Gerardo Pérez Sánchez

El Sahara Occidental es un territorio que se encuentra bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas desde hace más de cincuenta años. En 1976 España abandonó esa zona africana y la dejó en manos de Marruecos y Mauritania, en virtud de un acuerdo no reconocido como válido conforme al Derecho internacional. Actualmente, el Sahara está ocupado en buena parte por Marruecos, aunque la soberanía marroquí no es reconocida ni por las Naciones Unidas ni por ningún país del mundo. Por su parte, el Frente Polisario proclamó su independencia en 1976, creando la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida hasta el momento por más de ochenta países.

La ONU creó en 1991 la “Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental” como una misión de pacificación del citado organismo llamada a garantizar el alto el fuego y a organizar un referéndum entre el pueblo saharaui que determine el futuro estatus del territorio del Sahara Occidental a través del derecho de autodeterminación. Dicha misión continúa vigente hasta el 30 de abril de 2018. En todas estas décadas, el problema se ha enquistado, engrosando la lista de conflictos que se eternizan por culpa de la absoluta ausencia de voluntad real de solucionarlos, bien por desidia, bien por primar los intereses estratégicos de las grandes potencias sobre el cumplimiento efectivo de las resoluciones internacionales. Más de medio siglo después, se mantiene un incomprensible letargo que aventura un nuevo horizonte temporal sin avances. Esta técnica consistente en prolongar las disputas y perpetuar los enfrentamientos maquillando la ausencia de resultados con la aprobación de más y más resoluciones y la celebración de más y más reuniones, comienza a ser la forma habitual que adopta la ONU de justificar su inoperancia a la hora de dar respuestas justas y equilibradas a los enfrentamientos entre los Estados.

El hecho cierto es que esta permanente transitoriedad que padece el Sahara Occidental resulta insostenible y genera un rosario de importantes problemas jurídicos que recuerdan a gritos que el pueblo saharaui sigue clamando por una solución siempre prometida pero jamás cumplida. Mediante sentencia de 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE falló en un litigio que enfrentaba al Frente Polisario con la Comisión Europea, declarando que debía interpretarse, de conformidad con el Derecho Internacional, que el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Liberalización celebrados entre la Unión Europea y Marruecos no eran aplicables al territorio del Sahara Occidental. El 27 de febrero de 2018, nuevamente el Tribunal de Justicia de la Unión volvió a dictar sentencia, recordando que cualquier acuerdo con el reino de Marruecos se aplica exclusivamente sobre su territorio, excluyendo las zonas en las que no puede ejercer competencias soberanas con arreglo al Derecho Internacional, como la del Sahara Occidental.

En noviembre de 2017 se presentó en el Parlamento Europeo, dentro de unas jornadas tituladas “Violaciones de Derechos Humanos en el Sahara Occidental”, un informe sobre las reiteradas vulneraciones de los derechos en dicho territorio por parte de Marruecos, conclusiones muy similares por cierto a las del resto de organizaciones no gubernamentales con presencia en el norte de África.

Fuera de las fronteras de la Unión, también existen sentencias similares. El Tribunal Supremo de Sudáfrica impidió en sentencia de este mismo año la exportación de fosfatos del Sahara Occidental a Nueva Zelanda, por considerar que este material pertenece al pueblo saharaui y no a la compañía estatal de fosfatos marroquí. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hace unos años a España por la denegación de asilo a ciudadanos saharauis, a pesar de su condición de perseguidos por el régimen alauita.

Ante semejante escenario, una mera prórroga de esa “Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental” que, simplemente, continúe aplazando la solución definitiva, constituye una burla grotesca. Al menos, como se ha señalado desde varias organizaciones humanitarias, se debería facultar a estas misiones de paz de la ONU para observar y controlar la situación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf. A finales del presente mes de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a debatir sobre la renovación del mandato de la citada misión en el Sahara Occidental. En vísperas de la presentación de su informe al Consejo de Seguridad, el enviado de la ONU Horst Koehler recibió a Mohamed Jadad, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y coordinador de la misión. Una vez más se insistió en apuntalar el proceso de paz y aplicar las resoluciones de la ONU que instan a la descolonización del Sahara Occidental sobre la base del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación. Demasiadas palabras y muy pocos hechos. Por desgracia, la táctica habitual para eternizar los conflictos.