Gerardo Pérez Sánchez

En este 2014 se cumplen treinta y seis años de la celebración del referéndum en el que el pueblo español votó mayoritariamente de forma afirmativa nuestra Carta Magna. Y, como cada 6 de diciembre, dicho acontecimiento se festeja con numerosos actos institucionales, a la par que la mayor parte de los medios de comunicación rescatan de sus hemerotecas con cierta nostalgia aquellos inicios de nuestro Estado Constitucional. No faltan quienes también afrontan esta fecha tan señalada con desconfianza y hasta con desprecio, puesto que no se sienten identificados en absoluto con dicha norma suprema. Personalmente, considero que existen sobradas razones para la celebración pero también para la reflexión. La opción de limitarse a aplaudir y permanecer ciegos ante la necesaria revisión que requiere el texto constitucional me parece tan desacertada como la de negarse a reconocer de un modo cerril los innegables logros y aciertos que durante estas más de tres décadas se deben a la norma de más alto rango de nuestro país.

A lo largo de su articulado se proclaman ideales, derechos y principios sagrados que no podemos ignorar. Por ello, resulta paradójico que muchos de los que hablan del texto con desdén, en ocasiones lo hacen desde la ignorancia, aunque curiosamente al amparo del sistema de libertades que aquel les reconoce y garantiza. El preámbulo del mismo consagra el deseo de establecer la justicia, la libertad y la seguridad, de garantizar la convivencia democrática y un orden económico y social justo, de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, así como de establecer una sociedad democrática avanzada y asegurar a todos una digna calidad de vida. Sinceramente, es muy difícil no sentirse identificado con un proyecto como ese.

Hay que decir, en honor a la verdad, que esos objetivos se han cumplido sólo en parte. Sin embargo, los fines no alcanzados, o los aún no consolidados, no han de servir como arma arrojadiza para desprestigiar la norma que los proclama sino, en todo caso, para pedir cuentas a los dirigentes que no han sabido desarrollar las correctas políticas que no reduzcan a un cuento meramente utópico esos hermosos conceptos recogidos en el Preámbulo.

Ahora bien, tampoco debemos ser tan ingenuos como para echar toda la culpa a esos políticos que hemos elegido y, en no pocas ocasiones, reelegido. La ciudadanía ha preferido despreocuparse de la vida pública, amparada en que ni le incumbía ni le importaba. Muchas veces ha mirado hacia otro lado ante la corrupción, ha sido dócil y permisiva con los gobiernos de su cuerda y ha castigado severamente a los de la tendencia contraria, más por el puro rencor electoral que por un razonamiento meditado. Es demasiado habitual dejarse llevar por un titular mediático o por un eslogan atrayente y, al mismo tiempo, prescindir de la imprescindible labor crítica que define a las personas maduras. Por más que nos cueste reconocerlo, la responsabilidad de la actual situación recae en gran medida sobre nosotros mismos, los propios ciudadanos.

Celebremos, pues, porque hay mucho que celebrar. Pero reflexionemos, también, porque hay mucho que mejorar. Avancemos por la senda del constitucionalismo con sus valores, principios, derechos y libertades. Sigamos confiando en la esencia de un modelo que, sin duda, es el más adecuado para nuestro desarrollo como sociedad. No tengamos miedo de reconocer que, después de tantos años, hemos detectado errores y deficiencias que queremos enmendar pero acertemos con el diagnóstico. Modifiquemos la Constitución para perfeccionarla, no para destruir lo que representa. Y no confundamos más el origen del problema, porque los inconvenientes no radican ni en el sistema constitucional ni en los valores que representa.