Gerardo Pérez Sánchez

La noticia de la abdicación del Jefe del Estado ha cogido por sorpresa a muchos, entre ellos a nuestro propio ordenamiento jurídico, dado que no existen normas que regulen y desarrollen esta situación contemplada en la vigente Constitución. Así, en el artículo 57.5 de la Carta Magna se establece que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley Orgánica”. También en el 74.1 se proclama que, pese a que nuestras Cortes Generales se dividen en dos Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado), ambas se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias relativas a la Corona. Pues bien, ni la Ley Orgánica a la que se hace referencia ni la regulación de esas sesiones conjuntas de las Cámaras existen a día de hoy, porque en los más de treinta y cinco años transcurridos desde 1978 nadie ha impulsado la aprobación de ambas normas.

Pese a ello, ni la abdicación en sí misma ni la persona llamada a la sucesión ofrecen ninguna duda. El Jefe del Estado puede abdicar y el sucesor será su hijo varón. Es cierto que esa preferencia del género masculino ha sido muy criticada. De hecho, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se envió al Consejo de Estado una propuesta de modificación constitucional para eliminar la discriminación por razón de sexo. Sin embargo, dicho órgano consultivo emitió un dictamen al respecto aunque la iniciativa cayó en el olvido y nunca salió adelante.

Durante muchos meses, la mala salud del monarca y los escándalos de corrupción que salpican a la Infanta Cristina han provocado que desde muchos ámbitos se hayan alzado voces solicitando la sucesión en la Corona. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas han venido reflejando de forma continuada la patente desafección de la ciudadanía hacia la institución, circunstancia que, unida a una serie de polémicas sobre la vida privada del Rey Juan Carlos I, han colocado a la Casa Real en una difícil situación. Aun así, las peticiones de abdicación han sido hasta la fecha contestadas tanto desde el Gobierno como desde los principales partidos políticos con desaprobación y poniendo de manifiesto la inoportunidad de la medida. Seguramente, serán esas mismas voces las que ahora variarán el discurso para alabar lo acertado de la decisión y la carga de responsabilidad que lleva implícita. En cualquier caso, era necesario un cambio como consecuencia de la pérdida de la buena imagen de la institución y de la confianza de la ciudadanía, que no debe ser tratada con indiferencia.

Lamentablemente, lo que sí ha quedado al descubierto ha sido la poca previsión y la escasa habilidad de nuestros dirigentes para prepararse ante una situación que iba a llegar y que de un tiempo a esta parte se evidenciaba hasta inminente. El hecho de que, al cabo de casi cuatro décadas, un acontecimiento tan trascendental les haya pillado sin la normativa aprobada debe producirnos un enorme sonrojo. Idéntico panorama se reproduce con otras solicitudes de reforma constitucional, sobre las que el Gobierno pasa del “no es el momento” al “estamos abiertos a tratar el tema” sin explicar tal cambio de postura o, lo que es peor, negando haber cerrado anteriormente las puertas a dicha posibilidad. Nuestra Constitución necesita ya una puesta a punto que, hasta ahora, siempre se ha tildado de inoportuna, porque los problemas no se resuelven apartándolos sino afrontándolos.

Por último, y respecto de la valoración del reinado que ahora termina, conviene ser justos y no dejarse arrastrar ni por estrategias políticas ni por pasiones desmedidas. Una etapa tan larga incluye aciertos y errores y cada ciudadano valorará en qué medida priman más los primeros o los segundos. En mi opinión, no procede enrocarse ni en alabar sin criterio ni tampoco en hacer leña del árbol caído, tendencias ambas muy propias de la idiosincrasia de un país en el que las proclamas pasan más por el filtro de lo políticamente correcto o conveniente que por el del análisis razonado con sosiego.