para promulgar normas y dirigir y coordinar las actuaciones conducentes a la gestión y resolución de la crisis, salvo que afecte a una sola Comunidad Autónoma. Las autoridades civiles, las fuerzas de orden público autonómicas y locales y los empleados de todas las Administraciones quedan sometidos a las instrucciones de aquel, pudiendo imponerles servicios extraordinarios, tanto por su duración como por su naturaleza. Se pretende así evitar que las Comunidades Autónomas con competencias en materia sanitaria actúen de manera descoordinada y entorpezcan la más ágil solución de dicha crisis sanitaria, la cual no conoce de divisiones territoriales. Pese a que los presidentes catalán y vasco han denunciado con ello una especie de aplicación encubierta del famoso artículo 155 de nuestra Constitución, lo cierto es que semejante comparación no tiene ningún sentido.

Asimismo, el Ejecutivo podrá suspender y asumir las funciones de las autoridades civiles por el incumplimiento o resistencia a las órdenes emitidas, sancionar a los ciudadanos con arreglo a las leyes y, si fueren empleados públicos, suspenderlos, incoarles expedientes disciplinarios o proceder penalmente si su actuación u omisión pudiese constituir delito. También los ciudadanos que desobedezcan las instrucciones y mandatos pueden ser sancionados.

Las medidas a tomar en el Decreto de declaración del estado de alarma pueden consistir en:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados en el caso del supuesto de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Además de las medidas anteriores, se podrán adoptar las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, como puede ser la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Respecto a las suspensiones de los Derechos Fundamentales, todas las Constituciones democráticas, junto con el catálogo de los derechos y libertades de los ciudadanos, establecen las situaciones excepcionales en las que estos derechos, con las debidas garantías, podrán ser suspendidos individual o colectivamente. En nuestra Constitución, el artículo 55.1 prevé la posible suspensión de algunos derechos fundamentales en los denominados estado de excepción y estado de sitio, pero no en el de alarma, aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio.

El Real Decreto publicado ayer a última hora, más de treinta después de que se anunciase en rueda de prensa, establece que los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios, el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, los desplazamientos a entidades financieras y los motivos por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Se establece asimismo la suspensión de la apertura al público de los establecimientos, incluyendo los del sector de la hostelería y restauración, cultura, recintos deportivos o recreativos. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

Igualmente se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos ante las entidades del sector público, y también la mayoría de plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial. El cómputo de estos plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

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