Radiografía de las elecciones generales del 29-N

Ante el inicio de la campaña electoral (la “precampaña”, por el contrario, parece ser eterna), y a dos semanas de una cita con las urnas, considero conveniente repasar una lista de nociones básicas sobre lo que se elige y cómo se elige, y también sobre lo que no se elige, así como trasladar una serie de ideas esenciales que, la ciudadanía en general y los electores en particular, deben tener claras.
En estos comicios se elige a los miembros de las Cortes Generales, que conforman el Poder Legislativo del Estado encargado de aprobar las leyes, elegir al Presidente del Gobierno (en concreto, los integrantes del Congreso de los Diputados), controlar políticamente la acción del Ejecutivo, aprobar los presupuestos generales del Estado y nombrar y designar a diversas autoridades y cargos (por ejemplo, el Defensor del Pueblo, los Magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del Poder Judicial).
No se elige, por tanto, ni al Gobierno Central ni a su Presidente, por mucho que toda la campaña electoral esté centrada en quién va a ocupar el Palacio de la Moncloa los próximos años. Y aquí estriba una de las paradojas más reiterativas de nuestro sistema electoral, como ejemplo de la degeneración del parlamentarismo y del fortalecimiento de unas pautas más presidencialistas. Al parecer, la ciudadanía vota una cosa teniendo en mente otra, lo cual supone una distorsión del sistema en sí mismo. Al Presidente del Gobierno lo elegirán los diputados y diputadas que resulten elegidos en estos comicios. Inicialmente, se exige una mayoría absoluta de apoyos al candidato a la Presidencia (como mínimo, ciento setenta y seis votos) y, posteriormente, en una segunda votación, una mayoría simple (más votos a favor que en contra). Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
En el caso del Congreso de los Diputados, los ciudadanos elegimos a unos representantes que se presentan por la provincia en la que residimos. Salvo en el caso de Ceuta y Melilla (representadas cada una de ellas por un diputado), la circunscripción es la provincia. Existe un mínimo de dos diputados por provincia, por lo que, teniendo en cuenta que en España hay cincuenta provincias, junto con los dos diputados de Ceuta y Melilla, ya tenemos distribuidos ciento dos diputados de los trescientos cincuenta que componen la Cámara Baja. Los restantes doscientos cuarenta y ocho se distribuyen por un criterio poblacional (eligen más las provincias más pobladas y menos las que cuentan con un número de residentes inferior). Así, Santa Cruz de Tenerife elige siete diputados y Las Palmas, ocho.
El Senado, conforme se establece en nuestra Constitución, es una Cámara de representación territorial (no tanto poblacional), aunque la costumbre y una descuidada regulación han provocado que, en la práctica, funcione en la mayoría de ocasiones como una especie de segunda Cámara representativa del pueblo, que actúa con posterioridad al Congreso. Una singularidad del Senado supone que, al contrario de la Cámara Baja, no todos sus miembros son elegidos por los ciudadanos. Por lo tanto, existen dos tipos de senadores: los que se eligen el 29 de noviembre (cuatro senadores por cada provincia peninsular; tres por las islas de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno por cada una de las islas de Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma; y dos por cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla) y los que se eligen por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas (uno como mínimo y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio).
En las elecciones al Congreso de los Diputados se emplea un sistema de representación proporcional con listas cerradas y bloqueadas. La Constitución exige sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, remitiendo a la ley la regulación del sistema electoral. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que las candidaturas se presenten mediante listas de candidatos y que los escaños obtenidos por cada lista se adjudiquen a los candidatos “por el orden de colocación en que aparezcan”. Ello implica que el elector sólo puede votar una lista completa de un partido, coalición o agrupación, sin alterar el orden ni seleccionar a candidatos concretos, de modo que la decisión sobre quién resulta elegido dentro de cada lista corresponde exclusivamente a la organización que la confecciona.
Resulta diferente el sistema de votación en el Senado. El elector dispone de una papeleta única en la que figuran, agrupados por partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, los nombres de todos los candidatos de la circunscripción. Junto a cada nombre aparece un recuadro en blanco. El votante debe marcar con una cruz los recuadros de los candidatos a los que desea otorgar su voto, respetando el número máximo permitido: hasta tres candidatos en circunscripciones provinciales peninsulares; dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla; y uno en las restantes circunscripciones insulares. La propia papeleta incluye una nota informativa indicando ese máximo y advirtiendo de que cualquier alteración determinará la nulidad del voto. Si se señalan más nombres de los permitidos, el voto es nulo; si se marcan menos, el voto es válido. El elector puede combinar libremente candidatos de distintas formaciones (listas abiertas) y resultan elegidos los más votados, hasta completar los escaños asignados a la circunscripción.
Otra cuestión bastante polémica, y que supone una paradoja más que desvirtúa nuestro sistema, es la siguiente: el artículo 67.2 CE proclama que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo», es decir, no pueden recibir órdenes sobre la orientación de su voto en el Parlamento. Cabe preguntarse cómo se entiende hoy ese mandato representativo libre frente a la práctica de la denominada “disciplina de partido”, y si la legitimidad del elector recae en la persona designada o en el partido por el que concurrió.
La Constitución configura unas Cortes Generales que «representan al pueblo español» (artículo 66.1) y cuyos miembros no están sujetos a mandato imperativo alguno (artículo 67.2). El derecho de participación política de los ciudadanos se ejerce «por medio de representantes libremente elegidos» (artículo 23.1). De esta tríada se desprende que el vínculo jurídico primario se establece entre cuerpo electoral y representante, no entre cuerpo electoral y partido o coalición. Por ello, en teoría, cada diputado y senador es libre de votar en conciencia en representación de la población que le ha elegido, aunque en la práctica se ha tolerado y aceptado que sean las direcciones de los partidos las que impongan a estos representantes el sentido del voto, desnaturalizando completamente la regulación constitucional.
Para concluir, sobre la campaña electoral procede afirmar que constituye el conjunto de actividades lícitas de candidatos y formaciones políticas dirigidas a la captación de sufragios, y que se desarrolla en un marco temporal y material estrictamente tasado por la ley (comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria, dura quince días y finaliza a las 0:00 horas del día inmediatamente anterior a la votación, que queda como jornada de reflexión sin actos de campaña ni propaganda).
Desde la convocatoria y hasta el inicio legal de la campaña rige una prohibición específica de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, que no puede ampararse en la “actividad ordinaria” de los partidos. Además, desde la convocatoria y durante todo el período electoral, los poderes públicos sólo pueden realizar campañas institucionales neutras de información sobre fecha y forma de votar, estando vedados los actos o campañas que contengan alusiones a logros, o utilicen imágenes o expresiones coincidentes con las de las formaciones políticas, así como las inauguraciones de obras o servicios públicos. Nuevamente, aquí se constata otro grupo de normas que terminan por desnaturalizarse, hasta asumir que representan una teoría más que tampoco se cumple.