Gerardo Pérez Sánchez

Entre los estudiantes de Historia del Derecho suele causar extrañeza la fórmula utilizada en la baja Edad Media del “Obedézcase, pero no se cumpla” y que, en resumen, significaba que una determinada decisión que provenía del monarca debía obedecerse, en el sentido de reconocer su autoridad, aunque después no se iba a ejecutar. Esta coletilla, paradigma del sinsentido y de la falta de coherencia, aunque se asocia a siglos pasados en los que ni existía el concepto de Estado de Derecho ni la idea de imperio de la ley, puede muy bien aplicarse actualmente a muchos principios básicos de nuestro Estado Constitucional que, pese a ser proclamados por todo el mundo, no terminan de hacerse efectivos.

Nuestra Carta Magna proclama el pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico, lo que implica el reconocimiento y el derecho de participación de las diferentes opciones políticas que existen en nuestra sociedad y que, respetando las reglas del juego democrático y las libertades públicas, representan a una parte de la ciudadanía. Por ello, se crean una serie de normas y reglas de conducta con la finalidad de que los medios de comunicación se hagan eco de todas las tendencias y opiniones que generen el debate público. Según una instrucción de la Junta Electoral  Central de este mismo año, en periodo electoral los órganos de dirección y administración de los medios de comunicación de titularidad pública y privada deberán garantizar el respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa en toda su programación.

Sin embargo, cada vez que se convocan elecciones generales y los candidatos pretenden enfrentarse en un debate televisado, esta opción se limita a los dos líderes de los partidos mayoritarios, ninguneándose al resto de formaciones. Todo el mundo coincide a la hora de reconocer la gran relevancia de este enfrentamiento de cara a conformar la voluntad de los votantes, sin duda muy superior a la de cualquier mitin. Todos resaltan la efectividad de esta confrontación de posturas e ideas para la formación de la opinión pública, mucho mayor a la de cualquier pegada de carteles por toda la ciudad. Pero, paradójicamente, esa medida catalogada como la más relevante se reserva exclusivamente a dos partidos y, a partir de ahí, se inicia la absurda discusión de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿A los partidos minoritarios se les priva de participar en el debate en base a su escasa representatividad o, por el contrario, obtienen tan escasa representatividad por verse privados de participar en el debate?

Dicha exclusión ha hallado amparo en nuestros tribunales, que consideran que los principios de igualdad, pluralismo y neutralidad informativa quedan garantizados tanto mediante debates bilaterales entre los líderes de los partidos con mayor representación parlamentaria como a través de debates plurilaterales. Incluso han llegado a afirmar que un enfrentamiento a dos es perfectamente lícito si también se concede a las demás fuerzas una oportunidad similar, aunque tal “oportunidad similar” suela quedar inevitablemente relegada a un segundo plano.

El lunes 7 de noviembre está previsto un debate televisivo entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. El resto de formaciones que acuden a las urnas con un programa político para gobernar España, como Izquierda Unida o Unión Progreso y Democracia (ambos con representación parlamentaria y totalizando más de un millón doscientos mil votos en las últimas elecciones generales), se quedarán nuevamente fuera. Por lo tanto, nuestras normas electorales, tal y como se interpretan y se aplican, degradan el pluralismo político que dicen salvaguardar. Obedézcase, pero no se cumpla.